By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.
Hoy he compartido entrevista y tertulia en El Món a RAC1 con Jordi Basté, Jaume Barberá, Vicent Sanchis, Gemma Galdón y Alejandro López-Fonta.
Hemos dialogado sobre el crecimiento de los precios de los alquileres en la ciudad de Barcelona, sus repercusiones sobre el futuro de la ciudadanía, de las obligaciones y límites de las Administraciones públicas y sobre como garantizar a futuro equilibrios, derechos y calidad de vida.
La semana pasada, después de meses de trabajo bastante bottom-up, presentamos el Plan de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona para los próximos diez años, con sus cuatro ejes estratégicos (emergencia habitacional, uso social de la vivienda, parque de vivienda pública y privada asequible y rehabilitación con enfoque territorial y social) que se despliegan en sesenta y nueve tipos de actuaciones.
La prensa lo ha reflejado de forma bastante prolija: La Vanguardia, El Periódico, El País, Ara, El Punt Avui, 20 Minutos, ElDiario.es etc.
Recientemente me han hecho una entrevista en eldiario.es que entiendo repasa la mayor parte de las cuestiones claves de la actualidad de la política pública de vivienda en la ciudad de Barcelona.
Hace ya unos meses la Gerencia de Servicios de Vivienda, Urbanismo y Actividades de la Diputación de Barcelona publicó una GUÍA sobre ESTRATEGIAS Y ACCIONES MUNICIPALES PARA MOVILIZAR EL PARQUE DE VIVIENDA VACÍA HACIA EL ALQUILER ASEQUIBLE.
En estos tiempos de mucho debate sobre la composición del futuro gobierno de España, me tomo la libertad de compartir unas notas sobre políticas públicas de vivienda.
Un tema muy presente en las calles y medios de comunicación (al menos la parte relativa a la emergencia habitacional) y no siempre bien tratado en los programas electorales (más allá de la mención de los trending topics de rigor).
El pasado martes se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Vivienda de Andalucía.
Después de una primera lectura, y dada la gravedad de la situación, escribí para Agenda Pública un artículo (de urgencia) que publicó Diario.es.
Reproduzco a continuación su contenido.
Ya es oficial, arranca el debate en el Parlamento Vasco sobre la futura Ley de Vivienda.
Después de tres intentos fallidos en las pasadas legislaturas (anteproyecto Ormazabal 1999, proyecto Madrazo 2008, proyecto Arriola 2011), rompe amarras un cuarto barco, entiendo que con la esperanza de llegar a difícil puerto.
En este caso la peculiaridad reside en que no es el Gobierno (PNV) quien propone que se apruebe la ley (no es un proyecto de ley), sino que lo hace una exigua mayoría parlamentaria no gobernante (PSE, Bildu y UPyD), a propuesta del PSE (es una proposición de ley). Llamemos a este cuarto intento proyecto Bixen Itxaso 2013 (tomando como referencia el nombre del parlamentario socialista firmante). Fruto de su génesis parlamentaria nace con la oposición del partido que apoya al Gobierno Vasco (PNV). Y como consecuencia de su apuesta por herramientas europeas de intervención pública en el mercado de la vivienda nace con la oposición del PP. Dejo aquí la ruta a las más de 600 enmiendas que se van a debatir en los próximos meses.
@La_SER, de la mano de @EvaDomaica, trató el tema ayer en La Ventana Euskadi con un pequeño reportaje-entrevista a la doctora Pilar Garrido (profesora de la , UPV-EHU y autora de una tesis doctoral sobre el derecho a la vivienda) y a mi mismo. Por si pudiera ser de interés, dejo el audio.
Supongo que en los próximos meses oiremos hablar mucho de vivienda protegida, de vivienda en propiedad, del acceso a la vivienda en alquiler, del derecho subjetivo a la vivienda, de las ayudas a la movilización de la vivienda vacía, de las diferentes penalizaciones a la misma (canon, alquiler forzoso, expropiación temporal, etc), del respeto al derecho de propiedad o de la función social de este derecho constitucional. Y serán todos ellos debates muy interesantes y espero que provechosos para mi sociedad.
Creo que oiremos hablar mucho menos de las reservas de suelo para vivienda protegida, de la calificación permanente de este tipo de viviendas y de la conexión de la calificación de la vivienda protegida con los PGOU de cada municipio. Y que estos otros temas de debate sean menos publicitados por los medios y menos considerados por la ciudadanía será muy peligroso. Forman parte del adn legislativo del modelo vasco de intervención pública en la vivienda. Esencia que, mucho me temo, se puede poner en almoneda por ciertos grupos parlamentarios, incluso utilizando algunos los debates citados más arriba como cortina de humo.
Y no creo que oigamos hablar casi nada en los próximos meses, ni a políticos, ni a periodistas, ni a líderes de la sociedad civil de las cooperativas de alquiler, del cohousing, del derecho de superficie, del tamaño óptimo de la vivienda protegida como factor anticíclico en términos macroeconómicos, de la necesaria mezcla sistémica entre tipos de vivienda (libre/protegida, alquiler/propiedad, vivienda/equipamientos residenciales públicos, etc), de la ocupación como legítima defensa, de las entidades privadas, profesionalizadas y sin ánimo de lucro que proveen vivienda asequible en mucho lugares de la UE (housing associations), de las obligaciones de medios y de resultados de las Administraciones en relación ala vivienda, de la necesidad de participación ciudadana de barrio como requisito previo para cualquier política público de vivienda o del concepto parque público de vivienda permanente adscrito al servicio público de vivienda vasco. Que todos estos debates no se vayan a tener entre sus señorías (me temo que ni siquiera las zurdas), que no vayan a ser reflejados por la prensa y que no vayan a ser excitados por los votantes no sé si es peligroso, pero si creo que es significativo.
Sea como fuere, le deseo el mejor de los tinos a los negociadores parlamentarios, la mayor de la paciencia a los periodistas y mucha suerte a los expertos y activistas que quieran influir sobre los partidos políticos en este apasionante debate.
OTROS ARTÍCULOS SOBRE LA MISMA MATERIA QUE QUIZÁS PUEDAN INTERESARTE:
Hace ya algunos meses que tengo en mis manos uno de los últimos trabajos del Jurista Juli Ponce Solé: EL DERECHO Y LA (IR)REVERSIBILIDAD LIMITADA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LOS CIUDADANOS. Lineas rojas constitucionales a los recortes y la sostenibilidad social.
Una obra premiada con el I Premio Internacional de Investigación Jurídica Lorenzo Martín-Retortillo Baquer sobre Derechos Fundamentales de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo.
Investigación que versa sobre el tema de la reversibilidad o irreversibilidad de los derechos adquiridos (internacional, constitucional y legalmente) en situaciones de crisis económica y aplicación de recortes presupuestarios.
El trabajo argumenta cómo la Constitución contiene auténticos derechos subjetivos sociales exigibles jurídicamente y entretejidos con otros derechos constitucionales. Se concluye que los derechos sociales tienen un núcleo mínimo inviolable, resistente a intervenciones legislativas y administrativas, que, caso de afectarlo, serán inconstitucionales.
En el resto del contenido del derecho cabrían medidas regresivas, siempre que respeten una serie de requisitos constitucionales y legales, que se exponen a lo largo del estudio. Si no lo hacen, las medidas de reversión del derecho serán antijurídicas.
El trabajo concluye proponiendo seis medidas concretas que, de adoptarse en el futuro, podrían ayudar a una mejor gestión pública y una mayor sostenibilidad social. A saber:
Este trabajo debería ser uno de los libros de cabecera de los políticos que manifiestan estar contra los recortes presupuestarios que tanto daño están causando al Estado Social y Democrático de Derecho español. De la misma manera, debería ser una obra de obligada referencia entre los juristas que piensen que el derecho tiene una utilidad social, más allá de la defensa de los intereses de élites, oligopolíos y lobbies.
Hay que luchar en todos los campos. La pelea en la calle, las instituciones y los medios de comunicación es clave. Pero la academia y la judicatura son también campos fundamentales de lucha socio-política. Y no parece que nuestras diversas izquierdas, variados centros y ciertas derechas ilustradas estén muy atentos a lo que académicos, jueces y activistas están haciendo por defender nuestro modelo constitucional en sus acepciones sociales. Hacen mal. Bien harían en rectificar. Es posible que aún estén a tiempo. Si empiezan por este libro alumbrarán nuevas vías de defensa y contraataque en pos del Estado Social.
OTROS POSTS QUE QUIZAS TE INTERESEN:
Voy a resumir lo que a mí me ha parecido más relevante para las políticas públicas y mercados de vivienda a lo largo del año 2013. He agrupado las notas por ámbitos. Y, a su vez, he listado los ámbitos de mayor a menor importancia en la práctica. Prelación esta que es, a mi juicio, desgraciadamente, bastante inversa a la necesaria en una democracia avanzada.
Sea como fuere, ahí van mis notas, fruto de mi reflexión, así como de la ayuda de más de dos docenas de personas que generosamente me han echado muchas manos para hacer este post.
EL SISTEMA FINANCIERO
LOS MERCADOS
LA JUDICATURA
LA POLÍTICA: NOVEDADES LEGISLATIVAS Y PLANES PUBLICOS
LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
LA CIUDADANIA
LA ACADEMIA
Como se puede ver el 2013 dista mucho de haber sido bueno para el derecho a la vivienda, así como para el mercado o las políticas públicas del ramo. Es más, ha sido un duro año más de los muchos de crisis-estafa. Y además, hay que apuntar que el establishment se prepara para "curar" la burbuja inmobiliaria con otra nueva burbuja del mismo tipo. Frente a esto hoy solo están los movimientos sociales y la judicatura. A pesar de las extremas dificultades por las que atraviesan las Administraciones, es tiempo para hacer pilotos de las políticas públicas y colaboraciones público-privadas que la sociedad están demandando en materia residencial (combinar el alquiler y lo cooperativo es una de ellas). También es tiempo de apoyar a los pocos políticos, empleados públicos y periodistas que hacen con responsabilidad su trabajo en materia de vivienda. Y como llevo años diciendo, es tiempo de RE (rehabilitar, regenerar, reutilizar, etc).
A ver si me equivoco en los malos augurios citados y acierto en las buenas prácticas emergentes reseñadas ...
OTROS ARTÍCULOS DE ESTE BLOG SOBRE VIVIENDA PUBLICADOS EN EL 2013 QUE QUIZÁS PUEDAN INTERESARTE:
En los últimos años, como consecuencia de los recortes impuestos por el FMI y la UE, se habla mucho de privatizaciones entres nosotros. En las ultimas semanas, como consecuencia de huelgas en servicios públicos profundamente dañados por las condiciones de algunas nuevas licitaciones públicas, se habla aún más de tema.
El discurso político dominante establece que privado es más barato y eficiente y público lo contrario. La evidencia científica apunta a que hay formas de gestión públicas y privadas eficientes e ineficientes, estando más la clave en el liderazgo y la motivación del personal que en la forma jurídica. A muchos les sorprende, pero en ciertos servicios públicos lo privado es caro/baja calidad y lo público barato/de calidad. Los medios hacen referencia a estos ejemplos de gestión pública virtuosa en términos de "noticia", cuando no debería serlo. De hecho, la situación actual de muchos de nuestros vecinos de la UE apunta más a procesos de republificación de ámbitos esenciales de la economía y la sociedad (sanidad en el RU, agua en Alemania, etc) que a la privatización. Algunos (por cierto, los más listos de la clase) vuelven de las privatizaciones, cuando nosotros aún estamos yendo.
Sea como fuere y sin ánimo de ser exhaustivos, creemos que sería conveniente aclarar terminológicamente un poco el debate. Ciertos sectores sociales y políticos llaman privatización a procesos que no lo son y ciertas prácticas de las Administraciones nadie las considera privatizadoras aunque puede que lo sean.
Pero no nos quedaremos solo en la crítica de lo existente. Pues también propondremos algunos instrumentos (GIPP, APT, ANIP, etc) que pueden ser de interés para el fortalecimiento y modernización de lo público en un contexto como el actual.
Empezaremos por una disección analítica de lo que para nosotros es un proyecto público. Si la propiedad es pública (lo que implica asunción de riesgo), si el control estratégico es público (lo cual significa determinar el que, para quien, como, cuando, etc), si la ciudadanía accede a los beneficios de ese proyecto en función de su estatus ciudadano (y no de su renta) y si los beneficios/pérdidas que se puedan producir son públicos (partiendo siempre del principio máximo rendimiento con el mínimo coste), a nuestros juicio estamos ante un proyecto púbico y no privado. Para nosotros la clave de bóveda del sistema es el servicio al público (por eso les llamamos servicios públicos, porque son para atender al público) y la segunda derivada es el control público estratégico (lo que implica poner a disposición de la ciudadanía una cartera de servicios a los que se accede no en función de la renta, así como disfrutar de los beneficios económicos de los proyectos públicos que son rentables y asumir las pérdidas monetarias de los servicios públicos que son deficitarios).
Como se verá, en nuestra definición de público no aparece para nada el estatus jurídico de los empleados al servicio de las Administraciones Públicas. Pues bien, la mayor parte de la gente entiende que un servicio público está o no privatizado en función de si lo atienden empleados públicos o si lo atienden otro tipo de personal. Para nosotros esto es un error. Es más, algunos sectores sociales y políticos entienden que siempre que haya empleados/profesionales privados o empresas privadas trabajando para la Administración el servicio ya se ha privatizado. Nosotros entendemos que no se puede deformar de esa manera la recta visión de lo público.
Para nosotros, como ya hemos dicho, la clave de los servicios públicos es el servicio al público y no quien lo presta, siempre y cuando se garantice que quien trabaja para la administración no tienen ánimo de lucro o el mismo está tasado y solo atiende la razonable retribución del trabajo, financiación y gerencia, siendo el excedente siempre público (insistiremos en esto al final de este post).
De todo lo anterior se deduce que no compartamos llamar privatización a procesos que son, en sentido estricto, "desfuncionarización" y/o profesionalización. Ponemos un ejemplo. Para nosotros no es privado, sino público el siguiente escenario: una empresa pública, de capital 100% público, con una agenda estratégica pública y un férreo control por parte de la Administración sobre que se hace, para quien se hace y como se hace, pero sin personal público, gestionada por una empresa que (previa licitación) provee (temporal y reversiblemente) de personal, gerencia y financiación, que cobra en función de objetivos (máximo rendimiento con el mínimo coste) con el fin de retribuir dignamente a los factores productivos y que, en el caso de haberlos, los beneficios (excedentes, plusvalías, etc) se los entrega a la matriz pública. Para muchos, al no haber empleados públicos esto es un proceso de privatización. Para nosotros, no.
También se de deduce de todo lo anterior que ciertas cosas que nadie llama privatización son, sin duda, procesos privatizadores. Ponemos otro ejemplo. En los años de abundancia presupuestaria era muy frecuente ver a un grupo de empleados públicos de alta cualificación encargar a empresas privadas hacer el trabajo que ellos mismos podían hacer (al menos parcialmente). Hoy la crisis ha reducido esta práctica. Pues bien, cuando esa práctica se mantiene durante años, a veces, no siempre, se da la circunstancia de que ningún funcionario de alto nivel es capaz de saber cual es el coste de producción del trabajo que han encargado en el mercado. Y como consecuencia de ello, no saben si las empresas le están cobrando (al contribuyente, no a ellos) un precio razonable, alto o delirantemente inflado. Pero en estos casos no solo se puede dar un lucro privado injustificado, sino que además hay una transferencia de capacidad de pensamiento, desarrollo y control estratégico de lo público a lo privado. La función largo tiempo contratada en el mercado y nunca supervisada está mucho más en manos de la cadena de proveedores privados que de la propia Administración. Nosotros no hemos visto que en medios sindicales, políticos o periodísticos a esto se le llame privatización, cuando lo es.
Y acabamos con los instrumentos que pueden servir para fortalecer y modernizar lo público en un contexto como el actual. No solo queremos hacer disección terminológica o crítica a la praxis de otros. Es más, consideramos que quien no aporte soluciones además de críticas no está cumpliendo con su papel en la Administración, la política, la academia, los medios o el mercado.
Por eso, nosotros aportamos técnicas tales como el Gestor Integral de Proyectos Públicos (GIPP), la Empresa Pública Total (EPT) o la Activación de Nuevos Ingresos Públicos (ANIP) en otros posts y a ellos nos remitimos. También hemos hablado de otras posibilidades de licitación que tienen las Administraciones que no privatizan, sino que republifican: animo de lucro tasado y cooperativización profesionalizada (ALT-CP).
Estos cuatro conjuntos de herramientas, que implican que profesionales y empresas privadas, cooperativas y entidades del tercer sector trabajan con la Administración y para el contribuyente, no son técnicas que debiliten lo público (privatizar), sino que lo revitalizan republificar).
Animamos a quien lea estas líneas a pensar en como funcionarían estas técnicas en contextos (hoy, por desgracia, muy presentes en los medios de comunicación) en los que los servicios públicos se han licitado por debajo de su coste y de forma inmediata aparecen bajadas de calidad en el servicio al público, marginación de los usuarios con menos poder adquisitivo, despidos, recortes de salarios, precarización, huelgas, etc. GIPP, EPT, ANIP y ALT-CP son buenas salidas para proyectos y servicios públicos en los que hay que erradicar el lucro privado, sin renunciar a la máxima profesionalización y a la dignidad de los trabajadores, en un contexto de restricción presupuestaria, amenaza de privatización pura y dura y necesidad de nuevos pactos entre Administración-Trabajo-Ciudadanía-Mercado.
Y finalmente, apuntamos que todas estas técnicas no son hallazgos de laboratorio, sino proyectos que están ya en marcha entre nosotros en todo tipo de Administraciones. El futuro ya está aquí y no tiene porque ser forzosamente la involución. Frente a la privatización en sentido estricto, debemos darle una oportunidad a las buenas y necesarias republificaciones.
OTROS POSTS QUE QUIZAS TE INTERESEN: