La conocida como ley estatal de dependencia de 2006 y las leyes y demás normativas autonómicas de servicios sociales alumbradas en España en los últimos años de la pasada década de vino y rosas están hoy en la encrucijada.
Ni uno solo de los actores en juego tiene una posición fácil. Y todo apunta a que en los próximos meses/años vamos a ver cosas nuevas, difíciles y duras.
Las Administraciones Públicas que, con mayor o menor covicción y entusiasmo, han ido impulsando servicios, equipamientos y prestaciones en materia de dependencia, ven hoy con preocupación el nuevo ciclo financiero, económico y presupuestario. Es de todos conocidos que los momentos más complicados desde el punto de vista de la estructuración de un nuevo servicio público es la consolidación del mismo, una vez que este ha sido ideado y lanzado. Pues bien, casi en medio del lanzamiento, desconocemos si el cohete tiene suficiente combustible, si el rumbo es correcto y si la tripulación sigue comprometida con el viaje. Dada la alta sensibilidad electoral del asunto (millones de usuarios directos -titulares de derechos- o indirectos -sus familias- relacionados con el envejecimiento y las enfermedades ambas incapacitantes y dependizadoras en alguna medida) puede que haya una cierta tentación de no hablar claro. Dado el tamaño del problema económico (las cuentas no salen por bastante) también puede existir la tentación de ganar tiempo, diferiendo el problema para futuros años. E incluso, dado el nivel de cooperación público - privada en esta materia alguien puede abrigar la esperanza de cargar los costes de la menor disponibilidad financiera a los empresarios privados concertados del sector (mayor ventura y riesgo o incluso asunción vía licitación de condiciones imposibles de cumplir que llevarán a pérdidas empresariales no asumibles) y/o a los trabajadores del mismo (precarización).
Por parte de los usuarios, es evidente que la sensación de miedo a la pérdida de las ayudas (no me refiero solo a las económicas, pues los servicios y equipamientos también cuentan) puede implicar todo tipo de reacciones en función de los medios culturales y económicos de los afectados. Sea como fuere, si los usuarios avanzan hacia un escenario de pérdida de prestaciones, volverán la vista hacia su pecunio y familia (quien los tenga) para una vez más cargar las servidumbres de la dependencia, como ha sido norma en España, a los magros ingresos y ahorros y sobre todo en la familia (nuestro impropio estado del bienestar patrio).
Los empresarios del sector no lo están pasando, ni mucho menos, mejor. Miles de millones de pagos por las plazas y servicios concertados con las administraciones pendientes de cobro, con el consiguiente coste financiero de esos pagos no recibidos, provisiones e incluso pérdidas. Hoy mismo se anuncian posibles cierres de centros por impagos de las administraciones. Por otra parte, casi la mitad de su capacidad instalada está ociosa. Las relaciones con las adminstraciones están siendo menos frecuentes de lo que se les prometió (el modelo iba a descansar fundamentalmente sobre profesionales y equipamientos, pero ha virado hacia el protagonismo de los familiares que reciben dinero por cuidar a sus dependientes -el cuidador informal-). Y los servicios privados puros y duros de dependencia tienen un coste que no guarda relación con el nivel adquisitivo de la familia media española. No me extenderé, pero es de todos conocida la situación del sector, en los últimos meses bien conocida por los profesionales que nos movemos en su entorno, y desde hace unos días por cualquier que lea la prensa.
Por cierto, no lo desarrollaré, pero todos somos conscientes de que en este campo hay soterrada hostilidad entre los empresarios privados con ánimo de lucro y las entidades sin ánimo de lucro que han recorrido el camino desde el activismo social hacia la profesionalización en los servicios sociales, aunque excluyendo el ánimo de lucro mercantil. No es un tema menor y convendrá saber como encajamos estas dos piezas del pluzle, así como las dos técnicas jurídicas al uso para la cooperación público-privada en esta materia (contratación pública y concertación).
Los trabajadores del sector, ya de suyo de ingresos menguados, con todo lo que se ha descrito, es claro que temen por su puesto de trabajo y medio de vida. No solo en términos de existencia del mismo, que obviamente ese es el primer temor, sino también en términos de posible precarización del puesto de trabajo.
No tengo datos concretos, pero supongo que también algunas entidades financieras puede estar empezando a tener pesadillas, pues los proyectos de residencias y centros privados se han financiado fundamentalmente por la banca privada o las cajas de ahorros. Y a día de hoy no solo hay dificultades para que el sector se desapalanque devolviendo sus créditos promotor a las entidades financieras, sino que las diferentes líneas de descuento privadas o públicas no están siendo operativas para permitir el cobro de los servicios ya prestados y con ello que el circulante a corto pague en la medida necesaria el inmobilizado a largo. Si empresas privadas del sector de la dependencia son declaradas en concurso de acreedores, además de todo el dolor y sufrimiento propio de estos procesos, nos toparemos con el dato adicional de que las daciones en pago de suelo y edificaciones propias del sector inmobiliario no operan de la misma manera en este caso (pues estamos ante dotaciones privadas sin aprovechamiento urbanistico residencial o comercial).
¿Como se sale de todo esto? No lo se, al menos no con certeza. Si tengo claro que ganar tiempo, trasladar el problema a la próxima década y generación o esperar a que las cosas vuelvan a la "normalidad" de los pasados "buenos tiempos" no es una solución y puede acabar siendo parte del problema. Me temo que adminstraciones, empresarios, trabajadores, entidades financieras, usuarios y contribuyentes tendrán que hacer cuentas, ver lo que es financiable y lo que no, potenciar al máximo las sinergias operativas (algo manifiestamente mejorable en este campo), buscar una financiación público-privada adecuada para estas actividades, maximizar la eficiencia y la eficacia y (casi lo lanzo como provocación) no despreciar las posibilidades de la cooperativización de servicios (que en algunos casos son de responsabilidad pública y prestación concertada privada, muy intensivos en mano de obra y de baja intensidad en materia de capital). Sea como fuere, creo que lo mejor será no hacernos trampas al solitario, buscar la máxima eficacia y eficiencia en los servicios públicos y entidades privadas que operan en el sector y tratar de preservar la mayor cantidad de puestos de trabajo y actividad económica que sea posible.
Lamento citarlo en último lugar, pero como el usuario de un servicio público o el cliente en un mercado son los centros de la actividad de administración y empresas, o al menos deberían serlo, tampoco estaría de más preguntar a los usuarios que necesitan y como creen ellos que se les puede prestar el servicio estrictamente necesario al coste (impuestos y precios) más ajustado posible.
En cualquier caso, como decía, veremos cosas nuevas, difíciles y duras ... que espero no nos hagan renunciar a la convergencia de España con la UE - 15 en este campo.
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