LEOLO

El pasado 6 de marzo tuvo lugar un interesante debate parlamentario sobre los desahucios, las hipotecas, la dación en pago y la vivienda en el Congreso de los Diputados.

Se suscitó como consecuencia de una Moción consecuencia de Interpelación Urgente al Gobierno del Grupo Parlamentario la Izquierda Plural (defendida por el diputado Joan Coscubiela -foto de arriba-). Y el debate completo se puede ver integro en este vídeo oficial de las Cortes españolas (comienza en 2 horas y 19 minutos y acaba en 3 horas y 9 minutos).

Del mismo yo deduzco los siguientes aromas:

• PP: este problema va a ser atajado por el Código de Buenas Prácticas Bancarias sobre Hipotecas que el Ministro De Guindos presentó en sociedad hace unas semanas y que el día 9 de marzo será publicado en el BOE.
• PSOE: esta emergencia social debe ser combatida con una moratoria en el pago de las hipotecas de las familias en riesgo de perder su vivienda (tipo línea moratoria ICO que ya fue implementado por el anterior Gobierno); en los casos de ejecución hipotecaria, con alquiler temporal en la que fue vivienda de los ejecutados y hoy es propiedad del banco/caja ejecutor; a futuro debe aceptarse la dación en pago como régimen hipotecario habitual o más común; es necesario crear un parque de vivienda en alquiler barato que se puede hacer entre la banca y el estado, con parte de los stocks de la primera y la capacidad de gestión y servicio público del segundo; y debe aprobarse de una ley de insolvencia personal o familiar.
• Izquierda Plural: esta emergencia social debe afrontarse con un enfoque a corto plazo que implique: dación en pago retroactiva, alquiler en su ex vivienda para los desahucios que se sigan produciendo y creación de un parque público de vivienda en alquiler para todo tipo de público, pero empezando por los desahuciados y poniendo en primer lugar a disposición los activos inmobiliarios de los bancos y cajas intervenidos por el FROB (entidades financieras públicas = viviendas en stock públicas y al servicio del interés general). Y con otro enfoque a medio y largo plazo, fundamentalmente a través de una ley de limitación de la capacidad de endeudamiento hipotecario de las personas y familias.
• CIU: este grave problema se soluciona con una ley concursal bien adaptada para las personas físicas y familias, a imagen y semejanza de las quiebras empresariales (donde la responsabilidad de empresario no es para toda la vida y sobre todos sus bienes presentes y futuros, sino que se circunscribe a los activos de su negocio en el momento de la quiebra).
• UPyD: esta emergencia social hay que afrontarla ya, se anuncia una proposición de ley de este Grupo Parlamentario, en la que parece que se acepta la dación en pago, pero no se aceptan límites legales al endeudamiento hipotecario de las personas y familias.
• PNV: esta emergencia social, que va a ir a mucho peor en el futuro, debe ser atajada por el estado ya. Se ponen a disposición del resto de grupos parlamentarios. Votan a favor de la Moción de la Izquierda Plural. Y esperan poder ser útiles en los trabajos parlamentarios que a buen seguro van a modificar varias leyes.
• NaBai, Compromis-Equo y Coalición Canaria: intervienen para apoyar la Moción de Izquierda Plural.

Estos aromas, me producen las siguientes sensaciones:

• En el PP son magos en la comunicación política. En este tema va a parecer que son los que han cogido el toro por los cuernos y con sentido común han tomado medidas como Dios manda. Perdón por los lugares comunes, pero es lo que el propio PP usa como libro de estilo comunicacional. Pero, en realidad, van a hacer nada o casi nada, pues todo lo dejan a que los bancos y cajas apliquen voluntariamente un código de buenas prácticas. Es decir, el PP propone dejar legalmente las cosas tal y como están ahora.
• El PSOE ha movido ficha. Busca fórmulas para que no se produzcan más desahucios, para que los ejecutados se queden de alquiler en la que fue su casa y para que el stock de vivienda vacía se redirija en parte hacia el alquiler asequible, barato y/o social. También buscan fórmulas para que esto no se vuelva a producir en el futuro, especialmente con la dación en pago como régimen común hipotecario y con una legislación de insolvencia personal o familiar. A pesar de esta postura, perfectamente defendible en sociedad en general y en círculos de la izquierda en particular, el PSOE arrastra el problema de haber gobernado y no haber hecho nada de sustancia en la materia (salvo facilitar por dos veces en sendas leyes el desahucio de inquilinos).
• Izquierda Plural reproduce casi de forma mimética la posición de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (dación en pago retroactiva, moratoria de desahucios y parque público de alquiler social, a lo que añade, mirando más allá del aquí y el ahora, un mecanismo para evitar que esto se reproduzca a futuro (limitación legal del crédito hipotecario sucribible por personas y familias).
• CIU cree que un problema social y económico estructural se puede solucionar con magia jurídica. O lo cree, y son unos simples, o creen que nos vamos a creer que ellos lo creen, y entonces los simples seríamos nosotros.
• UPyD: va a favor de la corriente social de indignación, pero, de momento, no concreta sus propuestas.
• PNV: wait and see, pero tiene claro que este es un tema sangrante en el que aportará su grano de arena, desde la legitimidad de representar (parcialmente) al territorio con menos desahucios de España (que por algo será).
• Grupo Mixto, en buena parte, están con el planteamiento de Izquierda Plural o incluso van más lejos.

El debate me ha llevado a ciertos temas estructurales que creo deben ser mencionados:

• El PP defiende que la dación en pago parece buena para la gente, pero en realidad es mala. Haría que el crédito fuese más caro y menos abundante, con lo que la vivienda sería mucho más inaccesible. Este es un tema clave, pues la gente puede comprar esta mercancía política averiada y se le puede ocultar la verdad objetiva, contrastada con evidencia científica dura. España con dación en pago es uno de los países con la vivienda más inaccesible de la UE (sobre 7 salarios anuales íntegros para sufragar una vivienda para toda la vida). Los países de la UE con dación en pago no tienen una vivienda más cara y un crédito hipotecario menos accesible, sino todo lo contrario (sobre unos 3 salarios anuales íntegros para sufragar una vivienda para toda la vida). Ahora bien, lo que si hay una enorme diferencia es entre la tasa de beneficio de las entidades bancarias españolas por el negocio inmobiliario doméstico (con beneficios en épocas de vacas gordas y ayudas públicas en momentos de crisis) y las tasas de beneficio inmobiliario de las entidades financieras del resto de la UE. Lo que el PP quiere proteger, me temo, no es la accesibilidad a la vivienda, sino el desmesurado negocio inmobiliario y urbanístico especulativo que hay en España.
• UPyD denuncia que se trate a los ciudadanos como menores de edad al sugerir que hay que poner límites legales a su capacidad de endeudamiento hipotecario. Incluso pregunta ¿no son los españoles mayores de edad lo suficientemente adultos como para saber cuanto se tienen que endeudar y como para que no sea necesaria una tutela no solicitada del estado intervencionista? Bien, pues la respuesta a esta pregunta, mal que les pese a algunos, es no. Los españoles no son lo sufiencientemente maduros en términos de cultura financiera como para saber cuando se endeudan mñas de la cuenta. Es más, los propios ejecutivos financieros tampoco son los suficientemente maduros como para saber cuando compremeten en exceso a sus bancos y cajas en el negocio inmobiliario. Me remito a las pruebas, caminamos hacia el medio millón de familias puestas de patitas en la calle, hay millones de familias sobrehipotecadas y todo nuestros sistema financiero está quebrado por una sola razón: atracón de suelos, ladrillos e hipotecas. Por cierto, Cameron en el Reino Unido y Sarkozy en Francia son en esta materia intervencionistas. Ambos países tienen leyes que limitan la capacidad de endeudarse de sus ciudadanos en la adquisición de una vivienda: el 30% del salario mensual para el pago de hipoteca en Francia y 3 salarios anuales íntegros para la compra de una vivienda en el Reino Unido. ¿Porque gente tan liberal y conservadora como estos dos políticos imponen estas restricciones a la ciudadanía a la hora de hipotecarse? Sencillo, una hipoteca suelta no va a ningún sitio, pero millones de ellas juntas compromenten la economía de un país entero.
• Todo el mundo habla de hipotecados que pierden su vivienda en propiedad, pero nadie habla de los inquilinos que en paro o empobrecidos por otras razones son expulsados de sus viviendas de alquiler. A finales del 2011 hice unos números y me dio la siguiente ratio: tenemos 8 propietarios de vivienda por 1 inquilino, pero los inquilinos están siendo objeto de el doble (proporcionalmente) de desahucios que los hipotecados. Lamento llamar la atención sobre los más vulnerables de entre los vulnerables, pero es que tengo muchos resabios de mi educación cristiana y socialista. Casi nadie habla por esta gente, pero existen.
• En un debate parlamentario de casi una hora casi ningún diputado pone en relación dos magnitudes que cualquier académico que estudie el mercado y las políticas públicas de vivienda cita: España tiene millones de viviendas vacías (el INE habla del 20% de nuestro parque, 6 millones) y nos acercamos al medio millón de personas puestas de patitas en la calle. En casi todos los países de la UE estas dos magnitudes (6 millones de viviendas sin personas y medio millón de personas sin casa) lleva a las autoridades públicas (de casi todo signo político) a implementar medidas para penalizar la vivienda vacía y hacerla salir hacia el alquiler barato. Palabras como multa, requisa, alquiler forzoso, expropiación, ocupación o derribo son usadas por las legislaciones europeas en vigor desde hace décadas, sin demasiada controversia socio-política y con el convencimiento que construir viviendas para tenerlas vacías y procrear gente para tenerla en la calle es de necios e incluso de irresponsables.  
• Me produce una tremenda tristeza comprobrar que más de media docena de partidos de izquierdas en el Congreso no pactan una postura unitaria en este asunto, cuando sus posturas no están alejadas como para justificar tal desunión. Si sindicatos y partidos de izquierdas pactaran una plataforma común en materia de desahucios, el PP tendría mucho más dificil sus maniobras dilatorias y de distracción. Si hubiese una plataforma unitaria de progreso en este tema, los más machacados por la burbuja inmobiliaria podrían ser atendidos antes y mejor. Pero, de momento, hay lo que hay. Una verdadera pena que lamento y que creo que aún más lo haremos en el futuro inmediato.

Se acaban de presentar con gran aparato mediático una serie de medidas que el Gobierno de la Nación asegura que va a tomar sobre el problema de los desahucios hipotecarios derivados de la grave crisis. Como en ocasiones precedentes (recordemos las medidas presentadas a bombo y platillo sobre este mismo tema por el anterior Gobierno en el invierno del 2008), tengo la sensación de que de lo que se trata es de hablar mucho y hacer bastante menos. Las medidas presentadas en el 2008 no sirvieron para absolutamente nada. Las actuales pueden seguir casi el mismo camino. Espero estar equivocado, pero los hechos son los hechos.

Comentemos, aunque sea someramente, las medidas una a una. Para ello procedo a fusilar un artículo de Cinco Días (cursiva), al que añadiré comentarios míos (letra normal):

1. Umbral de exclusión. Economía modificará la normativa vigente para establecer un nuevo umbral de exclusión social que incluye "unidades familiares con todos sus miembros en paro y cuya vivienda objeto de ejecución sea primera y única residencia". El Ministerio advierte que acotará la definición para evitar abusos o fraudes. Estamos ante un umbral que pretende evitar los desahucios, pero que solo se aplicará por voluntad de bancos y cajas. Además, el umbral es excesivamente bajo, pues deja fuera a las familias de clase media venidas a menos y las familias en riesgo de esclusión social. De hecho, el umbral solo afecta a familias ya excluídas socialmente (cero ingresos y vivienda como único bien).

2. Ejecución. Tal como avanzó Guindos, el empeño del Gobierno será fomentar las ejecuciones extrajudiciales, creando una base de datos informatizada sobre las mismas y posibilitando el acceso a subastas online de inmuebles embargados, con el fin de que la vivienda se salde con "el precio más elevado posible", y así descargar al deudor de su carga. A la mayor parte de la gente lo de las ejecuciones extrajudiciales le puede sonar bien (pasar de la lenta Justicia). Pero hay que advertir que en no pocas ocasiones estos procedimientos, que ya se usan, implican que los bancos y cajas se queden con las viviendas embargadas, no por el 60% de su valor subastable, sino por 1 euro. Así que, ojo, que el asunto tiene bastante peligro para la ciudadanía.

3. Intereses. Las reformas legales planteadas por el Ejecutivo incluye atenuar los intereses moratorios, en especial para aquellas personas incluidas en el umbral de exclusión. Nada que objetar a esta positiva medida, que si parece que se va a imponer por ley a los bancos y cajas. Como siempre, la clave será la letra pequeña y los números. Así que habrá que esperar.

4. Código de buena conducta. Aparte de las anteriores modificaciones legislativas, el pilar maestro del plan de Guindos se basa en un "código de buenas prácticas" que las entidades tendría que asumir voluntariamente. Al final de este listado haré varios comentarios sobre este tema, que es el núcleo central de las "medidas" del Gobierno del PP.

5. Gastos. Este documento "contendrá recomendaciones" como la posiblidad de que "en caso de ejecución, el pago del capital de la hipoteca sea proporcional al número de cuotas abonadas" invirtiendo la tendencia actual de que en los primeros años de pago del crédito solo se cubran los intereses, en lugar del principal. También se invita a moderar los gastos asociados a la hipoteca. Suena interesante este aumento de la amortización del capital y reducción de la carga de intereses, pero su aplicación depende de la voluntad de los bancos y cajas. Estamos hablando de un asunto algo técnico, pero que afecta a la médula espinal de la rentabilidad del negocio hipotecario. Por ello, espero pocos movimientos favorables para los hipotecados en este asunto.

6. Garantías. Economía busca que las entidades financieras sean "co-partícipes" de la devaluación de los inmuebles que embarguen, para que no sea el titular de la hipoteca el único que asuma la diferencia. Esta es sin duda una de las madres del cordero. Si un banco o caja te dio un préstamo por valor de 80 para comprar una vivienda que ellos mismos tasaron en 100, ahora que llega el momento de la ejecución por impago no pueden decir que la vivienda vale 50 y hacer asumir toda la "minusvalía" (más contable que real) al hipotecado. Ojalá De Guindos consiga algo práctico en este apartado, pues la materia es clave.

7. Dación en pago. Los núcleos familiares recogidos en el umbral de exclusión antes mencionado podrían saldar la hipoteca con la simple entrega del inmueble, en lugar de arrastrar la deuda como ocurre actualmente. La verdad es que hay que aplaudir a los escribanos ministeriales. Redactan la dación en pago como una facultad de las familias sobrehipotecadas. Pero en realidad es algo que se hará solo si el banco quiere. De lo que habla De Guindos es de la dación en pago cuando quiera el banco o la caja. Algo que existe en nuestra legislación como posibilidad desde la noche de los tiempos, pero que bancos y cajas no han aplicado hasta la fecha nunca.

8. Periodo de carencia. Guindos ha invitado a la banca a aplicar un periodo de carencia de dos años, prorrogable en determinadas circunstancias. No queda claro si estamos hablando de un periodo de carencia en el pago de la hipoteca (pagar solo intereses y no capital) o si hablamos de vivir de alquiler en la vivienda que ha sido objeto de embargo durante un tiempo. Si es lo primero, ya se ensayó con el Gobierno de Zapatero y no se firmaron casi operaciones (fue una de las líneas ICO menos usadas de todos los tiempos). Y si es lo segundo, se parece mucho al "alquiler social" que pide la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para las personas que pierdan su vivienda (seguir viviendo de alquiler en la que fue tu vivienda y hoy es del banco). Como tal, una propuesta del máximo interés. Pero, de nuevo, estamos ante algo que se hará o no a voluntad de las entidades financieras.

9. Deducción fiscal. Para incentivar el código de buenas prácticas, el Gobierno aprobará una deducción fiscal por las pérdidas que sufran quienes lo apliquen. Al final de este listado haré varios comentarios sobre este tema, que es otro de los núcleos centrales de las "medidas" del Gobierno del PP.

10. Paliar nuevos casos. El objetivo de la norma, reconoce el Gobierno en su nota, es paliar la situación que viven las familias en riesgo de exclusión social, aunque a priori, no parece que vaya a tener ningún efecto retroactivo. Solo por recordar la realidad, esto significa que el Gobierno de la Nación está pensando en evitar los 200.000 nuevos desahucios que se pueden producir en los próximos meses en España, pero no tiene política o medida alguna que ofrecer a los 300.000 que ya se han producido desde el inicio de la crisis. No me explayo, pero me parece cuando menos injusto tratar de atender a unos (los que pueden llegar a pasarlo muy mal) y pasar de los otros (los que ya los están pasando extraordinariamente mal).

En primer lugar, llama la atención que no hay papel oficial alguno que estudiar. De momento todo son declaraciones de tipo político. Contrasta con las ruedas de prensa a calzón quitado en las que el PP o el Gobierno anuncian el estructural Decreto Ley de cada viernes. Al parecer el tema de los desahucios puede esperar. Bien porque el tema es complejo donde los haya. Bien porque el PP no lo considere estructural. Bien por lo poderosos que son los intereses afectados. Bien porque lo que esté habiendo sea solo una gestión de la imagen política del Gabinete.

En segundo lugar, produce un cierto sonrojo leer que el Gobierno de Nación le propone al sistema financiero privado (que no puede aguantar vivo ni 48 horas sin la respiración asistida que todos los días le da el contribuyente español y europeo en forma de decenas, sino cientos, de miles de millones de euros) un código de buena conducta en esta materia de seguimiento voluntario. Es curioso que cuando son los bancos los que deben ser rescatados de su propia arrogancia, irresponsabilidad y falta de ética y profesionalidad siempre aparecen dos cosas: el BOE (en forma de urgantísimo Decreto Ley) y el dinero público. Ya nos hemos acostumbrado a este hecho, pero no hay que dejar de señalarlo. La lesgislación motorizada de excepción (¡cuanto estoy recordando al "bueno" de Carl Schmitt en los últimos meses!) y la chequera del contribuyente solo están al servicio de bancos y grandes empresas. Lean en este artículo de Joaquin Estefania sobre los 1.6 billones de euros públicos utilizados oficialmente hasta la fecha pra salvar al sistema financiero europeo. Pero para las clases medias depauperadas y clases populares marginales o marginalizadas, tanto el PSOE como el PP, desde la caída de Lehman Brothers, solo ofrecen, hasta el momento, palabras, palabras y más palabras. Habida cuenta de lo buena que ya sabemos que ha sido la conducta de bancos y cajas españoles en los últimos años, no necesitamos códigos de buenas prácticas. España necesita leyes en esta materia. Y así como el Gobierno ha legislado en materia laboral, financiera y del sector público, tembién en materia de vivienda y desahucios tiene que producir leyes que impongan soluciones a las partes e intereses en conflicto. Necesitamos leyes y no más buenas palabras. Por cierto, con buena parte del sistema financiero español ni leyes hacen falta. Todas las entidades financieras que están recibiendo ayudas del contribuyente deberían aplicar el código o perder el apoyo del dinero público. 

En tercer lugar, debe ser ponderado con cuidado el hecho de que, más allá de unas pocas posibles modificaciones legales, el código de buenas prácticas bancarias sobre vivienda quiere ser impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy a golpe de desgravaciones fiscales, a falta de dinero contante y sonante. En principio, no me opongo al uso de las desgravaciones fiscales para perseguir objetivos de interés general. En materia de vivienda prefiero el gasto directo al gasto fiscal. Aunque la tradición española va por otro lado: solo 1 de cada 4 euros gastados en políticas públicas de vivienda es gasto directo, siendo los otros 3 deducciones fiscales. Situación esta inversa a la habitual en la UE. Por otra parte, es claro que en momentos de crisis fiscal lo que hay que hacer es incrementar la recaudación tirbutaria y no reducirla. Pero lo que ya clama al cielo es que para convencer a los bancos y cajas  de que dejen de comportarse como suicidas con la vivienda y sus ocupantes, no solo les regalemos decenas o cientos de miles de millones de euros para evitar su quiebra, sino que además le añadimos la posibilidad de que puedan deducirse las pérdidas que les ocasionen los sus activos tóxicos. Para que nos entienda todo el mundo, los bancos y cajas españoles cobrarían dos veces del contribuyente español y europeo por sus activos inmobiliarios tóxicos: una por disimularlos en sus balances y evitar evidenciar su quiebra y otra por reconocer parte de las pérdidas si hay posibles desahuciados de por medio. Creo que los economistas neoliberales hablan de riesgo moral en el caso de empresas mal gestionadas que son salvadas por el Estado, poniendo en pié de igualad a los malos gestores con los buenos. Pues bien, no se me puede ocurrir un mejor y más grande ejemplo que este. 

En cuarto lugar, llamo la atención sobre el hecho de que los partidos políticos y medios hablan de los sobrehipotecados que son objeto de un embargo y son desahuciados. Drama evidente y a paliar. Pero nadie habla de las familias que viven en alquiler y que son desahuciados por impago. Nuestro parque en alquiler (10%) es mucho menor que el de propiedad (80%). Por ello hay muchos más sobrehipotecados que inquilinos desahuciados en términos absolutos. Pero no nos debemos engañar, si se consultan las estadísticas judiciales se puede comprobar que el porcentaje de inquilinos desahuciados es mayor aún que el de sobrehipotecados puestos de patitas en la calle. A mi juicio los dos colectivos deben ser objeto de un tratamiento por parte de los poderes públicos.

En quinto lugar, recuerdo que la dación en pago que si existe en España y que se ha aplicado intensamente en los últimos años por valor de varias decenas de millones de euros es la dación en pago de promotores hacía bancos y cajas. En España un promotor le entrega unos suelos o viviendas a una caja o banco y se libera de su deuda. Pero si un particular le entrega su vivienda debe de por vida la diferencia entre lo que la entidad decía hace unos años que valía la vivienda y lo que dice ahora que vale. Esta asimetría en el tratamiento del deudor hipotecario es, simple y llanamente, injustificable.

Y en sexto y último lugar, lo que más me preocupar es que el Ministro de Guindos, es capaz de hacer creer a parte de la prensa-sociedad que está imponiendo la dación en pago a bancos y cajas y defender en la tribuna del Congreso de los Diputados (como hizo ayer en la sesión de control) que la dación en pago es mala, pues incrementa el precio de las hipotecas y dificulta el acceso a la vivienda. En este blog he hablado muchas veces del tema. Ya casi aburre. Pero hay que decirlo un millón de veces hasta que se oiga, al menos un poquito, entre el coro de opinadores a sueldo. En casi toda la UE y la OCDE existe la dación en pago y el acceso a la vivienda es mucho mejor que en España. Países con dación en pago están en un índice de esfuerzo en el acceso a la vivienda de entre 3 y 4 salarios anuales completos (para comprar o alquilar de por vida una vivienda) y en España, a pesar de la crisis, seguimos en el entorno de los 7. En la burbuja llegamos a estar por encima de los 8 y varias CCAA estuvieron por encima de 9. Aporto un gráfico del profesor José Garcia Montalvo, basado en datos del BdE y FUNCAS.

Se me dirá, con razón, que la dación en pago no puede ser el único elemento que explica el menor esfuerzo de acceso a la vivienda en muchos países de la UE respecto a España. Es cierto que el precio de la vivienda dependen policausalmente, entre otros factores, del nivel de empleo, el suministro financiero, la fiscalidad, la oferta de alquiler y las políticas públicas de suelo y vivienda. Pero los temas financiero-hipotecarios son claramente de los que más afectan a la vivienda (precio/accesibilidad). Y los países de nuestro entorno tienen de manera general dación en pago y viviendas mucho más asequibles para la ciudadanía. Ergo, De Guindos miente como un bellaquete (lo digo casi con cariño, sabiendo que el "ejecutivo-técnico" no tiene más remedio que mentir un poco en su función de "tecnócrata-político"), pues un ejecutivo con su CV sabe perfectamente como está este asunto en los países referentes de la UE y del mundo anglosajón. 

Y acabo estas notas con lo que política y económicamente a mi me parece más relevante.

Lo político: el PP teme el efecto combinado de la Iniciativa Legislativa Popular de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (en nada en el Congreso) y las iniciativas parlamentarios de la izquierda en la materia (las más incisivas de Izquierda Plural -Proposición de Ley y No de Ley- y las por ahora blandas del PSOE -Proposición No de Ley-). Supongo que todos los partidos de izquierdas se van a poner a tope con este asunto. Es de esperar cierto apoyo sindical (los que pierden la casa antes perdieron el trabajo). Y apunto además que IU está (no por mi) extraordinariamente bien asesorada en esta materia. Lean su Proposición de Ley explicando las reformas legales a su juicio necesarias para atajar los problemas de sobre-endeudamiento, vivienda y desahucios. Con todo lo que cuento y el país caminando hacia los seis millones de parados y el medio millón de desahuciados el PP algo debe hacer.

Lo económico. La banca tiene viviendas que no quiere y no sabe gestionar que provienen de desahucios individuales y daciones en pago de promotores que no desea. Las personas que más sufren la crisis necesitan vivienda en alquiler a precios asequibles. Y las Administraciones Públicas dicen querer converger con la UE en materia de alquiler (incluso algunas de ellas tienen experiencia en la gestión de parques de alquiler). Por favor, siéntense las tres partes de una vez y hagan de los tres problemas una solución: un programa público-privado de alquiler al servicio de todos, pero también de los más débiles de la sociedad, que además satisfaga las necesidades e intereses de bancos, cajas, acreedores extranjeros y administraciones. Como ya he hablado de este tema en posts anteriores no me extiendo, me remito a ellos y reitero mi disponibilidad personal y profesional para trabajar en esta línea.

Sea como fuere, toca esperar a que De Guindos convierta los titulares en documentos. Mientras esperamos varios cientos de familias son puestas de patitas en la calle cada día ...

PD: pido perdón por la referencia tipo "te lo dije", pero dejo anotado que de todas estas cosas escribo desde hace cinco años, nada efectivo se ha hecho, los problemas siguen empeorando y nadie parece tener el cuajo político necesario para meterle mano al asunto sin cargar todos los costes en las clases medias y populares.

• En abril del 2007 colaboré en la redacción de propuestas legales de reforma del mercado hipotecario que hoy siguen siendo necesarias. 
• En octubre del 2008 apunté la necesidad de afrontar la reestructuración bancaria, el problema de los desahucios y el parque de alquiler asequible de una sola vez y evitar la salidas en falso a favor de la banca. 
• En enero del 2009 colaboré en la redacción de propuestas para tratar de reconducir parte del stock de bancos y cajas hacia el alquiler público. 
• Ese mismo mes ayudé a impulsar en Euskadi ayudas públicas a promotores y bancos a cambio de alquilar parte de su stock ocioso. 
• Un mes después ayudé a impulsar en Euskadi un  programa de cobertura de los parados desahuciados a través del parque público vasco de alquiler. 
• Por otra parte, en febrero del año pasado ya mostré mis posición sobre los límites del activismo judicial y la necesidad de reformas legales en materia hipotecaria.

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·      ALQUILER PUBLICO, GOBIERNO VASCO Y FONDOS PRIVADOS DE INVERSIONES

·      ALQUILER PUBLICO DE VIVIENDA: EUSKADI SE ALEJA DE LOS PAISES LIDERES DE LA UE

·     VIAS (agonizantes, non natas, estériles) DE IMPUSO DEL ALQUILER PROTEGIDO EN EUSKADI

·     ¿EL PRINCIPIO DE FIN DE LA VIVIENDA PROTEGIDA VASCA?

·     EL CRUDISMO EN MATERIA DE POLITICA DE VIVIENDA EN EUSKADI

España, como consecuencia de una irracional y especulativa sobreproducción de vivienda durante la pasada década, es un país que dispone de millones de viviendas vacías a las que no se les da uso alguno (según el INE, tantas como seis millones) y cientos de infraestructuras de alto nivel sin uso o casi sin el (aeropuertos sin aviones, AVEs sin pasajeros o, como se ve en la foto, puertos deportivos sin un solo barco ni perspectivas de tenerlos). A la vez, España es un país con millones de parados, trabajadores y pensionistas con ingresos congelados, decrecientes o en desaparición y lógicamente con un consumo muy retraído. El público destinatario de las viviendas tipo está hoy sobreendeudado (el endeudamiento de las familias españolas supera el 100% de nuestro PIB anual y es mucho mayor que el de las Administraciones), a las puertas del embargo (ya han caído en esta situación 300.000 familias desde que empezó la crisis) o sin acceso al crédito hipotecario. Ergo, en España hay en estos momentos un gran nicho de mercado y servicio público para un alquiler que la gente pueda pagar. Aunque, de los 25.5 millones de viviendas que hay hoy en España, solo 2.2 están en alquiler y prácticamente no hay vivienda pública de alquiler. Por su parte, el sector inmobiliario ha sufrido una fuerte ola de quiebras y producción de parados, pero se resiste a acometer una general reconversión. La sola mención del concepto reconversión industrial inmobiliaria levanta ampollas en algunos de sus más conspicuos miembros. A su vez, el sector financiero está quebrado, como consecuencia de las muchas decenas de miles de millones de euros de activos inmobiliarios tóxicos de los que se está teniendo que hacer cargo (el Banco de España cifra el problema en un monto equivalente al 15% del PIB anual de España). Bancos y cajas no acaban de saber que hacer con los cientos de miles de viviendas vacías que tiene en sus balances o en vehículos financiero-fiscales que no se notan, pero se sienten. Y finalmente, la Hacienda y el Tesoro Públicos no da más de si en la tarea de rellenar con dinero público de forma incondicional los agujeros insondables de pérdidas del sector inmobiliario-financiero español. 

Pues bien, todo este conjunto de datos indudablemente negativos y claramente interrelacionados, deberían provocar un escenario de freno de la producción de nueva vivienda, utilización del stock existente hasta sus ultimas posibilidades (alquiler nacional, turismo geriátrico extranjero, etc), saneamiento del sector financiero, reconversión del inmobiliario y exigencia de contrapartidas de interés público a las entidades privadas rescatadas con dinero del contribuyente.

Casi nada de esto se está produciendo. Más bien al contrario, parece ser que España aspira (inútilmente) a solucionar los problemas creados por la estallido de la burbuja inmobiliaria de los pasados años con una nueva burbuja del mismo tipo.

Al final de este post haré algunas reflexiones sobre mecanismos que pueden ayudar a que algunos de estos problemas concatenados se resuelvan de forma conjunta. O por lo menos, lo intentemos. Pero primero quiero repasar algunas de las manifestaciones empíricas que me llevan a concluir que el inicio del 2012 apunta claramente a un intento quimérico de volver "a los buenos años" del pasado reciente inmobiliario español. Todo ello muy coherente con un estado y un mercado que, en términos generales, en épocas de bonanza permiten que los precios de la vivienda se eleven hasta el infinito y que en crisis o recesión ponen todas su potencia a trabajar para evitar en la medida de lo posible la caída de precios. Nuestro mercado y nuestras administraciones se comportan generalmente como bomberos pirómanos en épocas de vino y rosas y como congeladores de precios en épocas de dificultades.

Ya tuve ocasión de comentar como una serie de leyes estaban virando hacia el modelo legal urbano de 1998, con todo lo que ello supone. Me remito a lo escrito, sin restar un ápice de gravedad al asunto.

Por su parte, el Ministro de Guindos está liderando una reforma financiera española que por primera vez en cinco años apunta al origen del problema: la sobrevaloración de los activos inmobiliarios de las entidades financieras españolas (mucho más acusada en el caso del suelo que de las viviendas terminadas o en curso). Incluso la forma que De Guindos tiene de atender principalmente a la limpieza de estos activos tóxicos es acertada: parte de los beneficios financieros artificiales (no explicables sin las pasadas y presentes ayudas públicas) deben dedicarse al saneamiento inmobiliario. Junto con estos 50.000 millones de euros a detraer en breve de beneficios bancarios, el sector ya ha provisionado otros 50.000, en parte explicables por las ayudas públicas de los recientes años (avales, liquidez, último recurso, FAAF, FROB, FGD, intervenciones, etc). Quedarían, por tanto, otros 50.000 millones de euros de activos tóxicos que provisionar. Sea como fuere, el salto dado es importante, pues por primera vez apuntamos a la enfermedad y no a los síntomas. Hasta aquí estoy de acuerdo con la interpretación más o menos mayoritaria. Ahora bien, en lo que no estoy de acuerdo con la mayor parte de los observadores es en que la reforma financiera vaya forzosamente a provocar una reducción severa y generalizada de los precios de la vivienda, al ponerse masivamente en venta los activos tóxicos inmobiliarios provisionados por las entidades financieras. Una cosa es que un riesgo esté provisionado y otra bien distinta es que una empresa venda hoy un activo a un precio inferior al que pueda obtener en el futuro (si es capaz de llegar viva a ese futuro). Por decirlo un poco a lo bruto, yo no creo que la dotación de 100.000 millones de euros sobre un total de 150.000 millones de activos inmobiliarios tóxicos suponga de forma automática que bancos y cajas vendan suelos y viviendas al precio de 50.000 millones de euros, si pueden llegar vivos a un futuro en que esos bienes se puedan vender a un precio superior al provisionado (con beneficios). Y no se puede decir que el Estado y la UE no estén haciendo todo lo posible para que nuestros bancos zombis sigan caminando sin rumbo. Las últimas muestras, el nuevo aval público a la captación de 100.000 millones de euros de la banca española en los mercados financieros (si va bien la liquidez se la quedan ellos y si va mal responde el contribuyente) y la nueva batida del helipcóptero monetario europeo, através de la inyección de medio billón de euros por el BCE a los bancos del continente al 1% de interés (to be continued).  No debo ser el único que piensa que la banca española tiene capacidad de no vender viviendas a la baja, a pesar de las provisiones, pues esta misma semana he leído al Presidente de Aguirre Newman, experto que afirma que la reforma financiera, por si misma, no va a reducir el precio de las viviendas. Y también leí hace unos días a mi admirado Nuño Rodrigo describir como las bancos y cajas prefieren refinanciar a promotores inmobiliarios zombis (patada a seguir), antes que reconocer que las propias entidades financieras están zombis y deben ser saneadas a fondo.

También debemos tener en cuenta las declaraciones hechas por los Ministros de Medio Ambiente Arias Cañete y Fomento Pastor en relación a la vivienda y el urbanismo. El primero considera que se debe producir un cambio en nuestra legislación de costas para seguir impulsando su urbanización al servicio del empleo y la economía, "todo ello sin perjuicio del cuidado del medio ambiente". Y la segunda aspira a que la construcción siga siendo uno de los motores de la economía española, "sin por ello caer en errores del pasado", momento discursivo que aprovecha para hacer una liviana referencia al déficit de alquiler de España. Aunque acto seguido reconoce que está estudiando eliminar la Sociedad Pública de Alquiler dependiente de su Ministerio. Y hace públicos unos datos sobre inversión plurianual del Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (PITVI) que implican dedicar un 60% de sus fondos públicos al ferrocarril, un 30% a las carreteras y no se sabe que cantidad concreta a las políticas públicas de suelo y vivienda (aunque parece que será un guarismo tendente a cero .nada de cash y algunas deducciones fiscales). Habrá que ver como evolucionan estos asuntos en el futuro, pero todo apunta a que no se ha hecho una lectura crítica de la pasada década y que se quiere que España siga siendo un país de cemento y ladrillo, dejando de lado aspectos de eficiencia económica, utilidad social y preservación del medioambiente. Otra cosa es que bancos e inversores nacionales y extranjeros estén dispuestos a otra ronda de locura inmobiliaria para salir de la crisis o nada más salir de la crisis.  No lo suscribo aún, pues habrá que ver los efectos prácticos de sus políticas, pero ya corre el chiste de que Pastor-Arias Cañete van a ser una magnífica hormigonera.

A su vez, el Congreso Diputados, casi con nocturnidad y alevosía, ha suprimido la Comisión de Vivienda de la pasada legislatura y ha remitido la materia a la Comisión  de Fomento que se dedica a los temas de Transportes y Obras Públicas. Con lo que la vivienda va a recibir un tratamiento legislativo, político e informativo menor. Al parecer, la vivienda ya no es un problema en España.

Otra noticia, a mi juicio relevante y que no ha despertado casi interés es que MAFO, nuestro gobernador del Banco de España, siempre dispuesto a dar lecciones a todo el mundo sobre como hacer nuestros trabajos, pero tan poco eficaz el mismo en su tarea de supervisión del sistema financiero español, va a seguir siendo el Gobernador del BdE por unos meses más. Su ejecutoria en materia de evitación del riesgo inmobiliario en el sistema financiero español y en el país en general es tan nefasta, que uno no duerme tranquilo sabiendo que el ejefe de los bomberos pirómanos sigue al frente, probablemente hasta que sea sustituído por un clon de similar sagacidad y humildad.

Por su parte, el BCE sigue a sus cosas, que tienen mucho más que ver con salvar a las entidades financieras alemanas de las consecuencias de su pésima gestión que con garantizar el crédito y el crecimiento en la zona euro. Y por ello, presta mucha más atención a los subyacentes gaseosos de los activos financieros de muchos bancos y cajas germanos que a los problemas inmobiliarios de la banca española. No digo que no se deban atender las mangancias del sistema financiero alemán y francés. Pero bien haría la UE y el BCE en tener en cuenta que en la zona euro no solo Irlanda tuvo una burbuja inmobiliaria.

La "nota de color" la pone la banca hipotecaria pública de los EE.UU de Norteamérica Freddie Mac que, no solo concede hipotecas a precios asequibles (la razón por la que fue creada), sino que apuesta en el mercado de derivados contra esas mismas hipotecas (lo contrario de aquello para lo que fue concebido este banco público). Una bochornosa nueva versión del adagio "la banca siempre gana". 

Aunque todo no es malo, pues hay algunas buenas noticias que vienen precisamente del país que hace lo que puede por liderar el Presidente Obama. Así por ejemplo, la Administración norteamericana ha impuesto una multa a las entidades financieras de 26.000 millones de dólares por acreditadas prácticas hipotecarias no conformes a la legislación. Por su parte, el Presidente de la FED Ben Bernanke considera necesario que parte de las viviendas embargadas por la banca y ahora vacías sean puestas en alquiler. Volveré sobre esto más tarde. Rajoy, De Guindos, Pastor y MAFO harían bien en tomar nota. Pero supongo que considerarán a Obama y a Bernanke dos peligrosos socialistas que pueden perturbar el libre y armonioso equilibrio de las fuerzas del mercado. Así les irá a ellos y así nos irá a nosotros.

Por no ser cicatero, diré que también hay varias Administraciones Públicas españolas que están demostrando un poco, aunque sea solo un poco, de compasión con las familias desahuciadas de sus viviendas. Así, los Ministros de Fomento y Justicia han reconocido que están estudiando alguna fórmula de protección de las desahuciados, al igual que algunas CCAA (vg. Cataluña o Euskadi) y ayuntamientos que están tratando de poner servicios de mediación en pié. Y por su parte el Ministro de Economía ha manifestado que quiere tratar el asunto con bancos y cajas españolas. Probablemente, de momento, más ruido que nueces. Pero es claro que los políticos se han dado cuenta de que algún gesto clemente y constructivo tienen que hacer en una España que camina con paso firme hacia los seis millones de parados, medio millón de familias desahuciadas y diecisiete millones de trabajadores y todos los pensionistas con sus ingresos congelados o a la baja. Ojalá que alguna de estas vías de alivio a corto plazo a los sobrehipotecados y personas que ya no pueden atender a su alquiler, pues como todo lo fiemos a la futura y seguro que laxa Directiva Comunitaria sobre Hipotecas ...

Mientras tanto, como si vivieran en galaxias muy lejanas a nuestro planeta (quizás sea así), el G-14 (grandes promotores inmobiliarios españoles) pide que no solo haya deducciones para la compra de primera residencia (algo ya concedido por el Ejecutivo del PP), sino también para segundas y posteriores viviendas. El Gobierno de la Nación reconoce que está estudiando implantar la medida. Por su parte, ASPRIMA (patronal de constructores y promotores inmobiliarios de Madrid) dice que en España no es que sobren viviendas, sino que faltan. Y que es imperiosamente necesario construir 3 millones de nuevas viviendas, a añadir a los 6 que ya construímos y están vacías. La posición del G-14 es poco defendible en sociedad, habida cuenta de que los casi 80.000 millones de euros gastados por el contribuyente español en deducciones de vivienda es claro que no han producido los resultados apetecidos (vivienda asequible). El posicionamiento de ASPRIMA es simple y llanamente susceptible de tratamiento por parte de Proyecto Hombre y similares.

En un contexto bastante generalizado de autismo empresarial y tendencias suicidas del sistema financiero, siguen las sentencias judiciales condenando a las entidades financieras por prácticas hipotecarias irregulares y liberando del pago parcial de la hipoteca a algunas familias que ya han perdido su casa.

Y no quiero acabar estar descripción de la actual realidad de los temas residenciales en España sin mencionar algunos brotes verdes que me hacen tener alguna esperanza en mejores tiempos. El mismo G-14 que pide más gasolina fiscal para la venta de viviendas en propiedad, también reconoce que una parte del stock de vivienda debe tener como destino el alquiler. Al parecer nuestros grandes ladrilleros sostienen la misma visión en materia de stock que Bernanke. Por su parte una entidad dependiente de La Caixa va a ofrecer una parte de su stock de vivienda en alquiler asequible (no confundir con alquiler social vinculado a su obra social). Además algunas obras sociales de algunas cajas de ahorros están tratando de poner en pié, junto con CCAA y ongs, programas de alquiler social que permitan que familias sobrehipotecadas vivan en alquiler en la vivienda que fue de su propiedad o en otra unidad. Por seguir en la misma línea de buenas pequeñas noticias, cada vez es más evidente que ciertas promociones de vivienda solo se pueden viabilizar hoy en régimen cooperativo o mutualista (da igual que sean libres que no se venden o protegidas que no se adjudican).

Aunque a algunos les pueda parecer que nada tiene que ver lo anterior con lo que ahora sigue, hay reacciones sociales a las externalidades del mercado y el estado en materia de vivienda. Siguen las ocupaciones de viviendas. El 15M anuncia un año 2012 especialmente centrado en el derecho a la vivienda. La Plataforma por una Vivienda Digna resucita interponiendo un recurso en la UE contra el IVA superreducido de la compra de vivienda en propiedad (que no existe para la vivienda en alquiler o social, campos para los que la Directiva comunitaria del IVA si aprueba tipos reducidos). Y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca empieza a recoger firmas para su ILP sobre la dación en pago.

Hecho todo este largo recorrido, ¿a donde quiero llegar? Pues bien, las promotoras privadas construyen unas viviendas libres que nadie puede comprar. Las sociedades públicas hacen lo propio con unas viviendas protegidas que hoy son pasto de las renuncias y no se pueden adjudicar. Los bancos están podridos de ladrillos tóxicos que casi solo los cazagangas quieren comprar. Millones de personas de clases medias y populares hoy no pueden o no quieren comprar, pero si estarían dispuestas a alquiler en determinadas condiciones, aunque algunos de ellos están siendo objeto de ejecuciones judiciales y han quedado en condiciones extremadamente precarias. Y finalmente, hay demanda europea de turismo residencial que bien haríamos en atender con el stock ya producido y no con nueva vivienda. Varios de los problemas, si los combinamos, contienen la solución o parte de la misma.

Como dice Bernanke abiertamente para EEUU y el G-14 a medio gas para España, bancos, promotores y Administraciones Públicas deben poner en pié un gran plan público-privado de alquiler asequible. El país lo necesita. Hay viviendas vacías de sobra para dotarlo. Las sociedades públicas de urbanismo y vivienda saben gestionar alquiler asequible. El estado debe dejar de inyectar dinero público a la banca sin condición alguna y además dispone de los limitados, pero existentes, fondos de los planes públicos de vivienda (estatal, autonómicos y en algunos casos locales). Y la banca debe buscar ya una solución plausible a parte de sus activos tóxicos. Una o varias sociedades mixtas deberían ser creadas para gestionar este parque de alquiler que España necesita desde casi todos los puntos de vista. 

Y por otra parte, ciertas partes de España pueden ser el geriátrico (a tiempo completo o parcial) de buena parte de la UE. Pero para ello se necesitan inversores con visión que sepan montar paquetes de inmuebles y servicios vinculados al retiro y la senectud. No vale con construir y vender viviendas. Por dos razones. La primera porque buena parte de las viviendas necesarias para este fin ya están construidas y muertas de risa. Y la segunda tiene que ver con el ciclo de vida del consumidor, que requiere más servicios que viviendas.

La clave está en el cambio de enfoque. Para bancos y cajas sus activos tóxicos inmobiliarios son un pasivo, pues solo se considera viable su venta, hoy o mañana. Cualquier financiero o gestor de casi cualquier otro estado de la UE le diría a nuestros directivos bancarios que sus viviendas terminadas o en la última fase de construcción solo son un pasivo que debe provisionarse si es imposible alquilarlas o venderlas sin ganar dinero. Es dudoso que se puedan vender con ganancias en España, habida cuenta del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Pero es evidente que se pueden alquilar con ganancias. Ergo, lo que bancos y cajas españoles consideran un pasivo es, en realidad, un activo susceptible de generar ingresos y beneficios. ¿Que le puede faltar a la banca para realizar estas operaciones? Capacidad de gestión arrendaticia sobre el terreno. ¿Quien tiene esa capacidad? Las sociedades públicas de urbanismo y vivienda de los ayuntamientos, diputaciones y CCAA. ¿Que están tratando de hacer estas sociedades? En la mayor parte de los casos están buscando financiación para construir y/o vender unas viviendas protegidas en propiedad cada día más dificiles de colocar. Y en algunos casos, están buscando financiación para construir vivienda pública para dedicarla al alquiler. Las viviendas necesarias para tales fines, en la mayor parte de los casos no hay que construirlas, pues ya se construyeron en los pasados años, están vacías y están destrozando los balances de las entidades financieras. A mi juicio, es claramente evidente que bancos y cajas tienen algo que la Administración necesita y viceversa. 

Por otra parte, es claro que bancos y cajas también deberían estar montando con otros inversores privados empresas que dirigieran parte del stock de inmuebles a los demandantes de vivienda y servicios mayores de ciertos países de la UE e incluso a ciertas capas de la sociedad española.

¿Porque no se hace? Los días pares de la semana pienso que es por motivos ideológicos: PP y banca no quieren ver crecer en España el porcentaje de población que vive en alquiler de forma que nos acercáramos a nuestros vecinos de la UE en esta materia de profundas repercusiones sociales y económicas. Los días impares de la semana pienso que la razón es técnica: nadie que conozca bien el sector financiero, la política y las Administraciones Públicas les ha sentado a negociar una solución que no hace falta ser Bernanke para verla como imperiosamente necesaria. Y los fines de semana me da por pensar que no se hace por pura inercia, pues estas líneas de negocio liberador del stock ocioso no son ni secretas ni quiméricas.

Hay una salida al "muchas viviendas vacías, muchas entidades financieras al borde de la quiebra y muchas personas sin vivienda": el alquiler asequible para clases medias y populares en un esfuerzo conjunto de entidades financieras, partidos políticos y sector público. No es una salida ideológica. Simplemente es una salida lógica. Ojalá  sea posible llevarla a la práctica. De la misma manera, hay otra salida para parte del stock ocioso de segunda residencia costera en forma de viviendas y servicios para los jubilados europeos y en parte también para ciertos nacionales. No es una salida soñadora, es simplemente un mercado lógico para unas capacidades produtivas y de prestación de servicios evidentes.

Está por ver si alguna de estas dos cosas se pone en marcha en los próximos meses. Supongo que tiene más posibilidades la segunda, pues tendemos a pensar que los consumidores europeos siempre son mejores que los nacionales. Quiero ser optimista. Pero tengo mis dudas sobre la clarividencia de nuestros directivos financieros y políticos. Si en algo puedo echar una mano, ni que decir tiene que estoy disponible.

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Esta ultima semana ha sido prolija en noticias que podemos considerar relevantes en materia inmobiliaria. Otras quizás no sean tan relevantes, pero ayudan a caracterizar el paisaje y paisanaje. Primero apunto las noticias que he escogido, las comento y trato de extraer algunas conclusiones: 

1. El candidato a presidente del Gobierno por el PSOE ha anunciado que incluye en su programa electoral la dación de vivienda en pago de hipoteca fallida, después de haberse opuesto a ella como miembro de gobierno durante ocho años.
2. En el mismo acto, pero sin que nadie repare mucho en el hecho, a pesar de su relevancia, el Sr. Rubalcaba anuncia que modifica otra posición programática de su partido y que recuperará de forma definitiva las deducciones fiscales a la compra de vivienda (en estos momentos temporalmente retiradas, salvo para rentas muy bajas).
3. Con un nivel de atención pública aún menor, ha sido reformada la Ley de Enjuiciamiento Civil para sustituir el desahucio expres de la Ley 19/2009 por el desahucio ultraexpres (uso del procedimiento monitorio para el lanzamiento ipso facto de inquilinos con deudas con su arrendador).
4. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dice que los jueces ni son ni deben ser los cobradores del frac de inmobiliarias y bancos.
5. La Audiencia Provincial de Girona avala la dación en pago, siguiendo la estela de lo ya ocurrido en Pamplona y Barcelona.
6. Empieza a haber ayuntamientos en Cataluña que no colaboran con los desahucios que se practican en su término municipal, que pretenden mediar entre las partes y evitar las familias puestas de patitas en la calle.
7. Algunos desahuciados empiezan a ocupar la que fuera su vivienda y ahora es propiedad de la entidad financiera que les ha puesto en la calle por deudas.
8. Grupos de indignados comiezan a ocupar edificios abandonados en Madrid y Barcelona para tratar de procurar vivienda a las familias desahuciadas por inmobiliarias y banca.
9. Meanwhile in the other side of the world, en realidad al otro lado de la esquina española, bancos de los EEUU de Norteamérica están regalando edificios abandonados de su propiedad (incluso están pagando los gastos de la demolición) para que se ejecuten equipamientos públicos (parques, edificios comunitarios, parkings, etc).
10. El Gobierno Vasco ha anunciado que paraliza la producción de vivienda protegida nueva en alquiler y que se centrará en la movilización de vivienda vacía hacia el alquiler, en números bien modestos. Hace unos días ya comenté este asunto en este blog.
11. El Ayuntamiento de Berango (Bizkaia) ha evitado el desahucio de una pareja de ancianos agricultores vascos, comprando el caserio que iba a ser objeto de ejecución patrimonial. Queda por saber que harán los ayuntamientos vascos cuando los desahuciados no sean agricultores, mayores y, pido perdón sin me excedo, del entorno nacionalista vasco.
12. El PP ha adelantado su intención de limpiar los balances de las entidades financieras españolas de activos inmobiliarios tóxicos una vez accedan al Gobierno de la Nación. No ha dicho como, pero todo apunta a que está pensando en un esquema europeo de limpieza conjunta de todo el sistema financiero comunitario pagado a escote por todos los contribuyentes europeos.
13. La Comisión de la UE ha propuesto prohibir que las entidades financieras rescatadas con dinero público puedan repartir beneficios a sus accionista y bonus a sus directivos. La propuesta ha provocado la inmediata reacción crítica por parte de la quebrada banca privada española, rescatada por el contribuyente.
14. Las entidades financieras españolas han vendido el 3% de su cartera de viviendas en stock. Se ve que la crisis les aprieta más bien poco.
15. La banca española, según analistas financieros internacionales", necesita casi 80.000 millones de euros para recapitalizarse y sobrevivir a sus activos tóxicos, en forma de suelo y viviendas, que no valen en el mercado ni una ínfima parte de lo que dicen los balances bancarios oficiales.
16. Las asociaciones patronales del sector inmobiliario piden expresamente al Gobierno de la Nación y al Banco de España que relajen la política de provisiones en el sector financiero. Antes pidieron, y en parte consiguieron, que el estado diera crédito o calificara como protegidas las viviendas libres que ellos no son capaces de vender.
17. Destacados financieros españoles se quejan de lo mal que están gestionando los políticos la crisis económica mundial creada por los banqueros ...
18. Los políticos de todo signo dicen que el gasto social es sagrado, pero recortan y recortan. En el caso de las políticas públicas de vivienda, al parecer, estas no son políticas sociales y se las puede recortar un 50% el presupuesto como ocurre en Euskadi.
19. Solo las causas judiciales pendientes en el municipio de Castro bloquean la fiscalía cántabra de medio ambiente.
20. La Comisión de la UE afirma que la vivienda se encareció en España de 1995 al 2007 un 155% y que desde entonces ha bajado de precio un 22%. La realidad es mucho peor, pues los datos del INE y Ministerio de Fomento demuestran que entre 1998 y el 2007 el crecimiento de los precios fue superior al 210%.
21. Los alquileres en España, lejos de bajar de precio a causa de los más de 2 millones de viviendas vacías que no se pueden vender y la crisis, sigue siendo muy poco accesibles. Como muestra el boton vasco.

En primer lugar, la propuesta del PSOE de llevar la dación en pago en su programa electoral no puede sino provocar la indignación de cualquier persona con sensibilidad social y memoria. El PSOE lleva ocho años rechazando de la mano del PP todas las propuestas de modificación legal que se han presentado en este asunto por parte de IU, ICV, BNG, etc. Y ahora, a días de las elecciones, dicen que defienden aquello de lo que no han querido ni oir hablar en casi una década. Credibilidad y decencia: cero. 

Pero mucho más lenitivo que el descaro del candidato del PSOE en materia de dación en pago es la intención de este partido de volver a impulsar las deducciones fiscales a la compra de vivienda. A mi juicio hay dos cosas, que por encima de todas las demás, han provocado la burbuja inmobiliaria, española, el crecimiento de los precios desmesurado, el sobrendeudamiento y ahora los desahucios masivos. Estas dos cosas son un suministro hipotecario ilimitado, irresponsable y poco profesional y unas ayudas fiscales a la compra de vivienda en propiedad. En contra de lo que la gente cree, estos dos factores, cuando se dan de forma abundante, no rebajan el precio de la vivienda, sino que lo aumentan (y me remito a la evidencia de las series estadísticas de los pasados años). Pues bien, el PSOE y el PP en estas dos cosas, digan lo que digan en público, en privado van a bloque: sueñan con que volvamos a nadar en hipotecas y deducciones a la compra, de forma que volvamos a repetir los mismos errores por los que acabamos de pasar. Tal testarudez suicida puede tener en parte su explicación en el hecho de que PP, PSOE y el sistema financiero no han sufrido en sus carnes ninguna de las externalidades de la explosión de la burbuja inmobiliaria y si disfrutaron de todos los beneficios de los días de vino y rosas. PSOE, PP y sistema financiero español se comportan como bomberos pirómanos a los que urge quitar la manguera de gasolina, con la que es evidente que no van a apagar el incendio, sino a expandirlo y acrecentarlo (hoy y en el futuro inmediato).

En este contexto de partidos mainstream entregados a los intereses de las entidades financieras, llega la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículos 22.4 y 440.4) para hacer, el ya desde el 2009 desahuicio expres, aún más expres. A partir de ahora, los inquilinos que no paguen van a poder ser desahuciados por el secretario judicial, sin ver al juez, sin juicio y por decreto ejecutivo, por deuda arrendaticia de cualquier importe (juicio monitorio para los inquilinos deudores). La Exposición de Motivos de la norma dice sobre este tema: "Se extiende el sistema del juicio monitorio a los juicios de desahucio por falta de pago, de modo que, en el caso de que el arrendatario no desaloje el inmueble, pague o formule oposición tras el requerimiento, se pase directamente al lanzamiento, cuya fecha se le comunica en el mismo requerimiento, única comunicación procesal necesaria para el buen fin del proceso, aun cuando el demandado tratase de dilatar la ejecución, evitándose asimismo la celebración de vistas innecesarias". Esta norma entra en vigor el 1 de noviembre próximo y, a mi  juicio, es una pura provocación del PSOE y PP. Cuando más desahucios hay, cuando hay un movimiento social en esta materia, cuando más aprieta la crisis ... van los dos principales partidos políticos e inventan el desahucio instantaneo y sin garantías jurídicas. Sería bueno que la sociedad, especialmente los de abajo, sepa tomar buena nota de esta burla y atropello.

Atropello que tiene por destinatarios los cientos de miles de desahuciados españoles que empiezan a recibir la solidaridad y el compromiso activo de jueces, fiscales, concejales y alcaldes. De momento solo se prestan a ayudar a los desheredados de nuestra burbuja inmobiliaria las autoridades públicas más sensibles desde el punto de vista social, los más conscientes de que España dice ser un Estado Social y Constitucional de Derecho y no solo un Estado Bancario. Sea como fuere, poco a poco va creciendo la nómina de servidores del estado y la política que no están por labor de hacer el trabajo sucio a inmobiliarias, bancos, cajas de ahorros y líderes políticos.

Supongo que en parte por ello, aunque sobre todo por el proceso de reflexión en el que están (estamos) las personas que apoyamos el !5m, DRY o las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, varios activistas han empezado a ocupar edificios abandonados por su propiedad (inmobiliarias o entidades financieras) para dar cobijo a los desahuciados por deudas hipotecarias o arrendaticias. De momento dejo aqui el comentario sobre ocupar edificios abandonados por empresas para dar techo a pobres y desamparados, aunque volveré sobre ello al final del post.

En medio de toda esta tormenta social, cajas de ahorros y bancos no tienen ni la más mínima intención de reconocer el verdadero valor contable de sus muchos suelos y viviendas devaluadas por la crisis. Eso les llevaría a quebrar. A nadie le agrada quebrar, pero si el estado garantiza suministro ilimitado de dinero a bancos y cajas heridos por sus activos inmobiliarios tóxicos a cambio de nada, es evidente que estos ni van a vender sus viviendas a los precios de mercado de hoy, ni van a regularizar sus balances y, por lo que se ve, tampoco se van a dedicar a dar créditos a empresas y particulares. Al parecer están muy ocupados manteniendo artificialmente altos los precios de las viviendas, repartiendo beneficios a los accionistas de estas entidades zombis y regando con bonus a los directivos que las han quebrado.

Las patronales del sector inmobiliario no le van a la zaga a los financieros en miras cortas y egoistas. Piden que no sea necesario provisionar dinero para afrontar las futuras pérdidas provocadas por los activos inmobiliarios. Los promotores exigen que a los bancos se les deje darles créditos para que puedan seguir comprando suelo, urbanizándolo, edificando y vendiendo millones de viviendas libres en propiedad con su correspondiente hipoteca como si nada hubiera pasado, pasase o vaya a pasar ... Sé por mi experiencia profesional que decir patronales de la construcción y promoción no es lo mismo que decir todos los empresarios del gremio. Me consuelo con los buenos y profesionales ejemplos que conozco.

Por su parte las Administraciones Públicas españolas, en materia de vivienda, después de ayudar servilmente a la creación de la burbuja inmobiliaria, ahora que la misma ha explotado se aprestan a socorrer a las empresas financiero-inmobiliarias y abandonar a su suerte a la gente corriente. Recortes presupuestarios, privatización de activos públicos  en forma de regalo a empresas privadas y fondos de inversión, despidos de empleados públicos del sector de la vivienda, interrupción de la producción de vivienda protegida, uso de fondos públicos para ayudar a los promotores privados a vender sus viviendas libres en stock ... Conozco bien el sector y se que en el mismo trabaja gente maravillosa, profesionales de aquilatada valía y sensibilidad, incluso algunos de los responsables políticos pueden responder a este perfil. Pero los grandes jefes de los grandes partidos políticos han decidido que las políticas públicas de vivienda deben casi desaparecer y que lo poco que siga en pié se dedique casi al 100% a salvar promotores privados.

Todo este coctel, hace que la vivienda siga siendo cara en España (da igual que sea en compra que en alquier, de mercado que protegida). Además, es más que plausible que los precios de suelo y vivienda se van a mantener artificialmente altos en esta época de crisis, gracias a las ayudas públicas. Y, aunque sea una canallada, parece que el sector va a poder conservar sus activos hasta que se induzca la siguiente burbuja y pueda venderlos con pocas o nulas pérdidas, gracias a las ayudas públicas ... que además han provocado la elevación de la deuda pública y la bajada de casi todo lo demás (salarios, pensiones, servicios públicos, derechos socio-laborales, etc).

Hecho todo este recorrido, vuelvo al hecho de que una parte del movimiento 15M, DRY y PAH están empezando a impulsar la ocupación de edificios corporativos vacíos para ayudar a dar techo a los desahuciados de su vivienda.

Desde hace más de 20 años y en materia de vivienda yo he defendido la intervención del estado en el mercado hipotecario, el uso inteligente de la fiscalidad a favor del derecho a la vivienda y la intervención pública en materia de urbanismo y vivienda. Y lo sigo defendiendo. De forma clara y rotunda. Dicho esto, se entenderá que no soy precisamente un defensor de la ocupación como forma de solución integral del problema de la vivienda en España. A lo más que he llegado en los pasados 20 años es a entender su justificación en determinados supuestos aislados y excepcionales.

Pues bien, a día de hoy, dado que las autoridades públicas solo rescatan de los efectos de la burbuja a las entidades financieras y no a la gente y teniendo en cuenta que el PP y el PSOE llevan en su programa electoral medidas que quieren provocar una nueva burbuja inmobiliaria (repetir eternamente los mismos errores), puede que la ocupación aquí y ahora, no solo sea políticamente legítima, sino que haya que empezar a estudiar sino es también jurídicamente defendible. 

Propongo que en vez de okupar/ocupar hablemos de: 

• La FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD (artículo 33 de la Constitución; La función social de la propiedad delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes; nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes)
• En conexión con el DERECHO A LA VIVIENDA (artículo 47 de la Constitución; todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación; La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos).
• Así como con la OBLIGACION DE LOS PODERES PUBLIOS DE REMOVER LOS OBSTACULOS AL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES (artículo 9.2 de la Constitución "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social").
• Y de la SUBORDINACION DE TODA LA RIQUEZA NACIONAL AL INTERES GENERAL (artículo 128.1 de la Constitución; toda la riqueza del país en sus distintas formas y, sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general; se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general).

Si tenemos una comprensión integral del ordenamiento constitucional y jurídico, lo unimos con la inacción del estado en materia de vivienda, su obsesión por salvar bancos privados con dinero público y el drama tolerado (cuando no incrementado) de los desahucios ... creo que podemos justificar constitucionalmente ciertas ocupaciones de edificios vacíos. 

Obviamente, sería mejor que en España hubiera ya variadas leyes que dieran cobertura a las ocupaciones originadas por un estado de necesidad socialmente relevante (como ocurre por ejemplo en Holanda). De momento nos tenemos que conformar con leyes que prescriben sanciones y expropiación en caso de incumplimiento de la función social de la propiedad (todas ellas avaladas hasta el aburrimiento por nuestro Tribunal Constitucional con motivo de las leyes andaluzas y extremeñas de fincas rurales y urbanas manifiestamente mejorables o por el Consejo Consultivo de Cataluña con motivo de la ley de vivienda de esa Comunidad Autónoma).

Las medidas más severas (expropiación temporal on definitiva, parcial o total, por incumplimiento de la función social de la propiedad) están en nuestro sistema legal en manos de los poderes públicos. En la mayor parte de los casos, no es que estos poderes públicos se nieguen a ejercer sus competencias constitucionales y legales, sino que simplemente niegan que las mismas existen o actuan como si no existieran.

Apunto otro precepto constitucional que puede ser relevante en este caso. El artículo 149.1.1 de nuestra Carta Magna establece que "El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias (...) La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales". Este artículo ha servido tradicionalmente para que determinadas competencias de las CCAA respeten un mínimo legal común a todos los españoles. Y en materia de propiedad, función social de la misma, derecho a la vivienda y ocupación es perfectamente posible que una Ley Orgánica estatal, basada en el 149.1.1 de la Constitución, haga migrar nuestro modelo hacia el holandés. Otra cosa es que PP, PSOE y CIU. PNV o CC no quieran ni oir hablar del tema.

La pregunta social y políticamente relevante en este momento: ¿que debe hacer la sociedad ante un estado entregado a la banca y que ve como la función social de la propiedad es una burla y la propiedad bancaria y corporativa sacrosanta? ¿Nada? ¿Ante la ruptura del pacto constitucional deben permanecer los ciudadanos callados y con la cabeza agachada? Por el futuro inmediato de amplias capas de la sociedad española y por la dignidad presente y futura de mi país, espero que la respuesta a estas preguntas no sea la sumisión.

Acabo con dos provocaciones técnico-jurídicas y otra política. ¿Porque las cuestiones de constitucionalidad son tan poco usadas por la judicatura ante situaciones de emergencia social y constitucional? ¿Porque el amparo constitucional es muy usado por la ciudadanía pero poco efectivo en la defensa de la prescriptividad efectiva de nuestro telos constitucional? ¿En que momento se jodió el Perú ... de forma que la defensa de los derechos de los desahuciados está hoy en manos casi en exclusiva de grupos autoorganizados de indignados y dos docenas de francotiradores judiciales y políticos?

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Si ya tuve ocasión de alucinar con la concepción del derecho a la vivienda en general y de la vivienda social en alquiler en particular del Tribunal Supremo hace unos meses, ahora vuelvo a alucinar con el auto del Tribunal Constitucional nº 7223/2010 que resuelve una cuestión de constitucionalidad presentada por un juez de Sabadell en relación a la posible violación de la Constitución por parte de nuestra legislación hipotecaria (al no poder ser examinados adecuadamente en sede judicial los motivos de oposición del acreedor hipotecario a su lanzamiento y al persistir la deuda después de la ejecución hipotecaria).

Que me perdonen mis compañeros abogados y los finos juristas, pero voy a describir el asunto en el lenguaje más accesible posible. Supongo que perderé pureza técnico-jurídica, pero creo que cumpliré con el propósito general de este blog (debate ciudadano sobre cuestiones jurídicas y políticas).

El juez de Sabadell entiende que, como a la persona que deja de pagar una hipoteca no se le deja explicar sus motivos de impago en sede judicial hipotecaria y, una vez solicitada la subasta y su desahucio por parte de la entidad financiera, esta se produce de forma automática, la legislación hipotecaria puede estar violando varios preceptos constitcionales: 14 igualdad (entidad financiera e hipotecado no son tratados de la misma manera), 47 derecho a la vivienda (al hipotecado y a su familia se le pone de patitas en la calle), prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos (que en este caso permiten que la entidad financiera se quede con la vivienda por el 50% de su valor y además persiga al hipotecado toda su vida por el otro 50% -hoy ya el 60%-, cuando la vivienda fue tasada en el momento del préstamos hipotecario por la entidad financiera) y tutela judicial efectiva (la referida imposibilidad de alegar, oponer, explicarse, etc).

La cuestión de constitucionalidad (que es la fórmula por la que los jueces ordinarios le preguntan a los jueces constitucionales si una ley que debe ser aplicada a un concreto caso es o no inconstitucional) rechazada por el Tribunal Constitucional bajo el argumento de que el acreedor hipotecario que es ejecutado puede perfectamente defender sus derechos pagando. Para el Tribunal Constitucional y para el Fiscal General del Estado (en este proceso sostienen la misma opinión en lo sustancial),en una ejecución hipotecaria lo que está en tela de juicio es un derecho de cobro (entidad financiera) y una obligación de pago (acreedor hipotecado). Sin más. El hipotecado debe pagar o marcharse de la casa y tolerar que le persigan ad infinitum por el restante de una deuda que solo la entidad financiera pudo fijar (vía tasación). Y todo esto, según el Tribunal Constitucional y el Fiscal General del Estado, nada tiene que ver ni con el derecho a la vivienda (¿total desconexión funcional?), ni con el principio de igualdad, ni con la prohibición de las actuaciones arbitrarias de los poderes públicos, ni con la inexistencia de tutela judicial efectiva. Para los no juristas, os comento que nuestro Tribunal Constitucional, como otros, establece conexiones funcionales entre unos y otros derechos fundamentales y entre principios rectores de políticas social y económica y derechos constitucionales. Y en concreto, en relación a la vivienda hay un jurisprudencia sostenida por el Tribunal Constitucional y el Supremo de conexión del derecho a la vivienda y otros perceptos constitucional. A modo de ejemplo se puede consultar la Sentencia del TS de 18 de diciembre de 2002 en la que se dice lo siguiente sobre el derecho a la vivienda del artículo 47 de la Constitución: "(...) consagra un derecho social o de prestación que exige, consiguientemente, una intervención del Estado en la esfera social y económica y un hacer positivo de los poderes públicos para la consecución de la igualdad material que propugna el artículo 9.2 de la Constitución”. De la misma manera que en este caso se liga igualdad material y derecho a la vivienda, en otros casos se ligan otros preceptos constitucionales funcionalmente relacionados.

En el caso que nos ocupa, perlas dignas de estudio son las siguientes de Fiscal General del Estado y el Tribunal Constitucional respectivamente:

• "(...) en relación con el derecho a una vivienda digna y adecuada del art. 47 CE como principio rector de la política social y económica, niega el Fiscal General que pueda servir de apoyo a la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas por no ser efecto de la normativa legal la vulneración del derecho, sino únicamente el instrumento procesal para la activación de los derechos en controversia; el derecho al pago y la oposición a su reclamación".

• "(...) el deudor, como los terceros poseedores y acreedores posteriores, más allá de detener la ejecución mediante el pago (...), apenas tienen posibilidades de oposición, pues al objeto de impedir la suspensión del procedimiento el art. 132 prevé (LEC), salvo en los cuatro supuestos taxativamente fijados, que las demás reclamaciones que puedan aquéllos formular se ventilarán en el juicio declarativo que corresponda. Precisamente, por esta posibilidad, es decir, porque queda abierta a todos los interesados la vía del juicio declarativo para la defensa de sus derechos, este Tribunal Constitucional ha afirmado que la limitación de controversia y demás peculiaridades de este procedimiento no vulneran el derecho a la defensa consagrado en el art. 24.1 de la C.E

Uno ya va teniendo sus años y sabe que un Tribunal Constitucional moldeado conforme a los intereses de lobbies económicos oligopolísticos y partidos políticos mayoritarios casi siempre defiende los intereses de los más poderosos frente a los más débiles. Pero en este caso, con la que está cayendo, es ciertamente escandaloso que el Tribunal Constitucional pueda interpretar el derecho vigente y la Constitución tan de espaldas a la presente realidad social. En no mucho tiempo llegaremos al medio millón de familias puestas de patitas en la calle por las entidades financieras por no pagar su hipoteca. Y, siendo indudable que las deudas se deben pagar, tambien es indudable que la formación de la voluntad contractual debe estar liberada de vicios, de forma que el hipotecado sepa con precisión a que se obliga y a que se arriesga. Y, a mayor abundamiento, que las deudas deban ser pagadas no debe impedir que, ante un deudor en problemas, se arbitren fórmulas que permitan la renegociación de plazos, intereses y otras condiciones crediticias, para mejor proteger los intereses de acreedor, deudor y sociedad en su conjunto. Uno no acaba de entender la razón por la que, cuando el acreedor en problemas es una empresa, el derecho tiene todo tipo de soluciones previas a la quiebra y, cuando el acreedor en dificultades es un particular hipotecado, casi el único instrumento a usar es el desahucio (al que además llamamos profilácticamente lanzamiento). Y puestos a no comprender cosas, uno no comprende la razón por la que los particulares ricos a los que Leheman Brothers, a través de bancos locales, causa pérdidas reciben el apoyo de los tribunales (entre otras, Sentencia de 19 de enero de 2011 del Juzgado de Instrucción nº 37 de Madrid condenando al Banco Espirito Santo por no explicar bien los riesgos de una inversión de un particular español en un producto de Leheman Brothers; en idéntico sentido Sentencia de 2 de marzo de 2011 del 97 de Madrid condenando en este caso a Bankinter), mientras que los particulares modestos o pobres que pierden su vivienda en una ejecución desconociendo los riesgos de su hipoteca no reciben la tutela del Tribunal Constitucional.

El formalismo es, a mi modesto entender, una mala praxis judicial siempre, y mucho más cuando tiene por víctima al débil y por beneficiario al poderoso. Con la crisis que estamos teniendo en estos momentos en España (paro, reducción de salarios, aumento de los tipos de interés, ejecuciones hipotecarias, desahucios, reducción de los servicios públicos sociales, asistenciales y de vivienda, etc), que el Tribunal Constitucional diga que los ejecutados hipotecarios tienen todos sus derechos constitucionales perfectamente protegidos, pues siempre les queda como solución a sus problemas pagar la hipoteca, es mitad risible, mitad macabro.

A nadie se le oculta que en este problema (desahucios, hipotecas, vivienda, banca, etc) se está librando una sorda batalla en el seno del poder judicial. Como demuestran sentencias como la ya famosa de la Audiencia de Navarra de 17 de diciembre del 2010 aceptando la dación en pago o la de 26 de noviembre del 2010 del Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona declarando en concruso de acreedores una familia y limitando la capacidad del acreedor bancario de perseguir el precio de la vivienda por encima del de remate, no todos los jueces ven el asunto de la misma manera. No todos los tribunales están dispuestos a manejar el grado de formalismo del Tribunal Constitucional en esta materia. No desconozco que el Tribunal Constitucional solo debe hacer juicios de constitucionalidad y que los jueces deben sentenciar según la ley y hacer cumplir lo sentenciado. Pero no creo excederme si aventuro un conflicto entre jueces formalistas - pro lobby bancario y jueces más militantes - pro equilibrio social en su conjunto.

En este sentido es intersante, en la sentencia del Tribunal Constitucional comentada en este post, el voto particular del magistrado del Tribunal Constitucional Eugeni Gay Montalvo. Como prueba de que los acreedores hipotecarios no sabían que tipo de contrato estaban firmando (conocimiento preciso y exacto de todas las obligaciones y riesgos) es que las propias entidades financieras ya no entienden el funcionamiento de sus propias hipotecas, hoy un eslabón más del globalizado mundo de las finanzas. Apela el magistrado discordante a la evidencia de que los mercados financiero e hipotecario nada tienen que ver hoy con los de los años 80 y 90 del siglo pasado, fechas en las que el Tribunal Constitucional (SSTC 41/1981, 64/1985, 6/1992 y 217/1993) santificó la constitucionalidad de nuestra legislación hipotecaria más que centenaria (nuestro sistema casi no ha tenido variaciones desde finales del XIX).

Sugiero al movimiento 15 M, Democracia Real Ya, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, etc, que presten un poco de atención a los magistrados del Tribunal Constitucional. No solo banqueros y políticos están poniendo muy poco para una salida social o equilibrada de la crisis. Por lo que se ve en este auto, los magistrados del Tribunal Constitucional están pidiendo a gritos una concentración ciudadana pacífica, democrática, puede que hasta lúdica, pero firme en las inmediaciones de su sede. Y para los que se quieran rasgarse las vestiduras por este ultimo comentario, recordar que los tribunales son independientes si, pero respecto a otros poderes del estado, y de quien no deben ser nunca independientes es de la sociedad sobre la que deben aplicar el derecho. Siendo todo esto cierto, es mucho más predicable del Tribunal Constitucional, único interprete de la Constitución, pero no titular de la misma, pues solo el pueblo, el poder constituyente, es propietario de su Constitución (y no lo son los poderes más o menos constituídos, de forma más o menos legítima).

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