LEOLO

De la misma que hace unos días recomendaba un libro de un arquitecto-urbanista ("arquigado") en el que explicaba, con acusada vocación pedagógica para el público no especialista, el devenir histórico, presente y futuro de nuestro urbanismo ("Para comprender el urbanismo español, de una vez por todas" Iustel 2012 de Gerardo Roger Fernandez). Hoy recomiendo un libro sobre el la evolución en los últimos años del derecho constitucional a la vivienda: LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN ESPAÑA Iustel 2011 del jurista urbano ("abotecto") Marcos Vaquer Caballería.

Del libro dice su editorial Iustel:

"Desde hace más de un siglo existen en España un cuerpo de legislación y una acción administrativa que nos permiten hablar del Derecho de la vivienda. Sin embargo, la efectividad del derecho a la vivienda proclamado en la Constitución y en algunos Estatutos de Autonomía sigue hoy siendo problemática.

Este libro se ocupa del problema de la vivienda desde una perspectiva jurídica, con una metodología que va de lo general a lo particular y que pretende aunar el tratamiento sistemático con la sencillez expositiva. Para ello, aborda primero el sujeto, el objeto, el contenido y la eficacia del derecho constitucional a la vivienda. Sobre su base, estudia los principales problemas que afronta el acceso a la vivienda y el mantenimiento en su disfrute a la luz de los últimos desarrollos legales, tanto estatales como autonómicos, y de las principales aportaciones de la jurisprudencia.

Por último, analiza las instituciones configuradas en nuestro ordenamiento al servicio de la efectividad de este derecho, tanto desde la perspectiva sectorial de las políticas de vivienda como de las de suelo. En lo tocante a las primeras, revisa la historia y las principales características de la regulación de la vivienda protegida y de los servicios públicos erigidos para promoverla y ofrecerla, así como su compatibilidad con el Derecho europeo de la competencia. En relación con el urbanismo, repasa la funcionalidad de técnicas tales como las reservas de suelo para la vivienda protegida y las viviendas o los alojamientos dotacionales, el destino residencial de los patrimonios públicos de suelo o las potencialidades del derecho de superficie para contribuir a realizar mejor el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada".

A lo que yo añado que este es uno de los libros que más sencillamente explica el debate que algunos juristas sostenemos sobre si el derecho a la vivienda es solo un principio rector de política social y económica o un verdadero derecho subjetivo. Y en caso de ser lo segundo, un derecho subjetivo ciudadano con qué contenido y en qué condiciones. Marcos Vaquer Caballería, que además de brillante académico, ha tenido las más altas responsabilidades públicas en materia de gestión de la vivienda, aprovecha este debate jurídico constitucional, para repasar los principales instrumentos jurídicos alumbrados en España al servicio de las políticas públicas de vivienda. Con algunas de ellas (reservas de suelo para vivienda protegida, participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas, noción de servicio público de vivienda, derecho de superficie, alojamientos dotacionales, etc) siento una especial vinculación académica, profesional y política. Por poner un pero, menor, eso si, hecho de menos una reflexión más profunda sobre los plazos de calificación de la vivienda protegida. Y más concretamente, sobre el salto cualitativo que supone la calificación definitiva que aún hoy está en vigor en Euskadi.

El trabajo de Marcos Vaquer Caballería se lee con algo más de dificultad para el no especialista (en derecho) que el de Gerardo Roger Fernandez. Por otra parte, tiene una voluntad más mainstream que otro de los libros de referencia (para mi) en la materia, el del profesor Gerardo Pisarello Prados titulado "Vivienda para todos: un derecho en (de)construcción" Icaria 2003. Sea como fuere, el volumen de Vaquer Caballería comparte con el de Roger Fernandez la misma voluntad pedagógica y "testamentaria": durante casi una década de burbuja inmobiliaria algunos han (hemos) tratado de hacer converger el derecho y las políticas públicas de vivienda españolas con las de los estados de referencia en la materia en la UE.  

A tenor de las declaraciones de los últimos días de responsables del PP (se puede volver a los años del "milagro español", el desarrollo sostenible es una "milonga", debemos flexibilizar nuestra ley de costas para que sea compatible con el "crecimiento", hay que cerrar la SPA pues el alquiler es un "negocio ruinoso"), parece que vamos a volver a vivir tiempos de barbarie urbana y residencial. Al menos, parece que se va a intentar apuntar en esta dirección. En este contexto, no está de más dejar constancia de que el actual cortoplacismo político tiene su (modesta) réplica en una doctrina que conoce la historia y presente urbanos de España, que ha viajado y estudiado por el resto del mundo, y que no va a dejar de presentar propuestas técnicas de aggiornamiento civilizatorio de lo urbano y residencial en España.

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Si ya tuve ocasión de alucinar con la concepción del derecho a la vivienda en general y de la vivienda social en alquiler en particular del Tribunal Supremo hace unos meses, ahora vuelvo a alucinar con el auto del Tribunal Constitucional nº 7223/2010 que resuelve una cuestión de constitucionalidad presentada por un juez de Sabadell en relación a la posible violación de la Constitución por parte de nuestra legislación hipotecaria (al no poder ser examinados adecuadamente en sede judicial los motivos de oposición del acreedor hipotecario a su lanzamiento y al persistir la deuda después de la ejecución hipotecaria).

Que me perdonen mis compañeros abogados y los finos juristas, pero voy a describir el asunto en el lenguaje más accesible posible. Supongo que perderé pureza técnico-jurídica, pero creo que cumpliré con el propósito general de este blog (debate ciudadano sobre cuestiones jurídicas y políticas).

El juez de Sabadell entiende que, como a la persona que deja de pagar una hipoteca no se le deja explicar sus motivos de impago en sede judicial hipotecaria y, una vez solicitada la subasta y su desahucio por parte de la entidad financiera, esta se produce de forma automática, la legislación hipotecaria puede estar violando varios preceptos constitcionales: 14 igualdad (entidad financiera e hipotecado no son tratados de la misma manera), 47 derecho a la vivienda (al hipotecado y a su familia se le pone de patitas en la calle), prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos (que en este caso permiten que la entidad financiera se quede con la vivienda por el 50% de su valor y además persiga al hipotecado toda su vida por el otro 50% -hoy ya el 60%-, cuando la vivienda fue tasada en el momento del préstamos hipotecario por la entidad financiera) y tutela judicial efectiva (la referida imposibilidad de alegar, oponer, explicarse, etc).

La cuestión de constitucionalidad (que es la fórmula por la que los jueces ordinarios le preguntan a los jueces constitucionales si una ley que debe ser aplicada a un concreto caso es o no inconstitucional) rechazada por el Tribunal Constitucional bajo el argumento de que el acreedor hipotecario que es ejecutado puede perfectamente defender sus derechos pagando. Para el Tribunal Constitucional y para el Fiscal General del Estado (en este proceso sostienen la misma opinión en lo sustancial),en una ejecución hipotecaria lo que está en tela de juicio es un derecho de cobro (entidad financiera) y una obligación de pago (acreedor hipotecado). Sin más. El hipotecado debe pagar o marcharse de la casa y tolerar que le persigan ad infinitum por el restante de una deuda que solo la entidad financiera pudo fijar (vía tasación). Y todo esto, según el Tribunal Constitucional y el Fiscal General del Estado, nada tiene que ver ni con el derecho a la vivienda (¿total desconexión funcional?), ni con el principio de igualdad, ni con la prohibición de las actuaciones arbitrarias de los poderes públicos, ni con la inexistencia de tutela judicial efectiva. Para los no juristas, os comento que nuestro Tribunal Constitucional, como otros, establece conexiones funcionales entre unos y otros derechos fundamentales y entre principios rectores de políticas social y económica y derechos constitucionales. Y en concreto, en relación a la vivienda hay un jurisprudencia sostenida por el Tribunal Constitucional y el Supremo de conexión del derecho a la vivienda y otros perceptos constitucional. A modo de ejemplo se puede consultar la Sentencia del TS de 18 de diciembre de 2002 en la que se dice lo siguiente sobre el derecho a la vivienda del artículo 47 de la Constitución: "(...) consagra un derecho social o de prestación que exige, consiguientemente, una intervención del Estado en la esfera social y económica y un hacer positivo de los poderes públicos para la consecución de la igualdad material que propugna el artículo 9.2 de la Constitución”. De la misma manera que en este caso se liga igualdad material y derecho a la vivienda, en otros casos se ligan otros preceptos constitucionales funcionalmente relacionados.

En el caso que nos ocupa, perlas dignas de estudio son las siguientes de Fiscal General del Estado y el Tribunal Constitucional respectivamente:

• "(...) en relación con el derecho a una vivienda digna y adecuada del art. 47 CE como principio rector de la política social y económica, niega el Fiscal General que pueda servir de apoyo a la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas por no ser efecto de la normativa legal la vulneración del derecho, sino únicamente el instrumento procesal para la activación de los derechos en controversia; el derecho al pago y la oposición a su reclamación".

• "(...) el deudor, como los terceros poseedores y acreedores posteriores, más allá de detener la ejecución mediante el pago (...), apenas tienen posibilidades de oposición, pues al objeto de impedir la suspensión del procedimiento el art. 132 prevé (LEC), salvo en los cuatro supuestos taxativamente fijados, que las demás reclamaciones que puedan aquéllos formular se ventilarán en el juicio declarativo que corresponda. Precisamente, por esta posibilidad, es decir, porque queda abierta a todos los interesados la vía del juicio declarativo para la defensa de sus derechos, este Tribunal Constitucional ha afirmado que la limitación de controversia y demás peculiaridades de este procedimiento no vulneran el derecho a la defensa consagrado en el art. 24.1 de la C.E

Uno ya va teniendo sus años y sabe que un Tribunal Constitucional moldeado conforme a los intereses de lobbies económicos oligopolísticos y partidos políticos mayoritarios casi siempre defiende los intereses de los más poderosos frente a los más débiles. Pero en este caso, con la que está cayendo, es ciertamente escandaloso que el Tribunal Constitucional pueda interpretar el derecho vigente y la Constitución tan de espaldas a la presente realidad social. En no mucho tiempo llegaremos al medio millón de familias puestas de patitas en la calle por las entidades financieras por no pagar su hipoteca. Y, siendo indudable que las deudas se deben pagar, tambien es indudable que la formación de la voluntad contractual debe estar liberada de vicios, de forma que el hipotecado sepa con precisión a que se obliga y a que se arriesga. Y, a mayor abundamiento, que las deudas deban ser pagadas no debe impedir que, ante un deudor en problemas, se arbitren fórmulas que permitan la renegociación de plazos, intereses y otras condiciones crediticias, para mejor proteger los intereses de acreedor, deudor y sociedad en su conjunto. Uno no acaba de entender la razón por la que, cuando el acreedor en problemas es una empresa, el derecho tiene todo tipo de soluciones previas a la quiebra y, cuando el acreedor en dificultades es un particular hipotecado, casi el único instrumento a usar es el desahucio (al que además llamamos profilácticamente lanzamiento). Y puestos a no comprender cosas, uno no comprende la razón por la que los particulares ricos a los que Leheman Brothers, a través de bancos locales, causa pérdidas reciben el apoyo de los tribunales (entre otras, Sentencia de 19 de enero de 2011 del Juzgado de Instrucción nº 37 de Madrid condenando al Banco Espirito Santo por no explicar bien los riesgos de una inversión de un particular español en un producto de Leheman Brothers; en idéntico sentido Sentencia de 2 de marzo de 2011 del 97 de Madrid condenando en este caso a Bankinter), mientras que los particulares modestos o pobres que pierden su vivienda en una ejecución desconociendo los riesgos de su hipoteca no reciben la tutela del Tribunal Constitucional.

El formalismo es, a mi modesto entender, una mala praxis judicial siempre, y mucho más cuando tiene por víctima al débil y por beneficiario al poderoso. Con la crisis que estamos teniendo en estos momentos en España (paro, reducción de salarios, aumento de los tipos de interés, ejecuciones hipotecarias, desahucios, reducción de los servicios públicos sociales, asistenciales y de vivienda, etc), que el Tribunal Constitucional diga que los ejecutados hipotecarios tienen todos sus derechos constitucionales perfectamente protegidos, pues siempre les queda como solución a sus problemas pagar la hipoteca, es mitad risible, mitad macabro.

A nadie se le oculta que en este problema (desahucios, hipotecas, vivienda, banca, etc) se está librando una sorda batalla en el seno del poder judicial. Como demuestran sentencias como la ya famosa de la Audiencia de Navarra de 17 de diciembre del 2010 aceptando la dación en pago o la de 26 de noviembre del 2010 del Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona declarando en concruso de acreedores una familia y limitando la capacidad del acreedor bancario de perseguir el precio de la vivienda por encima del de remate, no todos los jueces ven el asunto de la misma manera. No todos los tribunales están dispuestos a manejar el grado de formalismo del Tribunal Constitucional en esta materia. No desconozco que el Tribunal Constitucional solo debe hacer juicios de constitucionalidad y que los jueces deben sentenciar según la ley y hacer cumplir lo sentenciado. Pero no creo excederme si aventuro un conflicto entre jueces formalistas - pro lobby bancario y jueces más militantes - pro equilibrio social en su conjunto.

En este sentido es intersante, en la sentencia del Tribunal Constitucional comentada en este post, el voto particular del magistrado del Tribunal Constitucional Eugeni Gay Montalvo. Como prueba de que los acreedores hipotecarios no sabían que tipo de contrato estaban firmando (conocimiento preciso y exacto de todas las obligaciones y riesgos) es que las propias entidades financieras ya no entienden el funcionamiento de sus propias hipotecas, hoy un eslabón más del globalizado mundo de las finanzas. Apela el magistrado discordante a la evidencia de que los mercados financiero e hipotecario nada tienen que ver hoy con los de los años 80 y 90 del siglo pasado, fechas en las que el Tribunal Constitucional (SSTC 41/1981, 64/1985, 6/1992 y 217/1993) santificó la constitucionalidad de nuestra legislación hipotecaria más que centenaria (nuestro sistema casi no ha tenido variaciones desde finales del XIX).

Sugiero al movimiento 15 M, Democracia Real Ya, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, etc, que presten un poco de atención a los magistrados del Tribunal Constitucional. No solo banqueros y políticos están poniendo muy poco para una salida social o equilibrada de la crisis. Por lo que se ve en este auto, los magistrados del Tribunal Constitucional están pidiendo a gritos una concentración ciudadana pacífica, democrática, puede que hasta lúdica, pero firme en las inmediaciones de su sede. Y para los que se quieran rasgarse las vestiduras por este ultimo comentario, recordar que los tribunales son independientes si, pero respecto a otros poderes del estado, y de quien no deben ser nunca independientes es de la sociedad sobre la que deben aplicar el derecho. Siendo todo esto cierto, es mucho más predicable del Tribunal Constitucional, único interprete de la Constitución, pero no titular de la misma, pues solo el pueblo, el poder constituyente, es propietario de su Constitución (y no lo son los poderes más o menos constituídos, de forma más o menos legítima).

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Para completar la visión más oficial que aporté hace unos días con el post sobre el libro "Ayudas para el acceso a la vivienda en España" del Ministerio de Fomento, os dejo hoy la referencia a la "Guia de denuncia para una vivienda digna" de la Plataforma por una Vivienda Digna.

Así como la publicación ministerial estaba enfocada a resumir las ayudas públicas para el acceso a la vivienda, esta publicación nacida de una plataforma social está orientada al conocimiento y defensa ciudadana del derecho constitucional a una vivienda digna. Como tal es una guía extremadamente práctica (derechos frente al mercado, derechos frente a las administraciones, participación ciudadana y vivienda, normativa básica y formularios para solicitar, demandar, denunciar, etc). No me he leído sus 170 páginas, pero de lo que he trasteado con la guía, deduzco que es un material con un contenido más que correcto.

Enhorabuena a los activistas de la PDV y espero que la ciudadanía use la guía para luchar por sus derechos. En este caso no se podrá decir que no han podido actuar por falta de información/formación.

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En los últimos días ha sido bastante comentado en la prensa vasca e incluso española (con lo raro que es que se hable de Euskadi fuera de sus límites de algo que no sea ...) el ANTEPROYECTO DE LEY DE VIVIENDA que está impulsado el Gobierno del Lehendakari Lopez.

Solo le he echado un vistazo superficial y no tengo aún una opinión integral, detallada y razonada. Aunque no oculto que me gusta que el anteproyecto maneje nociones como función social de la propiedad, servicio de interes general, derecho subjetivo a la vivienda, acción pública, necesidad de vivienda, planificación de las políticas públicas de vivienda, registro de viviendas de protección pública y alojamientos dotacionales, registro de solicitantes de vivienda, patrimonio público de suelo, sistema residencial de protección pública, vivienda de protección pública, alojamiento de protección pública, calificación permanente, puesta en valor del patrimonio edificado, ITE, rehabilitación subvencionada, sistemas de actuación para la rehabilitación y regeneración urbana, inhabitabilidad, canon y alquiler forzoso para la vivienda vacía, tanteo y retracto, desahucio administrativo, expropiación, venta forozosa o sustitución, inspección, sanción y multas coercitivas. Y de todo ello podemos decir que el texto del Anteproyecto puede ser definido como aparentemente socializante.

Para aquellos que estén interesados por el origen de este anteproyecto de ley y también para los que creen que el Gobierno del PSE ha creado ex nihilo, recomiendo la lectura del anterior Proyecto de Ley de garantía del derecho ciudadano a una  vivienda digna de Euskadi de diciembre de 2008 (perdón por la autocita, pues yo fui uno de sus autores), la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda de Cataluña, la ley francesa de referencia conocida como Loi DALO (Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale) y la ley escocesa de referencia (Homelessness etc (Scotland) Bill of 2003). El texto del actual anteproyecto patrocinado por el PSE es en más de un 75% ley catalana de vivienda y anterior proyecto de ley vasco de vivienda. Lo cual tiene su lógica si tenemos en cuenta que el proyexto vasco fue impulsado por EB-Berdeak y la ley catalana por ICV-EV, PSC y ERC.

De momento, el PP (socio de gobierno del PSE) ya ha dicho que no va apoyar el nuevo anteproyecto de ley, pues según Basagoiti lo que hay que hacer para solucionar el problema de la vivienda es crear empleo para que la gente pueda comprarse viviendas (añado yo, que convenientemente sobrevaloradas por cajas, bancos y tasadores con lo que la hipoteca ahoga a pesronas y familias y hace ciudadano sumisos ante el empleador y el poder político y económico). Ergo, deduzco yo, las burbujas inmobiliarias son algo que el PP ve con buenos ojos y, por ello, aspira a repetirlas ad nauseam.

Por su parte el PNV ha dicho que expropiar es pecado, que gravar con impuestos las viviendas vacías otro tanto de lo mismo y que el derecho subjetivo a una vivienda en alquiler, tal y como está definido en el texto del Anteproyecto, no les vale pues se queda corto, al dejar fuera a los mileuristas.

Da la sensación de que PSE, PNV y PP nos van a tener entretenidos con sus juegos políticos durante un año y que la ley no se empezará a debatirse en el Parlamento Vasco hasta el 2012.

Por ello, yo hasta que el proyecto de ley sea remitido por el Gobierno al Parlamento Vasco no me lo tomo demasiado en serio. Tiempo habrá de saber si es un salva pre-electoral o un verdadero intento de regular por ley y desde la izquierda el derecho a la vivienda en Euskadi.

Y mientras se despejan todas estas cuestiones políticas contingentes, a los promotores del anteproyecto de ley (gente a la que en general aprecio) les deseo la mejor de las suertes, pues de su pericia, perserverancia, coherencia y honestidad depende el tratamiento legal de un importante derecho de la ciudadania vasca.

PD: si el anteproyecto de ley llega a tener visos de ser aprobado por el Parlamento Vasco, una recomendación, como todas las leyes que juegan con las cosas de comer, empiecen a leerlo por sus muy interesantes y poco socializantes disposiciones adicionales (relativización de la reservas de suelo para vivienda protegida de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo de Euskadi).

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Recientemente he participado en unas JORNADAS SOBRE URBANISMO, ORDENACION DEL TERRITORIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE organizadas por el Defensor del Pueblo de Castilla y La Mancha en Albacete. La verdad es que para mi ha sido un honor compartir jornadas con expertos de gran prestigio a los que admiro y sigo desde hace años (entre otros, el administrativista Luciano Parejo, el urbanista Gerardo Roger, el fiscal especializado en madio ambiente y corrupción Antonio Vercher ...), así como con la gente de la Oficina del Defensor del Pueblo de Castilla y La Mancha (a la que no conocía, pero que he tenido la ocasión y el placer de poder hacerlo).

Mi ponencia tenía el título de "Nuevas politicas de vivienda. Vivienda y ordenacion del territorio. El reto de la administracion ante la actual situacion del mercado". Aunque tiene ciertas similitudes con alguna de mis anteriores ponencias (de hecho, muchas de sus diapositivas son idénticas a las de presentaciones anteriores), he desarrollado con más detalle y algún enfoque adicional (OT y MA) varias de sus partes (las diapositivas con fondo marrón claro). Por si es de interés, dejo el material a disposición de quien quiera consultarlo.

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El lunes de esta semana di clase en un curso organizado por el Observatori DESC, la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y el Colegio de Abogados de esta ciudad.

Pude darme el gusto de ver a algunos viejos amigos en estas cosas de lo urbano y los derechos. Y había un interesante ambiente compuesto casi al cincuenta por ciento por tecnicos de administraciones locales y activistas sociales.

Utilicé esta presentación (La construcción del derecho a la vivienda en España a través de las políticas públicas y la sociedad civil) para dinamizar la clase.

Saqué algunas conclusiones de la cita: tanto la universidad, como los movimientos sociales en España han hecho en estos últimos años interesantes reflexiones sobre como no volver a tropezar en la misma piedra; estos grupos tienen análisis y propuestas que nos permitirían no volver a sufrir en el futuro las externalidades generadas por el sector inmobiliario entre los años 1997 y 2007. Seria bueno que alguien en sindicatos, partidos y AAPP las escuche y ponga, al menos algunas, en práctica.

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Reconzco que el Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco, Don Iñaki Arriola (PSE), me desconcierta un poco. Lo primero que emite su equipo nada más llegar a sus cargos es que va a apostar por la rehabilitación, cosa que me parece muy bien por todo tipo de motivos sociales, económicos y medioambientales. Poco después dice que quiere construir 10.000 viviendas protegidas al año, lo que, además de imposible materialmente, es contrario al esfuerzo por rehabilitar (aprovechar el tejido urbano ya existente y no construir nada más que lo imprescindible). En otro orden de cosas, anuncia con cierta precipitación que deroga las medidas anticrisis en materia de vivienda del anterior Consejero, Don Javier Madrazo (EB Berdeak), para solo unas semanas después aclarar que va a dejar buena parte de las mismas en vigor. En relación al asunto, para mi central, de la consideración de la vivienda como derecho, primero impide que se pueda tramitar en el Parlamento Vasco una ley de vivienda trabajada en los últimos años por los agentes institucionales y sociales afectados, llega incluso a decir (en lo que parece una salida de tono impropia para un gestor público socialista y que me consta que ha sorprendido incluso a votantes del PSE) que no hay sociedad que aguante el derecho a la vivienda por la gracia de Dios y ahora matiza las acciones y afirmaciones anteriores explicando que no hay dinero para que el 100% de la vivienda protegida vasca sea en alquiler, pero que él quiere aumentar el parque de vivienda protegida en alquiler de forma sustancial y objetivar el derecho a la vivienda.

La verdad es que a mi mi me cuesta seguirle. Sus declaraciones me parecen un tanto erráticas. Creo que apunta un poco en todas las direcciones. Y muchas veces no sabemos si habla como miembro de la patronal del sector de la construcción (a veces lo llega a parecer) o si quien habla es el máximo responsable político de la vivienda pública vasca (que es lo que él es). He criticado algunas de las medidas que quiere impulsar y me han parecido muy acertadas otras, pero no puedo evitar cierta sensación de incertidumbre, de volatilidad, de falta de elementos sólidos de juicio.

Pero hoy estoy optimista y voy a quedarme con el tono y con muchas de las cosas razonables esgrimidas en su última entrevista, la concedida la pasada semana al diario El País:

• dice que no hay dinero para que toda la vivienda protegida sea de alquiler (lo cual nos remite no solo a un debate sobre cuanto merman los ingresos publicos en tiempos de crisis, sino también a otro debate sobre las prioridades presupuestarios de este y todos los gobiernos), pero no se muestra contrario a que el alquiler tenga cada vez un mayor papel en la vivienda protegida vasca, incluso se ha comprometido a que el 40% de la vivienda protegida vasca nueva sea de alquiler
• dice expresamente que su antecesor hizo cosas que merecen ser conservadas, lo cual está bien, pues a veces le puede esa imagen de querer criticar todo lo anterior simplemente por haber sido hecho por otros
• considera que es bueno dedicar una parte de lo ganado con la vivienda protegida en venta (ergo no es una tipología de vivienda ruinosa como algunos dicen, incluso él mismo en algunas ocasiones) a la promoción de vivienda pública en alquiler
• deja bien claro que hacer vivienda protegida solo en alquiler, sin aumentar los presupuestos públicos, implicaría hacer mucha menos vivienda protegida en su conjunto
• afirma con claridad que la calificación permanente de la vivienda protegida es el eje central del modelo vasco y que esto no va a ser revisado por su equipo
• no se opone a que a determinados colectivos se les garantice por ley el derecho a una vivienda en alquiler y que después se vayan incluyendo otros en función de las posibilidades de la Administración y la economía vascas.

Todas estas cosas tienen muy poco que ver con muchos de los mensajes que ha emitido en las últimas semanas en relación a las nuevas políticas públicas vascas de vivienda. Uno ha escuchado que prácticamente había que hacer tabla rasa de lo anterior, trabajar con realismo para que propietarios de suelo, promotores y ayuntamientos estuvieran agusto y dejarse de utopias. En la entrevista a la que estoy haciendo referencia creo que cambia el tono al apostar por el alquiler y la vivienda como derecho, sino universal, si para ciertos colectivos. Obviamente los detalles, como se regulen todas estas cosas, son capitales. Pero ya no parece que Don Iñaki Arriola apunte en la dirección totalmente equivocada. Quizás apunte en demasiadas direcciones, siendo algunas de ellas incompatibles. Aunque como todo en la vida, lo conoceremos realmente por sus hechos y no por sus palabras.

Sea como fuere, le deseo la mejor de las suertes en la consecución de esas 10.000 viviendas protegidas anuales, 4.000 de ellas en alquiler.

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Cito, por su gran interés, el artículo del profesor de derecho y responsable autonómico (PSOE) de vivienda aragones Julio Tejedor Bielsa titulado DE LA VIVIENDA AL DERECHO A LA VIVIENDA.

Quiero compartir su optimismo. Quiero creer que en un cierto tiempo la vivienda pasará, de ser un principio rector de política social y económica, a convertirse en un derecho subjetivo con tutela judicial efectiva. Pero la realidad a veces me desanima un poco.

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La semana pasada tuve el placer de asistir a una conferencia del profesor Gerardo Pisarello sobre el derecho a la vivienda. La misma tuvo lugar dentro de las Jornadas organizadas por el Ararteko (defensor del pueblo vasco) con motivo de su vigésimo aniversario denominadas RETOS DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN UNA DEMOCRACIA AVANZADA.

Gerardo Pisarello es uno de los pocos juristas españoles que ha pensado, escrito y debatido de forma consistente y seria sobre vivienda. La mayor parte de los juristas españoles que se acercan a esta materia, o lo hacen por el lado del suelo y el urbanismo o lo hacen con cierto desden ante un principio rector de política social y económica que no alcanza en nuestra Constitución el rango de derecho fundamental. Dentro de la labor de investigación en vivienda del profesor Pisarello destaca su libro del 2003 "Vivienda para todos, un derecho en (de)construcción". En general toda su obra científica está recorrida por el deseo de proteger constitucional, jurídica y fácticamente de forma adecuada los derechos sociales contenidos en nuestra Carta Magna. Quizás algunos le conozcías no solo por su labor doctrinal, o por ser un notable discípulo del maestro europeo de juristas Luigi Ferrajoli, sino también por su activismo social en el DESC (Observatorio de Derecho sociales) y sus muchas colaboraciones con la prensa (1.0 y 2.0).

Pues bien, en la conferencia de la semana pasada Gerardo Pisarello defendió con elocuencia que la vivienda puede ser un verdadero derecho subjetivo, con la consiguiente obligación de la Administración de proveer vivienda en alquiler a todo el que la necesite y con la posibilidad de la ciudadanía de acudir a la tutela judicial efectiva en caso de incumplimiento de la Administración. El profesor Pisarello dejo bien claro que no hay problemas jurídicos, técnicos o economómicos para lograr este fin. Es solo una cuestión de voluntad o prioridades políticas.

Después de hacer un recorrido por las externalidades del modelo urbanístico y las políticas públicas de vivienda en España en la última década, así como las políticas públicas de vivienda que pretenden salir de la lógica del mercado (expresamente solo habló de Euskadi y Catalunya), el profesor afincado en Barcelona consideró que para salir de la actual penosa situación de la vivienda en España es necesario:

• echar el freno
• planificar desde lo público
• realizar políticas públicas de vivienda integrales, redistributivas, sostenibles, con garantías jurídicas, democráticas, participativas y desplegadas a diferentes escales territoriales.

Durante su ponencia hizo constantes referencias a términos de vital importancia para comprender su modelo de políticas públicas de vivienda. Estos términos son: derecho subjetivo, tutela judicial, servicio público, derecho a la vivienda y derecho a la ciudad, solidaridad urbana, rehabilitación, alquiler, control del poder público por parte de la ciudadanía, participación democrática, new deal verde.

Y acabó con una interesante cita, mitad suya, mitad de su maestro Ferrajoli: "En materia de vivienda, en España, en el futuro lo que será utópico es seguir haciendo lo mismo que se ha hecho estos últimos quince años".

El Ararteko va a publicar todas las conferencias de las jornadas antes citadas en su web. Cuando disponga del texto completo de la conferencia del profesor Pisarello la compartiré con vosotros.

Aprovecho para hacer varias felicitaciones. Al Ararteko por sus 20 años de existencia y lucha por los derechos humanos. Al profesor Pisarello por una conferencia deslumbrante, en la senda de la mejor tradición técnico-jurídica europea del Estado Social y Democrático de Derecho y teniendo siempre en cuenta para que puede llegar a servir el derecho: normas (que ponderan intereses en juego) sobre fuerzas (poder fáctico y real).

(la foto es cortesia de Asier Gallastegi)

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