LEOLO

El sector público español se desenvuelve hoy en un contexto extraordinariamente adverso. Las restricciones financieras provocadas por la crisis financiera global y los programas de contención del gasto público que han seguido a los rescates públicos del sector financiero e inmobiliario hacen hoy en España mucho más difícil la prestación de unos servicios públicos “a la europea”.

Antes de abordar algunas posibles soluciones a la actual situación del sector público español, entiendo que es necesario hacer una valoración de la génesis causal de la situación actual. Es frecuente leer en estos días informaciones que dibujan al sector público español como sobredimensionado, derrochador, poco profesional, detractor de recursos privados y limitador del desarrollo socio-económico. Sin perjuicio de evidentes márgenes de mejora, esta caracterización no solo no es justa, sino que se da de bruces con la realidad fáctica expresada en datos objetivos.

En España algo más de 12% de sus trabajadores lo son del sector público (datos OCDE 2008). Países que consideramos referentes de eficiencia y eficacia como Estados Unidos o el Reino Unido están en la banda del 14 al 18%. Y los campeones mundiales de la competitividad y los entornos atractivos para la inversión extranjera, los estados escandinavos, superan en ocasiones el 25%. Por tanto, en España no tenemos demasiados trabajadores públicos, sino más bien todo lo contrario.

Otro dato al que se hace referencia habitualmente en los medios de comunicación en estos momentos es a la presunta excesiva presión fiscal y detracción de recurso del mercado y la sociedad. La realidad es que España es uno de los países de la OCDE con una menor presión fiscal (menos de un 30% de nuestro PIB), lejos de la media de la UE (40%) y a años luz de los escandinavos (50%). Consecuentemente, nuestro sector público consume menos recursos que los de nuestro entorno. Otra cosa es que, dado nuestro elevado nivel de fraude fiscal (sobre el 30% de nuestro PIB) la carga fiscal, liviana en términos de hacienda comparada, es severa al ponerse sobre todo en los hombros de trabajadores con nómina (IRPF) y consumidores (IVA e impuestos especiales).

Finalmente, es frecuente leer y escuchar que buena parte de nuestro sector público se dedica al buen vivir, sin aportar nada positivo a la sociedad española. Demagogia aparte, cualquier ciudadano que pague impuestos y reciba servicios públicos puede apreciar el duro y buen trabajo que realizan, entre otros, nuestros sanitarios, docentes, policías, militares y trabajadores sociales. Siendo estos, por cierto, casi dos terceras partes del total de nuestros trabajadores públicos. Tampoco creo que sea debatible la relación calidad-coste de servicios públicos españoles como el sanitario, educativo o de pensiones. En España es imposible obtener a ese precio y con esa calidad el mismo servicio en el mercado. Además muchos de los estados de la UE gastan más que nosotros para servicios de igual o incluso peor calidad (vg. servicio sanitario público). Ergo, la crítica de ineficiencia e ineficacia, tampoco parece justificada

Por otra parte, a pesar de que las críticas sobre recientes despilfarros son totalmente justificadas (yo mismo las ha hecho en este blog en relación a cierto urbanismo y ciertas infraestructuras), no podemos dejar de reconocer el salto que ha dado España en materia de infraestructuras de transporte y todo tipo de equipamientos comunitarios. Sin el papel tractor y vertebrador del sector público no estaríamos donde estamos.

Todos estos datos y apreciaciones no pueden ocultar el retraso social-público de España en relación a nuestros socios europeos. Gastamos menos que ellos en servicios públicos, tenemos menos empleados públicos y nuestros servicios públicos, siendo dignos y habiéndose mejorado con mucho esfuerzo en las recientes décadas, distan mucho de ser los propios de un estado del bienestar con capacidad para “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. España es aún un país con con varias convergencias europeas por hacer en materia de servicios públicos y derechos ciudadanos (muy notablemente en materia de dependencia y el cuarto pilar del estado del bienestar en general). Lo que tiene, no solo evidentes efectos en términos de igualdad socio-económica (no hay más que comparar nuestro coefciciente de Gini con el de muchos de nuestros socios de la UE-15), sino que también provoca no pocas externalidades a nuestro tejido productivo y fuerza laboral.

Por otra parte, es evidente que en estos momentos los servicios públicos en España están siendo atacados por los mercados y los partidos políticos de praxis neoliberal, con la excusa de la crisis (en realidad, crisis-estafa). Como reacción a este fenómeno toda la geografía española está asistiendo a movilizaciones de colectivos en defensa de los servicios públicos y de varios derechos ciudadanos. Muy especialmente, de los derechos a la educación (Escuela Pública Para Todos en Madrid - 1 y 2-), salud (Dempeus per la Salut Pública en Cataluña) y vivienda (Plataforma de Afectados por la Hipoteca por toda España). Suscribo todas estas movilizaciones en defensa del sector público, el estado del bienestar y los servicios públicos. De hecho, trato de echar una mano donde puedo, especialmente en los campos en los que se algo. Es tiempo de resistencia. Es tiempo de trazar líneas rojas. Es tiempo de luchar por nuestro futuro y el de nuestros hijos. Sin duda. Aunque también creo que es tiempo de alguna cosa más.

No podemos negar que el sector público español añade a sus problemas tradicionales propios del retraso social, otros más o menos nuevos, que han estallado en la actual coyuntura de crisis. En primer lugar, hay un desfase entre los ingresos estructurales y los gastos. Este desfase se puede cubrir con una homologación de la presión fiscal y fraude fiscal españoles a la media de la UE. Hay mucho margen de mejora en la recaudación fiscal, sobre todo recaudando impuestos entre las clases más acomodadas y menos productivas (que son las que menos impuestos pagan en nuestro país), sin por ello mermar posibilidades a nuestro tejido productivo o al consumo. Yo no confundo capital rentista o especulativo con capital que mezcla trabajo, financiación y materias para aportar plusvalor económico y bienestar social general. Lo primero debe ser desincentivado con fuertes impuestos. Lo segundo debe ser cuidado por el estado, sin menoscabo de la aplicación general del prinicpio constitucional de la progresividad fiscal. Pero, además de aumentar ingresos, también es claro que hay mucho recorrido en términos de reducción del gasto público en cada servicio como consecuencia de la aplicación de medidas de eficiencia y eficacia en la gestión pública. No hablo de reducir el gasto público, que creo debe subir hasta homologarse con la UE-15. Sino de reducir el gasto por servicio y per capita con la aplicación de técnicas de gestión que mejoren la eficiencia y la eficacia.

Es innegable la existencia de una serie de males en las Administraciones Públicas que debemos atacar. Entre ellos podemos citar los siguientes: rigidez, compartamentalización, lucha por las competencias en vez de trabajo en red orientado a la consecución de objetivos en tiempo y coste, escasa tradición de la medición del desempeño y los resultados, duplicidades administrativas, inexistente política activa de recursos humanos, dificultad para el control de costes, exceso de táctica y defecto de estrategia o inexistencia de mecanismo de financiación específicamente públicos.

Pero también es innegable que hay muchas técnicas a nuestra disposición mucho más beneficiosas a largo plazo para la sociedad en su conjunto que prácticas que estamos viendo en estos días: venta de activos públicos, privatización, reducción de servicios públicos o inyección de recursos públicos a cambio de nada a sectores privados necesitados de un salvamento.

Entre los posibles caminos a transitar debemos señalar todos aquellos que pertenezcan a la cultura del “entre todos, algo más lento y mejor”. España ha hecho un esfuerzo brutal (en términos cuantitativos, cualitativos y temporales) en materia de hardware (infraestructuras) y a partir de ahora debemos priorizar su ultrautilización y todo lo relativo al software social, público y mercantil (conocimiento orientado al tejido productivo y los servicios públicos). 

Para conseguir estos objetivos debemos aplicar medidas en materia de sinergias públicas, desapalancamiento financiero, financiación específicamente pública, una nueva forma de provisión del personal público y colaboración público privada en su triple vertiente: gestión de servicios públicos por parte de entidades profesionales sin ánimo de lucro (no confundir con grupos de voluntarios; yo me refiero a entidades que facturan por sus servicios, que pagan a sus empleados y tributan por su actividad, pero no reparten beneficios), empresas privadas con capacidad de gestión de lo público con ahorros de costes o mejoras en el servicio constatables y constatadas y cooperativas de profesionales que presten servicios públicos de acceso universal a través de contratos-programas con las administraciones. De todas las medidas que he citado, me detendré sobre la última: la cooperación estado-mercado-sociedad.

A mi juicio, los tres tipos de gestión mancomunada de los servicios públicos entre estado-mercado-sociedad pueden rendir extraordinarios beneficios para la sociedad, siempre que sean usados allí donde son necesarios por aportar valor colectivo y siempre que tengamos en cuenta una serie de líneas rojas. Algo ya he comentado en este blog sobre la conjunción de esfuerzos de estado-sociedad-mercado en materia urbana y de vivienda. A ello me remito ("mientras tanto" RE y CO 1 y 2) y en las líneas siguientes quiero tratar de generalizarlo al conjunto de los servicios públicos.

Por valor colectivo, me refiero a plusvalor social disfrutable por toda la ciudadanía con capacidad de producir igualdad de oportunidades (es importante no confundir cualquier actividad del sector público con un verdadero servicio público) y de mejorar las capacidades del tejido productivo (en este punto es bueno no confundir capital con capitalismo y producción con especulación).

En cuanto a las líneas rojas, yo creo que deben existir en materia de titularidad, universalidad del acceso, financiación, calidad del servicio, condiciones de trabajo de los profesionales, inversión y reposiciones para garantizar la viabilidad del equipamiento o servicio, control de los costes finales reales, planificación, objetivos y estrategias, etc. A mi juicio, son absolutamente innegociables la titularidad pública de los servicios públicos (de todos), el acceso universal a los mismos (para todos) y la forma de financiarlos (con los impuestos de todos). Aprovecho para señalar que los llamados copagos, no son sino repagos, al menos para los que pagamos nuestros impuestos y no evadimos la acción del fisco. De la misma manera, debe ser innegociable la dignidad de las condiciones laborales de todas las personas que directa o indirectamente trabajen para el sector público. Y siempre debe garantizarse que la introducción de empresas, entidades sin ánimo de lucro y cooperativas de profesionales efectivamente reducen los costes y/o mejoran los servicios, sin que una deficiente política de inversiones y reposiciones haga inviables a futuro los servicios cuya gestión se ha externalizado. No hay ni que mencionarlo, pero un servicio público gestionado externamente, no deja de ser responsabilidad de la Administración y por ello sus facultades de control del gestor y rendición de cuentas ante los parlamentos y las ciudadanías no se pueden rebajar ni siquiera un ápice.

En otros países de la UE estos los tipos de gestión de los servicios públicos mencionados (entidades sin ánimo de lucro, cooperativas de profesionales y empresas), junto con la tradicional y troncal gestión directa y el sector público empresarial, están dando buenos resultados. Y, si bien es cierto que es de torpes importar de forma acrítica técnicas foráneas, es de necios no mejorar nuestros servicios públicos con innovaciones de probada eficacia y eficiencia en países de nuestro cercano entorno.

Considero que hay un tipo de servicios de titularidad pública que solo deben gestionarse de forma directa por la Administración o indirecta por sus empresas públicas. De hecho, una mayoría pertenece a este grupo. Otros susceptible de cooperativización de los profesionales que lo prestan. Y finalmente otro que puede ser susceptible de mejora en la gestión mediante determinado tipo de empresas privadas. La clave está en saber cuál es la mejor opción para cada servicio y cual es la mezcla global óptima para el sector público.

No comparto una actitud bastante generalizada en la izquierda europea y española que considera cualquier cambio en el sector público que se salga de la gestión directa es una regresión y a quien lo defienda un traidor privatizador. Es evidente que los mercados sobrevuelan cual buitres sobre nuestros servicios públicos para mayor gloría de entidades privadas mercantiles con ánimo de lucro, muchas de ellas, además de carácter marcadamente especulativo. Pero, una cosa es defender a los servicios públicos de los ataques de los mercados, algo que debemos hacer. Y otra bien diferente es oponerse a cambios, mejoras y evoluciones que pueden hacer al sector público no solo más poderoso cuantitativamente sino más sofisticado cualitativamente.

Yo no estoy ni con los privatizadores ni con los inmovilistas. En el debate político supongo que estaré en minoría, pues ganan por goleada los privatizadores y los defensores del sector público son, en no pocas ocasiones, bastante inmovilistas. Si se me permiten las expresiones, el debate político está plagado de neoliberales que salivan ante los suculentos manjares que quieren ofrecer en banquete a sus jefes corporativos y de gente de izquierda bastante conservadora, bienintencionada, pero algo peligrosa. Fuera del debate político, creo ser parte de una amplia corriente en la sociedad española que quiere y paga (vía impuestos) unos servicios públicos amplios, dinámicos, cercanos, profesionales y con capacidad de generar verdadera igualdad de oportunidades, sin por ello desincentiva los genios creativos e innovadores.

Dicho de otro modo, la garantía de la igualdad de oportunidades y del bienestar general pasa inequívocamente por disponer en España de un sector público poderoso que sepa metabolizar lo mejor de la sociedad y el mercado, sin desviarse de su fin fundacional: reducir el miedo, incrementar la dignidad y posibilitar el desarrollo y bienestar integrales, sin menoscabo de la innovación y creatividad social y mercantil. En nuestras manos está. Animo a concejales, directores, consejero y ministros a ser audaces y ambiciosos. Animo a la ciudadania a ser activa en este debate. Y, en la medida de mis posibilidades personales, profesionales y socio-políticas, trataré de aportar mi grano de arena a esta cuestión. 

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No me pienso resistir a formular la siguiente pregunta irónica. Si cuando las administraciones públicas dan subvenciones a empresas privadas o públicas para que lleven a cabo actividades de interés general e incluso propias del servicio público en todo tipo de campos (empleo, educación, vivienda, servicios sociales, sanidad, etc) la UE siempre tiende a declararlas contrarias al derecho comunitario por constituir ayudas de estado que distorsionan la libre competencia , ¿las multimillonarias ayudas públicas a la banca europea son o no son ayudas de estado?

La respuesta jurídica es clara. No son ayudas de estado, pues los tratados de la UE permiten este tipo de ayudas cuando el desarrollo económico general está en juego.

Mi pregunta es por tanto una ironía política y no jurídica. Pero a mi me parece muy chusco que utilizar el dinero público para fortalecer los servicios públicos (por ejemplo dar ayudas a las empresas que pdomuevan vivienda protegida) pueda ser contrario a la libre competencia y sin embargo inyectar billones de euros públicos a las arcas de los bancos sea conforme al derecho comunitario y no afecte a la libre competencia.

Todos vemos que el Plan Financiero Conjunto de la UE atenta contra la libre competencia (va a premiar a las instituciones financieras que lo han hecho mal y dejar en peor situación competitiva a las que lo hayan hecho bien). Todos sabemos que, por ejemplo, dar ayudas a los promotores privados para que hagan vivienda protegida, de nuevo aporto un ejemplo, en alquiler, no supone daño alguno a la libre competencia, pues no hay promotores privados que quieran alquilar vivienda protegida, ergo no hay mercado cuya competencia distorsionar. Pero no os quepa la menor duda de que los salvavidas billonarios de la banca no tendrán problema legal alguno y las escasas ayudas públicas a asuntos de interés general seguirán teniéndolos.

Yo deduzco de todo esto que se puede distorsionar la competencia en favor de las grandes empresas, pero que no se puede distorsionar el libre mercado a favor del bienestar colectivo. De nuevo se nos lanza desde esta UE (yo sueño con otra) el mismo mensaje: LAS PERSONAS LO ULTIMO, LAS GRANDES EMPRESAS LO PRIMERO.

El mundo al reves. Pero llevo así más de tres meses y ya me voy acostumbrando.

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El PSOE y el PP están protagonizando una subasta fiscal que, a mi como ciudadano, me preocupa de forma muy especial.

Me da la impresión de que al común de los mortales (contribuyente y votante) estas rebajas fiscales le resultan interesantes. Parece que en campaña a mucha gente le alegra el oído escuchar estos cantos de sirena fiscal.

Teniendo en cuenta lo anterior, la tesis del PSOE y del PP en campaña electoral (sostienen la misma tesis, con mínimas variaciones, a pesar de que uno se declara socialista y el otro de centro reformista) es que en campaña electoral hay que prometer, a la vez, lo siguiente:

• bajar los impuestos, a todos en general y a algunos colectivos en especial (vg. el PP ha ofrecido bajar los impuestos a las muejres)
• cheques regalo preelectoales (cheque bebe, cheque alquiler jovén, cheque alquiler pensionista, cheque carnet de conducir para jóvenes ...) que no tienen más sentido que los votos, pues desde el punto de vista de la eficacia del gasto público todos sabemos que sirven para poco, cuando no son contraproducentes
• devolver recaudación fiscal directamente a los bolsillos de los ciudadanos (es decir, cheques regalo postelectorales), como diciendo que aqui van tan bien las cosas que hasta podemos devolver parte de la recuadación tributaria a los ciudadanos
• incrementar la recuadación fiscal (bajando los impuestos recaudar, de hecho, más)
• aumentar el gasto público (con menos ingresos fiscales gastar más en servicios públicos)
• mejorar los servicios públicos (mejorar la calidad de los servicios públicos a pesar de todo lo anterior).

Como ya he comentado en este blog en alguna ocasión anterior (1), todo esto, a la vez, es, sin más, imposible.

Por más que se empeñen el PP y el PSOE no es posible bajar los impuestos, recuadar más, gastar más y tener más y mejores servicios públicos.

Lo lamentable es que la gente parece que se cree esto (o quiere creerse esto), pues van a votar masivamente a estos dos partidos y a sus correspondientes candidatos.

Destacaré las cosas respetable y serenas que estos días he oído sobre este tema:

• a los inspectores de hacienda les parece peligroso que se hable por parte de PSOE y PP constantemente de bajar impuestos y nadie diga nada de luchar contra el fraude, pues esto puede dañar la solvencia financiera del estado (tus y mis servicios públicos)
• al Banco de España tampoco le parece prudente subastar a la baja los impuestos, pues puede dañar la solvencia financiera del Estado
• algún columnista ha hablado del peligro de esta carrera electoral por las rebajas fiscales (vg el Catedrático de Hacienda Iganacio Zubiri en El País)
• IU, por boca de su candidato Gaspar LLamazares, considera que esta es una carrera electoral que va a dañar, aún más, a nuestro precario estado social.

A mi personalmente me gustaria decir solo algunas cosas sobre esto:

1. España tiene una de las presiones fiscales más bajas de la UE (unos 10 puntos porcentuales menos que en los estados líderes de la UE)
2. Nuestro gasto público es, consecuentemente, 10 puntos porcentuales menor que el de estos estados de la UE.
3. Nuestro Estado Social es raqítico comparado con el de esos estados de la UE
4. Nuestra aparato productivo invierte mucho menos en capital humano, físico e investigación y desarollo que esos países líderes de la UE.
5. Tenemos uno de los fraudes fiscales más fuertes e impunes de la UE.

En esto contexto, no luchar contra el fraude fiscal, reducir la recuadación fiscal y el gasto público en infraestructuras, sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, otros capitales físicos y no físicos, productividad, investigación y desarrollo (entre otros) es, sin más, una verdadera locura, un lastre para nuestro bienestar futuro, una tara para que España como estado y sociedad sea próspera, dinámica y justa en el futuro.

Pero supongo que los electores solo pensarán a corto plazo, si es que, el común de los votantes, tienen la más mínima intención de pensar.

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El Sr. Rajoy ha vuelto a lanzar una de sus ideas favoritas cuando se acercan las elecciones: va a bajar los impuestos todo lo que pueda, según el, la más importante reforma fiscal de toda la democracia.

La traducción que yo hago es evidente: el Sr. Rajoy propone a los españoles dejar la sanidad, educación, vivienda, pensiones, servicios sociales, etc públicos tiritando.

Si se bajan los impuestos se recauda menos (y vamos a no prestar atención a las tonterias ideologizadas y engañabobos tipo curva de Laffer), si se ingresa menos se gasta menos y cuando se gasta menos el PP lo tiene claro: hay que dejar los servicios públicos en los hueso.

Todo esto ya lo vivieron en EEUU y en el Reino Unido con Reagan y Thatcher y acabaron con unos déficits fiscales del carajo (el estado en quiebra), unos servicios públicos depauperados (en los campos donde los había), mayores cotas de desigualdad social, la fracción más rica de la sociedad mucho más rica y mucho más distante del resto y lo que puede parecer más sorprendete, eran menos competitivos en términos económicos.

Yo, con todo el respeto al Sr. Mariano Rajoy, no quiero todo eso ni para España ni para Euskadi.  

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ACTUALIZACION 19/11/2007 NOCHE: Juan Costa (PP) dice que bajando los impuestos sube la recaudación. Ergo, la gente del PP piensa que todos los españoles somos literalemente gilipollas. No encuentro otra explicación. Por cierto, todos los españoles no somos gilipollas. Bastantes si. Pero todos no. Ni siquiera la mayoria.

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¿Solo a mi me ofende que los nuevos miembros de la Casa Real española nazcan en hospitales privados? ¿Solo a mi me parece un escándalo que los miembros de la Casa Real (funcionarios cuyos gastos -todos- son sufragados con dinero público, de nuestros impuestos) usen constantemente servicios hospitalarios privados? ¿Solo a mi me parece una pasada esto?

Y en otro orden de cosas ¿solo a mi me parece una verguenza la cobertura mediática desmedida del nacimiento del octavo nieto del Rey? ¿Solo a mi me parece aburrido ad nauseam el espacio que ocupa la Casa Real en nuestros medios de comunicación, cuando en realidad son un jarrón constitucional -no sabemos para que sirven, probablemente para nada y molestan en todas las esquinas-?

Como muestra de sobrecobertura mediática os dejo un video encontrado en youtube:

Obviamente soy republicano, pero todo esto no tiene que ver solo con ser republicano, sino con tener otra concepción de lo público y de los medios de comunicación.

Por favor, si no estoy solo hacédmelo saber.

BREAKING NEWS / ACTUALIZACION: en las noticias de las 5 en la SER he escuchado el siguiente "notición". La infanta Sofia es muy guapa y come divinamente. Sin comentarios. Noticia de semejante trascendencia y calado me deja sin palabras.