Hace ya algunos meses que tengo en mis manos uno de los últimos trabajos del Jurista Juli Ponce Solé: EL DERECHO Y LA (IR)REVERSIBILIDAD LIMITADA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LOS CIUDADANOS. Lineas rojas constitucionales a los recortes y la sostenibilidad social.
Una obra premiada con el I Premio Internacional de Investigación Jurídica Lorenzo Martín-Retortillo Baquer sobre Derechos Fundamentales de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo.
Investigación que versa sobre el tema de la reversibilidad o irreversibilidad de los derechos adquiridos (internacional, constitucional y legalmente) en situaciones de crisis económica y aplicación de recortes presupuestarios.
El trabajo argumenta cómo la Constitución contiene auténticos derechos subjetivos sociales exigibles jurídicamente y entretejidos con otros derechos constitucionales. Se concluye que los derechos sociales tienen un núcleo mínimo inviolable, resistente a intervenciones legislativas y administrativas, que, caso de afectarlo, serán inconstitucionales.
En el resto del contenido del derecho cabrían medidas regresivas, siempre que respeten una serie de requisitos constitucionales y legales, que se exponen a lo largo del estudio. Si no lo hacen, las medidas de reversión del derecho serán antijurídicas.
El trabajo concluye proponiendo seis medidas concretas que, de adoptarse en el futuro, podrían ayudar a una mejor gestión pública y una mayor sostenibilidad social. A saber:
- La fijación del contenido mínimo y esencial de los derechos socio-económicos.
- La determinación de la "sostenibilidad social" del artículo 135 de la Constitución y de la Ley Orgánica como límite al principio de estabilidad presupuestaria.
- La promoción de la inclusión de la cláusula de progresividad y de reversivilidad limitada siguiendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
- El impulso de la better o smart regulation.
- La promoción de las Cartas de Servicios de los servicios públicos y los servicios de interés general: límites mínimos de derechos sociales vs. límites máximos de gasto público.
- La evaluación del impacto social (EIS) de las leyes.
Este trabajo debería ser uno de los libros de cabecera de los políticos que manifiestan estar contra los recortes presupuestarios que tanto daño están causando al Estado Social y Democrático de Derecho español. De la misma manera, debería ser una obra de obligada referencia entre los juristas que piensen que el derecho tiene una utilidad social, más allá de la defensa de los intereses de élites, oligopolíos y lobbies.
Hay que luchar en todos los campos. La pelea en la calle, las instituciones y los medios de comunicación es clave. Pero la academia y la judicatura son también campos fundamentales de lucha socio-política. Y no parece que nuestras diversas izquierdas, variados centros y ciertas derechas ilustradas estén muy atentos a lo que académicos, jueces y activistas están haciendo por defender nuestro modelo constitucional en sus acepciones sociales. Hacen mal. Bien harían en rectificar. Es posible que aún estén a tiempo. Si empiezan por este libro alumbrarán nuevas vías de defensa y contraataque en pos del Estado Social.
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