Una cuestión que crea no pocas frustraciones sociales en España es la aparente falta de eficacia y eficiencia de las políticas públicas de vivienda. La población española sufre los defectos del mercado de vivienda (altos precios, sobre-endeudamiento hipotecario, alquiler poco profesionalizado y caro, desahucios, etc) y considera que el Estado le defiende muy poco en estos campos. Por otra parte, la producción de viviendas protegidas, generalmente en propiedad y con conversión en vivienda libre en pocos años, genera no pocas críticas. Se la considera una gota pública en el océano del mercado. De la misma manera, la raquítica acción pública en alquiler (el núcleo duro de la acción pública en vivienda en la UE), rehabilitación, movilización de vivienda vacía o regeneración urbana causa desazón en amplias capas de la sociedad española.

Sin embargo, si enfocamos la cuestión desde otro punto de vista, veremos que la acción pública en materia de vivienda en España ha sido muy eficiente y eficaz en la consecución de sus objetivos, que no son los admitidos en público, sino la creación de empleo y el crecimiento de PIB. La política pública de vivienda ha estado enfocada desde hace décadas, sin apenas cambios estructurales, hacia la producción, venta e hipoteca de amplios stocks de vivienda nueva libre en propiedad. Tanto nuestra política fiscal de deducciones, como nuestra regulación legal del mercado hipotecario y desde luego la atonía del aún non nato servicio público de vivienda han conducido en España a una subordinación de las políticas públicas al PIB y el empleo y un abandono de la reducción del esfuerzo económico que las familias necesitan afrontar para acceder a una vivienda digna (junto con la cohesión socio-espacial, el centro de la acción pública en esta materia en otros estados de la UE).

Solo así es explicable que España sea un país en el que el gasto público en materia de vivienda no llega al 1% del PIB (incluso conteniendo casi más de un 60% de ayudas fiscales a la compra de vivienda libre que no son gasto público directo) cuando los estados líderes en vivienda en la UE superan de largo el 2.5%. Solo así se entiende que, después de construirse más de seis millones de vivienda en el tiempo de nuestra burbuja inmobiliaria, el precio de la vivienda, lejos de reducirse, se haya incrementado un 230% y el del suelo un 500%. Solo así se explica que el parque de viviendas sociales en alquiler haya descendido en estos años de unas 144.000 a unas 128.000 y sigamos siendo el peor país de la UE en esta materia (0.5% del total de viviendas en alquiler social, frente al 35% de Holanda o el 20% de Francia y Reino Unido). Solo así se entiende que no superemos el 10% del total de viviendas en alquiler, cuando países como Alemania están por encima del 50%. Solo así se comprende que una familia española deba dedicar más de 9 salarios íntegros anuales para comprar una vivienda, cuando en muchos países de la UE se está entre 3 y 4 salarios. Solo así se explica que hayamos construido millones de viviendas protegidas en las últimas décadas, pero las mismas pasen a ser viviendas libres en propiedad en unos años. Solo así se comprende que España haya artificializado en la pasada burbuja inmobiliaria el 33% del suelo tomado por nuestra sociedad al medio ambiente en 12.000 años. Solo así se explica que España avance con paso firme hacia el medio millón de desahucios desde que empezó la crisis y hacia la nacionalización de las pérdidas del sistema financiero (generadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria).

España es un país enfermo de ladrillo. Nadie parece dispuesto a converger con la UE en esta materia. Pero no nos engañemos, las políticas públicas de vivienda consiguen con creces sus objetivos: más viviendas, más hipotecas y más empleo (a costa de lo que sea).  La primera premisa para transformar la realidad es conocerla. Y en este campo la realidad es bastante deficiente. En los años de la bonanza se ha avanzado solo tímida y parcialmente y los programas de recortes del sector público parece que se van a llevar por delante las enjutas y pírricas victorias del sector público de vivienda español de las dos ultimas décadas. Esto es lo que hay. Se puede cambiar. Pero va a ser necesaria mucha pedagogía, mucho trabajo y presión social y cambios electorales severos.