No descubrimos nada si decimos que muchas Administraciones Públicas locales y no locales que, hasta la fecha se habían preocupado poco o nada por sus consumos energéticos, con la crisis y los recortes presupuestarios, se están poniendo las pilas en este campo.
Tampoco decimos nada nuevo si constatamos que en estos momentos hay una cierta corriente de opinión que denosta cualquier empresa pública. Ataque que, no solo nos parece injusto por generalizado, sino que en el caso de la energía nos parece extraordinariamente miope. Pues, en este momento, consideramos que hay una necesidad de buenas Empresas Públicas de Energía y Proyectos Públicos Energéticos.
Tampoco contamos nada nuevo si decimos que hay una serie de empresas privadas que están ofreciéndose a gestionar la factura energética de ayuntamientos, mancomunidades, empresas públicas, diputaciones, etc.
Estas empresas, conocidas como Empresas de Servicios Energéticos (ESE), fundamentan su funcionamiento en generar ahorro energético a base, fundamentalmente, de modificar la política de compras, los hábitos de consumo de su cliente y las tecnologías elegidas para iluminar, calentar, refrigerar, etc. Cobran de ese ahorro (facturan en función del ahorro de energía que producen a sus clientes y gestionan desde el minuto cero las partidas presupuestarias dedicadas a la energía por su cliente). Generalmente necesitan que una entidad financiera apoye sus operaciones, pues al cobrar solo del ahorro, no consiguen facturar (otra cosa es la gestión de la partida presupuestaria de su cliente) hasta bien avanzada la operación.
Si se da la circunstancia de que las ESEs consiguen un financiador y convencen a un cliente del sector público, estas prestan unos servicios que son muy apreciados por cargos y directivos públicos. Para estos, estamos ante gente que donde había un gasto de, por ejemplo, 100 consiguen que haya uno de, también por ejemplo, 95 (las cifras suelen ser de la magnitud de las de este ejemplo). Si puede que descubramos algo cuando afirmamos que muchas ESE privadas no están orientadas a las necesidades de sus clientes del sector público.
En mi entorno vemos, al menos, dos tipos de patologías. En primer lugar, las ESE que solo quieren colocar sus productos. Estamos ante proveedores de equipos o tecnología que se disfrazan de consultores energéticos. Y en segundo lugar, hay grandes empresas de obra civil, construcción, ingeniería, etc que, teniendo músculo financiero, ofrecen a clientes del sector público financiación enmascarada de prestación de servicios energéticos.
Por supuesto, esto no quiere decir que todas las ESEs sean nocivas para el sector público. Las hay muy buenas y honestas con su cliente (público o privado). Pero si que nos parece interesante dejar claro que demasiadas ESEs privadas no son más que "bancos" que buscan hacer cautivos a sus clientes del sector público (para "sangrarles" después con otros servicios y productos energéticos o no energéticos) o empresas que quieren colocar a toda costa su "cacharrería" (su tecnología, sea o no la que necesita ese cliente público).
Además hay un aspecto clave que debemos tener en cuenta: cual es el reparto de plusvalías provenientes de la energía entre lo público y lo privado. Y nos explicamos. Si una serie de profesionales privados le ahorramos a un ayuntamiento, de un total de 100 de gasto energético, 5 unidades económicas, ¿cual es el reparto justo de ese ahorro? Pues bien, no estamos caricaturizando, cuando decimos que muchas ESEs privadas estan ahorrándole 5 unidades al cliente público, pero se están embolsando hasta 25 unidades (pues muchas entidades públicas tienen recorrido en materia de ahorro energético de hasta 30 sobre facturas de 100). Consideramos que ese tipo de reparto no es equilibrado y daña seriamente los intereses del sector privado.
¿Que proponemos para salir de este tipo de situaciones? Creemos que, para que las 30 unidades de ahorro de nuestro ejemplo se queden de forma casi integra en el sectro público, es necesario crear Empresas Públicas de Energía o impulsar Proyectos Energéticos controlados por la Administración (preferentemente la local), gestionadas por profesionales privados, que desarrollen la política energética de esa Administración, pensando solo en el interés general, cobrando solo por su trabajo y sin tocar los beneficios o plusvalías de las operaciones.
Creemos que este modelo de trabajo de la energía en el mundo público, muy diferente al ofertado por las ESEs al uso, puede ser de gran interés para las entidades asociadas en organizaciones tales como la Federación Española de Municipios y Provincias, EUDEL, la Federación Navarra de Municipios y Concejos, la Federación de Municipios de Cantabria, la Federación Asturiana de Concejos, la Federación Riojana de Municipios, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, la Federació de Municipis de Catalunya o la Asociació Catalana de Municipis.
En posts posteriores continuaremos desarrollando esta idea de la gestión pública de la energía, no solo como fuente de ahorro (tal y como hemos hecho en este post), sino también como fuente de nuevos ingresos para el sector público.
OTROS POSTS QUE QUIZAS TE INTERESEN: