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06/02/10

VENTA DE DERECHOS DE SUPERFICIE EN EUSKADI: INCREMENTAR LA PROPIEDAD PARA TEORICAMENTE FAVORECER EL ALQUILER. PRIVATIZACION PARCIAL Y SOTERRADA DEL SERVICIO VASCO DE VIVIENDA.

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Ya sabíamos desde el debate de presupuestos de finales del 2009 que el Gobierno Vasco estaba pensando en vender la propiedad plena de las miles de viviendas protegidas en derecho de superficie de Euskadi. Ahora se confirma esta voluntad de privatizar patrimonio público de suelo por boca del consejero competenten en materia de vivienda del Gobierno Vasco, Don Iñaki Arriola.

Para los que no estén metidos en estas cosas, contextualizo el tema.

Las viviendas protegidas en España, en general, se venden en propiedad plena,  pasado un tiempo se descalifican y pasan a ser viviendas libres. Un verdadero drama social: se invierte dinero público en facilitar el acceso en propiedad a una vivienda libre y antes de la descalificación se favorece un mercado negro y fraudulento de venta de viviendas protegidas a precios de vivienda libre. Además debo añadir que desde las leyes de casas baratas de finales del XIX y principios del XX en España esas viviendas han acabado generalmente en manos de gente de clase media o media-alta. Hoy en algunas CCAA una parte infima de las viviendas protegidas no se venden, sino que se alquilan generalmente a población en riesgo de exclusión social. Tampoco es un modelo muy social, pues a las clases medias se les permite con los impuestos de todos acceder a vivienda en propiedad que al final se convierte en libre, meintras que a las personas en riegos de exclusión social o con menos recursos se las pone a todas juntas en viviendas sociales de alquiler con claro peligro de guetización. En ciertas CCAA están apareciendo viviendas protegidas en alquiler, pero con opción de compra al pasar unos años y con descilificación pasados otros. Más de lo mismo: con nuestros presupuestos se favorece el acceso a vivienda libre en propiedad, aunque con un discurso nominal de apoyo al alquiler público.

Todo esto en el resto de la UE es un tanto marciano, pues los estados de la antigua UE a 15 solo tienen parques públicos, cooperativos o concertados (entre las AAPP y entidades privadas, generalmente sin ánimo de lucro, en cualquier caso con precios topados por el Estado) en alquiler. No hay que perder de vista, que muchos de estos estados de la UE de gran tradición social, en estos momentos no saben como gestionar sus parques públicos de alquiler, por sus altos costos de gestión y mantenimiento. En la actual UE, la nacida después de la ampliación al Este, hay muchos estados que casi no tienen vivienda pública, ni en alquiler ni en propiedad, pues tras la llegada de la democracia y el mercado vendieron o regalaron los masivos parques públicos de alquiler (cercanos al 100% de la vivienda de esos países).

Pues bien, frente este panorama bastante secularmente poco social en España y de grises en la UE, Euskadi disponía hasta la fecha de un modelo propio, gestado gracias al esfuerzo del contribuyente, al apoyo expreso de PSE, EA, EB, la antigua Batasuna y la actual Aralar (toda la izquierda política vasca, con el dificilmente explicable silencio del mundo sindical y la innegable aquiescencia del PNV), a años de gestión de las políticas públicas de vivienda del Gobierno Vasco por parte de PSE, EA y EB y a un sector privado inmobiliario bastante más aggiornado, profesional y constructivo que lo que se suele ver por el resto de España.

Este modelo urbanístico y de vivienda vasco esta o estaba caracterizado por una fuerte publificación de las plusvalías urbanísticas y su conversión en un Patrimonio Público de Suelo y Vivienda como no lo hay en España (quizás con la salvedad de la vecina y hermana Navarra).

Las fuertes reservas de suelo para vivienda protegida de Euskadi (desde el año 2006 hasta hoy 75% del suelo urbanizable y 40% del suelo urbano; desde 1994 hasta el 2006 65% en urbanizable y 20% en urbana), la a mi juicio moderada participación de la comunidad (ayuntamientos) en las plusvalías urbanísticas (hoy el 15% -moderada a mi parecer, pero la mayor de España, donde por lo general está en el 10%-, antaño osciló en Euskadi entre el 10% y el 15%) y un aparato público al servicio de la vivienda pública como no lo hay en España se ha traducido en un parque de viviendas protegidas, que hoy tienen unas 50.000 unidades de las que, a groso modo, 20.000 son derechos de superficie (hechas por el Gobierno Vasco y un puñado de ayuntamientos, entre los que destaca el de Donosti), 16.000 propiedad plena (hechas por los promotores privados y la generalidad de los municipios vascos) y unos 14.000 alquileres (producidos y gestionados por el Gobierno Vasco y un reducido grupo de ayuntamientos, entre los que destacan Bilbao y Donosti). A esas 14.000 viviendas protegidas en alquiler hay que sumarle casi unas 5.000 viviendas privadas usadas y en suelo urbano consolidado en alquiler social (Bizigune).

El derecho de superficie a 75 años del modelo vasco funciona hasta la fecha, para que nos entendemos en términos mundanos y no técnicos, como un alquiler social a 75 años. Como pureba de lo que digo, estas manifestaciones de superfiarios de Donosti, que se consideran a si mismos inquilinos vitalicios. Una persona o familia puede vivir de alquiler 75 años en una vivienda, por la que paga poco menos de 350 euros al mes (si el precio se divide entre 75 años y 12 mensualidades). Cabe la posibilidad de que esa persona o familia viva toda la vida en esa vivienda, con lo que estamos, sin más, ante un alquiler social vitalicio. Puede que esa persona o familia quiera vender su derecho de superficie a lo largo de su vida, en cuyo caso el Gobierno Vasco o un Ayuntamiento compra el derecho de superficie y readjudica la vivienda a otra persona o familia inscrita en Etxebide. Cuando se llegue a los 75 años la vivienda vuelve a ser controlada plenamente por el Gobierno Vasco o un Ayuntamiento, pues a la propiedad del suelo, que siempre fue pública, se le une el control del vuelo (las viviendas). Por medio de este sistema, se fomenta el acceso a una vivienda más que digna a un precio más que social, de forma vitalicia, con bajo gasto presupuestario público (este es un tema muy importante -los usuarios casi autofinancian su vivienda pública-), con un alto nivel de cuidado en el mantenimiento de las viviendas por parte de los superficiarios (si sabes que puedes estar toda tu vida en una vivienda la cuidas como si fuera tuya) y, por si todo lo anterior no fuera poco, permite a lo público controlar futuros procesos de rehabilitación y regeneración urbana (las nuevas viviendas públicas en derecho de superficie de hoy dentro de 40, 50, 60 o 70 años ya no estarán en zonas periféricas de los pueblos y ciudades vascas, sino en zonas centrales sobre las que será necesario intervenir en forma de rehabilitación y regeneración urbana y siempre se hará de mejor manera con una fuerte propiedad pública de suelo y vuelo). No parece, sin embargo, que se quiera pensar a largo plazo, sino solo a corto o medio. Aunque es evidente que los gestores públicos, más allá de las elecciones, deberían pensar en términos colectivos y a largo plazo. También lo deberían exigir la ciudadanía, pero ...

Volviendo al sistema vasco de vivienda, un dato importante para comprender como funciona este sistema es que a partir del año 2003 todas las viviendas protegidas tienen calificación permanente y solo se pueden vender como vivienda protegida, a precio de vivienda protegida y al Gobierno Vasco o un Ayuntamiento que, a su vez, las adjudican a demandantes inscritos en Etxebide.

Pues bien, este juego de calificación permanente, derecho de superficie y alquiler puede empezar a saltar por los aires con la decisión del Gobierno Vasco que ayer se hizo pública.

Se pretende vender parte de los 20.000 derechos de superficie, de forma que personas que eran "inquilinos vitalicios" de una vivienda pública, pasen a ser propietarios plenos de una vivienda protegida calificada de por vida. Los responsables en materia del Gobierno Vasco dicen que de esta manera se podrán obtener unos recursos que se apliquen a la producción de vivienda protegida en alquiler y a dar cuerpo real al derecho a la vivienda de los vascos.

El argumento es muy posible que cuele, pues el nivel de atonia social y estupidez colectiva en estos momentos en Occidente es muy alto. Pero analizado con reposo es para reir o para llorar, según se mire. Vamos a privatizar 20.000 viviendas públicas en alquiler vitalicio para financiar con ello, en el mejor de los casos, 2.000 viviendas en alquiler (el Gobierno Vasco pretende vender el suelo y la propiedad plena por unos 10.000 euros por vivienda y eso viene a suponer que por cada 10 derechos de superficie vendidos quizás se pueda financiar una vivienda pública en alquiler). No parece que el servicio público de vivienda vaya a hacer un buen negocio con esta operación. Si es claro que a 20.000 personas o familias, y a todo su entorno, se les va a poner los dientes largos pues, en términos mundanos, como se diría en la calle, el Gobierno Vasco les va a hacer propietarios de una vpo para siempre (además con la esperanza de que algún día alguien permita descalificar la vivienda protegida y así tener una vivienda libre en plena propiedad -como se puede ver en estas primeras reacciones ciudadanas-).

Es ciertamente notable que se quiera actuar sobre algo que no es un problema, sino un activo público (el derecho de superficie como una suerte de alquiler social vitalicio), para crear un problema, con la excusa de impulsar el alquiler social. Un verdadero trampantojo social y político. O si lo prefieren, un clásico de la política actual: el político primero crea un problema y después se pone a la cabeza para tratar de solucionarlo.

Hay un tema bastante técnico que me preocupa sobre manera. Si a partir de ahora una vivienda protegida puede tener tres valores (derecho de superficie no vendido, derecho de superficie vendido y propiedad plena) va a ser bastante dificil ejercer el derecho de tanteo y retracto por parte de las Administracíones Públicas Vascas y puede que vuelva a aparecer el erradicado fraude en la vivienda protegida vasca. Me explico. Si una vpo en derecho de superficie esta valorada en 120.000 euros y su superficiario quiere venderla, el Gobierno o un Ayuntamiento ejercen el derecho de tanteo y la vivienda se readjudica por 120.000 euros a una persona inscrita en Etxebide, sin desembolso de dinero por parte de la Administración, pues el precio de la vivienda lo paga el nuevo adjudicatario de forma plena. Pero si esa misma vivienda vale ahora 130.000 (120.000 euros del precio inicial + los 10.000 euros del rescate del derecho de superficie), la Administración al tantear va a tener que poner 10.000 euros y, o se los cobra al nuevo adjudicatario (que puede ir a los tribunales para exigir que a él se le adjudique la vivienda al mismo precio que al resto de ciudadanos), o lo paga la Administración. Si a esto le añadimos que los 20.000 derechos de superficie puede tener precios diferentes, en función del tiempo que les resta para su extinción, es obvio que se va a producir un problema de gestión de los tanteos y retractos de primera magnitud. Mi tesis es que ante estas dificultades las Administraciones Públicas vascas pueden dejar de tantear y retractar vivienda protegida (es decir que se puede volver a permitir que las viviendas protegidas se vendan en el mercado privado sin controles públicos), con lo que se dañará el control público de la vivienda protegida y puede que vuelva a aparecer el fraude (precios en "B"), que en Euskadi se erradicó por completo a principios de la última década del pasado siglo.

A mi juicio todo esto le va a hacer un fuerte daño al servicio público vasco de vivienda, al patrimonio público de suelo y vivienda vasco y a un modelo urbano que combinaba vivienda protegida en propiedad, vivienda protegida en derecho de superficie o alquiler vitalicio, vivienda protegida en alquiler y vivienda libre en alquiler intervenido (Bizigune -otro de los programas que el Gobierno Vasco pretende cancelar-), a cambio de unos magros e improbables beneficios en términos de alquiler público.

Me parece mucho daño por un puñado de votos en las próximas elecciones municipales y forales vascas.

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Desde mi actual posición de ciudadano de a pie, persona de izquierdas y académico amateur hago un llamamiento a ciudadanos, movimientos sociales, intelectuales, partidos y sindicatos para que luchen por preservar el patrimonio público vasco de suelo y vivienda y para que fortalezcan el servicios público vasco de vivienda. Lo que, a mi juicio, pasa, en primer lugar, por tratar de persuadir con argumentos y datos al Gobierno Vasco/PSE de que abandone esta idea de vender los derechos de superficie. Creo que en esta tarea de persuasión tienen una especial responsabilidad los militantes del PSOE y PSE, así como los académicos e intelectuales próximos a este partido. Nos jugamos parte de nuestro incipiente e imperfecto estado social. Permanecer callado, bajo la égida de la disciplina de partido, quizás no sea lo más inteligente en este caso. Si lo más cómodo. Pero no lo más socialista.

 

PD 1: el Gobierno Vasco pretende vender por unos 10.000 euros el suelo, urbanización y propiedad plena de cada vivienda protegida en derecho de superficie. Lo digo simplemente como primera impresión, pero el suelo y urbanización de una vpo es el 20% de su valor legal y eso se parece más a 20.000 que a 10.000 euros por vivienda. Parece que la urbanización se regala. Y parece que la propiedad plena (poder vivir en la vivienda más allá de los 75 años iniciales) no se valora de manera alguna y también se regala. Lo digo desde la urgencia de este momento de anuncios periodísticos sin normativa aún que leer, pero parece que se va a cobrar un valor y "regalar" otros. Y eso cuando hablamos de dinero público es bastante delicado.

PD 2: llama la atención que este tema, de gran trascendencia para los servicios públicos vascos, no haya merecido casi ninguna atención en la prensa vasca. Llama la atención y, al menos a mi, me preocupa.

 

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02/02/10

JORNADAS TECNICAS DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE PROMOTORES PUBLICOS DE VIVIENDA

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Esta semana he asistido, en nombre de Cuatrecasas Gonçalves Pereira, a las jornadas técnicas que la AVS (asociación española de promotores de suelo y vivienda) y la Diputación de Granada organizaron en esta ciudad andaluza. Me pidieron que hiciera una intervención sobre las novedades legales de interés práctico para las sociedades urbanísticas públicas españolas. Yo presenté esta ponencia.

El tono general de los gestores españoles del urbanismo público en su faceta corporativa (no estaban presentes en estas jornadas los concejales y funcionarios de las concejalías de urbanismo, sino los gestores de las sociedades públicas dependientes de estas) era de profunda preocupación.

Los gestores públicos urbanos sufren problemas como el recorte de la financiación pública vía presupuestos de las Administraciones Públicas, severas dificultades para acceder a financiación de bancos y cajas, limites legales al endeudamiento, una fiscalidad no adaptada a su labor mercantil - sin animo de lucro - de servicio público, dificultades para adjudicar vivienda protegida en régimen de compra, dificultad extrema para financiar vivienda protegida de alquiler, costes de gestión del parque de vivienda protegida no vendida y que se mantiene en stock, orientación de las políticas públicas de vivienda hacia la comercialización del stock de vivienda libre sin vender y un cierto abandono de la tradicional vivienda protegida, práctica imposibilidad de financiar en el contexto actual procesos de realojo vinculados a operaciones de regeneración urbana, absoluto parón de la adquisición de suelo para futuras promociones de vivienda protegida, alargamiento de los plazos de tramitación de instrumentos urbanísticos como consecuencia de la crisis económica ... Como se ve la situación es muy complicada.

Desde las Administraciones Públicas, con innegable buena voluntad, se pone el acento en el alquiler y la rehabilitación a futuro, pero el oresente problema del stock de vivienda libre nueva y sin vender revolotea por doquier proyectando sombras muy negras.

En Cuatrecasas Gonçalves Pereira y en la UPV-EHU (Ekiten Thinking), mis dos "casas", no tenemos soluciones mágicas para todos estos problemas, pero si le echáis un vistazo a mi ponencia podréis ver algunos caminos que se pueden abrir con nuevos (y no tan nuevos) instrumentos legales que están a disposición de los gestores públicos del urbanismo español y que pueden colaborar a capear la crisis económica sin dejar de hacer urbanismo social.

 

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28/01/10

CONCLUSIONES DEL PRIMER LABORATORIO DE IDEAS DEL GRUPO DE ESTUDIOS EKITEN THINKING

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Hace ya unos meses que os hablo del Grupo de Estudios de Políticas Públicas de Urbanismo y Vivienda de Euskadi Ekiten Thinking, un esfuerzo conjunto, vía convenio, del Departamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco y de la Universidad del País Vasco.

En su momento os conté bastantes cosas sobre la primera actividad académico-formativa que realizamos el pasado verano: el curso de verano de la UPV-EHU que se celebró los pasado días 27 a 29 de julio en Donosti en el marco de los Cursos de Verano de la UPV-EHU. El curso se titula Politicas públicas de suelo y vivienda en un contexto de crisis económica y financiera.

Hace no mucho también os comenté que Ekiten Thinking acababa de estrenar web y que estaba a vuestra disposición.

Pues bien, Ekiten Thinking ha realizado recientemente una nueva actividad, en este caso en Bilbao. En este caso un LABORATORIO DE IDEAS sobre TENDENCIAS, RETOS Y OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO URBANO Y LA POLITICA DE VIVIENDA.

En el laboratorio de ideas algunos tomamos unas notas apresuradas que comparto con todos vosotros.

Más adelante en la web del Ekiten Thinking se podrá acceder a las actas oficiales de las sesiones de trabajo, así como a archivos de vídeo de parte de los debates. En un futuro cercano los debates mantenidos se convertirán en publicaciones académicas. Y a este primer laboratorio de ideas le seguirán otros en un futuro cercano.

En términos generales os diré que la impresión que yo saqué personalmente de este encuentro de más de treinta académicos y gestores públicos de más de media docena de CCAA españolas y entre los que había economistas, arquitectos, abogados, sociólogos ... de larga y reconocida trayectoria, es que, a día de hoy, disponemos de instrumentos y técnicas que permiten gestionar lo urbano de forma integral (contemplando sus múltiples facetas: económica, social, ambiental, política, etc) y funcional (obtener mejores resultados con menos medios), pero que no hemos operado el cambio de cultura urbana necesario para trascender la presente forma de gestionar las ciudades a través del mercado (mucho mercado) y el estado (poco estado).

Estamos en transición, partimos de una gestión mercantilizada de la ciudad que se ha demostrado claramente disfuncional en muchos campos (sobreproducción de vivienda, alto consumo de suelo, sobreendeudamiento hipotecario, excesiva dependencia del ladrillo de nuestra economía y empleo, fragilidad del sistema financiero por motivos inmobiliarios, vivienda vacía, stock de vivienda sin vender, escaso y poco profesional mercado de alquiler, raquítico parque público de alquiler, fuertes necesidades de rehabilitación y regeneración urbana no atendidas, escasa atención al barrio como espacio de convivencia y democracia urbana, políticas públicas de vivienda y suelo en general inhibicionistas, fuerte apropiación privada individual de las plusvalías urbanas con escasa atención al plusvalor urbano colectivo e integral-económico, pero también social-, retraso de la edad de emancipación, guetización, gentrificación, mutación parcial del modelo de ciudad -de la ciudad compacta continental al la ciudada difusa o sprawl anglosajón-, etc), ya disponemos de las herramientas necesarias para otra gestión de lo urbano, pero parece que la sociedad española no esta dispuesto a aceptar los cambios necesarios para mutar a otro modelo urbano más susceptible de atender equilibradamente las necesidades de la ciudadanía y de nuestro tejido productivo. Conocemos las enfermedades, tenemos las medicinas, pero no queremos tomárnoslas pues implican un cambio de modos de vida que algunos no están dispuestos a aceptar.

Pero bueno, para mejor y más detallada comprensión de los trabajos de este Laboratorio de Ideas del que os hablo podeís consultar las notas que os dejo en este post y sobre todo los materiales que se vayan colgando en la web del Ekiten Thinking.

 

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26/01/10

NUEVO CONVENIO FINANCIERO EN MATERIA DE VIVIENDA PARA EUSKADI

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Leo en la prensa que ayer se presentó públicamente lo que ya se conocía desde el pasado 30 de diciembre: el nuevo convenio financiero por el que 26 cajas y bancos financiaran las políticas públicas de vivienda de las AAPP vascas en los próximos años.

Por lo que es más popular este instrumento es por fijar las condiciones financieras en las que cajas y bancos prestan dinero para comprar vivienda protegida. Pero las utilidades de este convenio financiero son muchas y muy variadas (créditos a promotores de vivienda protegida, créditos al alquiler de vivienda protegida, créditos a la rehabilitación de vivienda, etc).

La cosa es un poco más compleja, pero el convenio se basa en que cajas y bancos prestan a unos tipos de interés para determinado tipo de operaciones vinculadas a las políticas públicas de vivienda y las AAPP vascas subsidian parte de los costes financieros en el caso de determinadas operaciones (desde nada en el caso de la compra de vivienda protegida, hasta casi todo el coste financiero en el caso de la promoción de vivienda protegida para su alquiler).

Pues bien, el nuevo convenio (que se venía negociando desde hace muchos meses; en realidad más de un año) fija unos precios algo altos para la financiación de las políticas públicas de vivienda (hasta euribor + 1 punto en el caso de la compra de vivienda protegida y hasta euribor + 1.8 puntos) y crea una red de seguridad para bancos y cajas (en determinadas condiciones el Gobierno Vasco recomprará viviendas protegidas cuyos créditos o tienen problemas o se han dejado de pagar).

Es evidente que de este acuerdo las cajas y bancos sacan, dados los tiempos que corren, una importante ventaja: tienen la seguridad de que los créditos hipotecarios que den para comprar vivienda protegida no les van a dar problemas prácticamente nunca, pues los pagará el comprador o el Estado.

Es más dudoso que las AAPP vascas y las políticas públicas de vivienda hayan sacado ventajas de este acuerdo, pues los precios de los prástamos (hasta euribor + 1.8 puntos) son un poco altos. Parece que están pensados para lo más duro de la crisis, cuando es evidente que el convenio estará en vigor muchos años (el anterior estuvo seis). Supongo que el convenio se irá revisando en virtud de la coyuntura.

Pero me parece que es importante dejar clara una cosa, este acuerdo se ha firmado para ser cumplido en un mercado, el de la vivienda vasca, en el que 1 de cada 2 viviendas nuevas es vivienda protegida (en el que, por tanto, las condiciones financieras de la vivienda protegida no son un tema de servicio público menor, sino un asunto central en términos de mercado -inmobiliario y financiero-) y, gracias a ello, financiar las distintas políticas públicas de vivienda vascas. Y esto que puede parece una obviedad (un convenio financiero que se firma para que se den créditos) no lo es tanto en el resto de España, pues allí el convenio financiero firmado entre el Ministerio de Vivienda y cajas y bancos es papel mojado, pues nadie da un préstamo en virtud del mismo. En este caso en Euskadi pacta sum servanda. En este caso lo del Ministerio ...

Espero que el nuevo convenio sirva para, al menos, dos cosas: lubricar financieramente el funcionamiento del sector de la construcción vasco (empleo y PIB) y financiar unas políticas públicas de vivienda que permitan que el alojamiento digno sea un derecho efectivamente tutelado por la Administración vasca.

A todos los que tienen la responsabilidad de gestionar este nuevo acuerdo financiero les deseo mucha suerte en este empeño.

 

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24/01/10

RAJOY Y EL ESTADO DE LAS AUTONOMIAS: A PROBLEMAS COMPLEJOS, SOLUCIONES (APARENTEMENTE) SIMPLES

 

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Este fin de semana Rajoy, líder del PP y posible candidato de este partido a la presidencia del Gobierno de España, ha afirmado que es necesario "unificar" las leyes de las CCAA para acabar con las "diferencias". A su juicio, es mucho mejor tener 1 ley que 17 (una por Comunidad Autónoma).

Este mensaje, de claro tufo electoral, tiene a mi juicio los siguientes problemas que denotan una cortedad de miras que asusta:

  1. Para empezar, en casi todas las políticas públicas no hay 17 leyes. Como máximo suele haber tres modelos de leyes: modelo PSOE, modelo PP y otros. Conozco bastantes políticas públicas y puedo asegurar que nunca me he enfrentado a 17 regímenes legales diferentes en nada. 17 leyes si. Pero 17 normativas nunca.
  2. En segundo lugar, ningún estado moderno y eficiente se rige por el principio de jerarquía normativa y centralización político-territorial, pues este esquema es extraordinariamente ineficaz, a la vez que poco democrático. En nuestra UE hasta los estados teóricamente más centralistas están, de facto, administrativa, normativa y políticamente descentralizados en mayor o menor medida. Y por cierto, los más modernos y dinámicos son cualquier cosa menos centralistas.
  3. En tercer lugar, Rajoy es perfectamente consciente de que el Estado de las Autonomías es total y absolutamente irreversible, por la simple razón de que en las 17 CCAA su ciudadanía quiere tener más y mejor autogobierno, más y mejores servicios públicos, un gobierno cercano y eficaz. Y esto incluye a la gran mayoría de los votantes del PP y, desde luego, a todos los dirigentes de este partidos en todas las CCAA de España. Prueba de lo que digo es que cuando gobierno el PP en España no se acomete un proceso de recentralización frontal del Estado. Dicen defender lo que nunca han pensado aplicar.

Todo esto Rajoy lo sabe perfectamente, pues es abogado, registrador de la propiedad y líder del segundo partido político de España, lo que le ha permitido ser Ministro de varias cosas, entre otras de AAPP.

¿Por que dice el PP estas cosas? Pues muy sencillo, para satisfacer a su clientela más nostálgica y primaria (que la tiene, sin duda), para tapar sus recientes problemas en materia de agua, energía nuclear, etc que, como al PSOE, le obligan a mantener posturas muy diversas sobre el mismo tema en distintas CCAA y para presionar un poco más al TC de cara la sentencia del Estatut de Cataluña (las declaraciones las hizo en Barcelona).

Es decir, el Sr. Rajoy propone soluciones aparentemente simples para problemas complejos, sabiendo que no se pueden aplicar, pero que quizás si les puedan dar unos votillos.

A mi juicio, cero en lealtad y patriotismo constitucional. Porque, seamos claros, si las 17 CCAA no pueden sino hacer leyes idénticas, ¿entonces para que tendríamos CCAA?

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12:57 Anotado en Politica | Permalink | Comentarios (0) | Email esto | Tags: mariano rajoy, pp, estado de las autonomías, ccaa, leyes autonómicas, patriotismo constitucional, lealtad constitucional

20/01/10

YA NO HABRA BOOM NI PRECIOS DESMESURADOS EN EL SECTOR INMOBILIARIO

Miguel Ángel Alemany, director general del portal pisos.com afirma en la prensa de hoy "Ya no habrá 'boom' ni precios desmesurados dentro del sector inmobiliario". No aporta para soportar este vaticinio ningún hecho o razonamiento.

Y al calor de estas declaraciones-vaticinio yo recuerdo a Eisntein: "Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo".

¿Hemos cambiado algo en la arquitectura legal y económica de la gestión del territorio, el urbanismo o la vivienda en España? Creo que la respuesta sincera en términos sistémicos es que no. Entonces, si todo sigue sustancialmente igual ¿porque en el futuro las cosas deberán ser distintas?

Mi vaticinio: volveran las burbujas y los burbujistas.

 

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18/01/10

CON PERDON: (para algunas cosas) BENDITA CRISIS ...

Leo que la banca española exige ahora a los futuros compradores de vivienda disponer del 30% del precio de la vivienda para autorizar un préstamo hipotecario que como máximo llegará al 70% del valor del inmueble.

Ajustar los préstamos hipotecarios a los ingresos reales y el ahorro efectivo previo de los futuros compradores, además de garantizar la salud de bancos y cajas, ayuda de forma poderosísima a mantener el precio de la vivienda libre en niveles razonables.

¡ Cuanto bien habría hecho esta actitud bancaria actual en los años 1997-2007 por contener el precio de la vivienda en márgenes razonables ! ¡Cuan defensiva parece hoy esta práctica !  ¡ Que poco confio en que la mantengan cuando llegue el siguiente periodo expansivo del ladrillo patrio ! Ojala me equivoque.

 

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16/01/10

PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA GARANTIZADA EN EUSKADI

Leo que 16.000 personas de bajos ingresos recibirán en Euskadi una prestación complementaria de vivienda que contribuya a pagar su alquiler (entre 250 y 320 euros mensuales).

En realidad, esas personas ya estaban recibiendo cantidades similares desde hace años, pero hay dos diferencias que son cualquier cosa menos un matiz: las ayudas al alquiler antes se cobraban en función de las disponibilidades presupuestarias (ahora el crédito presupuestario es ampliable y debe satuisfacer a todos los peticionarios) y estas ayudas se separan de las de emergencia social, haciendo que estas recobren su verdadero caracter.

Esta medida me parece un avance, ya acordado en la pasada legislatura por casi todos los partidos políticos, pero ejecutado ahora que la crisis aprieta con fuerza a las personas con menos ingresos.

Hay dias en que ser vasco es una mierda. Otros en los que no lo es tanto.

 

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