Como continuación a mi ultimo post, en el que daba noticia de las sugerencias hechas por varios funcionarios de una Comunidad Autónoma del norte de España en relación a la reforma administrativa que parece que estar al caer, hoy aporto la primera parte de unas notas personales (aunque muy en la línea con lo que propugna mi empresa Urbania ZH Gestión y el Grupo Zahoz al que esta pertenece) sobre como veo yo la inminente citada reforma. Y digo inminente, pues es de sobra conocido que el Gobierno de la Nación ha encargado al INAP un documento sobre la reforma de la LRBRL que ha levantado ampollas en la FEMP, incluso entre alcaldes del PP. El documento parece aparcado hasta que se alcance un consenso político, pero los cargos del Gobierno de España siguen utilizando en sus declaraciones públicas su análisis, léxico y apuestas.

Como hice en el post anterior, antes de entrar en cualquier otra consideración creo que es necesario atajar algunos tópicos. No es cierto que España tenga muchos trabajadores públicos (estamos en la parte media baja de la tabla de la UE). Tampoco es cierto que el gasto público español sea alto (estamos un 25% por debajo de los estados líderes de la UE). La crisis no se originó con la deuda o el déficit público (antes de la crisis financiera había superávit presupuestario y solo un 35% -del PIB- de deuda pública, frente al más de 300% de deuda privada). No tenemos una Administración ineficaz o ineficiente, ni comparándonos con la UE, ni mucho menos comparándonos con nuestro pasado reciente. Es más, algunos de nuestros servicios públicos son modélicos en un escenario comparado. Y en fin, aunque sea evidente y cansino, son las crisis financiera occidental e inmobiliaria española las que provocan la quiebra de nuestra economía y no el sector público. Y son precisamente el sector público y el contribuyente español los que están acometiendo un masivo proceso de conversión de pérdidas financieras e inmobiliarias privadas en pérdidas públicas.

Sin embargo, que el origen de la crisis sea privado y que el ajuste (injusto, asimétrico, amoralizante, emprobrecedor y contraproducente) sea público no debe servir como excusa para el inmovilismo en el sector público. Este tiene defectos que debería haberse corregido sin crisis (o antes de la crisis) y que con ella se hace ya inevitable afrontar.

Sea como fuere, y en medio del tsunami que amenaza con llevarse décadas de conquistas sociales (algunos, con la excusa de reformar, simplemente pretenden laminar), comparto el siguiente conjunto de reflexiones que agruparé en tres posts. Este dedicado a REFLEXIONES ESTRUCTURALES sobre la reforma administrativa. Al que seguirán otros dos. El primero sobre CAMBIOS EN EL MODO DE TRABAJO DEL SECTOR PUBLICO que yo entiendo necesarios y el ultimo sobre LA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR PUBLICO que el siglo XXI está demandando.

 REFLEXIONES ESTRUCTURALES

1.- El que se quede quieto, corre riesgo de perecer. La disyuntiva hoy en el mundo público no es recortar o resistir. Sino reformarse o anquilosarse. El momento es muy complicado y hace falta audacia para salir adelante. Los lamentos en conversaciones de amigos, familia y cafetería (siempre terapeuticos) no van a sacar a nadie de problemas. Al sector púbico tampoco.

2.- Creo que es necesario abrir un debate sobre la insuficiencia del reparto competencial como criterio fundamental estructurante de la actuación de las AAPP (dada la inexistencia fáctica de las “competencias puras”). El bizantino debate sobre quien es competente, incluso en el contexto de un reparto competencial técnicamente bien hecho y medianamente claro, no lleva a ningún sitio. Las Administraciones Públicas en su conjunto tienen misiones que deben cumplir de forma integral a través de diferentes tipos de cooperaciones. Ningún listado competencial, por bien hecho que esté, va a superar el problema de gestión competitiva. El problema es cultural (cooperar vs. competir), teleológico (tener claros los objetivos integrales del sector público) y axiológico (cuales son los valores propios del sector público a principios del nuevo siglo).

3.- Entiendo que hay que evitar que el procedimiento administrativo sea un constreñimiento para la actividad socio-económica de la ciudadanía. No se puede seguir considerando el procedimiento administrativo como en el siglo XIX. Pues el mismo pasaría, de ser garantía para el administrado (cosa que históricamente ha sido), a convertirse en una camisa se fuerza para los individuos y para la sociedad en su conjunto (cosa que en ocasiones corremos el riesgo de que sea).

4.- Es necesario, posible y urgente tender puentes entre lo mejor de tres mundos: el servicio público, la economía social de mercado y la gestión privada. No es cierto, como pretenden algunos, que estos tres mundos sean antitéticos o, en el mejor de los casos paralelos. Hay un gran campo para las sinergias entre los servicios públicos, el mundo profesional y económico que no busca el lucro como primer fin y muchas empresas privadas que, aun buscándolo, apuestan por una nueva economía mucho más sostenible desde los tres puntos de vista clásicos (sostenibilidad económica, social y ambiental).

5.- En línea con lo anterior, creo firmemente en la mutualización/cooperativización de determinados bienes y servicios, algo que va mucho más allá de la disyuntiva público (por naturaleza mutualista, aunque no cooperativo en sentido estricto) vs. privado (que puede ser también mutual, comunitario o social) o estatal (idem) vs. mercado (idem). Hay cosas que como sociedad solo vamos a hacer bien cuando mancomunemos recursos, riesgos, esfuerzos y finalidades. No solo por que disponer de masa crítica necesaria da mucha seguridad. Sino porque los empeños que procesan las necesidades y anhelos de un gran grupo de gente son mucho más susceptibles de tener éxito y solidez en el tiempo. 

6.- Desde mi punto de vista, en el ambito de los servicios públicos solo se produce una privatización cuando la propiedad y/o el control de la actividad pasan a ser privados. Todo lo demás son diferentes fórmulas de gestión privada de servicios y activos públicos. Y añado, que algunas de las fórmulas de gestión privada de servicios y activos públicos son necesarias para una adecuada defensa y gestión del sector público.

7.- De la misma manera que sostengo lo anterior, digo que disponemos de suficiente cobertura constitucional y legal para la iniciativa pública en materia económica, incluso con reserva de recursos y/o servicios esenciales para el sector público. Es más, en ciertos contextos la acción pública en la economía, no solo es constitucionalmente posible, sino que es obligatoria (remoción de los obstáculos que impiden la igualdad de los individuos y grupos en el disfrute de los derechos fundamentales y reducción de las diferencias socio-económicas entre regiones). En España se ha creado un clima cultural por el que las citas literales de preceptos de la Constitución de 1978 suena revolucionarias o subversivas. De la misma manera que digo que en ciertos servicios y activos públicos es necesaria la gestión privada y la propiedad pública, defiendo que determinados bienes y servicios bien haríamos en reservárselos al sector público, como bien demuestran recientes procesos de republificacion, después del fracaso de la privatización (vg ferrocarriles británicos), o como prueba el hecho de que muchos estados de la UE se reservan total o parcialmente algunos campos clave de la economía para el sector público (vg. banca, energía, transportes, telecomunicaciones, etc en Francia,  Alemania, Escandinavia, etc).

8.- Por ello, hay que optar: ayuntamientos (y resto de AAPP) como actor pasivo del tracto económico o como un agente económico más, eso sí, al servicio del interés general. E insisto en que constitucionalmente la posibilidad de que el Estado intervenga en ciertos sectores es clara, la necesidad de hacerlo para remover obstáculos a la igualdad palmaria y la urgencia de poner contrapesos públicos a determinados desmanes privados evidente.

9.- No tiene sentido alguno dificultar/prohibir a ayuntamientos saneados y bien gestionados que lleven a cabo actividades complementarias (más allá de las competencias y servicios obligatorios) para solucionar el problema de los ayuntamientos mal gestionados y endeudados. No se solucionará este problema y se creará otro nuevo.

10.- Menos Corporaciones Locales, con menos competencias y menos servicios públicos (lo que se anuncia para los próximos tiempos) no es igual a más y mejor Estado/Administración, sino, simple y llanamente, a menos bienes y servicios públicos al alcance de la ciudadanía en sede local.

11.- Recentralizar no es la solución. Es más, puede suponer un problema adicional (más gasto público y peores servicios). Además de ser algo que ningún gran estado occidental está haciendo en las últimas décadas (más bien al contrario).

12.- Estoy en contra de la fusión de municipios y a favor de la fusión de facto de ciertos servicios públicos locales (primero dentro de cada ayuntamiento -fusión ad intra de servicios comunes- y después entre varios consistorios -fusión operativa ad extra del mismo servicio público de varios ayuntantamientos colindantes-). Ya se empiezan a dar algunos ejemplos interesantes (vg. asociar las policias locales de varios ayuntamientos) que deberán ser seguidos de cierta generalización de estas prácticas.

13.- Tengo reservas sobre la eficacia de la comarcalización o provincialización de servicios públicos locales en provincias con diputaciones sin capacidades para asumir estos retos (varios problemas juntos no alumbran una solución, al menos, no siempre).

14.- En línea con lo anterior, comarcalizar o provincializar los servicios de municipios de menos de 20.000 habitantes, sin más matices, es una propuesta que parece haberse hecho sin analizar la situación de los más de 8.000 diferentes municipios y las 50 diputaciones. España es más que Madrid, Cataluña y Andalucía (aunque a muchos les cueste creerlo). En esta materia conviene no improvisar y no trabajar a golpe de titular mediático. De lo contrario podriamos acabar con el absurdo de que en muchas provincias y CCAA solo haya dos o tres municipios: la capital, el siguiente más grande y todos los demás (por tener menos de 20.000 habitantes) agrupados en uno.

15.- Hay que elegir: comarcalizar, provincializar o mancomunar. No se puede apostar por todo ello a la vez. Hace falta un esquema más claro, que no tiene por qué ser unívoco, dada la pluralidad de mapa local español. Sobre cual es la apuesta operativa que yo defiendo hablaré con cierto detalle en mi próximo post.

Estas notas, como os he comentado, irán seguidas de otros dos grupos, más centrados en cuestiones operativas y de gestión de personas en el mundo público. Sea como fuere, advierto que los tres grupos son notas con vocación de "martir". Pues soy consciente de que, un contexto en rápida transformación como el actual, y las aportaciones que uno siempre recibe de aqui y allí, harán que muchos de los items deban ser reformulados en los próximos meses.

OTROS POSTS SOBRE TEMAS CONEXOS QUE QUIZAS TE INTERESEN:

• LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS vista por algunos empleados públicos.
• NUEVA AVENTURA PROFESIONAL: URBANIA ZH GESTION.
• EL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL EN LA ENCRUCIJADA: PROPUESTAS EN POSITIVO.
• DEPENDENCIA EN LA ENCRUCIJADA.