Como continuación a mis dos ultimos posts, en los que daba noticia de las sugerencias hechas por varios funcionarios de una Comunidad Autónoma del norte de España en relación a la reforma administrativa que parece que estar al caer, así como algunas reflexiones estructurales mías sobre la reformas administrativa local, hoy aporto la segunda parte de estas notas personales (aunque muy en la línea con lo que propugna mi empresa Urbania ZH Gestión y el Grupo Zahoz al que esta pertenece) sobre como veo yo la inminente citada reforma en términos operativos. Y digo inminente reforma, pues es de sobra conocido que el Gobierno de la Nación ha encargado al INAP un documento sobre la reforma de la LRBRL que ha levantado ampollas en la FEMP, incluso entre alcaldes del PP. El documento parece aparcado hasta que se alcance un consenso político, pero los cargos del Gobierno de España siguen utilizando en sus declaraciones públicas su análisis, léxico y apuestas.
Como hice en el post anterior, antes de entrar en cualquier otra consideración creo que es necesario atajar algunos tópicos. No es cierto que España tenga muchos trabajadores públicos (estamos en la parte media baja de la tabla de la UE). Tampoco es cierto que el gasto público español sea alto (estamos un 25% por debajo de los estados líderes de la UE). La crisis no se originó con la deuda o el déficit público (antes de la crisis financiera había superávit presupuestario y solo un 35% -del PIB- de deuda pública, frente al más de 300% de deuda privada). No tenemos una Administración ineficaz o ineficiente, ni comparándonos con la UE, ni mucho menos comparándonos con nuestro pasado reciente. Es más, algunos de nuestros servicios públicos son modélicos en un escenario comparado. Y en fin, aunque sea evidente y cansino, son las crisis financiera occidental e inmobiliaria española las que provocan la quiebra de nuestra economía y no el sector público. Y son precisamente el sector público y el contribuyente español los que están acometiendo un masivo proceso de conversión de pérdidas financieras e inmobiliarias privadas en pérdidas públicas.
Sin embargo, que el origen de la crisis sea privado y que el ajuste (injusto, asimétrico, amoralizante, emprobrecedor y contraproducente) sea público no debe servir como excusa para el inmovilismo en el sector público. Este tiene defectos que debería haberse corregido sin crisis (o antes de la crisis) y que con ella se hace ya inevitable afrontar.
Sea como fuere, y en medio del tsunami que amenaza con llevarse décadas de conquistas sociales (algunos, con la excusa de reformar, simplemente pretenden laminar), comparto el siguiente conjunto de reflexiones que he agrupado en tres posts, uno ya publicado dedicado a las REFLEXIONES ESTRUCTURALES en el sector público. Este sobre necesarios CAMBIOS EN EL MODO DE TRABAJO DEL SECTOR PUBLICO. Y el ultimo que publicaré en breve sobre LA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR PUBLICO que está demandando el siglo XXI.
CAMBIOS EN EL MODO DE TRABAJO DEL SECTOR PUBLICO
1.- Los grupos empresariales privados diversificados, funcional y territorialmente, sobreviven mejor a los ciclos económicos. Si bien es cierto que las Administraciones Públicas no siempre pueden diversificarse en estos dos sentidos, al menos, deben evitar los monocultivos de gasto público y sobre todo los de ingreso público.
2.- Debemos pasar de la autonomía municipal, al trabajo colaborativo en red (municipalismo y autonomismo cooperativo en red), tratando de resistir a nuevas dinámicas recentalizadoras y a nuestro tradicional tendencia al autonomismo/municipalismo competitivo. La salvación del sector público no está en la competencia (sino en la cooperación) ni en el achatarramiento (sino en la búsqueda del tamaño y opertividad óptimos). Entidades públicas que hacen las cosas de forma manifiestamente mejorable cada una por su cuenta, bien harían en cooperar para hacerlas todas ellas de forma más eficaz y eficiente. Y las entidades del sector público que hacen bien su trabajo de forma aislada, es casi seguro que lo harían mejor de forma cooperativa.
3.- Hay que tener en cuenta, por su importancia, el balance coste-beneficio en la prestación de servicios públicos y su relación íntima con la dirección por objetivos. Estas dos técnicas no son propias de la economía de mercado. Simplemente son necesarias si se quiere gestionar cualquier entidad de forma razonable. En el sector público español tradicionalmente no se les ha prestado mucha atención y esto debe cambiar de forma radical.
4.- En el sector público, en muchas de sus actuaciones, la actividad debe preceder al empleo y no al revés, como ocurre en algunas Administraciones Públicas (se crean puestos de trabajo en sector público para incentivar la actividad, cuando lo que debería hacerse es incentivar la actividad económica para intentar crear empleo también en el sector público). Aunque en todas las CCAA cuecen habas, en algunas más que otras. No es infrecuente hablar con alcaldes orgullosos de haber creado puestos de trabajo en empresas públicas económicamente insostenibles y que no aportan excesivo valor ni al sector público, ni al tejido económico, ni a la sociedad en su conjunto. La actividad y el valor añadido (otro concepto que para nada pertenece solo al mercado) deben preceder al empleo. Al menos, si defendemos un sector público sostenible a largo plazo
5.- En línea con lo anterior, defiendo la siguiente gradación: iniciativa económica, bienes-obras y servicios públicos (en este orden lógico y no en el contrario, como suelen ser citados por la normativa vigente). Aunque pueda parecer un juego de palabras, a mi me parece relevante. No puede haber servicios, bienes y obras públicas sostenibles a largo plazo si no se sustenta una determinada actividad económica pública local. Una cosa es que los impuestos y las subvenciones de otras administraciones deban ser relevantes y otra que todo lo que no cubran estas partidas dependa única y exclusivamente del crédito. Las Corporaciones Locales deben "emanciparse", al menos parcialmente, del resto de administraciones y del sector financiero a través de su propia actividad económica que le reporte ingresos adicionales.
6.- En conexión con lo anterior, apuesto en el sector público, al menos en los servicios públicos no esenciales (los esenciales quizás deban pagarse solo en con impuestos y lucha contra el fraude fiscal), por precios que sostienen el coste de los servicios públicos + subvenciones de la matriz pública para sufragar la política socio-económica (usuarios con rentas que no les permiten llegar a cubrir los costes) + búsqueda de ingresos adicionales (con la posibilidad de generar superávits a disposición de la matriz administrativa). No estoy defendiendo hacer depender derechos fundamentales de la renta. Eso para mi es sagrado. Pero del abanico de servicios prestados por las Corporaciones Locales si que creo que hay una gran cantidad que deben de buscar el equilibrio presupuestario a través de la triada precio público/subvención/precio de mercado.
7.- Dicho lo anterior, supongo que no llamará la atención si digo que defiendo la creación de sociedades mercantiles públicas (un solo municipio) o interlocales (varios municipios) y si, y solo si, no funciona adecuadamente lo anterior, la búsqueda de buenos socios para cooperaciones públicos privadas. Hay cosas que los ayuntamientos pueden hacer a través de sus propios medios, sin tener que transferir una tasa de beneficio a contratistas privados. Hay ingresos, actividades y recursos que el sector público local debe mantener bajo su control y titularidad, sin perjuicio de que la gestión pueda ser encargada a un profesional del mercado (mero instrumento de la propiedad pública). El Grupo Zahoz, al que pertenece mi empresa Urbania ZH Gestión, lleva muchos años gestionando este tipo de mercantiles públicas y, lejos de generar déficits de explotación a los ayuntamientos que son sus propietarios, ha generado importantes flujos de caja hacia los consistorios, con unos servicios públicos de calidad al alcance de toda la ciudadanía. Provocaré un poco. Los alcaldes deben entender que "operacionalmente" se deben comportar como empresarios al servicio de la ciudadanía. Ya se que un alcalde no es un empresario. Pero creo que se entiende a que me refiero, habida cuenta de lo que estoy defendiendo en este conjunto de posts.
8.- Apunto que tengo cierta prevención respecto a los consorcios y mancomunidades en los casos de segura elevación de los problemas políticos de varios plenos municipales al máximo órgano mancomunitario o consorcial. Lo cual no quiere decir que no haya consorcios y mancomunidades modélicos, a los que lo mejor que podemos hacer es dejarlos seguir trabajando. Pero como fórmula general, en muchas CCAA de España, los consorcios y sobre todo las mancomunidades parecen manifiestamente mejorables y en algunos casos se hace patente la necesidad de buscar un esquema de superación de los mismos.
9.- Considero interesantes las agrupaciones para el sostenimiento del personal común, (ya presentes en nuestra normativa de régimen local), aunque la técnica debe extenderse más allá de los cuerpos de habilitación nacional. De hecho, ya parece que se empiezan a dar algunos pasos en esta línea en algunas administraciones locales. Y como ya dije en mi anterior post, estoy en contra de la fusión de municipios y a favor de la fusión de facto de ciertos servicios públicos locales (primero dentro de cada ayuntamiento -fusión ad intra de servicios comunes- y después entre varios consistorios -fusión operativa ad extradel mismo servicio público de varios ayuntantamientos colindantes-). Ya se empiezan a dar algunos ejemplos interesantes (vg. asociar las policias locales de varios ayuntamientos) que deberán ser seguidos de cierta generalización de estas prácticas.
10.- Tengamos en cuenta las inmensas posibilidades que nos ofrece la cooperativización de la prestación de servicios públicos, y no solo en vía defensiva (para evitar despidos en el sector público). En muchos estados de la UE buena parte de los servicios públicos son prestados por cooperativas de profesionales privados que se asocian para firmar un contrato-programa con la Administración. De esta manera se prestan servicios netamente públicos y gestionados de la manera más eficiente y eficaz, sin trasladar lucro del sector público al privado, pues este tipo de cooperativas solo aspira a pagar sus nóminas, invertir en fortalecer el servicio y una poderosa política de formación de los profesionales que en ellas trabajan/cogestionan/coposeen.
11.- La tecnología es necesaria, pero no suficiente. El reto es cultural (organización) y no (fundamentalmente) tecnológico.
12.- Hagamos benchmarking de buenas prácticas europeas de gestión de servicios públicos. Pero evitemos la importación acrítica de técnicas. Es necesario tener en cuenta el estado del arte en la materia para implementar las reformas que sea necesario introducir en España.
13.- Open government, como instrumento para un gran conjunto de objetivos públicos y no como fin en si mismo.
14.- A modo de imagen de la situación de muchos municipios españoles, creo que hay que diferenciar el hardware urbano-infraestructural del software organizaciónal, innovador y social. Apuesto por priorizar, con carácter general y en este momento, lo segundo (hay grandes déficits y necesidades) frente a lo primero (superávit). España es hoy uno de los países europeos con más equipamientos públicos y privados vacantes, ociosos o sin uso. A la vez tenemos millones de personas bien formadas que podrían sacarle partido a esos equipamientos. Muchas de esas personas están en paro o subempleadas. si combinñaramos actividad, empleo y servicio público, sin necesidad de incrementar nuestra ya de por si inmensa huella ecológica al utilizar el harware urbano-infraestructural ocioso a través de software organizacional, innovador y social infrautilizado, nos haríamos un gran favor (a nosotros y a nuestros descendientes).
15.- En otro orden de cosas, a mi juicio, es correcto vincular convenios y conciertos a objetivos económicos plurianuales (como hace el documento del INAP sobre la reforma de la LRBRL), pero estos no tienen por qué ser solo la estabilidad presupuestaria. Otros pueden ser la reducción del coste de los servicios públicos, el mantenimiento de la actual red o la elevación de la calidad de los servicios públicos locales.
16.- Todo lo que se haga por valorar económicamente la prestación de servicios locales -con estándares mínimos- (como hace el documento del INAP sobre la reforma de la LRBRL), será interesante. Aunque las valoraciones es necesario que sean ex ante (desde el diseño del servicio público) y no ex post (tribunales de cuentas, etc).
Estas notas, como os he comentado, deben leerse junto con otros dos grupos también publicados en este blog, más centrados en cuestiones estructurales y de gestión de personas en el mundo público. Sea como fuere, advierto que los tres grupos son notas con vocación de "martir". Pues soy consciente de que, un contexto en rápida transformación como el actual, y las aportaciones que uno siempre recibe de aqui y allí, harán que muchos de los items deban ser reformulados en los próximos meses.
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