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MEDIDAS DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA EN MATERIA DE VIVIENDA. PRIMERO: LA EMERGENCIA HABITACIONAL.

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Los primeros meses del nuevo equipo de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona han tenido como preocupación fundamental (que no única) la lucha contra la emergencia habitacional: desahucios, ocupaciones, vivienda vacía de grandes tenedores, etc.

En el marco de esta preocupación se han puesto en marcha, entre otras, las siguientes medidas:

  • En julio de 2015 se aprobó un paquete presupuestario extraordinario de 3.5 millones de euros para la compra de viviendas para su destino al alquiler social. Posteriormente, esta partida se ha visto incrementada en otros 7.4 millones para el mismo fin. La idea que subyace detrás de estas compras es que la ciudad sufre varias decenas de desahucios al mes (a pesar de que la legislación vigente los dificulta extraordinariamente para las personas y familias vulnerables) y no dispone de los cientos de viviendas de alquiler social necesarias para hacer frente a esta emergencia, ni de otros equipamientos habitacionales susceptibles de ser usados en este caso. Por ello, es necesario disponer de fondos para poder adquirir viviendas, bien sea por ejercicio del derecho de tanteo de las operaciones de grandes tenedores, bien sea por la compra directa en el mercado, tanto a particulares, como a entidades financieras y empresas.
  • Y finalmente, la ciudad se ha dotado de un instrumento nuevo: Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER). que tiene por objeto la lucha contra los desahucios, la regularización de las ocupaciones (en ciertas condiciones) y el ejercicio de las potestades sancionadoras que la legislación vigente en Cataluña otorga a los ayuntamientos. En estos momentos 13 profesionales (que llegarán a ser más de 20 en unos meses) trabajan en estrecha colaboración con los servicios sociales municipales, las autoridades judiciales y los servicios jurídicos del Ayuntamiento, de forma que se puedan aplazar/solucionar el mayo número posible de desahucios sin lanzamientos, que se regularice la situación del parque de vivienda ocupada irregularmente (dentro de unas ciertas condiciones) y que se apliquen las sanciones recogidas en la normativa catalana por uso antisocial de la vivienda.

Todas estas actuaciones, de una u otra manera, forman parte de la MEDIDA DE GOBIERNO aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona el pasado mes de septiembre PARA HACER FRENTE A LA EMERGENCIA HABITACIONAL Y GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA (de la que aquí os dejo un pequeño resumen).

Acabo con lo que empezaba este post: la emergencia habitacional no es lo único y esperemos que a medio/largo plazo no sea lo más importante a hacer en materia de vivienda; pero, en este momento, es el asunto al que más urgente e imperiosamente hay que buscarle una solución. La misma, sino total, debe ser lo suficientemente integral como para que nos podamos seguir llamando una democracia avanzada (dicción literal del preámbulo de nuestra Constitución).

 

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