Los primeros meses del nuevo equipo de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona han tenido como preocupación fundamental (que no única) la lucha contra la emergencia habitacional: desahucios, ocupaciones, vivienda vacía de grandes tenedores, etc.

En el marco de esta preocupación se han puesto en marcha, entre otras, las siguientes medidas:

• En julio de 2015 se aprobó un paquete presupuestario extraordinario de 3.5 millones de euros para la compra de viviendas para su destino al alquiler social. Posteriormente, esta partida se ha visto incrementada en otros 7.4 millones para el mismo fin. La idea que subyace detrás de estas compras es que la ciudad sufre varias decenas de desahucios al mes (a pesar de que la legislación vigente los dificulta extraordinariamente para las personas y familias vulnerables) y no dispone de los cientos de viviendas de alquiler social necesarias para hacer frente a esta emergencia, ni de otros equipamientos habitacionales susceptibles de ser usados en este caso. Por ello, es necesario disponer de fondos para poder adquirir viviendas, bien sea por ejercicio del derecho de tanteo de las operaciones de grandes tenedores, bien sea por la compra directa en el mercado, tanto a particulares, como a entidades financieras y empresas.

• Tan o más importante que lo anterior ha sido el lanzamiento de una nueva línea de ayudas municipales (dotada en el año 2015 con 6 millones de euros) para el pago del alquiler de personas y familias en riesgo de desahucio por impago. El razonamiento que respalda esta línea de ayudas al pago del alquiler es que la mejor forma de tratar un desahucio es evitando que el mismo se produzca. Y como quiera que en estos momentos en Barcelona la mayor parte de los desahucios se producen en viviendas de alquiler propiedad de pequeños tenedores, los desahucios en muchas ocasiones se pueden evitar garantizando el pago de las deudas y cierta capacidad de pago en el futuro, para que propietario e inquilino pueda continuar con su relación contractual.

• De la misma manera, el Ayuntamiento ha exigido a las entidades financieras que dispongan de vivienda vacía que la pongan en alquiler social o, en su defecto, se utilizará el instrumento de la cesión obligatoria vigente en Cataluña. Esta estrategia ya ha comenzado a dar sus frutos, como prueba el convenio de cesión de 200 viviendas (la mitad vacías y la mitad ocupadas, todas ellas a precios muy inferiores a los del mercado) por parte de la SAREB al consistorio para su inmediata puesta a disposición de la Mesa de Emergencia Habitacional de la ciudad. No es esta una solución mágica, como en ocasiones parece al leer la prensa. Pero tampoco es un tema menor. Muchas entidades financieras y fondos tienen vivienda vacía (ni vendida ni alquilada) o ocupada irregularmente en la ciudad de Barcelona y están dispuestas a cederla temporalmente o a venderla definitivamente al Ayuntamiento. En el caso de la SAREB las cesiones tiene un precio medio de 100 euros / vivienda / mes. Unos precios muy inferiores a los de mercado (el alquiler medio en la ciudad se acerca peligrosamente a los 1.000 euros). En el caso de otras entidades estamos comprando viviendas a unos precios medios inferiores a los 40.000 euros en el caso de las ocupadas y a los 80.000 en el caso de vacías (nuestro coste de producción supera con creces los 100.000 euros y cinco años). Por todo ello, no siendo estas operaciones estructurales a largo plazo, si son claves en un contexto de emergencia habitacional.

• Y finalmente, la ciudad se ha dotado de un instrumento nuevo: Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER). que tiene por objeto la lucha contra los desahucios, la regularización de las ocupaciones (en ciertas condiciones) y el ejercicio de las potestades sancionadoras que la legislación vigente en Cataluña otorga a los ayuntamientos. En estos momentos 13 profesionales (que llegarán a ser más de 20 en unos meses) trabajan en estrecha colaboración con los servicios sociales municipales, las autoridades judiciales y los servicios jurídicos del Ayuntamiento, de forma que se puedan aplazar/solucionar el mayo número posible de desahucios sin lanzamientos, que se regularice la situación del parque de vivienda ocupada irregularmente (dentro de unas ciertas condiciones) y que se apliquen las sanciones recogidas en la normativa catalana por uso antisocial de la vivienda.

Todas estas actuaciones, de una u otra manera, forman parte de la MEDIDA DE GOBIERNO aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona el pasado mes de septiembre PARA HACER FRENTE A LA EMERGENCIA HABITACIONAL Y GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA (de la que aquí os dejo un pequeño resumen).

Acabo con lo que empezaba este post: la emergencia habitacional no es lo único y esperemos que a medio/largo plazo no sea lo más importante a hacer en materia de vivienda; pero, en este momento, es el asunto al que más urgente e imperiosamente hay que buscarle una solución. La misma, sino total, debe ser lo suficientemente integral como para que nos podamos seguir llamando una democracia avanzada (dicción literal del preámbulo de nuestra Constitución).

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