Hace unos días leí que el Estado va a asumir el alquiler de 8.100 viviendas de la banca. La cosa tiene su interés, aunque creo que el tema no lo ha despertado ningún en la prensa o en la sociedad española. Explico como lo veo yo.

La SPA (sociedad pública estatal para la promoción del alquiler de vivienda que, a pesar de lo que pueda sugerir su nombre -alquiler público-, en realidad se gasta el dinero de nuestros impuestos en promocionar el alquiler de vivienda de mercado -garantiza el pago al propietario y el alquiler que paga el inquilino es casi de mercado-) en sus ya varios años de trabajo ha puesto en alquiler poco más de 4.500 viviendas en toda España. Una cifra ridícula, si tenemos en cuenta nuestros más de 2 millones de viviendas oficialmente vacías o los casi 22 millones de viviendas de España.

El modelo SPA quiere copiar al alemán (intermediación pública en el mercado privado de alquiler con resultado de alquileres rebajados, intervenidos, públicos o sociales), pero olvida un "pequeño" detalle: solo si hay subvención pública puede bajar el precio del alquiler que paga el inquilino sin bajar en exceso el precio que cobra el propietario. Vamos, que si lo público no pone dinero, el alquiler que sale es prácticamente el de mercado y el Estado para quien trabaja en realidad es para el propietario (garantía de cobro y de recuperación de la vivienda) y no para el inquilino. Además de dinero, lo público debe poner control, pues el mercado cuando procesa que los inquilinos diponen de mayor capacidad de pago suele trasladarlo al precio (de forma expresa o explícita, legal o ilegal).

Algunos han querido confundir al público al identificar las actuaciones públicas de la SPA (intermediación pública en el alquiler de vivienda privada) con políticas de movilización de vivienda vacía hacia el alquiler social como el Bizigune vasco. No me extenderé (eso sí, me remito a este texto de Roberto Cacho), pero Bizigune moviliza vivienda vacía privada hacia el alquiler social, a través de la capacidad pública de gestión y garantía, pero sobre todo de la subvención que el contribuyente pone para rebajar el alquiler hasta hacerlo social o no de mercado.

Pues bien, en la actual coyuntura de crisis económico-social y problemas de todo tipo en el mercado financiero-inmobiliario, ahora los bancos y las cajas quieren que la SPA trabaje para ellas ayudándoles a limpiar su sotck de viviendas vacías que no se venden ni a tiros. Mi teoría es que la mayor parte del sotck se limpiará gracias a la nacionalización de las perdidas de las cajas de ahorros (socialización de pérdidas inmobiliarias de las cajas), además de gracias al dinero público ya invertido en el FAAF, FROB, intervenciones de cajas, avales públicos a la liquidez del sistema financiero, etc. Pero parece que mientras esto llega, se quieren poner en marcha otros instrumentos más parciales e inmediatos.

En principio la idea en si misma no es mala: el mercado de vivienda no está bien y el estado puede ayudar a dinamizarlo, llevando vivienda vacía hacia el alquiler. Pero cuando se lee la letra pequeña ... llegan las decepciones.

En principio las viviendas van a estar 18 meses en alquiler (verdadero despropósito hijo de la desfachatez) con una renta máxima para el inquilino de 700 euros mensuales (esta es la parte medio buena), pero pasado ese tiempo la vivienda se venderá como una vivienda libre a su inquilino (podrá deducir lo pagado por el alquiler del precio que dicen que rondará los 100.000 euros -no parece muy creíble, pues por ese precio las viviendas se podrían calificar como protegidas y recibir otro tipo de ayudas públicas).

De todo lo anterior se deduce que la SPA va a gestionar miles de viviendas y con ello maquillará su nimio parque de alquiler, pero solo estarán en alquiler un breve periodo de tiempo (ni dos años), pasado el cual la vivienda se venderá en propiedad plena como una vivienda libre. Ergo, el Estado se va a encargar de la comercialización de parte del sotck de viviendas que bancos y cajas no pueden colocar.

Con esta opción no se favorece el parque público de alquiler, no se construye servicio público de vivienda y no se promociona el alquiler como regimen de acceso. En realidad se pone el dinero del contribuyente al servicio del lavado de los ladrillos tóxicos de banca y cajas españolas.

Una nueva oportunidad perdida de hacer las cosas bien. Ni siquiera de hacerlas por la izquierda. Me refiero solo a como lo plantearía un democratacristiano o socialdemócrata europeo clásico.

Pero en esto, España si es diferente, pues nuestras políticas públicas de vivienda están en realidad, nos digan lo que nos digan, al servicio del PIB, el empleo, la vivienda en propiedad y el sistema financiero (quizás en el orden inverso al que yo acabo de usar).

Una vez más, una pena.

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