Recientemente se han conocido una serie de cuestiones que afectan al futuro del alquiler social en Euskadi:

• La sociedad pública que gestiona Bizigune (SPGVA) se prepara para absorber a la sociedad mixta (Gobierno Vasco y cajas de ahorros) de gestión de vivienda Alokabide (a través del Decreto 155/2010).
• Consecuentemente el Ejecutivo vasco busca recursos para poder comprar a las cajas de ahorros su participación en la sociedades públicas o mixtas Visesa, Alokabide y Orubide (en el paquete van más de 2.000 vpos en alquiler).
• Por otra parte el Gobierno Vasco se apresta a vender los derechos de superficie para poder obtener recursos para en principio promover nueva vivienda protegida en alquiler (se puede leer el anuncio oficial en el link que os dejo, aunque ya se sabía que esto iba a suceder más o menos desde principios de este año -me reitero en lo que dije en su momento en relación a la enajenación de patrimonio público y daño a las capacidades netas de alquiler del Gobierno Vasco 1 y 2-). Recientemente se ha publicado la norma que regula este proceso (Orden de 21 de julio de 2010, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, por la que se establecen los requisitos para la adquisición del suelo propiedad de la administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi sobre el que se encuentran edificadas en derecho de superficie determinadas viviendas de protección oficial).
• Es bien conocido que el Gobierno Vasco considera que Bizigune (movilización de vivienda vacía privada hacia el alquiler social) no es parte sustancial del futuro de las políticas públicas de vivienda vascas. Aunque, curiosamente, mientras se denosta el Bizigune que todos conocemos (el ofrecido a arrendadores particulares), se crea un Bizigune para dar cobijo al sotck de los promotores de vivienda libre (Orden de 4 de noviembre de 2009, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, de tercera modificación de la Orden sobre condiciones de cesión y procedimiento de adjudicación del «Programa de Vivienda Vacía»). De todas formas, parece que este vamos a llamarlo Bizigune II también puede ser cancelado por falta de oferentes.
• Además el Ejecutivo vasco anuncia que en materia de alquiler una de sus líneas principales de actuación va a ser la intermediación entre propietarios privados e inquilinos en el marco de contratos privados de alquiler. Las diferencias con BIZIGUNE son muy importantes. La MEDIACION PUBLICA EN MATERIA DE ALQUILER PRIVADO implica seguros y avales sobre un contrato de alquiler privado a precios de mercado (o casi de mercado) tanto para el arrendador como para el inquilino. Bizigune implica la gestión pública de un alquiler social sobre una vivienda privada vacía que se cede por cinco años a la Administración. Ni el precio que paga el inquilino (social vs. mercado o casi de mercado) ni el tipo de inquilinos (clases medias o medias-bajas vs. clases medias o medias-altas) ni el tipo de vivienda (vacía vs. ocupada) ni el papel de la administración (gestor público de alquiler que garantiza todas las condiciones del alquiler social vs. subvencionador residual de una relación contractual privada en la que tiene poca capacidad de influir) son los mismos. Obviamente Bizigune implica un gasto público (con beneficios sociales, económicos y medioambientales para toda la sociedad) y la intermediación pública en el alquiler puede suponer incluso hasta ingresos públicos (modelo SPA), al otorgar solo seguridad jurídica a relaciones jurídicas preexistentes, pero sin rebajas sustanciales en los alquileres a pagar por los inquilinos.
• Por otra parte, el Gobierno vasco pretende introducir el alquiler con opción de compra en Euskadi (o lo que e lo mismo el acceso a la propiedad diferida, aunque usando la terminología del alquiler).
• Y finalmente, el Gobierno Vasco deja por escrito, en la Exposición de Motivos del antes mencionado Decreto 155/2010, que papel le concede al alquiler social o público: "atender las necesidades de aquellas personas y unidades convivenciales que no pueden acceder a una vivienda en régimen de propiedad". La propiedad sigue siendo el objetivo, el alquiler una estación de paso, incluso en los documentos oficiales vascos del verano del año 2010.

Espero estar equivocado, pero en estas condiciones va a ser extraordinariamente duro ir más allá de los 19.000 alquileres sociales y 22.000 viviendas protegidas en derecho de superficie (en total más de 41.000 viviendas protegidas adjudicadas en regimen distinto a la propiedad plena) que en estos momentos hay en Euskadi. Me temo que nos podemos dar con un canto en los dientes si en el futuro se conserva lo hecho entre todos en las ultimas décadas.

Me reitero en todo lo que dije sobre  las políticas públicas vascas de alquiler a mediados del pasado mes de junio. También me reitero en lo dicho sobre las políticas públicas de alquiler a nivel estatal hace unos días.

En Euskadi en materia de alquiler público resistir será vencer. En el conjunto de España evitar una involución que nos retrotaiga a la situación propia de finales del siglo XIX en el entorno de la UE (cero alquiler público) va a ser francamente muy difícil.

PD: para ilustrar el contexto en el que nos movemos, os aporto unos datos:

• Viviendas en alquiler social por cada 1.000 habitantes: Holanda 147; Austria y Dinamarca de 102; Suecia de 95; Reino Unido de 85; Francia de 71. Frente a esta realidad España dispone solo de 3 viviendas sociales en alquiler por cada 1.000 habitantes y Euskadi 8.2 (si contamos solo las viviendas de alquiler público puro) o 17.5 (si incluímos las viviendas en derecho de superficie, en realidad, alquileres vitalicios). También podemos incluir las 16.000 personas que cobran la nueva Prestación Complementaria de Vivienda (personas que cobran la Renta de Garantía de Ingresos -un "salario social" de supervivencia, al margen de la vida laboral y el seguro de desempleo-) que reciben entre 250 y 320 euros mensuales para sufragarse un alquiler privado (como "salario social" reciben entre 190 y 923 euros al mes). En el caso de incluir estos nuevos 16.000 "arrendamientos sociales" Euskadi contaría con casi 24 viviendas sociales en alquiler por cada 1.000 habitantes. Y finalmente, también se pueden incluir las 5.282 Rentas Básicas de Emancipación que se abonan en Euskadi (una ayuda al alquiler de 210 euros mensuales para jóvenes que se emancipan en vivienda libre de alquiler). De incluir a este nuevo colectivo Euskadi contaría con más de 26 viviendas sociales en alquiler por cada 1000 habitantes. Aunque el carácter social de estas viviendas fluctúa entre pagar de media menos de 300 euros mensuales de alquiler en el parque público de vivienda, pagar casi esa misma cantidad por el alquiler a 75 años que supone el derecho de superficie de vivienda protegida, recibir 210 euros para pagarse un alquiler libre si eres joven en edad de emancipación o recibir entre 250 y 320 euros para pagarse un alquiler libre si eres una persona en riesgo de exclusión social.
• En el año 2001 Euskadi solo disponía de 740 viviendas en alquiler protegido. En estos momentos el Gobierno Vasco dispone de más de 19.000 viviendas para su destino al alquiler (además de 20.000 viviendas en derecho de superficie o alquiler vitalicio). Este esfuerzo ha sido realizado de manera solitaria, pues solo dos (Bilbao y Donostia) han acompañado al Gobierno Vasco en sus esfuerzos por lanzar un parque de alquiler social similar a los europeos y solo un reducido grupo de agentes privados han impulsado el alquiler público (entre ellos cabe destacar las cajas de ahorros vascas y muy especialmente la Caja Vital y su programa Vitalquiler). El parque de vivienda pública en alquiler vasco (sin las viviendas en derecho de superficie) supone el 15% del existente en España (en función de los datos de CECODHAS que atribuye 141.000 viviendas públicas en alquiler a España). Es necesario recordar que Euskadi supone menos del 6% del PIB y del 5% de la población española.
• Datos obtenidos en la web de CECODHAS

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