El Ministerio de Fomento ha anunciado hoy su intención de licitar vivienda pública para su destino al alquiler social o protegido. En función de lo que nos cuenta el servicio de prensa del Ministerio, se puede deducir, de urgencia lo siguiente:
El Estado pone:
- el suelo gratis
- el gestor de alquiler (SPA) -la parte engorrosa del tema del alquiler-
- la financiación cualificada (con las cajas de ahorros y bancos que hayan firmado el convenio financiero del plan estatal de vivienda) -ya veremos si funciona, pues este convenio es ahora papel mojado que las entidades pues las entidades financieras no lo cumplen, no ya para la vivienda protegida en alquiler, sino para la vivienda protegida en venta-
- un canon anual (que garantice una TIR del 6.5% al concesionario) -una rentabilidad más que notable por una operación, que aunque implique apalancamiento financiero inicial, tiene un nivel de riesgo mercantil cercano a cero-
- y la garantía de la Hacienda Pública del Reino de España.
Las empresas que liciten y obtengan las concesiones ponen:
- la construcción de las viviendas -al parecer, lo único que sabemos hacer en este país-
- cobran los alquileres limitados (máximo 375 euros/mes) a través de la SPA y un canon anual del Estado
- pueden titulizar la concesión (para facilitar la obtención de financiación)
- y a los 10-25 pueden vender las viviendas (supongo que como libres) -por lo que las viviendas permanecen un corto plazo en alquiler y es posible optener por ellas una interesante plusvalía en el mercado de venta de vivienda en propiedad-.
El desequilibrio de este esquema en favor de las empresas concesionarias es muy grande. Mucho puede ser el daño que se le haga a la Hacienda Pública. El menoscabo a los conceptos "servivio público de vivienda" y "parque público permanente de alquiler" tampoco es menor.
Por otra parte, todo esto no tiene sentido en un país como España con 2.5 millones de viviendas ya construídas, vacías y susceptibles de ser alquiladas. ¿Para que hace falta construir más? ¿Por el alquiler social? Me temo que no va de eso la cosa.
Una vez más, parece que las políticas públicas de vivienda en España se ponen al servicio del PIB y del empleo, una vez más se socializan costos y se privatizan beneficios y una vez más se deja de lado la calidad de vida urbana, la accesibilidad a la vivienda o la preservación del medio ambiente.