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21/01/12

EL SECTOR PÚBLICO ESPAÑOL EN LA ENCRUCIJADA: PROPUESTAS EN POSITIVO

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El sector público español se desenvuelve hoy en un contexto extraordinariamente adverso. Las restricciones financieras provocadas por la crisis financiera global y los programas de contención del gasto público que han seguido a los rescates públicos del sector financiero e inmobiliario hacen hoy en España mucho más difícil la prestación de unos servicios públicos “a la europea”.

Antes de abordar algunas posibles soluciones a la actual situación del sector público español, entiendo que es necesario hacer una valoración de la génesis causal de la situación actual. Es frecuente leer en estos días informaciones que dibujan al sector público español como sobredimensionado, derrochador, poco profesional, detractor de recursos privados y limitador del desarrollo socio-económico. Sin perjuicio de evidentes márgenes de mejora, esta caracterización no solo no es justa, sino que se da de bruces con la realidad fáctica expresada en datos objetivos.

En España algo más de 12% de sus trabajadores lo son del sector público (datos OCDE 2008). Países que consideramos referentes de eficiencia y eficacia como Estados Unidos o el Reino Unido están en la banda del 14 al 18%. Y los campeones mundiales de la competitividad y los entornos atractivos para la inversión extranjera, los estados escandinavos, superan en ocasiones el 25%. Por tanto, en España no tenemos demasiados trabajadores públicos, sino más bien todo lo contrario.

Otro dato al que se hace referencia habitualmente en los medios de comunicación en estos momentos es a la presunta excesiva presión fiscal y detracción de recurso del mercado y la sociedad. La realidad es que España es uno de los países de la OCDE con una menor presión fiscal (menos de un 30% de nuestro PIB), lejos de la media de la UE (40%) y a años luz de los escandinavos (50%). Consecuentemente, nuestro sector público consume menos recursos que los de nuestro entorno. Otra cosa es que, dado nuestro elevado nivel de fraude fiscal (sobre el 30% de nuestro PIB) la carga fiscal, liviana en términos de hacienda comparada, es severa al ponerse sobre todo en los hombros de trabajadores con nómina (IRPF) y consumidores (IVA e impuestos especiales).

Finalmente, es frecuente leer y escuchar que buena parte de nuestro sector público se dedica al buen vivir, sin aportar nada positivo a la sociedad española. Demagogia aparte, cualquier ciudadano que pague impuestos y reciba servicios públicos puede apreciar el duro y buen trabajo que realizan, entre otros, nuestros sanitarios, docentes, policías, militares y trabajadores sociales. Siendo estos, por cierto, casi dos terceras partes del total de nuestros trabajadores públicos. Tampoco creo que sea debatible la relación calidad-coste de servicios públicos españoles como el sanitario, educativo o de pensiones. En España es imposible obtener a ese precio y con esa calidad el mismo servicio en el mercado. Además muchos de los estados de la UE gastan más que nosotros para servicios de igual o incluso peor calidad (vg. servicio sanitario público). Ergo, la crítica de ineficiencia e ineficacia, tampoco parece justificada

Por otra parte, a pesar de que las críticas sobre recientes despilfarros son totalmente justificadas (yo mismo las ha hecho en este blog en relación a cierto urbanismo y ciertas infraestructuras), no podemos dejar de reconocer el salto que ha dado España en materia de infraestructuras de transporte y todo tipo de equipamientos comunitarios. Sin el papel tractor y vertebrador del sector público no estaríamos donde estamos.

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Todos estos datos y apreciaciones no pueden ocultar el retraso social-público de España en relación a nuestros socios europeos. Gastamos menos que ellos en servicios públicos, tenemos menos empleados públicos y nuestros servicios públicos, siendo dignos y habiéndose mejorado con mucho esfuerzo en las recientes décadas, distan mucho de ser los propios de un estado del bienestar con capacidad para “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. España es aún un país con con varias convergencias europeas por hacer en materia de servicios públicos y derechos ciudadanos (muy notablemente en materia de dependencia y el cuarto pilar del estado del bienestar en general). Lo que tiene, no solo evidentes efectos en términos de igualdad socio-económica (no hay más que comparar nuestro coefciciente de Gini con el de muchos de nuestros socios de la UE-15), sino que también provoca no pocas externalidades a nuestro tejido productivo y fuerza laboral.

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Por otra parte, es evidente que en estos momentos los servicios públicos en España están siendo atacados por los mercados y los partidos políticos de praxis neoliberal, con la excusa de la crisis (en realidad, crisis-estafa). Como reacción a este fenómeno toda la geografía española está asistiendo a movilizaciones de colectivos en defensa de los servicios públicos y de varios derechos ciudadanos. Muy especialmente, de los derechos a la educación (Escuela Pública Para Todos en Madrid - 1 y 2-), salud (Dempeus per la Salut Pública en Cataluña) y vivienda (Plataforma de Afectados por la Hipoteca por toda España). Suscribo todas estas movilizaciones en defensa del sector público, el estado del bienestar y los servicios públicos. De hecho, trato de echar una mano donde puedo, especialmente en los campos en los que se algo. Es tiempo de resistencia. Es tiempo de trazar líneas rojas. Es tiempo de luchar por nuestro futuro y el de nuestros hijos. Sin duda. Aunque también creo que es tiempo de alguna cosa más.

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No podemos negar que el sector público español añade a sus problemas tradicionales propios del retraso social, otros más o menos nuevos, que han estallado en la actual coyuntura de crisis. En primer lugar, hay un desfase entre los ingresos estructurales y los gastos. Este desfase se puede cubrir con una homologación de la presión fiscal y fraude fiscal españoles a la media de la UE. Hay mucho margen de mejora en la recaudación fiscal, sobre todo recaudando impuestos entre las clases más acomodadas y menos productivas (que son las que menos impuestos pagan en nuestro país), sin por ello mermar posibilidades a nuestro tejido productivo o al consumo. Yo no confundo capital rentista o especulativo con capital que mezcla trabajo, financiación y materias para aportar plusvalor económico y bienestar social general. Lo primero debe ser desincentivado con fuertes impuestos. Lo segundo debe ser cuidado por el estado, sin menoscabo de la aplicación general del prinicpio constitucional de la progresividad fiscal. Pero, además de aumentar ingresos, también es claro que hay mucho recorrido en términos de reducción del gasto público en cada servicio como consecuencia de la aplicación de medidas de eficiencia y eficacia en la gestión pública. No hablo de reducir el gasto público, que creo debe subir hasta homologarse con la UE-15. Sino de reducir el gasto por servicio y per capita con la aplicación de técnicas de gestión que mejoren la eficiencia y la eficacia.

Es innegable la existencia de una serie de males en las Administraciones Públicas que debemos atacar. Entre ellos podemos citar los siguientes: rigidez, compartamentalización, lucha por las competencias en vez de trabajo en red orientado a la consecución de objetivos en tiempo y coste, escasa tradición de la medición del desempeño y los resultados, duplicidades administrativas, inexistente política activa de recursos humanos, dificultad para el control de costes, exceso de táctica y defecto de estrategia o inexistencia de mecanismo de financiación específicamente públicos.

Pero también es innegable que hay muchas técnicas a nuestra disposición mucho más beneficiosas a largo plazo para la sociedad en su conjunto que prácticas que estamos viendo en estos días: venta de activos públicos, privatización, reducción de servicios públicos o inyección de recursos públicos a cambio de nada a sectores privados necesitados de un salvamento.

Entre los posibles caminos a transitar debemos señalar todos aquellos que pertenezcan a la cultura del “entre todos, algo más lento y mejor”. España ha hecho un esfuerzo brutal (en términos cuantitativos, cualitativos y temporales) en materia de hardware (infraestructuras) y a partir de ahora debemos priorizar su ultrautilización y todo lo relativo al software social, público y mercantil (conocimiento orientado al tejido productivo y los servicios públicos). 

Para conseguir estos objetivos debemos aplicar medidas en materia de sinergias públicas, desapalancamiento financiero, financiación específicamente pública, una nueva forma de provisión del personal público y colaboración público privada en su triple vertiente: gestión de servicios públicos por parte de entidades profesionales sin ánimo de lucro (no confundir con grupos de voluntarios; yo me refiero a entidades que facturan por sus servicios, que pagan a sus empleados y tributan por su actividad, pero no reparten beneficios), empresas privadas con capacidad de gestión de lo público con ahorros de costes o mejoras en el servicio constatables y constatadas y cooperativas de profesionales que presten servicios públicos de acceso universal a través de contratos-programas con las administraciones. De todas las medidas que he citado, me detendré sobre la última: la cooperación estado-mercado-sociedad.

A mi juicio, los tres tipos de gestión mancomunada de los servicios públicos entre estado-mercado-sociedad pueden rendir extraordinarios beneficios para la sociedad, siempre que sean usados allí donde son necesarios por aportar valor colectivo y siempre que tengamos en cuenta una serie de líneas rojas. Algo ya he comentado en este blog sobre la conjunción de esfuerzos de estado-sociedad-mercado en materia urbana y de vivienda. A ello me remito ("mientras tanto" RE y CO 1 y 2) y en las líneas siguientes quiero tratar de generalizarlo al conjunto de los servicios públicos.

Por valor colectivo, me refiero a plusvalor social disfrutable por toda la ciudadanía con capacidad de producir igualdad de oportunidades (es importante no confundir cualquier actividad del sector público con un verdadero servicio público) y de mejorar las capacidades del tejido productivo (en este punto es bueno no confundir capital con capitalismo y producción con especulación).

En cuanto a las líneas rojas, yo creo que deben existir en materia de titularidad, universalidad del acceso, financiación, calidad del servicio, condiciones de trabajo de los profesionales, inversión y reposiciones para garantizar la viabilidad del equipamiento o servicio, control de los costes finales reales, planificación, objetivos y estrategias, etc. A mi juicio, son absolutamente innegociables la titularidad pública de los servicios públicos (de todos), el acceso universal a los mismos (para todos) y la forma de financiarlos (con los impuestos de todos). Aprovecho para señalar que los llamados copagos, no son sino repagos, al menos para los que pagamos nuestros impuestos y no evadimos la acción del fisco. De la misma manera, debe ser innegociable la dignidad de las condiciones laborales de todas las personas que directa o indirectamente trabajen para el sector público. Y siempre debe garantizarse que la introducción de empresas, entidades sin ánimo de lucro y cooperativas de profesionales efectivamente reducen los costes y/o mejoran los servicios, sin que una deficiente política de inversiones y reposiciones haga inviables a futuro los servicios cuya gestión se ha externalizado. No hay ni que mencionarlo, pero un servicio público gestionado externamente, no deja de ser responsabilidad de la Administración y por ello sus facultades de control del gestor y rendición de cuentas ante los parlamentos y las ciudadanías no se pueden rebajar ni siquiera un ápice.

En otros países de la UE estos los tipos de gestión de los servicios públicos mencionados (entidades sin ánimo de lucro, cooperativas de profesionales y empresas), junto con la tradicional y troncal gestión directa y el sector público empresarial, están dando buenos resultados. Y, si bien es cierto que es de torpes importar de forma acrítica técnicas foráneas, es de necios no mejorar nuestros servicios públicos con innovaciones de probada eficacia y eficiencia en países de nuestro cercano entorno.

Considero que hay un tipo de servicios de titularidad pública que solo deben gestionarse de forma directa por la Administración o indirecta por sus empresas públicas. De hecho, una mayoría pertenece a este grupo. Otros susceptible de cooperativización de los profesionales que lo prestan. Y finalmente otro que puede ser susceptible de mejora en la gestión mediante determinado tipo de empresas privadas. La clave está en saber cuál es la mejor opción para cada servicio y cual es la mezcla global óptima para el sector público.

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No comparto una actitud bastante generalizada en la izquierda europea y española que considera cualquier cambio en el sector público que se salga de la gestión directa es una regresión y a quien lo defienda un traidor privatizador. Es evidente que los mercados sobrevuelan cual buitres sobre nuestros servicios públicos para mayor gloría de entidades privadas mercantiles con ánimo de lucro, muchas de ellas, además de carácter marcadamente especulativo. Pero, una cosa es defender a los servicios públicos de los ataques de los mercados, algo que debemos hacer. Y otra bien diferente es oponerse a cambios, mejoras y evoluciones que pueden hacer al sector público no solo más poderoso cuantitativamente sino más sofisticado cualitativamente.

Yo no estoy ni con los privatizadores ni con los inmovilistas. En el debate político supongo que estaré en minoría, pues ganan por goleada los privatizadores y los defensores del sector público son, en no pocas ocasiones, bastante inmovilistas. Si se me permiten las expresiones, el debate político está plagado de neoliberales que salivan ante los suculentos manjares que quieren ofrecer en banquete a sus jefes corporativos y de gente de izquierda bastante conservadora, bienintencionada, pero algo peligrosa. Fuera del debate político, creo ser parte de una amplia corriente en la sociedad española que quiere y paga (vía impuestos) unos servicios públicos amplios, dinámicos, cercanos, profesionales y con capacidad de generar verdadera igualdad de oportunidades, sin por ello desincentiva los genios creativos e innovadores.

Dicho de otro modo, la garantía de la igualdad de oportunidades y del bienestar general pasa inequívocamente por disponer en España de un sector público poderoso que sepa metabolizar lo mejor de la sociedad y el mercado, sin desviarse de su fin fundacional: reducir el miedo, incrementar la dignidad y posibilitar el desarrollo y bienestar integrales, sin menoscabo de la innovación y creatividad social y mercantil. En nuestras manos está. Animo a concejales, directores, consejero y ministros a ser audaces y ambiciosos. Animo a la ciudadania a ser activa en este debate. Y, en la medida de mis posibilidades personales, profesionales y socio-políticas, trataré de aportar mi grano de arena a esta cuestión. 

 

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09:53 Anotado por: Javier Burón Cuadrado en Derecho Público, Economia, Politica | Permalink | Comentarios (0) | Email esto | Tags: reforma sector publico, servicios públicos, sector público, crisis, colaboración público privada, gestión directa, empresas públicas | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook

31/05/10

¿MUCHAS EMPRESAS PUBLICAS EN EUSKADI?

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En los últimos días asistimos a una campaña, al parecer muy bien orquestada, contra las empresas públicas españolas en general y en lo que a mi más me toca también de las vascas. En realidad, la campaña es contra todo el sector público al que llamamos Administración Institucional o Administración Pública por gestión indirecta (organismos autónomos, entes públicos empresariales, empresas públicas, empresas de capital mixto, fundaciones públicas, consorcios, agencias, institutos, etc).

Como la Hacienda Pública se ha endeudado en los últimos meses en exceso para ayudar a los bancos y cajas a no hundirse como consecuencia de sus instintos codiciosos, especulativos y en ocasiones criminales, ahora los rescatados con fondos públicos nos prescriben austeridad a los que les hemos rescatado. No aclaro que los que prescriben austeridad a otros para si no aplican ni un ápice de la misma. Interesante sería que la gente se empezara a preguntar por los salarios, pensiones, coches oficiales, casas pagadas, vacaciones de lujo, etc de los gestores de las cajas de ahorros y bancos que tienen que ser socorridos con el dinero del contribuyente. Pero parece que esta gente es, además de inivisible, intocable.

Hasta que se apruebe la reforma laboral, mucha gente (incluso mucha gente de izquierdas o que cree serlo) no está muy preocupada, pues se está atacando a funcionarios, pensionistas, dependientes, parados y al sector público en su conjunto. Según parece todo este gasto público es superfluo y debe ser pasto de la "austeridad". Por doquier se oyen voces a favor de adelgazar el descontrolado sector público español. El Sr. Basagoiti, líder del PP vasco, y cogobernante con Patxi Lopez de Euskadi, habla incluso de reducir el sector público vasco a la mitad. Fruto de este clima hostil contra lo público, en mi Euskadi natal el diario de mayor tirada se refiere a las empresas públicas con expresiones peyorativas como las siguientes: "Euskadi mantiene 450 empresas públicas", "entramado público", "tingaldo societario", "necesidad de adelgazamiento(ergo el sector público esta gordo), etc. El lenguaje nunca es neutro, pero en este caso ... adelgazar el tinglado publico que Euskadi mantiene. ¡Ahí es nada!

Y yo me pregunto ¿es grande e ineficaz nuestro sector público y por lo tanto necesita ser racionalizado? Vamos con los datos, en este caso vascos. El PIB anual de Euskadi está en el entorno de los 68.000 millones de euros, tenemos una presión fiscal parecida a la media española del 30%, ergo nuestro sector público debería ser un poco menos de un tercio del empleo y la actividad económica general. Vayamos con el empleo. En Euskadi hay unos 110.000 empleados públicos en relación a un poco más de 1 millón de personas que integran la población activa. Primera sorpresa: solo tenemos un 10% de empleo público, cuando la presión fiscal podría justificar o recomendar mucho más empleo público (tanto como hasta un 30%). Como ya he comentado en otros posts, la media de la UE en empleo público está en el 18% y los países líderes en casi todas las estadísticas se acercan al 25% (como Dinamarca). Vayamos ahora con el número de empresas. Euskadi está por encima de las 180.000 empresas, de las que al parecer solo 450 son empresas públicas (el 0.002% del total). Solo tenemos 450 empresas públicas cuando nuestra presión fiscal puede razonablemente justificar muchas más.

A una presión fiscal del 30% le debería de corresponder un empleo público en consonancia, sin embargo no pasamos del 10% y somos verdadero pigmeos europeos en la materia. Y a esa misma presión fiscal del 30% le debería de corresponder un gasto público vehiculado a través de un conjunto coherente y suficiente de administración pública pura y administración institucional (en la que están las empresas públicas). Pero ya vemos que el sector público vasco (tambien el español, como ilustra Vicens navarro en este artículo de reciente publicación), lejos de ser mastodóntico, como algunos quieres hacernos creer, es más bien escaso y podría virar desde la subvención al sector privado (uno de sus principales tareas) al verdadero fortalecimiento de los servicios públicos (cosa de la que se habla mucho y se hace más bien poco).

A todo lo anterior debemos añadirle que los vascos, en general, tienen una opinión bastante buena de la sanidad, eduación, infraestructuras y servicios públicos vascos. Al parecer odian que haya empleados y administraciones públicas, pero tiene en la mejor de las estimas los servicios públicos vascos que además usa con profusión. Algo digno de tratamiento psiquiátrico.

¿A que se deben entonces todos estos ataques? A mi juicio a dos cosas. En primer lugar, a una campaña muy bien financiada y gestionada por los poderes económicos locales e internacionales para laminar el estado, los impuestos, los servicios públicos y todos los mecanismos que tratan de garantizar igualdad de oportunidades, la dignidad humana y una economía social de mercado. Hasta aqui todo pura lógica: mucho de los ricos no quieren pagar impuestos y tampoco quieren gastarse demasiado en salarios, pues todo ello afecta a sus beneficios y a su posición oligopolística. Pero además de lo anterior, hay un sentimiento extendido entre buena parte de la población (vasca, española ...) de envidia-odio a los empleados públicos y las administraciones. Al parecer todos son unos vagos, unos enchufados políticos, unos indocumentados, unos soberbios ... a pesar de que la gente tiene buena opinión de los empleados de la sanidad, educación, policía, carreteras ... públicas. Mucha gente vive en la esquizofrenia de adoptar las posiciones de odio hacia lo público que les imponen los poderes económicos y, a la vez, tener la mejor opinión de su médico, enfermera, maestro, cartero, policía, etc. Ignorancia al servicio del poder. 

Todo esto cambiará en unas semanas, cuando las medidas de ajuste empiecen a perjudicar no solo a funcionarios, pensionistas, dependientes y parados, sino a empleados y autónomos en general (reforma laboral y lo que te rondaré morena). Supongo que, cuando mucha gente de clase media que trabaja en el sector privado sea atacada por los mercados, la inquina con el sector público quizás se atempere. Supongo que, cuando trabajadores públicos y privados se den cuenta que todos ellos están financiando con sus sacrificios el maravilloso tren de vida de eso que llamamos los mercados y que en realidad son los banqueros y demás especuladores financieros, se verán las cosas con un poco más de ecuanimidad. O quizás no, ya he dicho que mucha gente está verdaderamente necesitada de un tratamiento psiquiátrico. Asi que cualquier sabe lo que va a pasar.

PD: todo lo que sostengo en este post no es obstáculo para que cualquier sector público, tambien el vasco, pueda recorrer un camino de mejora de la eficacia y la eficiencia, de utilización en todas sus posibilidades de los medios de que dispone y de reflexión sobre su mejor fórmula organizativa; pero ese proceso de mejora constante nada tiene que ver con considerar al setor público vasco o español excesivamente grande y necesitado de recorte.

(todos los datos de este post han sido extraidos de las web del EUSTAT, INE y Ministerio de Economía)

(la funcionaria de la foto lleva una pancarta que dice "Esta ciudad funciona porque nosotros (los funcionarios) lo hacemos"; en ingles trabajar y funcionar se puede decir de la misma manera -to work-)

 

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05:09 Anotado por: Javier Burón Cuadrado en Politica | Permalink | Comentarios (4) | Email esto | Tags: empresas publicas, crisis, austeridad, restructuracion del sector publico | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook

09/06/07

EL NUEVO PRESIDENTE DE LA CEOE NO ENGAÑAN A NADIE

medium_Gerardo_Diaz_Jose_Maria_Cuevas.jpgEl nuevo presidente de la CEOE, el Sr. Gerardo Díaz Ferrán, ha dicho en su toma de posesión que la mejor empresa pública es la que no existe. Entiende el máximo mandatario de los empresarios que lo que hay que hacer con todas las empresas públicas es privatizarlas.

Se puedes decir muchas cosas de este caballero (por ejemplo, que sostiene un discurso contrario a la Constitución de 1978 que consagra, inter alia, la intervención del Estado en la economía, la existencia de servicios públicos y la obligación de los poderes públicos de atacar las causas de las desigualdades sociales y removerlas), pero lo que no se puede afirmar es que no sea claro. El nuevo patrón de patrones quiere que los ciudadanos, en vez de recibir servicios públicos por el hecho de ser ciudadanos (y con más intensidad los ciudadanos más necesitados de tutela), adquiramos productos y servicios en virtud de nuestra renta y capacidad de compra (logicamente menos bienes y servicios los que tengan menos dinero). Así que ya sabéis, si este caballero tiene exito la educación, sanidad, vivienda, transporte, servicios sociales ... públicos, dejarán de serlo y pasará como en EEUU que si no tienes dinero te echan de los hospitales para que mueras fuera de los mismos.

PD: advierto al lector tendente al labelling (poner etiquetas) que, a pesar de militar en Ezker Batua Berdeak e IU, no tengo mala opinión, en principio, de los empresarios; que los considero, al menos a muchos de ellos, una fuerza al servicio de la riqueza, el valor añadido, los nuevos proyectos y la innovación; pero que defiendo, además de un campo para la empresa privada, un gran campo para los servicios públicos que son los que garantizan la dignidad de las personas y también el dinamismo de las economía más eficientes del mundo (las escandinavas, que tienen empresarios privados modernos y, ¡oh sorpresa!, servicios públicos abundantes y poderosos, además de altos impuestos, que tiran de la educación, la sanidad, la vivienda, el I+D+i, los transportes, la energía, los servicios sociales, las nuevas tecnologías y todas esas cosas que cuando se las dejas solo al mercado producen ineficiencia, pues atienden a las personas con poder de compra, en vez de a toda la sociedad).


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08:00 Anotado por: Javier Burón Cuadrado en Politica | Permalink | Comentarios (3) | Email esto | Tags: CEOE, patronal, Gerardo Díaz Ferrán, empresas públicas, empresas privadas | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook