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LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS vista por algunos empleados públicos.

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Hace unos días dimos clase a un grupo de funcionarios de una Comunidad Autónoma del norte de España sobre como consideramos en el Grupo Zahoz (dentro del que se encuadra Urbania ZH Gestión, la empresa de la que soy gerente) que se debe acometer el proceso de reforma de las Administraciones Públicas españolas. 

Antes de compartir con vosotros algunas de las conclusiones a las que llegaban los empleados públicos con los que compartimos dos mañanas completas de formación, me gustaría atajar algunos tópicos. No es cierto que España tenga muchos trabajadores públicos (estamos en la parte media baja de la tabla de la UE). Tampoco es cierto que el gasto público español sea alto (estamos un 25% por debajo de los estados líderes de la UE). La crisis no se originó con la deuda o el déficit público (antes de la crisis financiera había superávit presupuestario y solo un 35% -del PIB- de deuda pública, frente al más de 300% de deuda privada). No tenemos una Administración ineficaz o ineficiente, ni comparándonos con la UE, ni mucho menos comparándonos con nuestro pasado reciente. Es más, algunos de nuestros servicios públicos son modélicos en un escenario comparado. Y en fin, aunque sea evidente y cansino, son las crisis financiera occidental e inmobiliaria española las que provocan la quiebra de nuestra economía y no el sector público. Y son precisamente el sector público y el contribuyente español los que están acometiendo un masivo proceso de conversión de pérdidas financieras e inmobiliarias privadas en pérdidas públicas.

Sin embargo, que el origen de la crisis sea privado y que el ajuste (injusto, asimétrico, amoralizante, emprobrecedor y contraproducente) sea público no debe servir como excusa para el inmovilismo en el sector público. Este tiene defectos que debería haber corregido sin crisis y que con ella se hace ya inevitable afrontar.

Sea como fuere, y en medio del tsunami que amenaza con llevarse décadas de conquistas sociales (algunos, con la excusa de reformar, simplemente pretenden laminar), desde Zahoz Gestión y Urbania ZH Gestión realizamos una actividad de formación sobre la mejora de las técnicas de gestión pública local al mencionado grupo de trabajadores públicos de una Comunidad Autónoma del norte de España. Y más allá de lo que nosotros como grupo empresarial defendimos (que ya comentaré en posteriores posts), me llamó la atención la claridad y contundencia de las conclusiones a las que llegaron los empleados públicos.

Las podríamos resumir con el siguiente listado:

  • Hay en marcha una campaña de desprestigio de lo público. Se le quiere presentar como el origen de la crisis. Cuando no lo es. 
  • Hay que perder el miedo a determinados debates
  • Es necesario acometer un cambio cultural en la gestión pública. El mundo que conocíamos hasta ahora se ha acabado. 
  • Recortar los presupuestos públicos no es, per ser, reformar la administración. Solo hacerla más pequeña.
  • Si se mantienen los recortes presupuestarios mucho tiempo no se va a poder reformar la Administración. Nos limitaremos a verla languidecer.
  • Modificar las formas de gestión pública no se tiene que ver siempre como un intento de privatizar. Hay que tener en cuenta todas las opciones que garantizan el control público del servicio y mejoran su gestión. 
  • No solo se debe reformar la administración local. Otras Administraciones también deben repensarse. 
  • Quizás haya que volver a los orígenes del propio hecho público-estatal-administrativo: la mutualización de riesgos, el cooperativismo, la generación de lazos humanos solidarios.
  • Hay que reforzar el papel gerencial en el mundo local. Hay que pasar del control administrativo (derecho) al impulso de proyectos (economía).
  • Es imprescindible poner en valor el patrimonio público local.
  • Necesitamos escuelas de altos funcionarios, gerentes públicos y políticos locales.
  • Medir todo lo que se hace en el mundo público es crucial. Es imposible analizar y controlar costes sin tener referencias en forma de estándares.
  • Para aumentar la productividad en la Administración quizás sea necesario que haya menos políticos y más gestores.
  • En el sector público hay capital humano de gran valor ocioso. Es un desperdicio que no podemos permitirnos. Máxime cuando en ese mismo sector público hay áreas con evidentes déficits en materia de personal. No tiene sentido alguno que sobre el personal en algunas áreas públicas, mientras falta en otras.
  • Es necesario tener objetivos claros en la gestión pública. Los horizontes de trabajo que cambian al ritmo de los titulares de prensa y los intereses políticos no ayudan nada a prestar servicios de calidad a la ciudadanía.
  • El ratio jefe-subordinados es, en muchas ocasiones, muy bajo (mucho jefe casi sin subordinados). Se utiliza la jefatura como forma para primar salarialmente a algunas personas (al no haber otros mecanismos en la función pública) y no como instrumento al servicio de proyectos que aportan valor a la comunidad.
  • No se puede vivir todo el día en la gestión de las emergencias. Debe haber planificación estratégica, visión táctica y protocolización de las contingencias.
  • Hay que impedir que ciertas personas y entidades vivan de la caza de las subvenciones. Hay que premiar el esfuerzo, la generación de valor constrastable, la construcción de red, etc.

No se puede decir que estos empleados públicos (de cierto nivel, pues se ocupan de tareas de selección y formación, así como de modernización en el sector público) sean tímidos a la hora de señalar déficits del sector público. No hay defensa numantina de inercias del pasado. Pero tampoco se comulga con la idea de hacer tabla rasa de lo público. Y los análisis y propuestas que se esbozan apuntan a algunos de los puntos débiles del sector público español que deben ser reformados a la mayor brevedad posible.

A mi juicio, un espíritu de sano reformismo público que garantice siempre la titularidad y control de los bienes y servicios públicos, combinado con buenas técnicas de gestión privada y con lo mejor de la economía social es lo que puede sacar a la Administración Pública española del atolladero en el que le han puesto (banca, sector inmobiliario y política) y el que ella misma también se ha metido.

La verdad es que las cosas que uno lee sobre los planes de muchas Administraciones para su propia reforma van mucho más por la poda y el encorsetamiento (eliminar, reducir, recortar, suprimir, controlar, autorizar, supervisar, prohibir, etc) que otra cosa. Pero esperemos que entre lo más sano del sector público, lo más decente de la gestión privada y la economía social seamos capaces de ejecutar buenas prácticas que ayuden a poner nuestro sector público en el siglo XXI y eviten su vuelta al XIX.

El tema va a dar mucho de si. Así que seguiré comentando cosas en este blog en los próximos meses.

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PD: la actividad formativa a la que hago referencia tuvo lugar unos días antes de los recortes presentados por el Gobierno de la Nación en el Consejo de Ministros de 13 de julio de 2012; da la sensación de que muchos trabajadores públicos han pasado del análisis a la protesta; razones no les faltan.

 

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