Recuerdo que hace tres de años largos, cuando entré en contacto con la gente de la Plataforma por una Vivienda Digna me parecieron un conjunto de personas maravillosas, llenas de energia, espíritu crítico y rabia, pero con escaso tino en su análisis sobre la situación de la vivienda (supuse que por falta de información y formación en la materia).

Recuerdo que por aquel entonces yo les decía a alguna de las personas que conozco de la citada plataforma que las CCAA podían hacer mucho por la vivienda protegida, por el alquiler, por la movilización de la vivienda vacía y por la rehabilitación y regeneración urbana, pero que era el Gobierno de España (junto con las Cortes) el que tenía en su sola mano armas poderosas para cambiar la situación: la política fiscal, la regulación del mercado hipotecario y la valoración legal de los suelos.

Recuerdo que por aquellas fechas algunos conocidos de la PVD me decían que con ese tipo de posicionamientos lo que estaba haciendo era tirar balones fuera, escaquearme de mis responsabilidades como gestor público de una CA y atacar al Gobierno de Don Jose Luis Rodriguez Zapatero.

Recuerdo que cuando incluimos el tema hipotecario en el Plan Director de Vivienda 2006-2009 (limitar legalmente los plazos máximos de los préstamos hipotecarios y el endeudamiento hipotecario máximo personal o familiar es un instrumento privilegiado para evitar el sobreendeudamiento hipotecario y también para limitar el precio de la vivienda libre; consultar eje 11 del Plan) se nos dijo que estabamos brindando al sol y que lo hipotecario poco o nada tenía que ver con el precio de la vivienda.

Recuerdo que cuando el Grupo Parlamentario de IU-ICV propuso, con motivo de la Ley de Modernización del Mercado Hipotecario, enmiendas que limitaban legalmente el sobreendeudamiento hipotecario y que ayudaban a limitar el precio de la vivienda libre estuvimos muy solos. El único apoyo que recibimos fue precisamente el de la PVD (prácticamente redactamos las enmiendas con ellos y durante todo el trámite parlamentario apoyaron dichas enmiendas sin fisuras).

Pues bien, para mi satisfacción, ayer la PVD pidió el cese o dimisión del Ministro Solbes en buena medida por su posición en relación a la reciente modificación de la legislación hipotecaria española (en la que se rechaza la limitación de plazos y cuantías de los préstamos hipotecarios).

El Comunicado oficial de la PVD, que por su interés reproduzco integramente es el siguiente:

LA PLATAFORMA POR UNA VIVIENDA DIGNA PIDE LA DIMISION DEL MINISTRO SOLBES

Para la PVD, mientras Zapatero propone medidas sociales, las leyes que salen del Ministerio de Economía son las más antisociales de la última década, y agravan las dificultades de acceso a la vivienda de los ciudadanos.

En España, las principales competencias en materia de vivienda recaen sobre la Administración Autonómica y los ayuntamientos. Sin embargo, la Administración Central, concretamente el Ministerio de Economía, cuenta con dos herramientas poderosas que afectan directamente a la capacidad de los ciudadanos de acceder a una vivienda: la política fiscal y la regulación hipotecaria. Ambas han sido modificadas en esta legislatura.

Con estas herramientas, el Ministerio de Economía, cuenta con más capacidad de influencia que el propio Ministerio de la Vivienda.

Desde la Plataforma por una Vivienda Digna, organización ciudadana creada en 2003 para defender el derecho a la vivienda, hemos analizado la gestión desarrollada por el Ministerio de Economía y Hacienda desde el principio de la legislatura. Las conclusiones no pueden ser más desalentadoras: todas las medidas y actuaciones del ministerio que más puede hacer por el objetivo de una vivienda digna, el de Economía, dan la espalda a la que es ya la segunda preocupación de los ciudadanos. Recordando las aparentes preocupaciones del ejecutivo en esta materia, las actuaciones del Ministerio de Economía han resultado ser un engaño.

Por ello solicitamos la dimisión inmediata de Pedro Solbes. Solicitud que se argumenta en las siguientes causas:

- Por haber incumplido la promesa electoral de eliminar las deducciones fiscales para la compra de nuevas viviendas. La PVD quiere recordar que el deber del Estado es garantizar el derecho a la vivienda, no el derecho a la propiedad de la vivienda. El ministro Solbes, que hipócritamente presume de no intervencionista, ha mantenido esta intervención en el mercado que eleva los precios hasta un 20% según los expertos, propiciando la adquisición de vivienda frente a otras formas de acceso. Las deducciones fiscales a la compra consumen además dos tercios de los presupuestos dedicados a políticas de vivienda.

- Por empeñarse, al mismo tiempo, en limitar las deducciones fiscales por alquiler propuestas tanto por Trujillo como por Chacón. Por alguna razón, desde el Ministerio de Economía se ha seguido apoyando en esta legislatura la adquisición de vivienda en propiedad, cuando la gran mayoría de expertos apuntan al alquiler como una de las soluciones del problema y así se ha venido trabajando en la mayoría de países europeos.

- Por redactar una ley hipotecaria que es como una patada al derecho a la vivienda de forma sostenible. Una ley que se ha elaborado al dictado de los grandes bancos y ha despreciado enmiendas de corte social y vías para favorecer el acceso a la vivienda a medio y largo plazo. Esta ley, recientemente aprobada, debería haber incluido como mínimo un límite en la duración y cuantía de los créditos hipotecarios, como ocurrió con la ley Niertz de 1989 en Francia. Esto hubiera ayudado a contener los precios y por lo tanto a facilitar el acceso a la vivienda, sin coste alguno para la Administración. Una muestra de la sumisión de Solbes en esta ley a los bancos y grandes empresas urbanísticas es que su socio para la aprobación en el Congreso ha sido precisamente el Partido Popular.

- Por haber cambiado en la práctica la frase “Hacienda somos todos” por “Hacienda somos todos, menos los constructores y promotores inmobiliarios”. Según la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha), el fraude fiscal en el sector inmobiliario asciende a 8.600 millones de euros en el último año. La misma asociación afirma que se persigue de forma masiva la fiscalidad de las rentas del trabajo, mientras esta bolsa de fraude se mantiene.

- Y por negarse en redondo a fiscalizar los 3 millones de pisos vacíos que hay en España, como ya se hace en otros países europeos desde hace años. La salida al mercado de estas viviendas bajaría los precios y supondría una solución para millones de ciudadanos.

Todos estos puntos tienen como resumen que las decisiones y actuaciones del Ministerio de Economía relacionadas con la vivienda han ido encaminadas a:

1. Proteger la burbuja inmobiliaria, que ya se habría desinflado hace años de no ser por el intervencionismo que mantiene Solbes, entre otras razones.

2. Mantener el alquiler en tasas ridículas comparadas con nuestro entorno.

3. Proteger los intereses de las grandes empresas inmobiliarias y financieras y fomentar sus beneficios.

Desde la Plataforma por una Vivienda Digna estamos atónitos por el hecho de que el ministro Solbes siga perteneciendo al equipo creado por el presidente Zapatero, ya que, mientras éste anuncia medidas sociales, el ministro de economía pone en marcha leyes o iniciativas profundamente antisociales que, aunque menos tangibles, suponen un mayor perjuicio en el día a día de los ciudadanos, especialmente de los más jóvenes.

Por todo ello, desde la Plataforma insistimos en nuestra solicitud de dimisión del ministro Solbes, invitando al ejecutivo a tomar de una vez por todas medidas que solucionen el cáncer de la vivienda en España desde su raíz. Medidas que pasan por la financiación de los ayuntamientos, las filtraciones de dinero del urbanismo a las instituciones, el control del dinero negro en la VPO, la salida al mercado de los pisos vacíos, una regulación de las hipotecas que piense en el derecho a una vivienda de forma sostenible, la eliminación de las deducciones fiscales por compra y la creación de un parque público de viviendas en alquiler extenso, como ya existe en muchos países de la UE.

Plataforma por una Vivienda Digna
Comité Interterritorial
info@viviendadigna.org
http://www.viviendadigna.org

Es bueno caminar acompañado. Y en este caso la compañía me parece extremadamente interesante y con enormes potencialidades sociales.

ARTICULOS ANTERIORES EN ESTE BLOG QUE TRATAN DE TEMAS RELACIONADOS Y QUE PUEDE INTERESARTE:

• EL PROYECTO DE LEY DE MODERNIZACION DEL MERCADO HIPOTECARIO
• LOS EFECTOS DE LA FINANCIACION HIPOTECARIA SOBRE EL PRECIO DE LAS VIVIENDAS LIBRES
• EN MATERIA DE CREDITO HIPOTECARIO ES YA MOMENTO DE QUE CAMBIE RADICALMENTE NUESTRA LEGISLACION
• ENMIENDAS DE IU-ICV AL PROYECTO DE LEY DE NODERNIACION DEL MERCADO HIPOTECARIO
• CREDITO HIPOTECARIO: SOLBES QUIERE PERO NO PUEDE ... ¿DE VERDAD QUE NO PUEDE?
• LAS NUEVAS HIPOTECAS SOGA-BOZAL

Hemos hablado ya en otras ocasiones en este blog de la necesidad de modificar la legislación hipotecaria para garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder a una vivienda digna a unos precios razonables. En estos momentos está tramitándose en las Cortes un proyecto de ley de modernización del mercado hipotecario.

Yo siempre he defendido que para limitar el precio de la vivienda libre hay que restringir el crédito hipotecario a determinados parámetros de política social y económica.

Pues bien, hace unos días el Grupo Parlamentario de IU-ICV presentó sus enmiendas a este proyecto de ley. Me tomo la libertad de destacaros una de esas enmiendas. La que yo llamo la enmienda Billy-leolo pues la hemos redactado de forma conjunta Billy de la Plataforma por una Vivienda Digna de Madrid y yo mismo, como sabéis Director del Gobierno Vasco.

La enmienda pretende que los créditos hipotecarios tengan una duración limitada en el tiempo y que las personas y familias solo se puedan endeudarse en un porcentaje razonable de sus ingresos mensuales. Estas dos medidas, aplicadas por todos los bancos y cajas de ahorros, de forma progresiva, tienen la capacidad de contener el precio de la vivienda libre, ante la nueva capacidad de pago de los demandantes de vivienda, hacer más accesible la vivienda a la ciudadanía y no frenar bruscamente la actividad económica vinculada a la construcción.

Os dejo el texto de la enmienda, así como la justificación de la misma. Esperemos que la izquierda representada en el Parlamento español tenga a bien considerar este tipo de medidas.

ENMIENDA

De adición

Se crea un nuevo capítulo con el siguiente redactado:

“CAPÍTULO VI bis Límites al sobreendeudamiento familiar

Artículo 12 bis. Modificación de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario.

Se crea una nueva sección en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario con el siguiente tenor literal:

Sección IV bis. LÍMITES AL SOBREENDEUDAMIENTO FAMILIAR

Artículo veinticinco bis.

1.- Las operaciones de préstamo a que se refiere esta Ley cuando tengan por finalidad financiar, con garantía de hipoteca inmobiliaria, la construcción, rehabilitación y adquisición de viviendas no podrá concederse por las entidades referidas en la Sección I de esta Ley:

• desde la entrada en vigor de esta Ley hasta el 31 de diciembre del año 2007 por un plazo de amortización superior a los 25 años
• desde el 1 de enero del 2008 hasta el 31 de diciembre del 2008 por un plazo de amortización superior a los 20 años.
• a partir del 1 de enero del 2009 por un plazo de amortización superior a los 15 años.

2.- Las referidas operaciones de préstamo no podrán concederse por las citadas entidades:

• desde la entrada en vigor de esta Ley hasta el 31 de diciembre del año 2007 cuando el pago mensual conjunto de intereses y devolución del principal supere el 40% de los ingresos personales o familiares de los obligados en las operaciones de crédito hipotecario.
• desde el 1 de enero del 2008 hasta el 31 de diciembre del 2008 cuando el pago mensual conjunto de intereses y devolución del principal supere el 35% de los ingresos personales o familiares de los obligados en las operaciones de crédito hipotecario.
• a partir del 1 de enero del 2009 cuando el pago mensual conjunto de intereses y devolución del principal supere el 30% de los ingresos personales o familiares de los obligados en las operaciones de crédito hipotecario.

Artículo veinticinco ter.

Reglamentariamente se desarrollará el régimen normativo de las medidas reguladas en el artículo anterior contra el sobreendeudamiento hipotecario familiar.

MOTIVACIÓN:

En la actual coyuntura económica el crédito hipotecario para la financiación de la compra de vivienda sin límite legal alguno está cebando una espiral inflacionista de los precios de este bien. Dado que la vivienda es, además de un bien económico, el soporte físico del ejercicio de un derecho constitucional de evidentes implicaciones sociales, entendemos necesario tomar medidas para, a corto plazo, evitar el sobreendeudamiento hipotecario de las personas y familias, así como a medio plazo frenar el incremento de los precios de la vivienda libre o de mercado.

Ciertamente esta medida no se puede entender de forma aislada y debería de ir acompañada de otra política fiscal en relación a la vivienda (que primara el alquiler frente a la compra, la vivienda protegida frente a la vivienda de mercado y la movilización de vivienda vacía), de una política legislativa diferente en materia de suelo (que propiciara sede autonómica, dado que son las CCAA las competentes legislativamente en esta materia, la existencia de elevadas reservas de suelo para vivienda protegida), así como por políticas públicas que incrementaran el parque de vivienda protegida, el alquiler social y la movilización de la vivienda vacía hacia el alquiler.

De la misma manera, no será posible hacer de la vivienda un derecho constitucional real, y no meramente formal, sin una reforma de la financiación de las Corporaciones Locales y, no lo neguemos, de la propia financiación de los partidos políticos.

Todo este conjunto de medidas harían de España un país más “centroeuropeo o escandinavo” en materia de vivienda. Ninguna de las medidas por sí sola tiene capacidad de hacer la vivienda, un derecho constitucional, accesible y digna a la ciudadanía. Pero todas ellas, de forma conjunta, sí que pueden tener esta virtualidad. Dicho todo lo anterior, la existencia de límites legales al crédito hipotecario es una de las medidas angulares sobre las que debe descansar una nueva política de vivienda en España.