En las últimas semanas empieza a cundir el pesimismo sobre la futura producción de alquiler público en Euskadi, habida cuenta de los pobres resultados que se están observando en esta materia los dos ultimos ejercicios.

La verdad es que poco más de 500 nuevo alquileres públicos al año (periodo de crisis 2009-2010, frente a los 2.000 de ejercicios anteriores sin crisis) no conducen precisamente al optimismo. Pero a mi, mucho más que la producción coyuntural, me preocupa la tendencia general que se vislumbra.

Por una parte, se reducen los recursos presupuestarios dedicados a políticas públicas de vivienda en general y hacemos aún más grande la divergencia con la UE en esta materia. Por otra, las cajas de ahorros no solo elevan de forma sustancial el precio de la financiación a estas políticas, sino que, en lo relativo al alquiler y la rehabilitación, simplemente no financian casi una sola operación e incluso en la promoción de vpo para su venta se ha retirado el año pasado nada más y nada menos que el 40% de la financiación habitual.

A todo lo anterior, hay que añadir que el Gobierno Vasco ha congelado Bizigune, acabado con Alokabide (tal y como la conocíamos -colaboración público privada en materia de alquiler protegido entre cajas de ahorros y gobierno- ha desaparecido), reducido la capacidad de producción de vivienda protegida para alquiler de Visesa y dado la orden a Orubide y Departamento de no compar de forma sistemática más suelo para vivienda protegida en alquiler. Parece claro que no se quiere o no se cree que no se puede seguir utilizando los instrumentos del pasado.

Por ello, hay que preguntarse que vías nuevas o no tan nuevas se abren, en el momento en el que se cierran los principales instrumentos de los últimos años. A día de hoy solo quedan dos vías abiertas de producción de vivienda pública de alquiler y una posible, aunque aún inédita:

1. la promoción directa del Gobierno Vasco (que en los últimos 30 años nunca ha pasado de las 300 unidades al año).
2. la promoción directa de alguna rara avis municipal (tipo Donosti y Bilbao), también en cantidades muy modestas.
3. y la idea de futuras concesiones administrativas a fondos de inversión extranjeros para la construcción y explotación durante décadas de la futura vivienda protegida en alquiler vasca (¿evasión o victoria?).

Dejando de lado la vía 1 (testimonial y sustentada al 100% por presupuesto público), la gran diferencia entre la vía 2 y 3 es el precio para el contribuyente. Recientemente el Ayuntamiento de Donosti ha firmado un acuerdo con Bakoa para financiar la producción de 70 viviendas protegida en alquiler en Morlans. Probablemente sea el único acuerdo de su especie en toda España en varios años. Su precio y plazo: euribor + 2.75% y 20 años. Por su parte, no se conocen los precios y plazos de la concesión administrativa de vivienda protegida en alquiler a fondos de inversión privados, pero los mismos deben de ser tan onerosos para el contribuyente que el Departamento de Hacienda del Gobierno Vasco, de momento, ha puesto dificultades y frenos a este tipo de operaciones. Lo que si sabemos con seguridad es que los fondos de inversión exigirán precios superiores a los que figuran en el convenio entre entidades financieras y Gobierno Vasco y que no se está cumpliendo en la parte de alquiler protegido (euribor + 1.8%).

Por todo lo anterior, y más allá de la retórica mediática y política (que al menos tiene ciertas virtudes pedagógicas en términos teleológicos), la ontología del alquiler público vasco en los próximos, a mi juicio, va a seguir siendo la siguiente: extrema modestia en relación a la media de la UE (unas 20.000 unidades para una Comunidad Autónoma de unos 2.3 millónes de habitantes), estancamiento de la producción y melancolía (por ilusionarse vanamente -los esfuerzos inútiles dicen que producen melancolía-) en amplias capas de la sociedad vasca.

Dicho todo lo cual, le deseo a los gestores públicos de la vivienda vasca la mejor de las suertes. La van a necesitar, habida cuenta de la dureza del escenario.

PD: tiene su aquel que nadie quiera ver que en una Comunidad Autónoma como Euskadi, con un stock de vivienda libre terminada y no comercializada importante (más de 15.000 viviendas), abundante vivienda protegida terminada vacía (adjudicada o sin adjudicar; de la que no hay estadísticas, pero que seguro que suman miles de unidades -me remito simplemente a mi experiencia de paseante urbano vitoriano-) y vivienda usada privada vacía (casí 45.000, excluídas las de segunda residencia, según estudio del Gobierno Vasco de febrero del 2011), la base del parque público de alquiler no está en la producción de nuevas viviendas, sino en la reconversión de parte de las existentes en parque público de alquiler. 

ARTICULOS ANTERIORES EN ESTE BLOG QUE TRATAN DE TEMAS RELACIONADOS Y QUE PUEDE INTERESARTE: