La prensa 1.0 vasca ha silenciado de manera casi absoluta el hecho de que Ezker Batua Berdeak y Aralar han presentado sendas proposiciones de ley para regular el derecho a la vivienda en Euskadi. En realidad es la misma iniciativa, pues Aralar se limita a copiar el proyecto de ley de Ezker Batua. Pero ¿a que no lo habéis visto en ningún sitio? ¿Casualidad?

Si os acordías este es un tema que quedo pendiente la pasada legislatura, pues el Gobierno remitió al Parlamento Vasco un proyecto de ley que regulaba el derecho a la vivienda, pero no hubo tiempo suficiente para tramitarlo y por lo tanto decayó. Pues bien, ahora EB Berdeak y Aralar han presentado dos iniciativas (texto EB Berdeak y texto Aralar) que permiten disponer de cuatro años parlamentarios para tramitar la citada ley.

Para los que no estéis familiarizados con el procedimiento parlamentario, cuando los grupos parlamentarios proponen al Parlamento la tramitación de una ley eso se llama proposición de ley y cuando lo hace el gobierno se llama proyecto de ley. Los proyectos de ley no tienen casi trabas formales (insisto, formales) para ser aprobados, bastan con mandarlos al parlamento y conseguir el consenso político y parlamentario. Pero las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios tienen que superar todo tipo de trabas formales (tendentes a limitar la iniciativa legislativa no gubernamental). En primer lugar, los grupos parlamentario tienen un número limitado de posibilidades de hacerlas, teniendo menos aún los grupos parlamentarios pequeños. En segundo lugar, el gobierno tiene que mostrar su criterio sobre la proposición de ley (y suele ser contrario a las mismas en el 99% de los casos). El pleno del parlamento debe decidir si se admite a trámite y se envía a la comisión competente para que se tramite (posibilidad que también en casi todas las ocasiones es rechazada por la mayoría parlamentaria que sustenta al gobierno). Y finalmente, los grupos que ya han hecho proposiciones de ley tienen que esperar un tiempo para poder volver a hacerlas.

Bien, después de este rollo formal os puedo contar en qué momento procesal estamos. Se han presentado las dos poposiciones (que en ambos caso establecen el derecho de la ciudadanía a recibir una vivienda pública en alquiler por menor del 30% de los ingresos personales o familiares y en caso de no ser satisfecho hay tutela judical efectiva) y el Gobierno Vasco ha manifestado su criterio en contra de las mismas. Con lo que es seguro que PP y PSE se opondrán a la tramitación de la ley de vivienda al menos en esta primera parte de la legislatura. Y dado que ellos dispon en de 38 votos en la Cámara vasca, esto impedirá de momento regular por ley el derecho constitucional a la vivienda en Euskadi.

La justificación del Gobierno Vasco de su oposición a esta ley no tiene desperdicio. Según el nuevo Gobierno Vasco, tal y como consta en documento que os adjunto, la norma no debe tramitarse pues antes debe pactarse con los sectores implicados (además de otras AAPP se cita a las empresas concernidas) y, tal y como están redactadas en estos momentos por EB Berdeak y Aralar, la ley supondría un incremento del gasto gubernamental en materia de vivienda (y al parecer ello es rechazado por el Gobierno del PSE, a pesar de que Patxi Lopez se comprometíó en campaña electoral a multiplicar por dos el presupuesto de vivienda del gobierno). No se puede acusar al Gobierno Vasco de falta de claridad: quieren aprobar una ley que haya sido pactada antes con ayuntamientos, cajas de ahorros y promotores inmobiliarios (de la sociedad civil no se habla, pues al parecer el tema no le afecta) y que no suponga un aumento de gasto público en materia de vivienda.

Todo esto nada tiene que ver con lo escrito en el programa electoral en materia de vivienda del PSE (el de hace unas semanas) y mucho menos con lo defendido en campaña electoral por el entonces candidato a Lehendakari López. Pero supongo el PSE cuenta con la fragil memoria de la ciudadanía y su posición oligopolítica en el mercado de los medios de comunicación para que nadie le recuerde estas cosas. Conclusión: el derecho ciudadano a la vivienda en Euskadi (alquiler protegido, máximo de 30% ingresos, como atributo de ciudadanía y con tutela judicial efectiva) estará unos años en el congelador.

ACTUALIZACION 23/6/2009: por lo que veo en la prensa de hoy, este tema ha sido primera página y primera noticia a cinco columnas del diario El Correo de hoy.

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