La crisis y los recientes cambios de gobiernos en todos los niveles administrativos están produciendo una especie de efervescencia legislativa en materia de urbanismo y vivienda.

Que yo haya tenido noticia, la Administración General del Estado y CCAA tan significativas como Cataluña, Madrid, Andalucía y Euskadi ya han modificado importantes piezas de su arquitectura legal urbana y residencial o están en trance de hacerlo.

La lista no es, en modo alguno, exhaustiva, pero son muy destacables las siguientes modificaciones legislativas:

• Real Decreto Ley 20/2011 de medidas urgentes del Gobierno de la Nación.
• Leyes Omnibus catalanas (Ley 8/2011 de medidas fiscales y financieras, Ley 9/2011 de promoción actividad económica, Ley 10/2011 de simplificación y mejora de regulación normativa y Ley 11/2011 de reestructuración del sector público).
• Ley 6/2011 de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Madrid.
• Modificación en marcha de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucia.
• Y el inicio del proceso de modificación de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de Euskadi.

Si hacemos una lectura conjunta de todas ellas, comprobamos que se intenta desplegar al unísono el siguiente arsenal de medidas:

• Enésima prórroga para la valoración del suelo urbanizable programado. Se le sigue aplicando la valoración con expectativas urbanística de la Ley 6/1998 y su tiempo. Y no se aplica la que le debería corresponder según la apuesta central del Texto Refundido de la Ley del Suelo del 2008. Hablando el plata, los suelos en manos de los bancos y promotoras (dicen que hay stock comprado, señalado u optado como para construir 2.8 millones de nuevas viviendas) que no valen nada o casi nada, se pueden seguir valorando a los precios del momento álgido de la burbuja. Maquillaje contable para evitar la quiebra de buena parte de nuestro sistema financiero. Pero también una forma de mantener artificialmente altos los precios de suelo y vivienda. Algo criticado hasta por las ultraneoliberales agencias de rating.
• Recuperación de la deducción por compra de vivienda habitual en el IRPF (hasta 9.040 euros por contribuyente, año y declaración). Una política que al Estado le ha supuesto dejar de ingresar casi 80.000 millones de euros en los últimos años (mucho más del doble de lo que hoy nos gastamos en políticas públicas de vivienda), que tiene por teórico fin abaratar el acceso a la vivienda de los españoles. Pero que es obvio que no sirve a otro fin que no sea traspasar dinero del bolsillo de los contribuyentes al bolsillo de los promotores y financieros que venden viviendas por encima de su precio objetivo. Insistir en este error es una mala idea, como explican en este artículo dos economistas de prestigio.
• Reducir el IVA de la compra de vivienda o rehabilitación de la misma de forma temporal, al menos dos años. El estímulo a la rehabilitación puede ser de interés. Aunque los ya introducidos por el Gobierno del PSOE no han evitado el desplome de este tipo de operaciones en el 2011. Pero el estímulo fiscal a la compra de vivienda como forma de absorber nuestro stock demuestra que el Gobierno del PP no contempla ni siquiera parcialmente el alquiler como solución residencial estructural y sobre todo como forma de movilizar en este momento parte de nuestro enorme etock de vivienda vacía nueva y usada. Cosa que le recomiendan expertos de todo tipo de inclinaciones ideológicas.
• Reducir, flexibilizar, relativizar y/o municipalizar las cesiones para Sistemas Generales y Sistemas Locales. El sector de la construcción no consigue promover y vender unas nuevas viviendas que España no necesita y que los españoles no podemos pagar. Ante ello, nuestros responsables públicos han pensado que reducir o eliminar las cesiones de suelo para parques, espacio público, colegios, hospitales y centros de salud, tanatorios, centros deportivos, centros culturales, infraestructuras de transporte, etc es algo que puede reducir los costes de producción de la vivienda. Piensan que reduciendo unos muy reducidos costes (para los privados) volverá a florecer la producción de vivienda, la firma de hipotecas y las ventas de las mismas. Tal cosa no sucederá en un momento en que la demanda no da de si. Aunque si produciremos, por unos magros ahorros de costes privados, una ciudad de mucha peor calidad y con más externalidades (públicas y colectivas).
• Reducir, flexibilizar, relativizar y/o municipalizar las reservas legales de suelo para vivienda protegida. Aunque las series históricas demuestran que a más vivienda protegida menor precio de la vivienda, se sigue promoviendo el mito de que la vivienda protegida encarece la libre. Por ello, se reducen las ya de por si exiguas reservas de suelo para vivienda protegida con la vana idea de seguir produciendo nueva vivienda libre en venta.
• Ampliación de la validez temporal de las licencias de obras ya concedidas para promociones que no se inician por falta de financiación. Esto ya bordea el género del humor. Los promotores que no edifican nueva vivienda por carecer de financiación ellos para construir y los compradores para comprar, por la simple ultractividad administrativa de una licencia a punto de caducar, no van a estar ni en mejor ni en peor situación. Pero ahí esta como medida de rescate público al sector inmobiliario privado.
• Agrupar las autorizaciones medioambientales y urbanísticas con el onjetivo de reducir los plazos y dinamizar la burocracia administrativa. Se llega a hablar incluso de "ventanilla única" urbanística. Bien está la búsqueda de la eficiencia y eficacia en el ámbito administrativo. Ojalá se avance en ello. Pero en el país que ha sido capaz de producir durante casi diez años más vivienda que en el Reino Unido, Francia, Italia y Alemania a la vez, no parece que nuestro urbanismo sea precisamente lento y retardador. Y sea como fuere, parece que no queremos admitir que el urbanismo debe ser un proceso de decantación razonada y pausada, habida cuenta de los efectos que produce en la sociedad y el medio durante décadas e incluso siglos.
• Reducciones de la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por el urbanismo al mínimo legal exigido por el TR de la Ley del Suelo estatal del 2008: en el caso andaluz el 5% (tres veces menos que el máximo legal del 15%). Otro cambio más que pretende reducir los costes de producción de los promotores inmobiliarios privados a costa de dañar la calidad integral de la ciudad producida, la capacidad de control público del urbanismo en su conjunto y la salud de la hacienda pública. No quiero meterme en el debate central (¿quien produce las plusvalías urbanísticas? ¿debe el derecho de propiedad estar anudado al derecho a edificar? ¿a quien pertenecen las plusvalías urbanísticas ex ante? etc), pero es claro que este tipo de medidas nos apartan del urbanismo europeo. Y no sé si estamos para dar lecciones a nadie, habida cuenta de nuestros recientes años de vino y rosas.
• Aumentos de edificabilidades. En algunos lugares pueden estar más que justificadas para compactar ciudades difusas. Pero mucho me temo que en el contexto en el que nos encontramos los responsables políticos solo pretenden aumentar los ingresos, además de reducir los costes, de los promotores inmobiliarios privados. Con lo que, como hemos comentado, se antepondrá una vez más el plan de negocio de las empresas privadas al interés general en juego en el proceso urbanístico.
• Monetarizaciones de cesiones de suelo a los municipios. Ni reduce gastos ni aumenta ingresos de los promotores privados, pero si flexibiliza el cumplimiento de sus obligaciones urbanísticas con la comunidad. Puede tener un efecto desfavorable sobre la cantidad, calidad y localización de las dotaciones de uso comunitario. Estas en algunos lugares de España son excedentarias en cantidad y calidad. Pero otros lugares presentan déficits cuantitativos y cualitativos que podrían verse aumentados por este tipo de medidas.
• Relativización de los límites de crecimiento urbanístico en función de la población preexistente. Andalucía ha sido una Comunidad Autónoma pionera en este menester (imponer límites legales al crecimiento urbanístico) ante el alud de minipueblos que aprobaban macrourbanizaciones beneficiosas para las arcas municipales, pero calamitosas para la sociedad en su conjunto. Pues bien, parece ser que estos mecanismos de control del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía podrían relajarse. Greenpeace es de esta opinión.
• Volver a permitir el encadenamiento de largas series de modificaciones parciales en los Planes Generales de Ordenación Urbana de cada ayuntamiento sin acometer una reforma integral del PGOU. Se introducen estas medidas en pos de la agilización, pero no debemos dejar de reflexionar sobre los efectos que dicha práctica ha tenido en nuestro pasado más reciente. La ciudad se construye a golpe de acuerdo inmobiliario-financiero santificado por el municipio, prostituyendo el PGOU, trabajando al margen del mismo y recurriendo las mas de las veces a la política de hechos consumados.
• Facilitar la legalización de urbanizaciones y edificaciones ilegales, especialmente en nuestras costas. Este es un problema de primera magnitud en España. Pero como recientemente nos ha anunciado por la prensa, el Ministerio del Ramo entiende que es prioritario legalizar y proteger la propiedad (ilegalmente adquirida) para reactivar la economía española. Será que soy muy torpe, pero no veo la relación entre una y otra cosa.

Todas estas medidas en su conjunto buscan seguir produciendo nueva vivienda en propiedad con su hipoteca en un país con 6 millones de viviendas vacías (INE dixit), 5 millones de parados y una deuda privada (empresas y familias) que supera el 200% del PIB anual español. Juzguen ustedes mismos los útiles que van a ser estas medidas a corto plazo.

El hilo conductor de todas estas modificaciones normativas es el intento de vuelta a los "buenos años" vividos desde mediados de los 90 del pasado siglo hasta el estallido de la burbuja financiera mundial y la inmobiliaria nacional. Podemos hablar de revisionismo en relación a un intento de momento fallido de europeización del urbanismo y la vivienda en España. Pero si tenemos que definirlo solo con una frase, debemos decir que los gestores de la fiscalidad, economía, urbanismo y vivienda de España en los próximos años tiene una fé neoliberal muy notable que les hace pensar que el mercado y las finanzas son la solución y el estado el problema. Y digo fé, pues estamos ante un fenómeno casi religioso. Las externalidades producidas por años de liberalización del suelo y la vivienda en España para nada apuntan a que el mercado sea la solución y el estado es el problema. Pero algunos gestores, como ciertos periodistas, no están dispuestos a no publicar una noticia, solo porque la misma no exista. Máxime si la publicación de la noticia falsa deja pingues beneficios a unas pocas, pero muy poderosas personas.

Siempre recurro a la misma metáfora, pero creo que sigue siendo muy gráfica y explicativa. En los últimos quince años en España, en materia urbana y residencial, nos hemos pegado con la mano derecha un martillazo tremendo en un dedo de nuestra mano derecha (burbuja inmobiliaria). Tanto el mercado como nuestros poderes públicos se aprestan a superar este problema con un nuevo martillazo de la misma mano en el mismo dedo. Al socaire de una dinamización de la actividad económica, se pretende sentar las bases de una  nueva burbuja inmobiliaria. Por el momento, será un esfuerzo esterial, dado que no hay martillo con el que golpearse (demanda solvente, acceso al crédito, confianza del consumidor, etc). Pero cuando la economía y el empleo se recuperen, las medidas fiscales y urbanísticas adoptadas (y las hipotecarias y de servicio público no tomadas) nos llevarán a golpearnos con el mismo martillo en el mismo dedo (aún herido), con lo que el daño será mayor que el que ahora estamos sientiendo. 

Dice el refranero que los esfuerzos inútiles producen melancolía. Pero la frase no es aplicable a este caso. Pues este esfuerzo no será inútil, sino contraproducente. Y no producirá melancolía, sino mucho sufrimiento, especialmente entre las clases sociales más endebles. Aunque tampoco será menor el daño producido en nuestro tejido productivo, prestigio internacional y medio ambiente. Pero es lo que hay. Los pirómanos del ayer, son hoy los bomberos en busca del nuevo fuego sagrado de mañana.

Lo pagaremos todos. Aunque, claro está, unos en mayor medida que otros. E incluso, habrá unos pocos que sacarán una vez más pingues beneficios individuales de la nueva tragedia colectiva.

Como siempre digo en este blog, espero estar total y absolutamente equivocado en todo lo relativo a presagios funestos. Espero quedar en ridículo por mis preducciones. Espero que en el futuro dispongamos de mejores ciudades y vivienda digna para todos, con respeto al medio ambiente y en el seno de un empleo, sistema financiero y economía saneadas. Pero ...

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