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colaboración público privada

  • ¿ESTA NACIENDO LA PRIMERA HOUSING ASSOCIATION ESPAÑOLA EN CATALUÑA?

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    Los pasados 7 y 8 de octubre asistí en el barcelonés UIMP-Centre Ernest Lluch al Curso sobre Gestión de Parques de Alquiler Social organizado por la Mesa de Entidades del Tercer Sector de Cataluña.

    Tal y como manifestaron sus organizadores, el objetivo del curso fue el siguiente:

    Aunque en el imaginario colectivo esté presente el deseo de disponer de una vivienda en propiedad, con la crisis económica el alquiler se ha convertido en la única opción viable para las familias más modestas de nuestro país. Y si hablamos de familias pobres, sin ingresos o con algún tipo de vulnerabilidad, solo si tienen acceso a un “alquiler social” pueden resolver hoy en día esta necesidad básica.

    Sin embargo la disponibilidad de parques de vivienda de alquiler social es hoy ínfima en nuestro país en comparación con las enormes necesidades existentes y los dramas humanos que hay detrás. Y esta grave carencia convive con unos stocks ingentes de pisos vacíos en manos de entidades financieras y de particulares, a pesar de los esfuerzos realizados hasta ahora desde los poderes públicos para resolver esta contradicción.

    Otros países de nuestro entorno han desarrollado modelos públicos y público-privados exitosos de parques de viviendas de alquiler social, que deberían orientarnos en la solución de esta necesidad. En Catalunya hay iniciativas incipientes en esta dirección que se presentarán durante el curso.

    En resumen: tenemos gran necesidad de unos parques de alquiler asequible y social (adecuadamente documentadas por el propio tercer sector) en el momento de nuestra historia en el que tenemos más vivienda vacía nueva y usada y, a pesar de que estamos a años luz de lo que acontece en otros países de la UE, entre nosotros empiezan a moverse interesantes iniciativas que deben ser tenidas en cuenta.

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  • EL GESTOR INTEGRAL DE PROYECTOS PUBLICOS

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    Como continuación al post que publiqué hace unas semanas bajo el título LA EMPRESA PUBLICA TOTAL, hago hoy algunas reflexiones sobre la figura del GESTOR INTEGRAL DE PROYECTOS PUBLICOS. O, al menos, sobre como la entiendo yo (en realidad, como la entendemos nosotros).

    Es frecuente hablar en el mundo público de la dicotomía entre técnicos y políticos. Ultimamente se habla también mucho de la figura (necesaria e inexistente en España) del directivo público. Pero a mi (a nosotros) me parece que se habla poco y de manera más bien confusa de la figura del gestor de proyectos públicos.

    Como digo, dentro de las administraciones públicas se tiende a dividir a todo el mundo entre políticos y técnicos. Al parecer, los primeros dan las órdenes (mandato político) y los segundos las ejecutan (hacen operativas y reales esas órdenes). Ya sabemos que no siempre es así: políticos que no saben cual es su mandato ideológico-electoral, empleados públicos desbordados o desmotivados, directivos públicos que son más políticos que los políticos, políticos que se quieren meter a técnicos y olvidan su responsabilidad de líderes, etc. Sea como fuere, la cultura administrativa española está muy centrada en la polícía administrativa (controlar que los administrados cumplan con las normas), poco en el fomento (incentivar o desincentivar determinadas actuaciones de personas y mercados), algo en el servicio público y mucho menos de lo deseable en la economía pública y los proyectos públicos.

    Nuestra cultura administrativa general (siempre hay excepciones) se basa mucho más en decir como hacer o no hacer a otros que en hacer uno mismo. Por ello no es de extrañar que en nuestras administraciones sea tan difícil encontrar personas formadas, escogidas y motivadas para impulsar de forma integral proyectos públicos en general y de economía pública en particular. La verdad es que ni escogemos a los empleados públicos buscando estas habilidades, ni se les asigna una misión en virtud de las mismas, ni la carrera profesional de un empleado público dependen de ellas (no se evalúa en función de la consecución de obejtivos). No es de extrañar que abunden los empleados públicos con mentalidad de política o fiscal y que sean muy pocos los que tienen el empuje de un creador, emprendedor, directivo o empresario (ojo, no son, para nada, sinónimos).

    Ante esta situación, los políticos con ganas de impulsar nuevas acciones públicas se ven ante la papeleta de pagar bastantes nóminas (no ellos, pues lo hacen en nombre de la ciudadanía) y a la vez tener muy poca gente con la vocación de impulsar proyectos públicos de forma integral. Dos han sido las reacciones típicas hasta la fecha por parte de esos políticos con, vamos a decirlo así, ganas de marcha: contratar a empresas privadas (asistencias técnicas, contratos de prestación de servicios, contratos de gestión de servicios públicos, concesiones administrativas, etc) o crear empresas públicas al servicio de un determinado proyecto público.

    Ambas cosas tienen cosas buenas y malas. Ambas pueden salir bien o mal. Pero en muchas ocasiones se aprecian patologías que deberían ser atendidas. Me estoy refiriendo a la aparición de vicios burocratizantes en las empresas públicas (que dejan de impulsar servicios y economía pública para ponerse a controlar a los proyectos y economía privada) o la entrega de importantes parcelas de la acción pública a empresas que solo buscan el mayor lucro en el menor tiempo, sin tener en cuenta los elementos de servicio público o el interés general (entre los que debe estar siempre el respeto a las condiciones laborales dignas, el mantenimiento de la inversión pública y la calidad en los servicios públicos).

    Sin embargo, la dicotomía empresa privada al servicio solo del lucro vs. empleado publico sin capacidad de impulsar proyectos de impacto económico, es, a mi juicio, falsa. Y, aún en caso de existir, es facilmente superable a través de la figura del gestor integral de proyectos públicos. En línea con lo que comentábamos en el post La empresa pública total, es posible llevar adelante proyectos públicos con un 100% de profesionalidad, sin costes adicionales para las arcas públicas, con un compromiso total con el interés general y sin que el lucro privado distorsione los esfuerzos del sector público. Hay varias formas para llegar a esta solución, pero la figura del GESTOR INTEGRAL DE PROYECTOS PUBLICOS es, a mi juicio, una de las mejores, sino la mejor.

    ¿En que consistiría concretamente esta figura? En la existencia de un profesional o conjunto de profesionales que, previa licitación pública, acepten la encomienda de liderar un concreto proyecto público (al servicio del interés general), cobrando solo por su labor de gerencia (solo en caso de éxito), sin tocar un euro del beneficio de las operaciones (este debe ser público) y buscando recursos materiales, humanos y financieros obtenidos en el mercado, teniendo todo esto una fecha de inicio y otra de finalización.

    ¿Diferencias con las empresas públicas? Muchas, pero la más importante es la vinculación del personal, gerencia y financiación a un proyecto concreto (TEMPORALIDAD). Ninguno de ellos podrá formar parte del sector público. Ninguno de ellos se relajará en el balance costo/beneficio. Ninguno se olvidará nunca de estar inmerso en una actividad que siendo pública se debe autofinanciar (NO HAY CONSUMO PRESUPUESTARIO). Ninguno de ellos pensará que va a permanecer en la cadena productiva en el caso de que no se alcance el objetivo o se llegue a este a un coste o en un tiempo excesivos (PROFESIONALIDAD).

    ¿Diferencias con la empresas privada que trabaja al servicio de la Administarición? Fundamentalmente que el éxito implica cobrar por tu trabajo (gerencia, fuerza de trabajo, financiación, etc), pero nunca acceder ni a un solo euro del beneficio de la operación, que será siempre un ingreso de la Administración (BENEFICIO PÚBLICO). Y dado que solo se cobra si se cumple con los parametros públicos del proyecto, no se apunta al lucro privado, sino al conjunto de objetivos marcados por la Administración (CONTROL ESTRATEGICO PUBLICO).

    Este tipo de gestores integrales de proyectos públicos pueden ser contratados (obviamente previa licitación pública) por la Administración o por los diferentes entes del sector público (sociedades, fundaciones, agencias públicas, etc) para llevar adelante un proyecto público. No requieren la creación de un nueva personalidad jurídica, al poder "colgarse" de una ya existente, tanto en gestión directa de la Administración, como en la gestión indirecta del sector público. Las virtudes y limitaciones que comenté en el post La empresa pública total son predicables también de este método de gestión integral de proyectos públicos, con la facilidad adicional, como digo, de no tener que crear una nueva persona jurídica pública, sino poder "colgarlo" de una ya existente.

    Ahora que estamos en tiempo de reforma administrativa, creo que se deberían tener en cuenta cuestiones estructurales como las que toco en este post. No es el único tema estructural a tratar, pero si uno de ellos.

    No soy ciego y veo que el actual proceso de reforma de la Administración está total y absolutamente condicionado por la exigencia comunitaria de reducción del déficit público. Pero bueno sería que políticos, periodistas, servidores de lo público, empresarios y expertos miráramos un poco más allá de las faldas de Merkel. Sería incluso recomendable hacerlo sin esperar al próximo septiembre (elecciones en Alemania).

     

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  • LA EMPRESA PUBLICA TOTAL (100% PUBLICA, 100% EMPRESA, 100% PROFESIONALIZADA)

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    Como continuación a varios posts en los que recientemente he aportado mi visión sobre la reforma del sector público (1, 2, 3 y 4), desarrollo hoy un concepto que me (nos) parece de relevancia para los años presentes y venideros: el tipo de empresa públicas que necesitamos. 

    Como encuadre general, debo decir que en estos momentos se observan reacciones preocupantes tanto en las derechas como en las izquierdas que en España gestionan nuestro sector público. No haré paralelismos simetrizantes, pero, en estos momentos, se observan peligrosas actitudes inmovilistas en la izquierda (el sector público es perfecto tal y como está y lo progresista es defender todas y cada una de sus actuales características) y no menos peligrosas tendencias destructivas en la derecha (el mejor sector público es el que no existe y debe ser reducido hasta la mínima expresión de garantía del mercado y la imprescindible paz social). A mi juicio, a nuestro juicio (Urbania ZH Gestión y Grupo Zahoz), ni lo uno ni lo otro es  lo que en estos momentos necesita este país.

    Pero vayamos ya con el objeto concreto de este post: lo que llamo (llamamos) LA EMPRESA PUBLICA TOTAL (100% pública, 100% empresa y 100% profesionalizada).

    Defendemos un modelo de empresa pública sustancialmente diferente a las distintas formas de trabajo que ahora se dan en el sector público. Las frecuente en estos momentos son la gestión directa de los servicios públicos, la creación de empresas públicas y otra serie de entidades presupuestaria/culturalmente dependientes de la Administración matriz, el contrato de prestación de servicios, el contrato de gestión de servicio público y la concesión administrativa. Muchas de estas técnicas tienen su sentido en ciertos contextos y funcionan adecuadamente. Pero en otros casos, son profundamente disfuncionales por dos conjuntos de motivos. Bien porque la forma de trabajar tiene todos los inconvenientes del modo público de trabajo casi sin ninguno de sus beneficios (dependencia presupuestaria de la matriz, cultura funcionarial de control y no de impulso de proyectos, escaso incentivo de la innovación y creatividad, insuficiente atención a la eficiencia y la eficacia, pésima provisión de los puestos de trabajo, etc). Y en otros casos porque hay una excesivo escoramiento hacia el lucro privado (búsqueda del beneficio privado a corto plazo, empeoramiento de las condiciones laborales del personal, nulo incentivo para la inversión y el pensamiento económico a largo  plazo, etc) que hace perder el objetivo central del sector público (atender el interés general).

    Pues bien, para salir de estos círculos viciosos (muchas veces se combinan las externalidades de lo público y lo privado, convirtiendo algunos proyectos de las Administraciones en verdaderos quebraderos de cabeza para todos) nosotros proponemos un nuevo tipo de empresa pública, que busca crear actividad económica pública susceptible de generar ingresos adicionales a la matriz administrativa y crear empleo de calidad y sostenible en el tiempo, caracterizado por los siguientes elementos:

    • Propiedad 100% pública ( = creación de empresas públicas en la que el 100% de las acciones sean titularidad de una Administración; en consecuencia su consejo de administración es el equipo de gobierno municipal, su junta general de accionistas el pleno, su presidente el alcalde y su consejero delegado el concejal del ramo; garantizando con ello un control público absoluto de la estrategia de la empresa y su política de precios, calidades, plazos, costes, condiciones laborales, etc).
    • Gestión 100% profesionalizada ( = creada la empresa pública, se licita un contrato de gestión de la misma, de forma que un grupo de profesionales de la gestión se encargue de impulsar los proyectos públicos a los que dicha empresa se dedique).
    • Objetivos 100% empresariales ( = como a cualquier otra empresa, el capital, en este caso el sector público, le encarga al gestor la consecución de una serie de objetivos en un plazo, a un coste y con un determinado sentido productivo).
    • Plantillla 0% pública ( = el conjunto de profesionales que haya resultado adjudicatario de la gestión de esta empresa pública se encargará de contratar a la plantilla que considere oportuna, en la manera que considere oportuna; esto implica relaciones laborales de derecho privado y una cultura organizacional volcada en la consecuención de los objetivos empresariales en el tiempo y coste prefijados y, en definitiva, en una búsqueda de la excelencia profesional).
    • Gasto público 0% ( = la actividad de la empresa será financiada por el sector financiero que, como hace con cualquier otro proyecto empresarial, debe evaluar la capacidad de la empresa para devolver el dinero prestado en función de los retornos de la actividad que lleva a cabo).
    • Beneficios 100% públicos ( = los beneficios que genere la actividad de este nuevo tipo de empresas públicas serán transferidos a la matriz, la Administración de que se trate, que puede decidir utilizarlos tanto para atender cualquier política pública, como para hacer más social la política de precios de la empresa pública con beneficios).
    • Todos los agentes intervinientas cobran por su trabajo y por nada más que su trabajo ( = los trabajadores de este tipo de empresas públicas cobran por su trabajo, en función de la calidad y cantidad del mismo; los proveedores de la empresa cobran como en cualquier otra empresa; los financiadores de los proyectos cobran por sus servicios financieros; los gestores profesionales cobran por sus servicios de gestión solo en la medida en la que se cumplen los objetivos fijados por la matriz administrativa (cobro por éxito); y la matriz administrativa recibe cualquier excedente que pueda resultar de la actividad de esta empresa después de pagar a sus trabajadores, gestores, financiadores y proveedores). 
    Este modelo permite llevar adelante proyectos inequívocamente de interés general, buscando la producción de una serie de bienes y servicios públicos, así como la dinamización de la economía y el empleo local, con una combinación de lo mejor de lo público (empresa de propiedad pública), lo profesional (gestores y tranbajadores evaluados por sus resultados), y la economía social/cooperativa (en ocasiones se pueden ensayar fórmulas en las que el personal de la empresa pública es socio cooperativista de la misma). Este enfoque permite amalgamar las mejores técnicas de gestión al servicio de los mejores proyectos al servicio del interés general, no confundiendo público con estatal (todo lo público no es estatal y viceversa) y sin obviar las evidentes conexiones entre lo privado sin ánimo de lucro y lo público.

    Este tipo de empresas públicas (totales) busca generar un impacto positivo sobre la acción de gobierno y mejorar el acceso a bienes y servicios básicos que afectan la vida de las personas. La provisión de dichos bienes y servicios es política y emocionalmente sensible para la ciudadanía. Por lo tanto, garantizar su acceso con los condicionantes técnicos y financieros actuales es un reto que exige maximizar la eficiencia de gestión, así como capitalizar los recursos de los actores involucrados. 

    Algunas ventajas adicionales de esta forma de trabajo:
    • Es un medio para llegar a soluciones que de otra manera no hubieran sido propuestas, dadas las ineficiencias del mercado, laa mala formulación de políticas públicas y/o las carencia de financiación.
    • Permiten reequilibrar la estructura de ingresos y gastos de muchas Administraciones bajo nuevas fórmulas de colaboración e innovación.
    • Exigen otras formas de trabajo, orientado a la construccion de competencias estratégicas complementarias, que pueden llegar a incluir a actores no tradicionales.
    • Aportan soluciones innovadoras que suelen ser únicas en relación a su contexto y los miembros que participan.
    • Generan valor a través de la optimización y la eficiencia que no puede ser logrado a través de las actuaciones individuales de la administración o del sector privado.
    Las críticas que se le pueden hacer a este modelo, desde posiciones más inmovilistas o privatistas, es que con empresas públicas de este tipo estaríamos dañando, de una sola tacada, al funcionariado y al lucro privado. Y la verdad es que ni lo uno ni lo otro. Para nosotros lo esencial del servicio público es el servicio al público. Puede parecer un trabalenguas, pero no lo es. Ciertas tareas del sector público deben estar indefectiblemente llevadas a cabo por funcionarios de carrera. Pero otras muchas es mejor que no sea así. Y en esas muchas labores que no deberían ser llevadas a la práctica por funcionarios, hoy estamos viendo a funcionarios de carrera, interinos, laborales y falsos contratados por empresas privadas que asisten a la Administración, que han sido inadecuadamente formados, reclutados, dirigidos y liderados, fracasar en su misión de servir adecuadamente al contribuyente. Y lo que no es menos grave que lo anterior, sino que puede que mucho más, en la larguísima cadena de empresas contratadas/subcontratadas por la Administraciuón vemos empresarios hábiles que a base de no invertir lo que deben y no tratar a su plantilla como deben, y con la excusa de la vinculación al sector público, están acumulando unas ganancias injustificables desde el punto de vista del interés general y del trabajo efectivamente realizado. Debemos ser capaces de diferencia entre funcionarios/lucro empresarial privado y generación de PIB y empleo. El modelo de empresa pública total que nosotros proponemos crea el mismo o más PIB y empleo que el de muchas empresas privadas, pero el lucro que se pueda producir no acaba en mano privadas, sino que revierte a la matriz administrativa (y con ello, al conjunto de la ciudadanía). 
     
    La validez de este modelo de empresa pública es amplia, pero no ilimitada. En los servicios públicos más directamente vinculados a la igualdad de oportunidades (reciben más del sector público los que menos tienen, con el objetivo de igualar oportunidades vitales) es más difícil implantar este tipo de empresa pública. Pero es fácil implantar este tipo de empresas públicas en muchos bienes y servicios públicos provistos hoy por el sector público, en los que los usuarios ya pagan, de una forma u otra, un precio público. Y con mucha más razón es implantable este tipo de empresas pública en aquellos proyectos en los que el sector público coloca bienes y servicios en el mercado que no son provistos por el sector privado o que lo son a unos precios no asumibles por la mayor parte de la ciudadanía. Para nosotros tan importante es proteger la actual cartera de servicios públicos a la que accede la ciudadanía (no mermarla ni en cantidad ni en calidad) como la creación de actividad económica pública allí donde el mercado se muestra remiso a actuar, a pesar de que hay una moderada tasa de beneficio al alcance de la mano.
     
    Desde Urbania ZH Gestión y el Grupo Zahoz apuntamos que este tipo de empresa pública, no es solo un modelo teórico, sino que ya existe y funciona desde hace una década en diferentes municipios españoles. Los municipios que han trabajado en esta lógica han pasado de la cultura del presupuesto público, las subvenciones de otras administraciones y el endeudamiento a la lógica de la generación de ingresos adicionales para el sector público local, lo cual permite mantener un conjunto de prestaciones públicas de alta calidad y tener unas finanzas locales equilibradas. Los ayuntamientos que han confiado en esta forma de trabajo pagan hoy a sus proveedores a plazos muy cortos, no han solicitado la línea de descuento del Estado, tienen sus déficit y deudas controladas en niveles muy bajos y, además de recibir ingresos por vía impositiva, presupuestaria y subvencional, tienen una fuente de ingresos (y tesorería) regular en función del trabajo de sus empresas públicas totales. Animamos a alcaldes y concejales a plantearse el uso de las empresas públicas totales en proyectos, servicios y bienes públicos susceptibles de encajar en esta técnica.

    El servicio público en el que más rodado esta empresa pública total es en el mundo del urbanismo y la vivienda. Se comprenderá con facilidad que este tipo de empresas públicas posibilita a los ayuntamientos producir vivienda protegida en venta y alquiler, no solo no gastando dinero público, sino ingresando fuerte sumas de dinero, unas puntuales (ventas) y otras regulares (alquileres), que, a su vez, permiten acometer políticas públicas urbanas más complejas como la rehabilitación de viviendas y edificios y la regeneración urbana integral. Eso ha sido posible en la pásada década y también es posible hoy en muchos lugares de España, a pesar de la crisis.

    Pero nosotros entendemos que la lógica de la empresa pública total hoy se puede extender a una serie de actividades que los ayuntamientos no están haciendo, que el mercado tampoco acaba de crear y que podrían aportar plusvalor socio/económico colectivo. Nos referimos, entre otras, a la creación de empresas públicas (totales) de suministro de energía, de gestión de la movilidad, de agricultura periurbana, de movilización de equipamientos públicos ociosos hacia la actividad económica pública, de rehabiltación integral de barrios, de movilización de vivienda vacía hacia el alquiler asequible, etc. Y de la misma manera que estas empresas públicas (totales) pueden ser municipales, entendemos que muchas de ellas deberían ser sociedades públicas interlocales, como alternativa a las mancomunidades mal gestionadas o a las no existentes. 
     
    En el fondo, la disyuntiva que hay que afrontar en estos momentos es si queremos que los gestores públicos (políticos y altos funcionarios) sean una máquina de gastar impuestos/subvenciones/financiación con una lógica de trabajo de control público del sector prívado o si queremos que una parte de los gestores públicos se dediquen a impulsar actividad económica pública que sirva, a la vez, para prestar servicios públicos y para dinamizar el tejido económico (todo ello sin nuevos costes presupuestarios y plantillas públicas).
     
    En definitiva, la pregunta que se tienen que hacer los gestores públicos (políticos y altos funcionarios) es si la tasa de beneficio de determinadas operaciones que, en todo caso, son de impulso público, quieren que se la quede el sector público (y con ello garanticemos su sostenibilidad financiera) o se vayan al lucro privado. Hay vías técnico-operativas para que la respuesta sea la primera. Nosotros entendemos que la empresa pública total es una de ellas. Dejamos al criterio de políticos (sobre todo locales), altos funcionarios, profesionales y financiadores si estas es una fórmula que tiene cosas que aportar. 

     

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  • NUEVA AVENTURA PROFESIONAL (4): WEB URBANIA ZH GESTION

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    Continuando con los posts en los que daba cuenta de mi cambio de rumbo profesional (1, 2 y 3), hoy os dejo la ruta a la recien estrenada WEB CORPORATIVA DE URBANIA ZH GESTION.

    A todos los que penséis que podéis ser futuros clientes, proveedores, empleados, colaboradores, socios, etc nuestros os animamos a seguirnos y ayudarnos en nuestros empeños.

     

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  • NUEVA AVENTURA PROFESIONAL (3): TWITTER CORPORATIVO DE URBANIA ZH GESTION

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    Continuando con los posts en los que daba cuenta de mi cambio de rumbo profesional (1 y 2), hoy os dejo el enlace a nuestro nuevo twitter corporativo @URBANIA_GESTION.

    A todos los que penséis que podéis ser futuros clientes, proveedores, empleados, colaboradores, socios, etc os animamos a seguirnos en twitter y ayudarnos en este empeño.

    PD: en nada lanzaremos la web de la empresa. 


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  • LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS vista por algunos empleados públicos.

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    Hace unos días dimos clase a un grupo de funcionarios de una Comunidad Autónoma del norte de España sobre como consideramos en el Grupo Zahoz (dentro del que se encuadra Urbania ZH Gestión, la empresa de la que soy gerente) que se debe acometer el proceso de reforma de las Administraciones Públicas españolas. 

    Antes de compartir con vosotros algunas de las conclusiones a las que llegaban los empleados públicos con los que compartimos dos mañanas completas de formación, me gustaría atajar algunos tópicos. No es cierto que España tenga muchos trabajadores públicos (estamos en la parte media baja de la tabla de la UE). Tampoco es cierto que el gasto público español sea alto (estamos un 25% por debajo de los estados líderes de la UE). La crisis no se originó con la deuda o el déficit público (antes de la crisis financiera había superávit presupuestario y solo un 35% -del PIB- de deuda pública, frente al más de 300% de deuda privada). No tenemos una Administración ineficaz o ineficiente, ni comparándonos con la UE, ni mucho menos comparándonos con nuestro pasado reciente. Es más, algunos de nuestros servicios públicos son modélicos en un escenario comparado. Y en fin, aunque sea evidente y cansino, son las crisis financiera occidental e inmobiliaria española las que provocan la quiebra de nuestra economía y no el sector público. Y son precisamente el sector público y el contribuyente español los que están acometiendo un masivo proceso de conversión de pérdidas financieras e inmobiliarias privadas en pérdidas públicas.

    Sin embargo, que el origen de la crisis sea privado y que el ajuste (injusto, asimétrico, amoralizante, emprobrecedor y contraproducente) sea público no debe servir como excusa para el inmovilismo en el sector público. Este tiene defectos que debería haber corregido sin crisis y que con ella se hace ya inevitable afrontar.

    Sea como fuere, y en medio del tsunami que amenaza con llevarse décadas de conquistas sociales (algunos, con la excusa de reformar, simplemente pretenden laminar), desde Zahoz Gestión y Urbania ZH Gestión realizamos una actividad de formación sobre la mejora de las técnicas de gestión pública local al mencionado grupo de trabajadores públicos de una Comunidad Autónoma del norte de España. Y más allá de lo que nosotros como grupo empresarial defendimos (que ya comentaré en posteriores posts), me llamó la atención la claridad y contundencia de las conclusiones a las que llegaron los empleados públicos.

    Las podríamos resumir con el siguiente listado:

    • Hay en marcha una campaña de desprestigio de lo público. Se le quiere presentar como el origen de la crisis. Cuando no lo es. 
    • Hay que perder el miedo a determinados debates. 
    • Es necesario acometer un cambio cultural en la gestión pública. El mundo que conocíamos hasta ahora se ha acabado. 
    • Recortar los presupuestos públicos no es, per ser, reformar la administración. Solo hacerla más pequeña.
    • Si se mantienen los recortes presupuestarios mucho tiempo no se va a poder reformar la Administración. Nos limitaremos a verla languidecer.
    • Modificar las formas de gestión pública no se tiene que ver siempre como un intento de privatizar. Hay que tener en cuenta todas las opciones que garantizan el control público del servicio y mejoran su gestión. 
    • No solo se debe reformar la administración local. Otras Administraciones también deben repensarse. 
    • Quizás haya que volver a los orígenes del propio hecho público-estatal-administrativo: la mutualización de riesgos, el cooperativismo, la generación de lazos humanos solidarios.
    • Hay que reforzar el papel gerencial en el mundo local. Hay que pasar del control administrativo (derecho) al impulso de proyectos (economía).
    • Es imprescindible poner en valor el patrimonio público local.
    • Necesitamos escuelas de altos funcionarios, gerentes públicos y políticos locales.
    • Medir todo lo que se hace en el mundo público es crucial. Es imposible analizar y controlar costes sin tener referencias en forma de estándares.
    • Para aumentar la productividad en la Administración quizás sea necesario que haya menos políticos y más gestores.
    • En el sector público hay capital humano de gran valor ocioso. Es un desperdicio que no podemos permitirnos. Máxime cuando en ese mismo sector público hay áreas con evidentes déficits en materia de personal. No tiene sentido alguno que sobre el personal en algunas áreas públicas, mientras falta en otras.
    • Es necesario tener objetivos claros en la gestión pública. Los horizontes de trabajo que cambian al ritmo de los titulares de prensa y los intereses políticos no ayudan nada a prestar servicios de calidad a la ciudadanía.
    • El ratio jefe-subordinados es, en muchas ocasiones, muy bajo (mucho jefe casi sin subordinados). Se utiliza la jefatura como forma para primar salarialmente a algunas personas (al no haber otros mecanismos en la función pública) y no como instrumento al servicio de proyectos que aportan valor a la comunidad.
    • No se puede vivir todo el día en la gestión de las emergencias. Debe haber planificación estratégica, visión táctica y protocolización de las contingencias.
    • Hay que impedir que ciertas personas y entidades vivan de la caza de las subvenciones. Hay que premiar el esfuerzo, la generación de valor constrastable, la construcción de red, etc.

    No se puede decir que estos empleados públicos (de cierto nivel, pues se ocupan de tareas de selección y formación, así como de modernización en el sector público) sean tímidos a la hora de señalar déficits del sector público. No hay defensa numantina de inercias del pasado. Pero tampoco se comulga con la idea de hacer tabla rasa de lo público. Y los análisis y propuestas que se esbozan apuntan a algunos de los puntos débiles del sector público español que deben ser reformados a la mayor brevedad posible.

    A mi juicio, un espíritu de sano reformismo público que garantice siempre la titularidad y control de los bienes y servicios públicos, combinado con buenas técnicas de gestión privada y con lo mejor de la economía social es lo que puede sacar a la Administración Pública española del atolladero en el que le han puesto (banca, sector inmobiliario y política) y el que ella misma también se ha metido.

    La verdad es que las cosas que uno lee sobre los planes de muchas Administraciones para su propia reforma van mucho más por la poda y el encorsetamiento (eliminar, reducir, recortar, suprimir, controlar, autorizar, supervisar, prohibir, etc) que otra cosa. Pero esperemos que entre lo más sano del sector público, lo más decente de la gestión privada y la economía social seamos capaces de ejecutar buenas prácticas que ayuden a poner nuestro sector público en el siglo XXI y eviten su vuelta al XIX.

    El tema va a dar mucho de si. Así que seguiré comentando cosas en este blog en los próximos meses.

    reforma administrativa,crisis,recortes,sector público,colaboración público privada,economía social

    PD: la actividad formativa a la que hago referencia tuvo lugar unos días antes de los recortes presentados por el Gobierno de la Nación en el Consejo de Ministros de 13 de julio de 2012; da la sensación de que muchos trabajadores públicos han pasado del análisis a la protesta; razones no les faltan.

     

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  • EL SECTOR PÚBLICO ESPAÑOL EN LA ENCRUCIJADA: PROPUESTAS EN POSITIVO

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    El sector público español se desenvuelve hoy en un contexto extraordinariamente adverso. Las restricciones financieras provocadas por la crisis financiera global y los programas de contención del gasto público que han seguido a los rescates públicos del sector financiero e inmobiliario hacen hoy en España mucho más difícil la prestación de unos servicios públicos “a la europea”.

    Antes de abordar algunas posibles soluciones a la actual situación del sector público español, entiendo que es necesario hacer una valoración de la génesis causal de la situación actual. Es frecuente leer en estos días informaciones que dibujan al sector público español como sobredimensionado, derrochador, poco profesional, detractor de recursos privados y limitador del desarrollo socio-económico. Sin perjuicio de evidentes márgenes de mejora, esta caracterización no solo no es justa, sino que se da de bruces con la realidad fáctica expresada en datos objetivos.

    En España algo más de 12% de sus trabajadores lo son del sector público (datos OCDE 2008). Países que consideramos referentes de eficiencia y eficacia como Estados Unidos o el Reino Unido están en la banda del 14 al 18%. Y los campeones mundiales de la competitividad y los entornos atractivos para la inversión extranjera, los estados escandinavos, superan en ocasiones el 25%. Por tanto, en España no tenemos demasiados trabajadores públicos, sino más bien todo lo contrario.

    Otro dato al que se hace referencia habitualmente en los medios de comunicación en estos momentos es a la presunta excesiva presión fiscal y detracción de recurso del mercado y la sociedad. La realidad es que España es uno de los países de la OCDE con una menor presión fiscal (menos de un 30% de nuestro PIB), lejos de la media de la UE (40%) y a años luz de los escandinavos (50%). Consecuentemente, nuestro sector público consume menos recursos que los de nuestro entorno. Otra cosa es que, dado nuestro elevado nivel de fraude fiscal (sobre el 30% de nuestro PIB) la carga fiscal, liviana en términos de hacienda comparada, es severa al ponerse sobre todo en los hombros de trabajadores con nómina (IRPF) y consumidores (IVA e impuestos especiales).

    Finalmente, es frecuente leer y escuchar que buena parte de nuestro sector público se dedica al buen vivir, sin aportar nada positivo a la sociedad española. Demagogia aparte, cualquier ciudadano que pague impuestos y reciba servicios públicos puede apreciar el duro y buen trabajo que realizan, entre otros, nuestros sanitarios, docentes, policías, militares y trabajadores sociales. Siendo estos, por cierto, casi dos terceras partes del total de nuestros trabajadores públicos. Tampoco creo que sea debatible la relación calidad-coste de servicios públicos españoles como el sanitario, educativo o de pensiones. En España es imposible obtener a ese precio y con esa calidad el mismo servicio en el mercado. Además muchos de los estados de la UE gastan más que nosotros para servicios de igual o incluso peor calidad (vg. servicio sanitario público). Ergo, la crítica de ineficiencia e ineficacia, tampoco parece justificada

    Por otra parte, a pesar de que las críticas sobre recientes despilfarros son totalmente justificadas (yo mismo las ha hecho en este blog en relación a cierto urbanismo y ciertas infraestructuras), no podemos dejar de reconocer el salto que ha dado España en materia de infraestructuras de transporte y todo tipo de equipamientos comunitarios. Sin el papel tractor y vertebrador del sector público no estaríamos donde estamos.

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    Todos estos datos y apreciaciones no pueden ocultar el retraso social-público de España en relación a nuestros socios europeos. Gastamos menos que ellos en servicios públicos, tenemos menos empleados públicos y nuestros servicios públicos, siendo dignos y habiéndose mejorado con mucho esfuerzo en las recientes décadas, distan mucho de ser los propios de un estado del bienestar con capacidad para “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. España es aún un país con con varias convergencias europeas por hacer en materia de servicios públicos y derechos ciudadanos (muy notablemente en materia de dependencia y el cuarto pilar del estado del bienestar en general). Lo que tiene, no solo evidentes efectos en términos de igualdad socio-económica (no hay más que comparar nuestro coefciciente de Gini con el de muchos de nuestros socios de la UE-15), sino que también provoca no pocas externalidades a nuestro tejido productivo y fuerza laboral.

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    Por otra parte, es evidente que en estos momentos los servicios públicos en España están siendo atacados por los mercados y los partidos políticos de praxis neoliberal, con la excusa de la crisis (en realidad, crisis-estafa). Como reacción a este fenómeno toda la geografía española está asistiendo a movilizaciones de colectivos en defensa de los servicios públicos y de varios derechos ciudadanos. Muy especialmente, de los derechos a la educación (Escuela Pública Para Todos en Madrid - 1 y 2-), salud (Dempeus per la Salut Pública en Cataluña) y vivienda (Plataforma de Afectados por la Hipoteca por toda España). Suscribo todas estas movilizaciones en defensa del sector público, el estado del bienestar y los servicios públicos. De hecho, trato de echar una mano donde puedo, especialmente en los campos en los que se algo. Es tiempo de resistencia. Es tiempo de trazar líneas rojas. Es tiempo de luchar por nuestro futuro y el de nuestros hijos. Sin duda. Aunque también creo que es tiempo de alguna cosa más.

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    No podemos negar que el sector público español añade a sus problemas tradicionales propios del retraso social, otros más o menos nuevos, que han estallado en la actual coyuntura de crisis. En primer lugar, hay un desfase entre los ingresos estructurales y los gastos. Este desfase se puede cubrir con una homologación de la presión fiscal y fraude fiscal españoles a la media de la UE. Hay mucho margen de mejora en la recaudación fiscal, sobre todo recaudando impuestos entre las clases más acomodadas y menos productivas (que son las que menos impuestos pagan en nuestro país), sin por ello mermar posibilidades a nuestro tejido productivo o al consumo. Yo no confundo capital rentista o especulativo con capital que mezcla trabajo, financiación y materias para aportar plusvalor económico y bienestar social general. Lo primero debe ser desincentivado con fuertes impuestos. Lo segundo debe ser cuidado por el estado, sin menoscabo de la aplicación general del prinicpio constitucional de la progresividad fiscal. Pero, además de aumentar ingresos, también es claro que hay mucho recorrido en términos de reducción del gasto público en cada servicio como consecuencia de la aplicación de medidas de eficiencia y eficacia en la gestión pública. No hablo de reducir el gasto público, que creo debe subir hasta homologarse con la UE-15. Sino de reducir el gasto por servicio y per capita con la aplicación de técnicas de gestión que mejoren la eficiencia y la eficacia.

    Es innegable la existencia de una serie de males en las Administraciones Públicas que debemos atacar. Entre ellos podemos citar los siguientes: rigidez, compartamentalización, lucha por las competencias en vez de trabajo en red orientado a la consecución de objetivos en tiempo y coste, escasa tradición de la medición del desempeño y los resultados, duplicidades administrativas, inexistente política activa de recursos humanos, dificultad para el control de costes, exceso de táctica y defecto de estrategia o inexistencia de mecanismo de financiación específicamente públicos.

    Pero también es innegable que hay muchas técnicas a nuestra disposición mucho más beneficiosas a largo plazo para la sociedad en su conjunto que prácticas que estamos viendo en estos días: venta de activos públicos, privatización, reducción de servicios públicos o inyección de recursos públicos a cambio de nada a sectores privados necesitados de un salvamento.

    Entre los posibles caminos a transitar debemos señalar todos aquellos que pertenezcan a la cultura del “entre todos, algo más lento y mejor”. España ha hecho un esfuerzo brutal (en términos cuantitativos, cualitativos y temporales) en materia de hardware (infraestructuras) y a partir de ahora debemos priorizar su ultrautilización y todo lo relativo al software social, público y mercantil (conocimiento orientado al tejido productivo y los servicios públicos). 

    Para conseguir estos objetivos debemos aplicar medidas en materia de sinergias públicas, desapalancamiento financiero, financiación específicamente pública, una nueva forma de provisión del personal público y colaboración público privada en su triple vertiente: gestión de servicios públicos por parte de entidades profesionales sin ánimo de lucro (no confundir con grupos de voluntarios; yo me refiero a entidades que facturan por sus servicios, que pagan a sus empleados y tributan por su actividad, pero no reparten beneficios), empresas privadas con capacidad de gestión de lo público con ahorros de costes o mejoras en el servicio constatables y constatadas y cooperativas de profesionales que presten servicios públicos de acceso universal a través de contratos-programas con las administraciones. De todas las medidas que he citado, me detendré sobre la última: la cooperación estado-mercado-sociedad.

    A mi juicio, los tres tipos de gestión mancomunada de los servicios públicos entre estado-mercado-sociedad pueden rendir extraordinarios beneficios para la sociedad, siempre que sean usados allí donde son necesarios por aportar valor colectivo y siempre que tengamos en cuenta una serie de líneas rojas. Algo ya he comentado en este blog sobre la conjunción de esfuerzos de estado-sociedad-mercado en materia urbana y de vivienda. A ello me remito ("mientras tanto" RE y CO 1 y 2) y en las líneas siguientes quiero tratar de generalizarlo al conjunto de los servicios públicos.

    Por valor colectivo, me refiero a plusvalor social disfrutable por toda la ciudadanía con capacidad de producir igualdad de oportunidades (es importante no confundir cualquier actividad del sector público con un verdadero servicio público) y de mejorar las capacidades del tejido productivo (en este punto es bueno no confundir capital con capitalismo y producción con especulación).

    En cuanto a las líneas rojas, yo creo que deben existir en materia de titularidad, universalidad del acceso, financiación, calidad del servicio, condiciones de trabajo de los profesionales, inversión y reposiciones para garantizar la viabilidad del equipamiento o servicio, control de los costes finales reales, planificación, objetivos y estrategias, etc. A mi juicio, son absolutamente innegociables la titularidad pública de los servicios públicos (de todos), el acceso universal a los mismos (para todos) y la forma de financiarlos (con los impuestos de todos). Aprovecho para señalar que los llamados copagos, no son sino repagos, al menos para los que pagamos nuestros impuestos y no evadimos la acción del fisco. De la misma manera, debe ser innegociable la dignidad de las condiciones laborales de todas las personas que directa o indirectamente trabajen para el sector público. Y siempre debe garantizarse que la introducción de empresas, entidades sin ánimo de lucro y cooperativas de profesionales efectivamente reducen los costes y/o mejoran los servicios, sin que una deficiente política de inversiones y reposiciones haga inviables a futuro los servicios cuya gestión se ha externalizado. No hay ni que mencionarlo, pero un servicio público gestionado externamente, no deja de ser responsabilidad de la Administración y por ello sus facultades de control del gestor y rendición de cuentas ante los parlamentos y las ciudadanías no se pueden rebajar ni siquiera un ápice.

    En otros países de la UE estos los tipos de gestión de los servicios públicos mencionados (entidades sin ánimo de lucro, cooperativas de profesionales y empresas), junto con la tradicional y troncal gestión directa y el sector público empresarial, están dando buenos resultados. Y, si bien es cierto que es de torpes importar de forma acrítica técnicas foráneas, es de necios no mejorar nuestros servicios públicos con innovaciones de probada eficacia y eficiencia en países de nuestro cercano entorno.

    Considero que hay un tipo de servicios de titularidad pública que solo deben gestionarse de forma directa por la Administración o indirecta por sus empresas públicas. De hecho, una mayoría pertenece a este grupo. Otros susceptible de cooperativización de los profesionales que lo prestan. Y finalmente otro que puede ser susceptible de mejora en la gestión mediante determinado tipo de empresas privadas. La clave está en saber cuál es la mejor opción para cada servicio y cual es la mezcla global óptima para el sector público.

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    No comparto una actitud bastante generalizada en la izquierda europea y española que considera cualquier cambio en el sector público que se salga de la gestión directa es una regresión y a quien lo defienda un traidor privatizador. Es evidente que los mercados sobrevuelan cual buitres sobre nuestros servicios públicos para mayor gloría de entidades privadas mercantiles con ánimo de lucro, muchas de ellas, además de carácter marcadamente especulativo. Pero, una cosa es defender a los servicios públicos de los ataques de los mercados, algo que debemos hacer. Y otra bien diferente es oponerse a cambios, mejoras y evoluciones que pueden hacer al sector público no solo más poderoso cuantitativamente sino más sofisticado cualitativamente.

    Yo no estoy ni con los privatizadores ni con los inmovilistas. En el debate político supongo que estaré en minoría, pues ganan por goleada los privatizadores y los defensores del sector público son, en no pocas ocasiones, bastante inmovilistas. Si se me permiten las expresiones, el debate político está plagado de neoliberales que salivan ante los suculentos manjares que quieren ofrecer en banquete a sus jefes corporativos y de gente de izquierda bastante conservadora, bienintencionada, pero algo peligrosa. Fuera del debate político, creo ser parte de una amplia corriente en la sociedad española que quiere y paga (vía impuestos) unos servicios públicos amplios, dinámicos, cercanos, profesionales y con capacidad de generar verdadera igualdad de oportunidades, sin por ello desincentiva los genios creativos e innovadores.

    Dicho de otro modo, la garantía de la igualdad de oportunidades y del bienestar general pasa inequívocamente por disponer en España de un sector público poderoso que sepa metabolizar lo mejor de la sociedad y el mercado, sin desviarse de su fin fundacional: reducir el miedo, incrementar la dignidad y posibilitar el desarrollo y bienestar integrales, sin menoscabo de la innovación y creatividad social y mercantil. En nuestras manos está. Animo a concejales, directores, consejero y ministros a ser audaces y ambiciosos. Animo a la ciudadania a ser activa en este debate. Y, en la medida de mis posibilidades personales, profesionales y socio-políticas, trataré de aportar mi grano de arena a esta cuestión. 

     

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  • DEPENDENCIA EN LA ENCRUCIJADA

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    La conocida como ley estatal de dependencia de 2006 y las leyes y demás normativas autonómicas de servicios sociales alumbradas en España en los últimos años de la pasada década de vino y rosas están hoy en la encrucijada. 

    Ni uno solo de los actores en juego tiene una posición fácil. Y todo apunta a que en los próximos meses/años vamos a ver cosas nuevas, difíciles y duras.

    Las Administraciones Públicas que, con mayor o menor covicción y entusiasmo, han ido impulsando servicios, equipamientos y prestaciones en materia de dependencia, ven hoy con preocupación el nuevo ciclo financiero, económico y presupuestario. Es de todos conocidos que los momentos más complicados desde el punto de vista de la estructuración de un nuevo servicio público es la consolidación del mismo, una vez que este ha sido ideado y lanzado. Pues bien, casi en medio del lanzamiento, desconocemos si el cohete tiene suficiente combustible, si el rumbo es correcto y si la tripulación sigue comprometida con el viaje. Dada la alta sensibilidad electoral del asunto (millones de usuarios directos -titulares de derechos- o indirectos -sus familias- relacionados con el envejecimiento y las enfermedades ambas incapacitantes y dependizadoras en alguna medida) puede que haya una cierta tentación de no hablar claro. Dado el tamaño del problema económico (las cuentas no salen por bastante) también puede existir la tentación de ganar tiempo, diferiendo el problema para futuros años. E incluso, dado el nivel de cooperación público - privada en esta materia alguien puede abrigar la esperanza de cargar los costes de la menor disponibilidad financiera a los empresarios privados concertados del sector (mayor ventura y riesgo o incluso asunción vía licitación de condiciones imposibles de cumplir que llevarán a pérdidas empresariales no asumibles) y/o a los trabajadores del mismo (precarización).

    Por parte de los usuarios, es evidente que la sensación de miedo a la pérdida de las ayudas (no me refiero solo a las económicas, pues los servicios y equipamientos también cuentan) puede implicar todo tipo de reacciones en función de los medios culturales y económicos de los afectados. Sea como fuere, si los usuarios avanzan hacia un escenario de pérdida de prestaciones, volverán la vista hacia su pecunio y familia (quien los tenga) para una vez más cargar las servidumbres de la dependencia, como ha sido norma en España, a los magros ingresos y ahorros y sobre todo en la familia (nuestro impropio estado del bienestar patrio).

    Los empresarios del sector no lo están pasando, ni mucho menos, mejor. Miles de millones de pagos por las plazas y servicios concertados con las administraciones pendientes de cobro, con el consiguiente coste financiero de esos pagos no recibidos, provisiones e incluso pérdidas. Hoy mismo se anuncian posibles cierres de  centros por impagos de las administraciones. Por otra parte, casi la mitad de su capacidad instalada está ociosa. Las relaciones con las adminstraciones están siendo menos frecuentes de lo que se les prometió (el modelo iba a descansar fundamentalmente sobre profesionales y equipamientos, pero ha virado hacia el protagonismo de los familiares que reciben dinero por cuidar a sus dependientes -el cuidador informal-). Y los servicios privados puros y duros de dependencia tienen un coste que no guarda relación con el nivel adquisitivo de la familia media española. No me extenderé, pero es de todos conocida la situación del sector, en los últimos meses bien conocida por los profesionales que nos movemos en su entorno, y desde hace unos días por cualquier que lea la prensa.

    Por cierto, no lo desarrollaré, pero todos somos conscientes de que en este campo hay soterrada hostilidad entre los empresarios privados con ánimo de lucro y las entidades sin ánimo de lucro que han recorrido el camino desde el activismo social hacia la profesionalización en los servicios sociales, aunque excluyendo el ánimo de lucro mercantil. No es un tema menor y convendrá saber como encajamos estas dos piezas del pluzle, así como las dos técnicas jurídicas al uso para la cooperación público-privada en esta materia (contratación pública y concertación).

    Los trabajadores del sector, ya de suyo de ingresos menguados, con todo lo que se ha descrito, es claro que temen por su puesto de trabajo y medio de vida. No solo en términos de existencia del mismo, que obviamente ese es el primer temor, sino también en términos de posible precarización del puesto de trabajo.

    No tengo datos concretos, pero supongo que también algunas entidades financieras puede estar empezando a tener pesadillas, pues los proyectos de residencias y centros privados se han financiado fundamentalmente por la banca privada o las cajas de ahorros. Y a día de hoy no solo hay dificultades para que el sector se desapalanque devolviendo sus créditos promotor a las entidades financieras, sino que las diferentes líneas de descuento privadas o públicas no están siendo operativas para permitir el cobro de los servicios ya prestados y con ello que el circulante a corto pague en la medida necesaria el inmobilizado a largo. Si empresas privadas del sector de la dependencia son declaradas en concurso de acreedores, además de todo el dolor y sufrimiento propio de estos procesos, nos toparemos con el dato adicional de que las daciones en pago de suelo y edificaciones propias del sector inmobiliario no operan de la misma manera en este caso (pues estamos ante dotaciones privadas sin aprovechamiento urbanistico residencial o comercial).

    ¿Como se sale de todo esto? No lo se, al menos no con certeza. Si tengo claro que ganar tiempo, trasladar el problema a la próxima década y generación o esperar a que las cosas vuelvan a la "normalidad" de los pasados "buenos tiempos" no es una solución y puede acabar siendo parte del problema. Me temo que adminstraciones, empresarios, trabajadores, entidades financieras, usuarios y contribuyentes tendrán que hacer cuentas, ver lo que es financiable y lo que no, potenciar al máximo las sinergias operativas (algo manifiestamente mejorable en este campo), buscar una financiación público-privada adecuada para estas actividades, maximizar la eficiencia y la eficacia y (casi lo lanzo como provocación) no despreciar las posibilidades de la cooperativización de servicios (que en algunos casos son de responsabilidad pública y prestación concertada privada, muy intensivos en mano de obra y de baja intensidad en materia de capital). Sea como fuere, creo que lo mejor será no hacernos trampas al solitario, buscar la máxima eficacia y eficiencia en los servicios públicos y entidades privadas que operan en el sector y tratar de preservar la mayor cantidad de puestos de trabajo y actividad económica que sea posible.

    Lamento citarlo en último lugar, pero como el usuario de un servicio público o el cliente en un mercado son los centros de la actividad de administración y empresas, o al menos deberían serlo, tampoco estaría de más preguntar a los usuarios que necesitan y como creen ellos que se les puede prestar el  servicio estrictamente necesario al coste (impuestos y precios) más ajustado posible.

    En cualquier caso, como decía, veremos cosas nuevas, difíciles y duras ... que espero no nos hagan renunciar a la convergencia de España con la UE - 15 en este campo.


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  • NUEVO DERECHO PARA UN EMERGENTE URBANISMO EN LA CIUDAD YA EXISTENTE

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    El pasado mes de mayo la  Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (artículos 107 a 111) introdujo una una serie de cambios importantes en el urbanismo español. Pues bien, el pasado mes de julio el legislador español dio un paso más en la misma dirección al aprobar el Real Decreto Ley 8/2011 que, entre sus muchas y variadas prescripciones, contiene un capítulo (IV) relativo a "medidas para el fomento de las actuaciones de rehabilitación".

    Está por ver si el borrador en el que trabajaba el Gobierno de la Nación denominado Proyecto de Ley de Medio Urbano Sostenible verá o no la luz (habida cuenta de cierto agotamiento de su contenido por las dos normas con rango de ley comentadas y del obvio agotamiento material de la legislatura). En el ámbito vasco, es conocida la existencia de un Anteproyecto de Ley de Vivienda del Gobierno Vasco que dedica una atención preferente a la rehabilitación y regeneración urbanas y que debería debatirse en el Parlamento Vasco a principios del año 2012.

    Las nuevas técnicas jurídicas perfiladas en este naciente corpus normativo apuntan, entre otras cosas, a un escenario de cooperación público privada en suelo urbano que puede ser de interés para las comunidades de vecinos y las empresas del sector inmobiliario, máxime en los actuales tiempos de repliegue en suelo urbanizable. La posibilidad de suscribir convenios a tres bandas (administración, propietarios y empresas privadas) para la renovación de viviendas, edificios o incluso barrios, en los que la administración aporte subvenciones, mayores aprovechamientos urbanísticos y gestión administrativa, los propietarios parte de la inversión, las empresas privadas su saber hacer en la materia (llegando a poder cobrar en partes de los edificios renovados -segregaciones, redensificaciones, etc-) y las entidades financieras otra parte de la financiación, entiendo debe ser tenida muy en cuenta por el sector.

    Conceptos legales tales como el Medio urbano Sostenible (MUS), las Actuaciones de Renovación y Rehabilitación Urbana (AREUs) o las Actuaciones de Mejora Forzosa (AMFs) es posible que formen parte relevante del futuro del sector. Instrumentos jurídico-administrativos ya conocidos como la expropiación, la ejecución subsidiaria, la redensificación o la reclasificación de dominio público o espacios libresvan a adquirir nuevos perfiles (algunos expertos hablan de una verdadera revolución de la paleta jurídica ya existente) en el suelo urbano de España y Euskadi. Por otra parte, es clave entender que la nueva normativa apunta a un ámbito de obras voluntarias por parte de los propietarios de viviendas y edificios, pero también a otro ámbito de obras legalmente obligatorias y de financiación forzosa por parte de la propiedad. En términos de mercado, se abre un campo de posible actividad-negocio y otro de segura actividad-negocio.

    De la lectura conjunta de estas dos normas (Ley Economía Sostenible + Real Decreto Ley 8/2001) se deduce que estamos hablando de un tipo particular de operaciones urbanísticas (ACMRs = Acciones de Conservación Mejora y Regeneración), con unos determinados sujetos intervinientes (comunidades de propietarios, cooperativas de propietarios, asociaciones de comunidades de propietarios y cooperativas, empresas, entidades financieras y la administración), con un régimen jurídico particular (en unos casos voluntarias y en otros obligatorias, en unos casos ADU = Actuaciones de Dotación Urbanística y, por ello, dotan y en otros casos no, etc) y con unos determinados mecanismos de financiación (divisiones de viviendas grandes en pequeñas, mayores aprovechamientos urbanísticos en forma de nuevas viviendas y locales, ayudas públicas, créditos refractarios entre comunidades de propietarios y entidades financieras, etc).

    A expensas de una lectura más en profundidad, entiendo que las principales novedades del Real Decreto Ley 8/2011 en este campo pueden ser las siguientes: (1) reforzar el papel de las comunidades de vecinos, asociaciones y cooperativas, (2) concretar el 50% de edificabilidad, viviendas o edificios como límite para las ADU y (3) elevar la ejecución subsidiaria al 75% del coste de reposición.  

    El Real Decreto regula también de forma somera las Inspecciones Técnicas de Edificios. A mi juicio, esta regulación estatal (mínimo común denominador para todas las CCAA) puede quedarse en poca cosa, pues las CCAA tienen capacidad de dilatarlo ad infinitum y de relativizarlo o rebajarlo de forma muy severa.

    Por motivos profesionales, en recientes fechas he estado tratando de persuadir a constructores y promotores vascos de que parte del futuro tiene que ver con la alianza de comunidades de vecinos, empresas, entidades financieras y la administración para gestionar operaciones en las que puede haber plusvalías urbanística en suelo urbano consolidado, aumento del valor inmobiliario y de uso para los vecinos y mejora del medio urbano en general (con especial atención al medio ambiente). La cosa no es fácil pues las ayudas públicas son aún escasas, la financiación de cajas y bancos es hoy inexistente para estas operaciones, las empresas del ramo se niegan a dejar de ser transformadoras de suelo y edificadoras de viviendas libres para su venta con subrogación de hipoteca al adquirente (la mayor parte de ellas quieren seguir siendo lo que siempre han sido) y algunos profesionales que deberían existir (gerentes comunitarios) aún no existen en España.

    Como ya he comentado en este blog, en Cuatrecasas Gonçalves Pereira Bilbao hicimos un desayuno de trabajo el pasado 24 de mayo para presentar las novedades de la LES al sector y tuvimos con nostros a promotores privados, públicos, entidades financieras y arquitectos. Algunos veían el tema, pero en general la reticencia era grande (en la UE esto funciona, pero allí la gente no está tan endeudada; además al haber mucho alquiler los gestores de estas operaciones son empresas titulares de uno o varios edificios en alquiler y no particulares; las familias españolas no están por esta labor; este no es mi negocio; las agencias de rating penalizan todo lo que cajas y bancos hagan sobre inmobiliario en España …).

    Si tuviera que resumir en muy pocas palabras el retorno, diría que en el sector público se ve con claridad que en las próximas décadas su actividad principal va a estar centrada en la renovación urbana. El sector privado ve esto como otra posibilidad de negocio, aunque accesorio del principal de la construcción de vivienda nueva para su venta y en cualquier caso aún experimental. Ciertos profesionales y entidades del sector ven claras las posibilidades de colaboración público privada y negocio para las empresas. Y el sector financiero, reconociendo que aún debe digerir las externalidades de ciertos negocios inmobiliarios de la pasada década y que están bajo el atento escrutinio del BE, el BCE y las agencias de calificación, no se cierra en banda a financiar parcialmente operaciones de renovación urbana, siempre que esté clara la cadena de responsabilidad crediticia y haya solvencia por parte de los deudores (sean estos una empresa privada, una o varias comunidades de vecinos, las administraciones o todos ellos en alianza).

    Yo personalmente sigo convencido que en este asunto España y Euskadi también debe converger con la UE (donde en muchos países la renovación urbana supone casi la mitad del negocio inmobiliario privado y la actividad pública en la materia). No se trata de converger por converger, sino de tener ciudades y mercados más equilibrados y sanos. Vida urbana más razonable, mercados  inmobiliarios más estables y Administraciones más centradas en la calidad de vida integral. Todo esto, que tiene mucho que ver con el interés general, es en mucho países de la UE un negocio del que viven muchas personas, que permite la existencia de una amplia red de empresas privadas y que aporta valor al PIB. No veo la razón por la que debamos ser diferentes (y más disfuncionales) en esto. Ergo, creo que se está lanzando un nuevo urbanismo que puede ser beneficioso para la ciudadanía, más lógico para el sector público y un nuevo negocio para las empresas privadas.

    Veremos que da de si el asunto, pero en principio, parece que hay agua (al menos jurídica, despues de la Ley de Economía Sostenible y el Real Decreto Ley 8/2001) en la piscina. Como siempre, el que primero y mejor llegue, se llevará la mejor y mayor parte del premio. Ser pionero tiene riesgos, pero si se tiene éxito, las recompensas pueden ser interesantes. Y no me refiero solo a las empresas y entidades financieras, pues en esto tambien tienen que ganar las comunidades de vecinos, los ayuntamientos y la calidad de vida urbana en general.

     

     

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  • LEY DE ECONOMIA SOSTENIBLE Y NUEVO URBANISMO EMERGENTE

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    La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (artículos 107 a 111) ha supuesto una serie de cambios importantes en el urbanismo español, de manera muy especial en el campo de la renovación de viviendas, edificios y barrios. Por otra parte, es público que el Gobierno de la Nación trabaja en un borrador de Proyecto de Ley de Medio Urbano Sostenible que puede ver la luz en breves fechas y que continuará la senda abierta en esta materia por la Ley de Economía Sostenible. Y finalmente, en el ámbito vasco, es conocido el Anteproyecto de Ley de Vivienda del Gobierno Vasco que dedica una atención preferente a la rehabilitación y regeneración urbanas.

    Las nuevas técnicas jurídicas perfiladas en este naciente corpus normativo apuntan, entre otras cosas, a un escenario de cooperación público privada en suelo urbano que puede ser de interés para las empresas del sector inmobiliario, máxime en los actuales tiempos de repliegue en suelo urbanizable. La posibilidad de suscribir convenios a tres bandas (administración, propietarios y empresas privadas) para la renovación de viviendas, edificios o incluso barrios, en los que la administración aporte subvenciones y gestión administrativa, los propietarios parte de la inversión, las empresas privadas su saber hacer en la materia (llegando a poder cobrar en partes de los edificios renovados -segregaciones, redensificaciones, etc-) y las entidades financieras otra parte de la financiación, entiendo debe ser tenida muy en cuenta por el sector.

    Conceptos legales tales como el Medio urbano Sostenible, las Actuaciones de Renovación y Rehabilitación Urbana o las Actuaciones de Mejora Forzosa es posible que formen parte relevante del futuro del sector. Instrumentos jurídico-administrativos ya conocidos como la expropiación, la ejecución subsidiaria, la redensificación o la reclasificación de dominio público o espacios libres van a adquirir nuevos perfiles (algunos expertos hablan de una verdadera revolución de la paleta jurídica ya existente) en el suelo urbano de España y Euskadi.

    A este respecto, es clave entener que la nueva normativa apunta a un ambito de obras voluntarias por parte de los propietarios de viviendas y edificios, pero tambien a otro ámbito de obras legalmente obligatorias y de financiación forzosa por parte de la propiedad. En términos de mercado, se abre un campo de posible actividad-negocio y otro de segura actividad-negocio.

    Por todo lo anterior, Cuatrecasas Gonçalves Pereira organizó el pasado 24 de mayo en Bilbao un desayuno de trabajo sobre la materia con su contenido habitual, eminentemente práctico, y con la intención de examinar pormenorizadamente la situación actual de la normativa, la futura praxis legal y las posibilidades de negocio y de colaboración público privada que se abren para el sector inmobiliario vasco. Al mismo asistieron una serie de promotores privados y públicos, así como profesionales del sector, el cluster de la industrialización de la construcción ERAIKUNE (que reflejó el asunto en su blog) y la entidad financiera BBK.

    Si tuviera que resumir en muy pocas palabras el retorno de todos los asistentes, diría que en el sector público se ve con claridad que en las próximas décadas su actividad principal va a estar centrada en la renovación urbana. El sector privado ve esto como otra posibilidad de negocio, aunque accesorio del principal de la construcción de vivienda nueva para su venta y en cualquier caso aún experimental. Ciertos profesionales y entidades del sector ven claras las posibilidades de colaboración público privada y negocio para las empresas. Y el sector financiero, reconociendo que aún debe digerir las externalidades de ciertos negocios inmobiliarios de la pasada década y que están bajo el atento escrutinio del BE, el BCE y las agencias de calificación, no se cierra en banda a financiar parcialmente operaciones de renovación urbana, siempre que esté clara la cadena de responsabilidad crediticia y haya solvencia por parte de los deudores (sean estos una empresa privada, una o varias comunidades de vecinos, las administraciones o todos ellos en alianza).

    Yo personalmente sigo convencido que en este asunto España y Euskadi también debe converger con la UE (donde en muchos países la renovación urbana supone casi la mitad del negocio inmobiliario privado y la actividad pública en la materia). No se trata de converger por converger, sino de tener ciudades y mercados más equilibrados y sanos. Vida urbana más razonable, mercados  inmobiliarios más estables y Administraciones más centradas en la calidad de vida integral. Todo esto, que tiene mucho que ver con el interés general, es en mucho países de la UE un negocio del que viven muchas personas, que permite la existencia de una amplia red de empresas privadas y que aporta valor al PIB. No veo la razón por la que debamos ser diferentes (y más disfuncionales) en esto. Ergo, creo que se está lanzando un nuevo urbanismo que puede ser beneficioso para la ciudadanía, más lógico para el sector público y un nuevo negocio para las empresas privadas. Veremos que da de si el asunto, pero en principio, parece que hay agua en la piscina. Aunque como siempre, el que primero y mejor llegue, se llevará la mejor y mayor parte del premio.

     

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