El pasado mes de agosto AGENDA PUBLICA publicó en ELDIARIOS.ES un artículo mío sobre la enésima sentencia del Tribunal de Justicia de la UE diciéndole al Estado español, una vez más, que nuestra normativa hipotecaria y de desahucios viola el derecho europeo (lo que significa que las normas estatales deben ser reformadas en un sentido coherente y respetuoso con el derecho europeo).
Por si es de interés para alguien, os dejo un link al artículo titulado EL GOBIERNO DESTEJE TODO LO QUE EUROPA TEJE EN MATERIA DE DESAHUCIOS: ¡ ES EL OLIGOPOLIO, ESTUPIDO!
Por cierto, cuando escribí el artículo dos eran las sentencias que afectaban directamente a la normativa vigente en España en relación a los asuntos hipotecarios y de desahucios. Ambas sentencias establecen que el consumidor europeo tiene una serie de derechos continentales que no pueden ser violados por las normas jurídicas estatales.
- TJUE 14/3/2013 Mohamed Aziz vs. Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa).
- TJUE 17/7/2014 Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García vs. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Pero es que el pasado mes se septiembre se ha producido una nueva sentencia (está vez el caso no se originó en España) que afecta de manera aún más profunda al drama de los desahucios y a nuestro ordenamiento jurídico en relación al complejo inmobiliario-financiero.
Y cito literalmente al tribunal europeo: En el Derecho de la Unión, el derecho a la vivienda es un derecho fundamental garantizado por el artículo 7 de la Carta que el tribunal remitente (se refiere a los tribunales nacionales) debe tomar en consideración al aplicar la Directiva 93/13. Es lo más cercano que vamos a estar nunca de que el TJUE diga que el derecho de los europeos a la vivienda no puede ser atacado por la legislación mercantil, bancaria o hipotecaria de los estados miembros.
Como consecuencia de esta última sentencia los letrados de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ya han empezado a hacerla valer ante los tribunales españoles que podrían paralizar procesos de desahucio aplicando normativa europea que prevalece sobre la doméstica.
Es claro que, en estos momentos, estamos asistiendo a una dura pelea entre nuestros partidos políticos mainstream y el lobby financiero-inmobiliario con el TJUE y la PAH. Seguiremos con atención los acontecimientos.
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