El pasado día 7 de febrero Josep María Montaner, Regidor de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, y yo mismo publicamos un artículo en La Vanguardia sobre una presunta bajada de las ayudas públicas a la rehabilitación en los últimos años en la ciudad de Barcelona.

Nuestro artículo traía causa de otro anterior publicado por el Presidente del CAATEEB.

Y aquí podéis leer la versión que llegó a publicarse de nuestro artículo.

Pero como la misma fue reducida de manera severa, aprovecho el blog para publicar la versión original y para compartir algunos datos más.

Nada de recortes en rehabilitación

En la medida que no solo estamos en descuerdo con el artículo publicado por Jordi Gonsalves, presidente del CAATEEB, sino que los datos desmientes muchas de sus afirmaciones, y utilizando nuestro derecho a réplica queremos aclarar las siguientes cuestiones

El Consorci d’Habitatge de Barcelona, desde el 2010 hasta el 2019 (previsión), ha concedido más de 220 millones de euros en subvenciones. Esto implica un gasto medio anual de más de 20 millones. En el periodo 2010 – 2015 ese gasto medio anual fue de unos 19 millones, mientras que en el periodo 2016-2019 ese gasto anual medio está siendo de casi unos 27 millones.

Paradójicamente, ese incremento de un 40% en el gasto total, coincide con un periodo en el que las aportaciones a las subvenciones de rehabilitación en la ciudad de Barcelona del Ministerio y la Generalitat bajaron del 42% al 24% del total. Por lo tanto, el incremento en las subvenciones públicas a la rehabilitación se explica solo por el incremento de las aportaciones del Ayuntamiento, que han pasado de ser el 58% al 76% del gasto total.

Cabe recordar que los ayuntamientos no son la administración competente en materia de vivienda y que, en teoría, los gastos del CHB deberían cubrirse en un 60% por la Generalitat y el Ministerio.

Sea como fuere, compartimos la preocupación por el descenso de las licencias de rehabilitación en la ciudad de Barcelona en el año 2018, aunque habrá que comprobar si es una tendencia o solo un ejercicio aislado.

Por otra parte, estamos convencidos de que comunidades de vecinos, empresas privadas y administraciones públicas tenemos mucho trabajo conjunto por delante para avanzar en la mejora del estado de conservación de los edificios de la ciudad. Aunque creemos que son los propietarios los principales obligados y que la Administración se tiene que concentrar en ayudar a aquellas comunidades con menos capacidad de afrontar estos gastos, así como en apoyar en medidas que puedan dinamizar el sector.

Precisamente por lo anterior la orientación de la política de rehabilitación de la ciudad de BCN ha sido modificada en estos cuatro últimos años, incrementando de forma muy apreciable el gasto, pero sobre todo dirigiendo este a ciertas zonas de la ciudad y a ciertas problemáticas sociales. De ahí la creación de programas como el de Fincas de Alta Complejidad y el de ayudas a la rehabilitación de interior de viviendas. Se ha pasado de una administración que hace convocatorias a una actitud proactiva, interviniendo allí donde la rehabilitación es más urgente y la ciudadanía tiene menos capacidad organizativa y económica.

De la misma manera, en el caso de los propietarios de vivienda que la alquilan se ha condicionado la recepción de las ayudas a la rehabilitación al alquiler durante varios años de las viviendas por debajo del “Índex de preus de lloguer de Habitatge de la Generalitat”, para evitar que las subvenciones a la rehabilitación facilitasen la especulación y la gentrificación.

Además, se está evitando, con la nueva ORPIMO, que la rehabilitación se convierta en un mecanismo de expulsión de vecinos. ¿O es que al Colegio de Aparejadores ya le parece bien las malas prácticas con tal que los fondos financieros inviertan en rehabilitación?

En particular nos gustaría aclarar la referencia a un presunto abandono de las subvenciones a la instalación de ascensores en las comunidades de vecinos. En los últimos 10 años se ha subvencionado por parte del CHB  la instalación de más de 2000 ascensores, con una media de 200 al año que cayó dramáticamente en el pasado mandato y se ha recuperado notablemente en este.

En cualquier caso, compartimos que la inversión privada en rehabilitación de edificios, con o sin ayudas públicas, revierte de forma positiva en las haciendas públicas y tienen un efecto multiplicador sobre la actividad económica y el empleo, además de la calidad de vida urbana, el ahorro energético y la salud.

Josep Maria Montaner y Javier Burón, regidor y gerente de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona.

Y para poder explicar la evolución de las políticas públicas de rehabilitación de vivienda en la ciudad de Barcelona y su evolución en los últimos años, os dejo un material más técnico, pero que explica como, no solo se ha invertido más dinero, sino que además la acción pública se ha dirigido específicamente a zonas de la ciudad, grupos de personas y tipos de necesidades de rehabilitación más específicas, urgentes y necesarias de atender.

OTRAS ENTRADAS SOBRE TEMAS CONEXOS QUE QUIZÁS TE INTERESEN: