LEOLO

El pasado 6 de marzo tuvo lugar un interesante debate parlamentario sobre los desahucios, las hipotecas, la dación en pago y la vivienda en el Congreso de los Diputados.

Se suscitó como consecuencia de una Moción consecuencia de Interpelación Urgente al Gobierno del Grupo Parlamentario la Izquierda Plural (defendida por el diputado Joan Coscubiela -foto de arriba-). Y el debate completo se puede ver integro en este vídeo oficial de las Cortes españolas (comienza en 2 horas y 19 minutos y acaba en 3 horas y 9 minutos).

Del mismo yo deduzco los siguientes aromas:

• PP: este problema va a ser atajado por el Código de Buenas Prácticas Bancarias sobre Hipotecas que el Ministro De Guindos presentó en sociedad hace unas semanas y que el día 9 de marzo será publicado en el BOE.
• PSOE: esta emergencia social debe ser combatida con una moratoria en el pago de las hipotecas de las familias en riesgo de perder su vivienda (tipo línea moratoria ICO que ya fue implementado por el anterior Gobierno); en los casos de ejecución hipotecaria, con alquiler temporal en la que fue vivienda de los ejecutados y hoy es propiedad del banco/caja ejecutor; a futuro debe aceptarse la dación en pago como régimen hipotecario habitual o más común; es necesario crear un parque de vivienda en alquiler barato que se puede hacer entre la banca y el estado, con parte de los stocks de la primera y la capacidad de gestión y servicio público del segundo; y debe aprobarse de una ley de insolvencia personal o familiar.
• Izquierda Plural: esta emergencia social debe afrontarse con un enfoque a corto plazo que implique: dación en pago retroactiva, alquiler en su ex vivienda para los desahucios que se sigan produciendo y creación de un parque público de vivienda en alquiler para todo tipo de público, pero empezando por los desahuciados y poniendo en primer lugar a disposición los activos inmobiliarios de los bancos y cajas intervenidos por el FROB (entidades financieras públicas = viviendas en stock públicas y al servicio del interés general). Y con otro enfoque a medio y largo plazo, fundamentalmente a través de una ley de limitación de la capacidad de endeudamiento hipotecario de las personas y familias.
• CIU: este grave problema se soluciona con una ley concursal bien adaptada para las personas físicas y familias, a imagen y semejanza de las quiebras empresariales (donde la responsabilidad de empresario no es para toda la vida y sobre todos sus bienes presentes y futuros, sino que se circunscribe a los activos de su negocio en el momento de la quiebra).
• UPyD: esta emergencia social hay que afrontarla ya, se anuncia una proposición de ley de este Grupo Parlamentario, en la que parece que se acepta la dación en pago, pero no se aceptan límites legales al endeudamiento hipotecario de las personas y familias.
• PNV: esta emergencia social, que va a ir a mucho peor en el futuro, debe ser atajada por el estado ya. Se ponen a disposición del resto de grupos parlamentarios. Votan a favor de la Moción de la Izquierda Plural. Y esperan poder ser útiles en los trabajos parlamentarios que a buen seguro van a modificar varias leyes.
• NaBai, Compromis-Equo y Coalición Canaria: intervienen para apoyar la Moción de Izquierda Plural.

Estos aromas, me producen las siguientes sensaciones:

• En el PP son magos en la comunicación política. En este tema va a parecer que son los que han cogido el toro por los cuernos y con sentido común han tomado medidas como Dios manda. Perdón por los lugares comunes, pero es lo que el propio PP usa como libro de estilo comunicacional. Pero, en realidad, van a hacer nada o casi nada, pues todo lo dejan a que los bancos y cajas apliquen voluntariamente un código de buenas prácticas. Es decir, el PP propone dejar legalmente las cosas tal y como están ahora.
• El PSOE ha movido ficha. Busca fórmulas para que no se produzcan más desahucios, para que los ejecutados se queden de alquiler en la que fue su casa y para que el stock de vivienda vacía se redirija en parte hacia el alquiler asequible, barato y/o social. También buscan fórmulas para que esto no se vuelva a producir en el futuro, especialmente con la dación en pago como régimen común hipotecario y con una legislación de insolvencia personal o familiar. A pesar de esta postura, perfectamente defendible en sociedad en general y en círculos de la izquierda en particular, el PSOE arrastra el problema de haber gobernado y no haber hecho nada de sustancia en la materia (salvo facilitar por dos veces en sendas leyes el desahucio de inquilinos).
• Izquierda Plural reproduce casi de forma mimética la posición de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (dación en pago retroactiva, moratoria de desahucios y parque público de alquiler social, a lo que añade, mirando más allá del aquí y el ahora, un mecanismo para evitar que esto se reproduzca a futuro (limitación legal del crédito hipotecario sucribible por personas y familias).
• CIU cree que un problema social y económico estructural se puede solucionar con magia jurídica. O lo cree, y son unos simples, o creen que nos vamos a creer que ellos lo creen, y entonces los simples seríamos nosotros.
• UPyD: va a favor de la corriente social de indignación, pero, de momento, no concreta sus propuestas.
• PNV: wait and see, pero tiene claro que este es un tema sangrante en el que aportará su grano de arena, desde la legitimidad de representar (parcialmente) al territorio con menos desahucios de España (que por algo será).
• Grupo Mixto, en buena parte, están con el planteamiento de Izquierda Plural o incluso van más lejos.

El debate me ha llevado a ciertos temas estructurales que creo deben ser mencionados:

• El PP defiende que la dación en pago parece buena para la gente, pero en realidad es mala. Haría que el crédito fuese más caro y menos abundante, con lo que la vivienda sería mucho más inaccesible. Este es un tema clave, pues la gente puede comprar esta mercancía política averiada y se le puede ocultar la verdad objetiva, contrastada con evidencia científica dura. España con dación en pago es uno de los países con la vivienda más inaccesible de la UE (sobre 7 salarios anuales íntegros para sufragar una vivienda para toda la vida). Los países de la UE con dación en pago no tienen una vivienda más cara y un crédito hipotecario menos accesible, sino todo lo contrario (sobre unos 3 salarios anuales íntegros para sufragar una vivienda para toda la vida). Ahora bien, lo que si hay una enorme diferencia es entre la tasa de beneficio de las entidades bancarias españolas por el negocio inmobiliario doméstico (con beneficios en épocas de vacas gordas y ayudas públicas en momentos de crisis) y las tasas de beneficio inmobiliario de las entidades financieras del resto de la UE. Lo que el PP quiere proteger, me temo, no es la accesibilidad a la vivienda, sino el desmesurado negocio inmobiliario y urbanístico especulativo que hay en España.
• UPyD denuncia que se trate a los ciudadanos como menores de edad al sugerir que hay que poner límites legales a su capacidad de endeudamiento hipotecario. Incluso pregunta ¿no son los españoles mayores de edad lo suficientemente adultos como para saber cuanto se tienen que endeudar y como para que no sea necesaria una tutela no solicitada del estado intervencionista? Bien, pues la respuesta a esta pregunta, mal que les pese a algunos, es no. Los españoles no son lo sufiencientemente maduros en términos de cultura financiera como para saber cuando se endeudan mñas de la cuenta. Es más, los propios ejecutivos financieros tampoco son los suficientemente maduros como para saber cuando compremeten en exceso a sus bancos y cajas en el negocio inmobiliario. Me remito a las pruebas, caminamos hacia el medio millón de familias puestas de patitas en la calle, hay millones de familias sobrehipotecadas y todo nuestros sistema financiero está quebrado por una sola razón: atracón de suelos, ladrillos e hipotecas. Por cierto, Cameron en el Reino Unido y Sarkozy en Francia son en esta materia intervencionistas. Ambos países tienen leyes que limitan la capacidad de endeudarse de sus ciudadanos en la adquisición de una vivienda: el 30% del salario mensual para el pago de hipoteca en Francia y 3 salarios anuales íntegros para la compra de una vivienda en el Reino Unido. ¿Porque gente tan liberal y conservadora como estos dos políticos imponen estas restricciones a la ciudadanía a la hora de hipotecarse? Sencillo, una hipoteca suelta no va a ningún sitio, pero millones de ellas juntas compromenten la economía de un país entero.
• Todo el mundo habla de hipotecados que pierden su vivienda en propiedad, pero nadie habla de los inquilinos que en paro o empobrecidos por otras razones son expulsados de sus viviendas de alquiler. A finales del 2011 hice unos números y me dio la siguiente ratio: tenemos 8 propietarios de vivienda por 1 inquilino, pero los inquilinos están siendo objeto de el doble (proporcionalmente) de desahucios que los hipotecados. Lamento llamar la atención sobre los más vulnerables de entre los vulnerables, pero es que tengo muchos resabios de mi educación cristiana y socialista. Casi nadie habla por esta gente, pero existen.
• En un debate parlamentario de casi una hora casi ningún diputado pone en relación dos magnitudes que cualquier académico que estudie el mercado y las políticas públicas de vivienda cita: España tiene millones de viviendas vacías (el INE habla del 20% de nuestro parque, 6 millones) y nos acercamos al medio millón de personas puestas de patitas en la calle. En casi todos los países de la UE estas dos magnitudes (6 millones de viviendas sin personas y medio millón de personas sin casa) lleva a las autoridades públicas (de casi todo signo político) a implementar medidas para penalizar la vivienda vacía y hacerla salir hacia el alquiler barato. Palabras como multa, requisa, alquiler forzoso, expropiación, ocupación o derribo son usadas por las legislaciones europeas en vigor desde hace décadas, sin demasiada controversia socio-política y con el convencimiento que construir viviendas para tenerlas vacías y procrear gente para tenerla en la calle es de necios e incluso de irresponsables.  
• Me produce una tremenda tristeza comprobrar que más de media docena de partidos de izquierdas en el Congreso no pactan una postura unitaria en este asunto, cuando sus posturas no están alejadas como para justificar tal desunión. Si sindicatos y partidos de izquierdas pactaran una plataforma común en materia de desahucios, el PP tendría mucho más dificil sus maniobras dilatorias y de distracción. Si hubiese una plataforma unitaria de progreso en este tema, los más machacados por la burbuja inmobiliaria podrían ser atendidos antes y mejor. Pero, de momento, hay lo que hay. Una verdadera pena que lamento y que creo que aún más lo haremos en el futuro inmediato.

RES PUBLICA. El portal jurídico vasco acaba de publicar un artículo mío (en realidad unas modestas notas) sobre la crisis, su génesis, como nos quieren hacer "salir" de ella y cual debería ser la salida que aspire a incluirnos todos. El artículo se llama "Como salir de la estafa llamada crisis en el ocaso de nuestro modo de producción".

Pido disculpas por escribir sobre economía, dado que solo soy un aficionado a la misma. Pero los legos, de vez en cuando, tampoco está mal que publiquemos al lado de gente que si sabe lo que se hace. Como es el caso en esta serie de artículos sobre la crisis puesta en pie por Res Pública. El portal jurídico vasco.

Sea como fuere, recomiendo vivamente los artículos de MIKEL ZURBANO, JOAQUIN ARRIOLA, MANU FERNANDEZ y ALBERTO ALBERDI ya publicados por RES PUBLICA en su serie sobre la crisis.

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Recientemente dos entidades públicas (la Gerencia de Servicios de Vivienda, Urbanismo y Actividades GSHUA de la Diputación de Barcelona y la Asociación Española de Promotores Públicos de Suelo y Vivienda (AVS)) me han pedido que reflexione sobre la nueva agenda local en materia de urbanismo y vivienda, en estos tiempos de crisis financiera, recesión económica y recortes en el sector público.

Fruto de esa reflexión, que empezó en unas jornadas de las que di cuenta en este blog hace unos meses, he redactado un artículo (que será publicado por la Diputación de Barcelona en breve y que, de momento, no puedo compartir) y una presentación para otras jornadas.

En ambos materiales analizo las causas de la situación actual, sugiero reformas extructurales para que en el futuro no nos veamos de nuevo en una situación parecida a la actual y aporto una serie de técnicas, proyectos, productos y servicios que pueden ayudar a corto plazo y de forma pragmática (creo) al sector local del urbanismo y la vivienda a seguir prestando un servicio a la sociedad.

Por si todo esto es de interés para alguien, dejo la presentación y hago saber a responsables políticos, gestores públicos y técnicos del sector que, personal y profesionalmente, estoy comprometido con las soluciones que describo y que estaría encantado de ayudar a implantarlas allí donde se consideren de interés. 

• ESPAÑA, URBANISMO, 2012: PELIGROSO VIAJE IMPOSIBLE HACIA 1998.
• EL TRATAMIENTO DE LA VIVIENDA VACIA EN ESPAÑA Y EL RESTO DE LA UE
• MIENTRAS TANTO, RE Y CO 
• HOUSING PRIDE
• ¡CON LA DE CASAS VACIAS QUE HAY EN LA CIUDAD!
• NUEVA AGENDA LOCAL EN MATERIA DE VIVIENDA: LA SITUACION ES DESESPERADA, PERO NO GRAVE ...
• SPANISH BRICK 2012 ... E LA NAVE VA
• MALOS TIEMPOS PARA LA LIRICA URBANISTICA PUBLICA
• GASTO PUBLICO EN VIVIENDA EN ESPAÑA. EL EJEMPLO DE EUSKADI EN EL 2007
• LES LLAMAMOS POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA Y NO LO SON
• VIVIENDA PUBLICA EN ALQUILER, ESPAÑA 2011: PRIVATIZACION AVANT LA LETTRE
•  2011, VIVIENDA, ESPAÑA: SOSTENELLA Y NO ENMENDALLA
• EL MUNDO AL REVES: LA SOCIEDAD PUBLICA DE ALQUILER (SPA) DEDICADA A LA COMERCIALIZACION DE VIVIENDA LIBRE EN PROPIEDAD

PROPUESTAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS EN MATERIA DE VIVIENDA

• PROGRAMAS DE VIVIENDA PARA LAS ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE DEL 2011
• PROPUESTAS DE VIVIENDA DEL GOBIERNO EN EL DEBATE DEL ESTADO DE LA NACION

JURISPRUDENCIA SOBRE DERECHO A LA VIVIENDA

• EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y EL DERECHO A LA VIVIENDA (con motivo de las ejecuciones hipotecarias)
• EL TRIBUNAL SUPREMO Y SU CONCEPCIÓN DE LA VIVIENDA SOCIAL EN ALQUILER

ACTIVISMO SOCIO-POLITICO Y VIVIENDA: 15M, DRY, PLATAFORMA AFECTADOS POR LA HIPOTECA, PVD, ETC

• VIVIENDA, PROBRES Y EL PAPEL DEL ACTIVISMO Y EL DERECHO COMO INSTRUMENTOS DE CAMBIO SOCIAL
• DACION DE VIVIENDA EN PAGO DE DEUDA HIPOTECARIA: NOVEDADES Y CIERTA ESPERANZA.
• GRUPO DE DEBATE "VIVIENDA PUBLICA YA"
• GRUPO DE DEBATE "VIVIENDA PUBLICA YA", DEBATE 1.- ALQUILER DE VIVIENDA. PRIMERA TANDA DE PROPUESTAS DE REFORMA POLITICO-LEGAL Y ACCION SOCIO-POLITICA
• GRUPO DE DEABTE "VIVIENDA PUBLICA YA", DEBATE 2.- MOVILIZACION DE VIVIENDA VACIA HACIA EL ALQUILER SOCIAL.
• GUIA DE DENUNCIA PARA UNA VIVIENDA DIGNA

DEBATE ACADEMICO SOBRE EL DERECHO A LA VIVIENDA

• SEMINARIO EKITEN THINKING SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE VIVIENDA DEL PAIS VASCO(2011)
• PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE URBANISMO SOSTENIBLE (VITORIA-GASTEIZ 2011)
• SEGUNDO LABORATORIO DE IDEAS EKITEN THINKING: EL TRATAMIENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA EXISTENTE EN LOS NUEVOS PLANES DE VIVIENDA. VIVIENDA VACIA Y SOBREOCUPACION

TEMAS (RE): MEDIO URBANO SOSTENIBLE

• NUEVO DERECHO PARA UN URBANISMO EMERGENTE EN LA CIUDAD YA EXISTENTE
• LEY DE ECONOMIA SOSTENIBLE Y NUEVO URBANISMO EMERGENTE
•  NUEVAS OPORTUNIDADES EN LA REHABILITACION URBANA
• REHABILITANDO LA REHABILITACION
• AHORRO, EFICIENCIA ENERGETICA, EERR, EDIFICIOS Y VIVIENDAS ¿TIEMPOS DE CAMBIOS IRREVERSIBLES?
• EL “IMPULSO” DE LA REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS EN ESPAÑA

TEMAS (CO) NUEVAS FORMAS DE GESTION DE LA VIVIENDA

• OTRAS VIVIENDAS: COVIVIENDA
• CO

FINANCIACION INMOBILIARIA

• JORNADA ERAIKUNE SOBRE FINANCIACION INMOBILIARIA

POST EN INGLES

• REAL STATE. SPAIN. 2011: E LA NAVE VA …
• PUBLIC RENTAL STOCK, SPAIN, 2011: PRIVATIZATION AVANT LA LETTRE
• FIRST INTERNATIONAL MEETING ON SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT (VITORIA-GASTEIZ 2011)

POLITICAS PUBLICAS VIVIENDA EUSKADI

• PRESUPUESTO VIVIENDA GOBIERNO VASCO 2012: EL CURIOSO CASO DE BEJAMIN BUTTON LOPEZ
• EL GOBIERNO VASCO EXPLICITA UN CAMBIO DE RUMBO EN MATERIA DE ALQUILER PUBLICO
• ULTIMAS NOTAS (de momento) SOBRE EL PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA Y REGENERACION URBANA DEL GOBIERNO VASCO 2010-2013
• MAS IMPRESIONES SOBRE EL PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA Y REGENERACION URBANA DEL GOBIERNO VASCO 2010-2013: LOS RECURSOS ECONOMICOS 
• PRIMERAS IMPRESIONES SOBRE EL PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA Y REGENERACION URBANA DEL GOBIERNO VASCO 2010-2013: LAS TABLAS DE OBJETIVOS 
• PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA Y REGENERACION URBANA DEL GOBIERNO VASCO 2010-2013 
• EVITAR NUEVAS BURBUJAS FINANCIERO-INMOBILIARIAS EN EUSKADI
• PLAN ESTRATEGICO DE REHABILITACION Y REGENERACION URBANA 201-2013 DEL PAIS VASCO
•  COMENTARIOS SOBRE ESTADISTICAS DE VIVIENDA EN EUSKADI EN LA PASADA DECADA
•  GASTO PUBLICO EN VIVIENDA EN ESPAÑA. EL EJEMPLO DE EUSKADI EN EL 2007
•  ALQUILER PUBLICO, GOBIERNO VASCO Y FONDOS PRIVADOS DE INVERSIONES
•  ALQUILER PUBLICO DE VIVIENDA: EUSKADI SE ALEJA DE LOS PAISES LIDERES DE LA UE
• VIAS (agonizantes, non natas, estériles) DE IMPUSO DEL ALQUILER PROTEGIDO EN EUSKADI
• ¿EL PRINCIPIO DE FIN DE LA VIVIENDA PROTEGIDA VASCA?
• EL CRUDISMO EN MATERIA DE POLITICA DE VIVIENDA EN EUSKADI

El sector público español se desenvuelve hoy en un contexto extraordinariamente adverso. Las restricciones financieras provocadas por la crisis financiera global y los programas de contención del gasto público que han seguido a los rescates públicos del sector financiero e inmobiliario hacen hoy en España mucho más difícil la prestación de unos servicios públicos “a la europea”.

Antes de abordar algunas posibles soluciones a la actual situación del sector público español, entiendo que es necesario hacer una valoración de la génesis causal de la situación actual. Es frecuente leer en estos días informaciones que dibujan al sector público español como sobredimensionado, derrochador, poco profesional, detractor de recursos privados y limitador del desarrollo socio-económico. Sin perjuicio de evidentes márgenes de mejora, esta caracterización no solo no es justa, sino que se da de bruces con la realidad fáctica expresada en datos objetivos.

En España algo más de 12% de sus trabajadores lo son del sector público (datos OCDE 2008). Países que consideramos referentes de eficiencia y eficacia como Estados Unidos o el Reino Unido están en la banda del 14 al 18%. Y los campeones mundiales de la competitividad y los entornos atractivos para la inversión extranjera, los estados escandinavos, superan en ocasiones el 25%. Por tanto, en España no tenemos demasiados trabajadores públicos, sino más bien todo lo contrario.

Otro dato al que se hace referencia habitualmente en los medios de comunicación en estos momentos es a la presunta excesiva presión fiscal y detracción de recurso del mercado y la sociedad. La realidad es que España es uno de los países de la OCDE con una menor presión fiscal (menos de un 30% de nuestro PIB), lejos de la media de la UE (40%) y a años luz de los escandinavos (50%). Consecuentemente, nuestro sector público consume menos recursos que los de nuestro entorno. Otra cosa es que, dado nuestro elevado nivel de fraude fiscal (sobre el 30% de nuestro PIB) la carga fiscal, liviana en términos de hacienda comparada, es severa al ponerse sobre todo en los hombros de trabajadores con nómina (IRPF) y consumidores (IVA e impuestos especiales).

Finalmente, es frecuente leer y escuchar que buena parte de nuestro sector público se dedica al buen vivir, sin aportar nada positivo a la sociedad española. Demagogia aparte, cualquier ciudadano que pague impuestos y reciba servicios públicos puede apreciar el duro y buen trabajo que realizan, entre otros, nuestros sanitarios, docentes, policías, militares y trabajadores sociales. Siendo estos, por cierto, casi dos terceras partes del total de nuestros trabajadores públicos. Tampoco creo que sea debatible la relación calidad-coste de servicios públicos españoles como el sanitario, educativo o de pensiones. En España es imposible obtener a ese precio y con esa calidad el mismo servicio en el mercado. Además muchos de los estados de la UE gastan más que nosotros para servicios de igual o incluso peor calidad (vg. servicio sanitario público). Ergo, la crítica de ineficiencia e ineficacia, tampoco parece justificada

Por otra parte, a pesar de que las críticas sobre recientes despilfarros son totalmente justificadas (yo mismo las ha hecho en este blog en relación a cierto urbanismo y ciertas infraestructuras), no podemos dejar de reconocer el salto que ha dado España en materia de infraestructuras de transporte y todo tipo de equipamientos comunitarios. Sin el papel tractor y vertebrador del sector público no estaríamos donde estamos.

Todos estos datos y apreciaciones no pueden ocultar el retraso social-público de España en relación a nuestros socios europeos. Gastamos menos que ellos en servicios públicos, tenemos menos empleados públicos y nuestros servicios públicos, siendo dignos y habiéndose mejorado con mucho esfuerzo en las recientes décadas, distan mucho de ser los propios de un estado del bienestar con capacidad para “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. España es aún un país con con varias convergencias europeas por hacer en materia de servicios públicos y derechos ciudadanos (muy notablemente en materia de dependencia y el cuarto pilar del estado del bienestar en general). Lo que tiene, no solo evidentes efectos en términos de igualdad socio-económica (no hay más que comparar nuestro coefciciente de Gini con el de muchos de nuestros socios de la UE-15), sino que también provoca no pocas externalidades a nuestro tejido productivo y fuerza laboral.

Por otra parte, es evidente que en estos momentos los servicios públicos en España están siendo atacados por los mercados y los partidos políticos de praxis neoliberal, con la excusa de la crisis (en realidad, crisis-estafa). Como reacción a este fenómeno toda la geografía española está asistiendo a movilizaciones de colectivos en defensa de los servicios públicos y de varios derechos ciudadanos. Muy especialmente, de los derechos a la educación (Escuela Pública Para Todos en Madrid - 1 y 2-), salud (Dempeus per la Salut Pública en Cataluña) y vivienda (Plataforma de Afectados por la Hipoteca por toda España). Suscribo todas estas movilizaciones en defensa del sector público, el estado del bienestar y los servicios públicos. De hecho, trato de echar una mano donde puedo, especialmente en los campos en los que se algo. Es tiempo de resistencia. Es tiempo de trazar líneas rojas. Es tiempo de luchar por nuestro futuro y el de nuestros hijos. Sin duda. Aunque también creo que es tiempo de alguna cosa más.

No podemos negar que el sector público español añade a sus problemas tradicionales propios del retraso social, otros más o menos nuevos, que han estallado en la actual coyuntura de crisis. En primer lugar, hay un desfase entre los ingresos estructurales y los gastos. Este desfase se puede cubrir con una homologación de la presión fiscal y fraude fiscal españoles a la media de la UE. Hay mucho margen de mejora en la recaudación fiscal, sobre todo recaudando impuestos entre las clases más acomodadas y menos productivas (que son las que menos impuestos pagan en nuestro país), sin por ello mermar posibilidades a nuestro tejido productivo o al consumo. Yo no confundo capital rentista o especulativo con capital que mezcla trabajo, financiación y materias para aportar plusvalor económico y bienestar social general. Lo primero debe ser desincentivado con fuertes impuestos. Lo segundo debe ser cuidado por el estado, sin menoscabo de la aplicación general del prinicpio constitucional de la progresividad fiscal. Pero, además de aumentar ingresos, también es claro que hay mucho recorrido en términos de reducción del gasto público en cada servicio como consecuencia de la aplicación de medidas de eficiencia y eficacia en la gestión pública. No hablo de reducir el gasto público, que creo debe subir hasta homologarse con la UE-15. Sino de reducir el gasto por servicio y per capita con la aplicación de técnicas de gestión que mejoren la eficiencia y la eficacia.

Es innegable la existencia de una serie de males en las Administraciones Públicas que debemos atacar. Entre ellos podemos citar los siguientes: rigidez, compartamentalización, lucha por las competencias en vez de trabajo en red orientado a la consecución de objetivos en tiempo y coste, escasa tradición de la medición del desempeño y los resultados, duplicidades administrativas, inexistente política activa de recursos humanos, dificultad para el control de costes, exceso de táctica y defecto de estrategia o inexistencia de mecanismo de financiación específicamente públicos.

Pero también es innegable que hay muchas técnicas a nuestra disposición mucho más beneficiosas a largo plazo para la sociedad en su conjunto que prácticas que estamos viendo en estos días: venta de activos públicos, privatización, reducción de servicios públicos o inyección de recursos públicos a cambio de nada a sectores privados necesitados de un salvamento.

Entre los posibles caminos a transitar debemos señalar todos aquellos que pertenezcan a la cultura del “entre todos, algo más lento y mejor”. España ha hecho un esfuerzo brutal (en términos cuantitativos, cualitativos y temporales) en materia de hardware (infraestructuras) y a partir de ahora debemos priorizar su ultrautilización y todo lo relativo al software social, público y mercantil (conocimiento orientado al tejido productivo y los servicios públicos). 

Para conseguir estos objetivos debemos aplicar medidas en materia de sinergias públicas, desapalancamiento financiero, financiación específicamente pública, una nueva forma de provisión del personal público y colaboración público privada en su triple vertiente: gestión de servicios públicos por parte de entidades profesionales sin ánimo de lucro (no confundir con grupos de voluntarios; yo me refiero a entidades que facturan por sus servicios, que pagan a sus empleados y tributan por su actividad, pero no reparten beneficios), empresas privadas con capacidad de gestión de lo público con ahorros de costes o mejoras en el servicio constatables y constatadas y cooperativas de profesionales que presten servicios públicos de acceso universal a través de contratos-programas con las administraciones. De todas las medidas que he citado, me detendré sobre la última: la cooperación estado-mercado-sociedad.

A mi juicio, los tres tipos de gestión mancomunada de los servicios públicos entre estado-mercado-sociedad pueden rendir extraordinarios beneficios para la sociedad, siempre que sean usados allí donde son necesarios por aportar valor colectivo y siempre que tengamos en cuenta una serie de líneas rojas. Algo ya he comentado en este blog sobre la conjunción de esfuerzos de estado-sociedad-mercado en materia urbana y de vivienda. A ello me remito ("mientras tanto" RE y CO 1 y 2) y en las líneas siguientes quiero tratar de generalizarlo al conjunto de los servicios públicos.

Por valor colectivo, me refiero a plusvalor social disfrutable por toda la ciudadanía con capacidad de producir igualdad de oportunidades (es importante no confundir cualquier actividad del sector público con un verdadero servicio público) y de mejorar las capacidades del tejido productivo (en este punto es bueno no confundir capital con capitalismo y producción con especulación).

En cuanto a las líneas rojas, yo creo que deben existir en materia de titularidad, universalidad del acceso, financiación, calidad del servicio, condiciones de trabajo de los profesionales, inversión y reposiciones para garantizar la viabilidad del equipamiento o servicio, control de los costes finales reales, planificación, objetivos y estrategias, etc. A mi juicio, son absolutamente innegociables la titularidad pública de los servicios públicos (de todos), el acceso universal a los mismos (para todos) y la forma de financiarlos (con los impuestos de todos). Aprovecho para señalar que los llamados copagos, no son sino repagos, al menos para los que pagamos nuestros impuestos y no evadimos la acción del fisco. De la misma manera, debe ser innegociable la dignidad de las condiciones laborales de todas las personas que directa o indirectamente trabajen para el sector público. Y siempre debe garantizarse que la introducción de empresas, entidades sin ánimo de lucro y cooperativas de profesionales efectivamente reducen los costes y/o mejoran los servicios, sin que una deficiente política de inversiones y reposiciones haga inviables a futuro los servicios cuya gestión se ha externalizado. No hay ni que mencionarlo, pero un servicio público gestionado externamente, no deja de ser responsabilidad de la Administración y por ello sus facultades de control del gestor y rendición de cuentas ante los parlamentos y las ciudadanías no se pueden rebajar ni siquiera un ápice.

En otros países de la UE estos los tipos de gestión de los servicios públicos mencionados (entidades sin ánimo de lucro, cooperativas de profesionales y empresas), junto con la tradicional y troncal gestión directa y el sector público empresarial, están dando buenos resultados. Y, si bien es cierto que es de torpes importar de forma acrítica técnicas foráneas, es de necios no mejorar nuestros servicios públicos con innovaciones de probada eficacia y eficiencia en países de nuestro cercano entorno.

Considero que hay un tipo de servicios de titularidad pública que solo deben gestionarse de forma directa por la Administración o indirecta por sus empresas públicas. De hecho, una mayoría pertenece a este grupo. Otros susceptible de cooperativización de los profesionales que lo prestan. Y finalmente otro que puede ser susceptible de mejora en la gestión mediante determinado tipo de empresas privadas. La clave está en saber cuál es la mejor opción para cada servicio y cual es la mezcla global óptima para el sector público.

No comparto una actitud bastante generalizada en la izquierda europea y española que considera cualquier cambio en el sector público que se salga de la gestión directa es una regresión y a quien lo defienda un traidor privatizador. Es evidente que los mercados sobrevuelan cual buitres sobre nuestros servicios públicos para mayor gloría de entidades privadas mercantiles con ánimo de lucro, muchas de ellas, además de carácter marcadamente especulativo. Pero, una cosa es defender a los servicios públicos de los ataques de los mercados, algo que debemos hacer. Y otra bien diferente es oponerse a cambios, mejoras y evoluciones que pueden hacer al sector público no solo más poderoso cuantitativamente sino más sofisticado cualitativamente.

Yo no estoy ni con los privatizadores ni con los inmovilistas. En el debate político supongo que estaré en minoría, pues ganan por goleada los privatizadores y los defensores del sector público son, en no pocas ocasiones, bastante inmovilistas. Si se me permiten las expresiones, el debate político está plagado de neoliberales que salivan ante los suculentos manjares que quieren ofrecer en banquete a sus jefes corporativos y de gente de izquierda bastante conservadora, bienintencionada, pero algo peligrosa. Fuera del debate político, creo ser parte de una amplia corriente en la sociedad española que quiere y paga (vía impuestos) unos servicios públicos amplios, dinámicos, cercanos, profesionales y con capacidad de generar verdadera igualdad de oportunidades, sin por ello desincentiva los genios creativos e innovadores.

Dicho de otro modo, la garantía de la igualdad de oportunidades y del bienestar general pasa inequívocamente por disponer en España de un sector público poderoso que sepa metabolizar lo mejor de la sociedad y el mercado, sin desviarse de su fin fundacional: reducir el miedo, incrementar la dignidad y posibilitar el desarrollo y bienestar integrales, sin menoscabo de la innovación y creatividad social y mercantil. En nuestras manos está. Animo a concejales, directores, consejero y ministros a ser audaces y ambiciosos. Animo a la ciudadania a ser activa en este debate. Y, en la medida de mis posibilidades personales, profesionales y socio-políticas, trataré de aportar mi grano de arena a esta cuestión. 

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Hace casi dos semanas asistí a un curso organizado por la UIMP y la Diputación de Barcelona relativo a los retos de las nuevas políticas locales de vivienda en el actual ciclo de crisis económica y de gobiernos renovados por el cuerpo electoral en todos los niveles político-administrativos.

El curso tuvo una numerosa y cualificada asistencia de académicos extranjeros y españoles, técnicos, profesionales, políticos Y expertos del mundo asociativo catalán. No tengo muy claro si los ponentes sabíamos más que los asistentes o eran estos lo que atesoraban el verdadero conocimiento. Sea como fuere, entre todos nos echamos una mano para tratar de saber como gestionar lo que ya se nos ha venido encima.

Casi todas las ponencias están disponibles en la web del evento, así que quien quiera trabajar sobre las mismas directamente puede hacerlo sin problema alguno.

Yo solo pude asistir a la jornada del tercer día que se consistía en dos mesas redondas, una de ex gestores de políticas públicas de vivienda que siguen unidos al tema y otra de actuales gestores públicos de vivienda y representantes del mundo asociativo catalán que trabaja estos asuntos.

En la mesa en la que participé traté de exponer una serie de notas, aún in itinere, pero que creo pueden contener algunas ideas utiles para los próximos meses/años en materia de políticas públicas de vivienda. Por si son de interés para alguien, dejo aquí mis notas, insistiendo en que son solo eso, notas, en tránsito y a buen seguro modificables/completables en el futuro.

Bien, despues de todos estos prolegómenos, comparto con vosotros las sensaciones que me traje para Euskadi de esta jornada catalana.

En la PRIMERA MESA se habló, entre otros, de los siguientes asuntos:

JOSEP MARIA VILANOVA (arquitecto urbanista)

• del debate competencial: ¿tienen los ayuntamientos competencias en materia de vivienda o solo las tienen en materia de urbanismo?
• del objetivo de las políticas públicas de vivienda: ¿las necesidades sociales de las personas en el marco del territorio o las necesidades financieras y comerciales del sector privado inmobiliario?
• de nuestro peculiar modelo de vpo en propiedad descalificable, que aqui llamamos tradicion y en el resto de la UE llaman financiar con dinero público la privatización del parque público de vivienda
• del papel central de las corporaciones locales en materia de vivienda, se defendió que solo ellas pueden poner en pié un nuevo lenguaje en relación a las políticas públicas de vivienda.
• de la diferencia entre ejecución de las políticas públicas de vivienda y la definición de su estrategia, entendiendo que lo primero debe ser local, pero lo segundo solo puede ser supramunicipal.

• de la necesidad de separar política económico-industrial (fomento público del sector privado inmobiliario) y política pública de vivienda (garantía del derecho a la vivienda de la ciudadanía).
• de la necesidad de diferenciar entre las medidas urgentes y coyunturales, que se deben aplicar en estos momentos en materia de vivienda, y las estructurales necesarias a futuro.
• entre las cuestiones que deben abordarse de forma inmediata, pues no admiten dilación, se citaron los desahucios de cientos de miles de ciudadanos, la sequía de crédito para operaciones de vivienda protegida en alquiler y los problemas de habitabilidad de personas que disponen de vivienda, pero esta no es adecuada.
• para atajar estos problemas coyunturales se habló de la conversión de parte del stock privado de vivienda en parque público de vivienda en alquiler, así como de la necesidad de producir parques públicos de alquiler, en el tiempo más corto posible, al coste más bajo posible y usando recursos ya existentes (lo cual a mi me recordó en cierta medida al programa Bizigune).
• en relación a las cuestiones estructurales, se apunto un cierto peligro de involución, habida cuenta del discurso que empieza a ser políticamente hegemónico favorable a la preponderancia de suelo privado, producción de vivienda privada y vivienda en propiedad privada (hipotecada).
• sin citarlo, se habló del abandono de las políticas públicas de vivienda cuando estas no son más que un iterno recien nacido en España y cuando, por la crisis social, son más necesarias que nunca.
• cuestiones como la función social de la propiedad (recogida en nuestra Constitución), el control público de la producción de suelo apto para su urbanización y edificación (mandato constitucional y legal en nuestro ordenamiento jurídico), la producción de vivienda pública o el alquiler social parecen correr serio peligro en los próximos meses/años.
• por ello se insistió en la necesidad de garantizar a futuro los logros normativos de los últimos años en este campo en España; aún no tenemos políticas públicas de vivienda europeizadas, al menos, si que tenemos en algunas CCAA una legislación en la materia bastante agiornada y europeizada, que ahora parece estar en peligro y que es necesario defender.

• yo, por mi parte, puse de relieve la unión entre políticas públicas financieras, hipotecarias, fiscales, laborales, de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda; todos estos factores afectan en España al derecho a la vivienda, pero los especialistas de cada campo no están por la labor de reconocer que todas estas materias están conectadas de forma intima.
• es más, defendí que la política financiera e hipotecaria de un Estado es lo que más influye en el acceso a la vivienda de la gente, dado un determinado nivel de empleo; es decir, que la gente que nos dedicamos a las políticas de vivienda, debemos reconocer la actual supeditación a las decisiones del Estado, Banco de España, bancos privados, cajas de ahorros y autoridades tributarias en materia financiero-hipotecaria-fiscal, que ven la vivienda exclusivamente como un mercado de inversión, en el que no juega casi ningún papel la cohesión socio-urbana o la necesidad de políticas públicas de vivienda compensatorias de las deficiencias del mercado y que tengan capacidad de poner en pié de igualdad a la ciudadanía en materia residencial.
• todo esto (multisectorialidad y agenda propia del estado en materia de vivienda) es algo bastante asumido en el resto de la UE y especialmente en estados con una vivienda mucho menos mercantilizada y mucho más publificada que, casualmente, son algunos de los EEMM de la UE que mejor están pasando por la crisis financiera e inmobiliaria europea actual; pero en España seguimos subyugados por el embrujo del ladrillo privado hipotecable y, parece ser, que la única manera de curarse de una burbuja inmobiliaria es con otra nueva.
• mi tesis es que en España hoy no se están atendiendo las externalidades sociales del estallido de la burbuja inmobiliaria, solo se presta atención a las necesidades del sector financiero y estamos sentando las bases de la próxima burbuja inmobiliaria patria; si no cambiamos los factores estructurales que nos han llevado a la burbuja de la pasada década, cuando se recupere el mercado financiero europeo y el empleo en España, volveremos a caer en una nueva y puede que más destructiva burbuja inmobiliaria.
• a pesar de partir de un aserto tan poco optimista, di algunas pautas de lo que creo puede ayudar en los próximos meses/años al sector público del urbanismo y la vivienda español a capear el temporal y a cumplir con su misión (que no es rescatar bancos, sino rescatar ciudadanos en situación de necesidad residencial).
• en primer lugar, defendí que las Corporaciones Locales tienen que conseguir un mejor arreglo financiero con CCAA y Estado, pues en estos momentos atienden muchas más tareas de aquellas para las que tienen financiación y el recurso contraproducente al ladrillo hoy no es posible y, cuando vuelva a serlo, no será conveniente.
• defendí que las competencias en materia de urbanismo sigan siendo fundamentalmente municipales, frente a los vientos de centralización, automatización y "objetivización" que corren estos días por España.
• defendí la aplicación de medidas estructurales en materia de crédito que nadie está defendiendo, tales como los límites legales a la cantidad de préstamo hipotecario a la que puede acceder una familia o crédito promotor al que puede acceder un empresario del sector; unos LTV estrictos, la aparición de las claúsulas legales antisobrendeudamiento por vivienda en España, la convergencia de España con la UE en materia de gasto público en vivienda y en relaciñon a parques públicos de alquiler del tipo y tamaño de los europeos.
• defendí cuestiones que varios partidos políticos dicen defender (aunque ya veremos que hacen en los próximos años) como la dación en pago, la existencia de una tasadora pública que rompa el monopolio de las tasadoras vinculadas a entidades financieras, o una fiscalidad que deje de estar volcada en la vivenda en propiedad e hipotecable.
• y también defendí cuestiones que solo reivindican en España partidos de izquierdas con escasa posibilidades de gobernar en estos momentos (aunque en la UE son el pan nuestro de cada día), como la banca pública, la existencia de instrumentos financieros públicos específicos para urbanismo y vivienda pública, las reservas legales de suelo para vivienda protegida, la construcción de un parque público permanente de alquiler social o la compra de vivienda privada en stock a precio de coste para dedicarla al citado parque público de alquiler.
• y finalmente me detuve de forma especial en las estrategias del sector público del urbanismo y la vivienda que yo llamo CO y RE; en las notas a las que hago referencia al principio de este post tenéis un cierto desarrollo que podéis consultar en caso de que sea de vuestro interés; en síntesis defiendo que menos y mejor es mas, muchas cosas va a ser necesario hacerlas a partir de ahora a través de la colaboración entre vecinos-administraciones-empresas, que lo cooperativo puede jugar un interesante papel, que la desfinanciarización parcial debe ser tenida en cuenta como una precondición de muchos nuevos proyectos y que muchas de las cosas que se van a hacer en los próximos años van a tener que ver más más con la reutilización de patrimonio ya existentes que con la construcción de nueva vivienda; como digo, en mis notas hay un mayor grado de desarrollo de estas ideas, asi como ejemplos de buenas y malas prácticas.

La conocida como ley estatal de dependencia de 2006 y las leyes y demás normativas autonómicas de servicios sociales alumbradas en España en los últimos años de la pasada década de vino y rosas están hoy en la encrucijada. 

Ni uno solo de los actores en juego tiene una posición fácil. Y todo apunta a que en los próximos meses/años vamos a ver cosas nuevas, difíciles y duras.

Las Administraciones Públicas que, con mayor o menor covicción y entusiasmo, han ido impulsando servicios, equipamientos y prestaciones en materia de dependencia, ven hoy con preocupación el nuevo ciclo financiero, económico y presupuestario. Es de todos conocidos que los momentos más complicados desde el punto de vista de la estructuración de un nuevo servicio público es la consolidación del mismo, una vez que este ha sido ideado y lanzado. Pues bien, casi en medio del lanzamiento, desconocemos si el cohete tiene suficiente combustible, si el rumbo es correcto y si la tripulación sigue comprometida con el viaje. Dada la alta sensibilidad electoral del asunto (millones de usuarios directos -titulares de derechos- o indirectos -sus familias- relacionados con el envejecimiento y las enfermedades ambas incapacitantes y dependizadoras en alguna medida) puede que haya una cierta tentación de no hablar claro. Dado el tamaño del problema económico (las cuentas no salen por bastante) también puede existir la tentación de ganar tiempo, diferiendo el problema para futuros años. E incluso, dado el nivel de cooperación público - privada en esta materia alguien puede abrigar la esperanza de cargar los costes de la menor disponibilidad financiera a los empresarios privados concertados del sector (mayor ventura y riesgo o incluso asunción vía licitación de condiciones imposibles de cumplir que llevarán a pérdidas empresariales no asumibles) y/o a los trabajadores del mismo (precarización).

Por parte de los usuarios, es evidente que la sensación de miedo a la pérdida de las ayudas (no me refiero solo a las económicas, pues los servicios y equipamientos también cuentan) puede implicar todo tipo de reacciones en función de los medios culturales y económicos de los afectados. Sea como fuere, si los usuarios avanzan hacia un escenario de pérdida de prestaciones, volverán la vista hacia su pecunio y familia (quien los tenga) para una vez más cargar las servidumbres de la dependencia, como ha sido norma en España, a los magros ingresos y ahorros y sobre todo en la familia (nuestro impropio estado del bienestar patrio).

Los empresarios del sector no lo están pasando, ni mucho menos, mejor. Miles de millones de pagos por las plazas y servicios concertados con las administraciones pendientes de cobro, con el consiguiente coste financiero de esos pagos no recibidos, provisiones e incluso pérdidas. Hoy mismo se anuncian posibles cierres de  centros por impagos de las administraciones. Por otra parte, casi la mitad de su capacidad instalada está ociosa. Las relaciones con las adminstraciones están siendo menos frecuentes de lo que se les prometió (el modelo iba a descansar fundamentalmente sobre profesionales y equipamientos, pero ha virado hacia el protagonismo de los familiares que reciben dinero por cuidar a sus dependientes -el cuidador informal-). Y los servicios privados puros y duros de dependencia tienen un coste que no guarda relación con el nivel adquisitivo de la familia media española. No me extenderé, pero es de todos conocida la situación del sector, en los últimos meses bien conocida por los profesionales que nos movemos en su entorno, y desde hace unos días por cualquier que lea la prensa.

Por cierto, no lo desarrollaré, pero todos somos conscientes de que en este campo hay soterrada hostilidad entre los empresarios privados con ánimo de lucro y las entidades sin ánimo de lucro que han recorrido el camino desde el activismo social hacia la profesionalización en los servicios sociales, aunque excluyendo el ánimo de lucro mercantil. No es un tema menor y convendrá saber como encajamos estas dos piezas del pluzle, así como las dos técnicas jurídicas al uso para la cooperación público-privada en esta materia (contratación pública y concertación).

Los trabajadores del sector, ya de suyo de ingresos menguados, con todo lo que se ha descrito, es claro que temen por su puesto de trabajo y medio de vida. No solo en términos de existencia del mismo, que obviamente ese es el primer temor, sino también en términos de posible precarización del puesto de trabajo.

No tengo datos concretos, pero supongo que también algunas entidades financieras puede estar empezando a tener pesadillas, pues los proyectos de residencias y centros privados se han financiado fundamentalmente por la banca privada o las cajas de ahorros. Y a día de hoy no solo hay dificultades para que el sector se desapalanque devolviendo sus créditos promotor a las entidades financieras, sino que las diferentes líneas de descuento privadas o públicas no están siendo operativas para permitir el cobro de los servicios ya prestados y con ello que el circulante a corto pague en la medida necesaria el inmobilizado a largo. Si empresas privadas del sector de la dependencia son declaradas en concurso de acreedores, además de todo el dolor y sufrimiento propio de estos procesos, nos toparemos con el dato adicional de que las daciones en pago de suelo y edificaciones propias del sector inmobiliario no operan de la misma manera en este caso (pues estamos ante dotaciones privadas sin aprovechamiento urbanistico residencial o comercial).

¿Como se sale de todo esto? No lo se, al menos no con certeza. Si tengo claro que ganar tiempo, trasladar el problema a la próxima década y generación o esperar a que las cosas vuelvan a la "normalidad" de los pasados "buenos tiempos" no es una solución y puede acabar siendo parte del problema. Me temo que adminstraciones, empresarios, trabajadores, entidades financieras, usuarios y contribuyentes tendrán que hacer cuentas, ver lo que es financiable y lo que no, potenciar al máximo las sinergias operativas (algo manifiestamente mejorable en este campo), buscar una financiación público-privada adecuada para estas actividades, maximizar la eficiencia y la eficacia y (casi lo lanzo como provocación) no despreciar las posibilidades de la cooperativización de servicios (que en algunos casos son de responsabilidad pública y prestación concertada privada, muy intensivos en mano de obra y de baja intensidad en materia de capital). Sea como fuere, creo que lo mejor será no hacernos trampas al solitario, buscar la máxima eficacia y eficiencia en los servicios públicos y entidades privadas que operan en el sector y tratar de preservar la mayor cantidad de puestos de trabajo y actividad económica que sea posible.

Lamento citarlo en último lugar, pero como el usuario de un servicio público o el cliente en un mercado son los centros de la actividad de administración y empresas, o al menos deberían serlo, tampoco estaría de más preguntar a los usuarios que necesitan y como creen ellos que se les puede prestar el  servicio estrictamente necesario al coste (impuestos y precios) más ajustado posible.

En cualquier caso, como decía, veremos cosas nuevas, difíciles y duras ... que espero no nos hagan renunciar a la convergencia de España con la UE - 15 en este campo.

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Hace unos días asistí a una magnífica jornada técnica sobre financiación de las políticas públicas de vivienda organizada por el Observatorio de la Vivienda del País Vasco. Los ponentes profesionales fueron de primer nivel y nos alumbraron nuevos (o no tan nuevos) caminos para la financiación de las políticas públicas de vivienda. Se habló mucho del ICO, el BEI, los fondos de inversión privados, la poderosa financiación pública finalista (solo para políticas públicas de vivienda y urbanas) de Francia, nuestros antiguos coeficientes de caja obligatorios para las entidades financieras, nuestra privatizada banca pública hipotecaria o de la obra social de las cajas. En momentos de escasez del crédito y de crisis financiera y económica bien está que se apunten nuevos caminos para la financiación de políticas públicas de vivienda. Otra cosa es que lo que se pretenda financiar acrítica y miméticamente con esos dineros sean las políticas públicas españolas de vivienda de las pasadas décadas (salvo ejemplos de poco peso cuantitativo, construir nueva vivienda protegida destinada casi en su totalidad a la venta y a los pocos años convertirla en una vivienda privada más de mercado, en el mejor de los casos no vacía).

En conversaciones con compañeros de profesión con larga trayectoria en el mundo del urbanismo también se habla de dificultad en el acceso a la financiación por parte de los promotores privados, así como de las leoninas y suicidas condiciones que empiezan a tener las licitaciones de obra de nuestras Administraciones Públicas. Mal está que la Administración licite obras a precios imposible de cumplir (salvo con social dumping, desconocimiento de la normativa de seguridad en el trabajo, etc). Pero peor está que muchos empresarios del sector vayan al matadero pensando como Margaret Thatcher que There Is No Alternative (TINA). Licitar a precios imposible  para morir lentamente o morir al ritmo que sea.

Con agentes activos del mercado inmobiliario vasco y español he comentado en algunas ocasiones en los últimos meses que solo vemos dos formas de salir de este atolladero sectorial: hacer cosas diferentes en España y Euskadi (rehabilitación de viviendas, regeneración urbana, reconversión ecológica de tejidos urbanos ya existentes, etc) o hacer lo que se ha hecho en los últimos años en España en otros lugares del mundo con mercados en estos momentos dinámicos y necesidad de constructores, promotores, gestores de concesiones, etc (China, India, Brasil, etc). Dejo un par de noticias sobre esta segunda línea de trabajo: 1 y 2.

Para mi asombro leo en el programa electoral del que será Presidente de Gobierno de España, Don Mariano Rajoy Brei, que la solución para el sector de la vivienda es la afloración de los activos inmobiliarios tóxicos a precios de mercado (per se correcto, aunque no se dice quien y como se asumirán las perdidas) para que vuelva a fluir el crédito hacia la construcción y, junto con una política fiscal favorecedora del ladrillo, volvamos a los good old times de hace una década. 

Ante semejante coyuntura, compañeros de profesión y otros agentes del mercado inmobiliario nos hacemos la misma pregunta: ¿vamos a volver a favorecer los créditos irresponsables para construir viviendas a precio de oro que las compran personas hipotecadas hasta las cejas que acaban no pudiendo pagarlas y con ello se hunden no pocos empresarios, entidades financieras, el empleo y la propia Hacienda Pública? ¿Vamos a ser tan imbéciles como para volver a pegarnos un tiro en el pié? Pues bien, todo apunta a que la respuesta es si.

Algún amigo malvadete incluso me dice que vayamos desempolvando el discurso ministerial de presentación de la redentora Ley 6/1998 de suelo y valoraciones que fue el pistoletazo de salida de nuestra década gloriosa del ladrillo español (España, una grande y urbanizable). 

Maledicencias a parte, parece ser que, en materia inmobiliaria y en España, algunos seriamente piensan que la mejor forma de hacer desaparecer los efectos dolorosos de un buen martillazo en un dedo de la mano, es volver a darse otro buen martillazo en ese mismo dedo.  

Los esfuerzos inútiles producen melancolia. Los irresponsables son además contraproducentes. Y como en el capolavoro de Fellini, E la nave va, segura, gracil, orgullosa y hasta poética puede ser la deriva  (queremos seguir haciendo nuevas viviendas para su hipoteca y venta, mientras más de dos millones de viviendas están vacías, se oyen tímidos susurros a favor de la ortodoxia crediticia, leemos en el BOE la autopsia de Seseña, los expertos claman en el desierto pidiendo una convergencia del alquiler español con el de la UE, algunos sindicatos piden quitas para las hipotecas de las personas de a pié como si fueran estado de la UE, Obama continua su lucha contra el sobre-endeudamiento por vivienda y los desahucios, no paran los desahucios de la vecina del tercero derecha, el desahucio express deja paso al legal y novísimo desahucio ultraexpress y empiezan hasta a aparecer ocupaciones de edificios con finalidades residenciales y políticas) hacia el desastre ...

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La semana pasada estuve en Sevilla en un Seminario sobre Administración y Gestión del Patrimonio Público de Suelo y Vivienda (programa seminario), organizado por la UIMP y la AVS (promotores públicos de suelo y vivienda), como parte del Master en Dirección y Gestión Pública de Vivienda y Suelo que ambas instituciones impulsan (programa Master).

Comparto impresiones.

No puedo negar que vi bastante pesimismo y miedo entre el personal. Parece ser que la mayor parte de los profesionales del sector público de urbanismo local y autonómico han percibido en los nuevos responsables políticos elegidos en las pasadas elecciones locales y autonómicas (parciales, pero casi totales) una concepción del suelo, la vivienda, el alquiler y la rehabilitación públicos como algo prescindible, e incluso como una de las mejores formas de hacer caja. Estamos en tiempos de crisis y hay que elegir. Siendo evidente que ya se está atacando las pensiones, la sanidad, la educación y el empleo público (algo casi sagrado hasta hace unos años), todo el mundo en el sector da por descontados recortes severos en los entes instrumentales de la Administración que actúan en los campos del urbanismo y vivienda. Se habló mucho, más en pasillos y pequeños corrillos que en la sala, de despidos, ventas y supresiones societarias.  Esto se da por seguro y solo se espera a saber cual es el tamaño de la cirujía, que se sabe, ya de inicio, mayor.

A mi todo esto me produce una tremeda tristeza, pues de una u otra forma, llevo casi dos décadas relacionado (en mayor o menor medida y en diferentes roles) con el sector público del urbanismo y la vivienda español. Considero que el mismo, raquítico en comparación con sus hermanos europeos, nada ha tenido que ver en la generación de la crisis (más bien todo lo contrario). También me parece que, dado su escaso tamaño, su sacrificio al mercado, con la excusa de la consolidación fiscal, en nada va a paliar la situación de las finanzas públicas locales y autonómicas (por cierto, mucho menos deterioradas que las finanzas privadas de bancos, empresas y familias españolas). Y por decirlo con total y absoluta franqueza, creo que hay un batiburrilo de responsables políticos haciendo caja, empresas privadas esperando los dividendos de la privatización, ciudadanía  indiferente ante este concreto recorte-privatización y empleados públicos amedrentados que nada bueno puede traer para la sociedad española en su conjunto.

Yo creo que el sector público del urbanismo y la vivienda tiene que desarrollar endógenamente (sin perjuicio de las ayudas externas que pueda recibir) una estrategia defensiva y de adaptación a esta nueva situación. El urbanismo es una función pública. La vivienda una necesidad social. Hay cosas que el mercado no sabe hacer y que, cuando las acomete, las gestiona de forma muy deficiente. Así que, por motivos de eficacia, eficiencia, diversificación del tejido económico, cuidado del medio ambiente y justicia social, este sector público ha sido, es y será necesario en España. Dicho lo anterior, creo que tan malo como el pesimismo y el miedo es el inmovilismo. Así que habrá que pensar en nuevas formas de trabajo en la nueva situación política y económica para seguir atendiendo a los mismos fines. Alguna idea tengo a este respecto, pero me voy a dar un tiempo para elaborarlas algo más y ponerlas al servicio de quien tenga a bien usarlas.

En el plano estríctamente académico-formativo, en el seminario yo di unas pinceladas sobre un trabajo mío, aún en construcción, relativo a las formas en las que las Administraciones Públicas españolas promocionan el alquiler (muy centrado en Cataluña, Madrid y Euskadi). Os dejo los textos, por si interesan a alguien (1, 2 y 3). Aunque insisto en que es un trabajo en construcción y en el que admito todo tipo de aportaciones, críticas, sugerencias, matices, etc.

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Los que nos dedicamos a estas cosas de la vivienda solíamos citar siempre un par de datos para dar la dimensión de la rareza española en materia de alquiler y sobre todo en lo relativo al alquiler público. Los dos datos claves eran que España tenía sobre un 10% del total de sus viviendas en alquiler y que solo un 1% del total eran viviendas públicas en alquiler no de mercado o social. La rareza estriba en que en la UE estos guarismos suelen estar entre el 30%-50% el porcentaje de alquiler y entre el 20%-35% el porcentaje de alquiler social.

Dicho lo cual, no se debe ocultar que muchos gobiernos neoliberales en la UE están socavando estos parques públicos de alquiler europeos, alegando dificultades presupuestarias, pero con un claro propósito ideológico. Pero se comprenderá que entre el 1% y el 35% del total de viviendas en alquiler social (este guarismo es el de Holanda), por mucho que recorten allí, mucho tendremos que crecer aquí para llegar a converger.

Pues bien, compruebo con espanto, pero sin ninguna sorpresa, que en los últimos tres años España retrocede a una velocidad extraordinaria en materia de alquiler público o social, después de décadas de avances raquíticos, difíciles en muchos casos por tener que luchar contra determinados lobbies mercantiles e incluso mentirosos en algunos de ellos por estar preñados de medias verdades o medias mentiras proclamadas por algunos responsables políticos y/o administrativos (parafraseando al 15M "Le llaman alquiler social pero no lo es").

Comparto varios datos que me han llevado a titular este post como "Privatización avant la lettre" para referirme a la privatización del paque público de alquiler español incluso antes de que el mismo tenga cierta entidad. Lo que, con un poco de sorna, podríamos incluso llamar una privatización preventiva:

• En España se solía hablar de 148.000 viviendas sociales en alquiler y el 1% del total del parque de viviendas (criterio AVS, CECODHAS y Carme Trilla i Bellart). Si hoy acudimos a las fuentes oficiales veremos que en estos momentos España tiene solo 124.000 viviendas de este tipo y no llegamos ni al 0.5% del total del parque de viviendas.
• La Comunidad Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento de la capital de España, azuzadas por su endeudamiento, por su sesgo ideológico neoliberal o por la dos cosas a la vez, lleva años desplegando un plan masivo de indirecta privatización de alquileres públicos (inter alia "Plan Vivienda Joven" -viviendas protegidas en alquiler con opción de compra que en muy pocos años, tan pocos como siete, pasan de ser viviendas protegidas en alquiler a ser viviendas libres en propiedad-), ahora aderezado con privatizaciones directas del parque público de alquiler (vg venta de los suelos de las viviendas en derecho de superficie del Plan 18.000 o venta de promociones de alquiler público en bloque a fondos de inversiones autorizados a venderlas como viviendas libres en unos pocos años).
• Hace algo más de un año la Comunidad de Extremadura vendió todas sus viviendas sociales en alquiler a sus inquilinos, aduciendo que era muy caro mantenerlas y que en crisis (cuando más se necesitan estas viviendas) no se podían hacer cargo de estas partidas (reduciendo el stock público extremeño de vivienda social en alquiler a cero).
• La Comunidad del País Vasco lleva meses tratando de vender sus propios suelos de viviendas protegidas titularidad del Gobierno Vasco cedidas en derecho de superficie por 75 años a sus usuarios (más de 21.000) y se rumorea que va a poner miles de viviendas protegidas en manos de fondos de inversiones extranjeros que las alquilarán unos años y después las venderán como viviendas libres en propiedad.
• La Sociedad Pública de Alquiler (SPA) lleva meses a disposición de los promotores de vivienda libre en venta con stock para que, con el dinero de los impuestos de todos (los que los pagamos), se alquilen estas viviendas durante un tiempo, evitemos la quiebra de promotores privados y el día de mañana, pasada la crisis, se puedan vender esas viviendas como libres y sin pérdidas. Se me dirá que esto es comprensible en tiempos de crisis. Pero recuerdo que la SPA se llama Sociedad Pública de Alquiler y, hasta la fecha, parece que por lo que menos interés tiene es precisamente por eso: por la promoción del alquiler a precios inferiores a los del mercado.
• El lunes 23 de mayo, solo un día despues de las elecciones autonómicas y municipales, la Comunidad de Valencia anunció que se cancelaban las ayudas públicas al alquiler. En este caso no hablamos de parque público de alquiler, sino de ayudas económicas para el pago de alquileres en el mercado privado, a imagen y semejanza de la Renta Básica de Emancipación estatal.
• Aunque podría seguir con docenas de ejemplos, acabo con la Generalitat de Cataluña que, en recientes fechas y previo uso de helicópteros, ha derogado la su Ley de Barrios y la práctica totalidad de su Ley del Derecho a la Vivienda a través de una ley conocida como omnibus. Además ha dejado bien clara su intención de vender todo lo que sea vendible (con lo que el pequeño parque de vivienda protegida en alquiler de Cataluña será pasto de los intermediarios financieros).