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  • CDU: VIVIENDA, POLÍTICAS TOXICAS Y POLÍTICAS NECESARIAS.

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    El pasado 25 de febrero participé en un interesante encuentro, organizado por el Club de Debates Urbanos, sobre las políticas de vivienda titulado VIVIENDA: POLITICAS TOXICAS, POLITICAS NECESARIAS. 

    Del mismo dan noticia las webs del Club de Debates Urbanos, Paisaje Transversal y Pólítica de Vivienda Social. En la referencia de PT se adjunta el vídeo de las casi tres horas que duró el debate. Y hay que destacar como merece que en este acto se presentó el Decálogo por una vivienda digna de ATTAC Madrid (texto del que ya di noticia y opinión en este blog hace unas semanas).

    Al debate fuimos convocados: 

    • Julio Rodríguez. Expresidente del Banco Hipotecario, expresidente de la Caja de Granada,  miembro de economistas frente a la crisis  y vocal del CDU.
    • Alejandro Inurrieta. Economista y expresidente de la Sociedad Pública de Alquiler.
    • Ada Colau. Portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
    • Pablo Jiménez. Licenciado en Derecho. Miembro de ATTAC Madrid.
    • Y yo mismo, que fui presentado como socio de Urbania ZH Gestión y exviceconsejero de vivienda del Gobierno Vasco.
    • Fuimos moderados por el arquitecto Fernando Fernandez Alonso.

    Mi impresión general del debate es que, en materia de vivienda, como en otras tantas, la socialdemocracia española ha traicionado su propio ideario permitiendo una casi total mercantilización del derecho a la vivienda que, hasta la fecha, afortunadamente no hemos conocido en otras políticas públicasbásicas (sanidad, educación, etc). Por su parte, la izquierda a la izquierda del PSOE ha esgrimido un programa político en materia de vivienda sustancialmente socialdemócrata que ha sido tildado de utópico y poco serio por socialdemócratas, democratacristianos y neoliberales. A su vez, la sociedad civil indignada y activa, poco a poco va exigiendo la tutela del derecho a la vivienda, teniendo en cuenta las mejores prácticas públicas europeas y autonómicas españolas y explorando vías comunitarias o populares de tutela del derecho a la vivienda, al margen de lo estatal. En los pasados años líderes sociales, expertos y políticos más o menos zurdos, en materia de vivienda, estamos siendo pasados a cuchillo por el proyecto neoliberal y la apatía socialdemócrata. Pero, me da la impresión de que la perplejidad hace mucho tiempo que dejo paso a la indignación, esta a la reacción y de ambas se está pasando ahora a la acción socio-política espero que fructífera.

    En las casi tres horas de debate creo que se vieron estas tesis, antítesis y síntesis con mucha vivacidad. Especialmente interesante fueron los intentos de Julio Rodriguez Lopez por explicar como funcionan mercado y estado en materia de vivienda. No para hacer crecer la sensación de impotencia de muchos de nosotros o por connivencia suya con muchas de las prácticas al uso, sino como instrumento al servicio de la transformación social (conocer para poder cambiar). Reveladores fueron los testimonios de Alejandro Inurrieta sobre el poder de los lobbies y su capacidad en España para condicionar las políticas sociales y económicas al servicio de los intereses cortoplacistas y contraproducentes del complejo financiero-inmobiliario. Y muy claros, contundentes y honestos fueron los postulados esgrimidos por Ada Colau en nombre de parte de la sociedad civil que está hasta la coronilla de políticos, gestores públicos y medios de comunicación al servicio del citado complejo financiero-inmobiliario.

     

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    En lo que a mi papel en la mesa de debate se refiere, diré que fundamentalmente empleé mis intervenciones para hablar de alquiler, partiendo de una pregunta inicial: ¿QUE PASA EN ESPAÑA PARA ESTEMOS A LA COLA DE LA UE EN ALQUILER SOCIAL, PUBLICO O ASEQUIBLE? 

    Partí de una serie de datos absolutamente inexplicables en términos europeos: solo un 10% de alquiler en el parque total de viviendas; menos de un 1% de vivienda social en alquiler. Y entre 3 y 6 millones de viviendas vacías (de un total de unos 25.5 millones de viviendas -uno de los porcentajes de vivienda por cada 1000 habitantes más altos de toda Europa-), en el mismo momento que se produce una emergencia habitacional-humanitaria con cientos de miles de familias desahuciadas.

    Traté de poner de relieve la relación inversa que existe entre porcentaje de personas viviendo en propiedad en una sociedad y PIB. Frente a lo que ciertos lobbies nos hacen creer en España, los países de la UE con máyor PIB y nivel de desarrollo son países con los más altos niveles de alquiler de nuestro entorno. Y viceversa.

    Insistí en que el bajo parque de alquiler español no es, en absoluto, un problema cultural. Salvo en lo que se refiere a la falta de cultura financiera (que tampoco es casual del todo). Sino que más bien estamos ante un asunto impuesto política, mercantil, mediática y académicamente. A tal efecto, recordé el papel del Movimiento y el Ministerio de la Vivienda (propietarismo como antídoto político frente a la revuelta y voluntad de hacer de los proletarios sediciosos, propietarios adocenados). De la misma manera, comenté la importancia del pacto entre Estado, bancos y promotores inmobiliarios que precedió a la Ley Suelo 1956: propietarismo como garantía hipotecaria/estatal para la banca, factor que evita realizar gasto público y que permite la urbanización (así como un lucro del propietario del suelo -terratenientes rurales y rentistas urbanos- y del promotor absolutamente desmedido). Es al final del franquismo, cuando se empieza a dar forma a eso que algunos después han llamado "España, una, grande y urbanizable".

    Expliqué que, a mi juicio, desgraciadamente la Constitución 1978 no supuso en materia de vivienda una ruptura real respecto del franquismo, sino solo un distanciamiento meramente semántico.

    Refiriéndome a los tiempos más recientes, expliqué que ni la legislación/política hipotecaria o fiscal española han hecho otra cosa que favorecer un peligroso monocultivo: vivienda libre en suelo urbanizable, en la que se subroga el crédito promotor en hipoteca particular sobre vivienda en propiedad. Lo cual, en un contexto internacional de conversión de la vivienda en un producto financiero respaldado por capitales especulativos nacionales e internacionales (en nuestro caso, sobre todo alemanes y franceses) no hizo sino agravar las tendencias inflacionistas de nuestro sistema urbanistico-residencial, dando lugar a nuestra conocida y descomunal burbuja inmobiliaria.

    Comenté que, como consecuencia de todo lo anterior, en España no hemos tenido unas políticas públicas de alquiler dignas de ese nombre y los recientes intentos de introducir buenas prácticas (a la europea) parece que se van a ver laminados, con la excusa de la crisis. De hecho, en estos momentos, lejos de utilizar la poca vivienda pública en alquiler que tenemos para ayudar a paliar los efectos más graves de la crisis habitacional (menos de 125.000 unidades que, en muchos casos, están siendo vendidas a la empresa privada), muchas sociedades públicas de suelo y vivienda están siendo saqueadas por el mercado y liquidadas por el poder público.

    Descrito el desastre, cabe preguntarse ¿COMO PODEMOS SOLUCIONARLO? Y yo aporté las siguientes propuestas, mucho más enfocadas a las reformas estructurales que a los acuciantes problemas humanitarios que afrontamos a corto plazo (para los que me basta y me sobra con las propuestas de mínimos de la PAH que suscribo de forma integra).

    1. Presión social, política, mediática, intelectual y electoral.
    2. Reforma de ley hipotecaria. Necesitamos menos créditos, en plazos más cortos y con tipos de interés no demasiado bajos. En contra de los voceros oficiales, estas medidas favorecerían el acceso a la vivienda (deflactarían el precio en compra). También necesitamos, como se hace ya evidente para cualquiera, un clausulado menos favorables a la banca (equilibrio entre las partes) y más consistente con la normativa europea en la materia.
    3. Reforma fiscal. Necesitamos eliminar las deducciones fiscales a la compra y traspasar esos incentivos fiscales al alquiler, la rehabilitación, la vivienda protegida, las cooperativas de uso de vivienda y la reconversión energético-ecológica de nuestro parque de vivienda ya existente.
    4. Banca pública, ahorro popular y fondos de inversión privados. Es imperiosamente necesaria la existencia de banca pública finalista (para financiar la lista de cosas que acabo de mencionar en el punto anterior). Tambien necesitamos ahorro popular dirigido a financiar políticas públicas de vivienda, como ocurren en otros países de la UE (vg libvet A o participación de los asalariados en el esfuerzo público en vivienda). Y no vendría mal una regulación de los REITS a la europea, aunque siempre controlando desde el estado el equilibrio entre beneficios fiscales/económicos y aportación al interés general en materia de vivienda/alquiler). El orden en el que hablo de estas cosas (banca pública, ahorro popular y REITS) es para mí importante.
    5. Reforma financiera. Dado que el mercado es incapaz de autoregularse y, cada vez que hay dinamismo económico, tiende a financiar más vivienda de la necesaria y con una lógica muy especulativa, necesitamos introducir limites legales al endeudamiento inmobiliaria del sistema financiro, así como al nivel máximo de endeudamiento familiar vinculado a la vivienda. Como ya están haciendo varios países de la UE.
    6. Políticas públicas de movilización de vivienda vacía (entre 3 y 6 millones de un total de menos de 25.5 millones de viviendas):                                                                                   
      • creo en el palo y la zanahoria
      • es decir, creo en las sanciones, impuestos, multas, alquiler y venta forzosa, expropiación, derribos, etc (algo muy al uso entre nuestros socios de la UE)
      • y también en las subvenciones, la rehabilitación, las ayudas al alquiler, los seguros, etc,
      • de entre los dos modelos teórico-prácticos habidos hasta la fecha (SPAvs.Bizigune), creo que ambos juegan un papel, pero el primero es más una programa de dinamización del mercado privado y el segundo uno de alquiler social. Una cierta combinación de ambos sería del máximo interés.
      • parece que vamos a perder una oportunidad con el Fondo Social de Vivienda, el SAREB y el parque de vivienda en manos de los bancos.
    7. Parque público permanente de nuevo alquiler social y público. En España las estadísticas dicen que tenemos un 1% del parque total de viviendas en alquiler público o social. La realidad es que son menos de 125.000 (sobre un total de 25.5 millones y se están privatizando). Por ello, y sin perjuicio de los esfuerzos que haya que hacer en materia de movilización de vivienda vacía hacia el alquiler, es imperativo construir un parque público de alquiler al estilo europeo. Llevamos décadas de retraso. Pero en algún momento hay que empezar. Algunos países europeos están privatizando parcialmente sus parques públicos de alquiler. Pero, desde nuestro menos del 1% hasta el 30% que de media puede haber en la UE el recorrido es aún muy amplio.
    8. Alquiler social, público y asequible como resultado de rehabilitación y regeneración urbana. La conexión entre rehabilitación y alquiler asequible es evidente en muchos países de la UE. Entre nosotros es una rara avis. Debe dejar de serlo.
    9. Ayudas públicas para el pago del alquiler. Lo que aquí hemos conocido brevemente como Renta Básica de Emancipación y que en el resto de la UE es un clásico. El razonamiento es sencillo: ojalá las Administraciones dispongan de suficiente parque público de alquiler para atender a la demanda más necesitada. Pero cuando esto no es el caso (en cierto tiempo o en cierto lugar) debe haber una política de subvención de los alquileres que permita al casero mantener una mínima rentabilidad en el bien que explota y al inquilino un mínimo nivel de dignidad vital. 
    10. Derecho de superficie. Si la administración es propietaria de un suelo, lo cede por casi un siglo a personas que van a vivir en viviendas de su propiedad (o de una cooperativa) y el gasto vivienda/mes/familia se acerca a los 300 euros, de facto, estamos ante un alquiler asequible vitalicio. Por ello, no debemos olvidarnos del derecho de superficie al citar los instrumentos que nos pueden ayudar a converger con la UE en materia de vivienda.
    11. Cooperativas de uso. Son las grandes desconocidas en España, a pesar de tener una historia de muchas décadas en la UE y América. Varias personas forman una cooperativa, adquieren un suelo o un edficio, construyen o rehabilitan y tienen derecho a vivir en las viviendas resultantes en régimen de alquiler. Financieramente es una inversión: quien se quiera ir, vende su participación en la cooperativa y recibe lo que puso más la parte de plusvalías/minusvalías que le corresponda. Operativamente es una forma asequible de acceder a una vivienda, que será una red, en el caso de que muchos edificios estén asociados a la misma cooperativa. En la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial fue una fórmula muy apoyada por el Estado en forma de cesiones de suelos, subvenciones, ayudas financieras y técnicas. Es una fórmula interesantes, pues, a mi juicio, estamos ante algo público (bien común) que no es estatal (administrativo), algo que puede ser muy profesional, sin ser mercantil.
    12. Cooperación público privada en en materia de vivienda asequible. Necesitamos fórmulas que permitan introducir la profesionalización en el mundo de la vivienda pública, sin por ello dar entrada al beneficio privado. Hace meses que defiendo en las redes mi postura técnica en realación a este problema dogmático. Asi que simplemente me remito a los dos textos en los que hablo de este asunto con mayor detalle: 1 y 2. En el caso del urbanismo y la vivienda se trata de encontrar socios profesionales privados que admitan trabajar a cambio de una retribución solo en caso de éxito, pero que tengan claro que el 100% de las plusvalías generadas por el urbanismo y la vivienda pública deben permanecer en manos del sector público.
    13. Aunque suene herético, creo que hay que acabar con los PGOU tal y como hoy los conocemos, pues no sirven para nada (confesable) y no son más que actas notariales del pasado (en vez de planes de futuro). Me sentiría mucho más cómodo con una planificación territorial/económica macro y no vinculante desde el punto de vista jurídico que se complemente con una política de licencias municipales en las que se expliciten los repartos de plusvalías entre lo público y lo privado, con luz, taquígrafos y muchas hojas de cálculo.
    14. Lo cual no lleva al tema de la modificación del reparto de plusvalías y costes entre lo privado y lo público. Hay quien defiende que el 100% de la plusvalía sea pública y el ius edificandi sea una concesión administrativa. No sé si yo defiendo tanto. Pero si repartos de plusvalías/costes equilibrados decididos para cada operación urbanística, sin dejar de tener en cuenta el conjunto. 
    15. Lo cito en último lugar y no es casual. Necesitamos una nueva legislación de alquiler privado. Pero no para desequilibrar completamente la relación entre inquilino y propietario en favor del segundo, como quiere hacer el acatual gobierno. Sino para que el alquiler sea en España un negocio y también una forma de vida. Algo que los sucesivos legisladores españoles no han comprendido. Y de tanto machacar al inquilino, lo hemos convertido en una figura teórica. En casi todos los países de la UE los derechos de los propietarios están protegidos, pero no lo están menos los derechos de los inquilinos y las obligaciones de los propietarios. De resultas de todo lo anterior, en la UE el alquiler es una forma de vida y en España un breve transito hacia la propiedad o un rasgo de disfuncionalidad social (algo que la crisis está cambiando). 
    Como se ve, en materia de alquiler (en realidad de vivienda) no creo, para nada, en las soluciones mágicas unívocas. Creo que el secreto está en la mezcla. Y cuantos más elementos seamos capaces de mezclar mejor será el resultado en términos sistémicos (robustez o resiliencia que dicen ahora algunos).
     
    Sea como fuere, necesitamos cambios profundos para poder llegar a disponer de una banca, políticas públicas y mercado de alquiler (en realidad, de vivienda) que merezcan el calificativos de aceptablemente europeos.

    Y dada la severa crisis de superproducción de vivienda de la pasada década y el ataque brutal que está sufriendo el estado del bienestar en estos momentos (por los mismos que cebaron la burbuja) creo firmemente que es tiempo de RE y CO. (1, 2 y 3).

    Hay que agradecer al Círculo de Debates Urbanos de Madrid que haya organizado un debate de tanto interés. Y para mi, que no soy un profesional de esta materia en sentido estricto, estas son ocasiones privilegiadas de poner al día mis ideas y propuestas. Ojalá haya muchos más debates como el del CDU en el futuro. Conocer/debatir para poder transformar.

     


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    "LOS DERECHOS HUMANOS NO SE NEGOCIAN"

    Ada Colau, Madrid, Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2013

     

    Esta semana el Congreso de los Diputados, en contra de su tradición reciente, ha sido el templo del debate político. No se lo debemos a ningún partido, sino a la sociedad civil. En esta ocasión, representada, al menos en parte, por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que habló a través de mi admirada Ada Colau.

    El Congreso de los Diputados convocó a seis "expertos" (algunos lo eran y otros en modo alguno) en materia hipotecaria, en el marco de varios debates parlamentarios que deberían conducir a la reforma de la legislación española en esta materia y otras conexas con el reiteradamente violado en España derecho constitucional al acceso a una vivienda digna.

    Por decirlo suavemente, se ha montado bastante revuelo porque una activista de los derechos humanos, dialécticamente bien dotada y que conoce de primera mano el problema tratado desde casi todos sus ángulos, les ha dicho a sus señorías las verdades del barquero. Ya se sabe que cuando el rey está desnudo, ni es muy frecuente que se lo digan, ni este tiene mucho interés en que se le hable de su desnudez. Pero:

    1. Verdad es decir que en España no hay políticas de vivienda asequible y digna que merezcan ese nombre. 
    2. Verdad es decir que los poderes públicos han trabajado durante décadas al diktat de las entidades financieras. 
    3. Verdad es decir que en España durante muchos años la gente normal no ha podido escoger entre hipotecarse o no hacerlo. 
    4. Verdad es decir que las dinámicas especulativas han creado un descomunal problema de sobreendeudamiento hipotecario. 
    5. Verdad es decir que nuestra legislación en materia hipotecaria está más próxima a la Inquisición que a un Estado Social y Democrático de Derecho. 
    6. Verdad es decir que es inhumano, injusto y socio-económicamente estúpido rescatar a la banca privada de sus locuras inmobiliarias con dinero público y no rescatar a los damnificados de la burbuja inmobiliaria. 
    7. Verdad es decir que no es explicable entre nuestros socios de la UE que seamos uno de los países con más viviendas vacías de Europa (y menos viviendas sociales de alquiler) y, a la vez, cerca de medio millón de familias vayan a sufrir un desahucio en un contexto en el que hay seis millones de parados ...

    En fin, que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca le ha cantado las cuarenta a nuestro partidos políticos mayoritarios y estos se han sentido muy ofendidos.

    Pues bien, yo suscribo palabra por palabra el analisis, las propuestas y las exigencias de mínimos de la PAH explicitadas esta semana en sede parlamentaria (se puede seguir el debate, entre otros muchos, en este link).

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    Es decir, en lenguaje de la calle:

    • Ni una familia pobre más enviadas a la calle en este contexto de recesión económica.
    • Ni una sola muerte civil de personas que pierden su vivienda en un proceso de ejecución hipotecaria.
    • Y utilicemos las viviendas vacías en manos del Estado y al banca que recibe ayudas públicas para dotar un parque de alquiler social que, en primer lugar, acoja a los daminificados de la burbuja inmobiliaria

    Comentario aparte merecen las manifestaciones tipo "virgen vestal violada" proferidas por varios diputados, liderados por el Presidente de la Comisión en la que se produjo la comparecencia. Al parecer la dialéctica político-parlamentaria, en estos momentos de emergencia humanitaria, no permite llamar a alguien criminal (especialmente, después de que éste provoque afirmando que la legislación hipotecaria española es buena, incluso mejor que algunas de nuestro entorno, estándo aún calientes los cadáveres de varios suicidados). No creo que haga falta ser penalista para saber que tal expresión, en el marco de una sesión parlamentaria o de cualquier debate político, no tiene encaje en el código penal. Es claro que no se está imputando directamenten un ilícito penal. Sino que se está haciendo un alegato sobre los resultados materiales de una acción lobística y una legislación. Acción y lesgislación que, por otra parte, es innegable que matan. 

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    No es de recibo que el Presidente de la Comisión le diga a una compareciente que ha sido "cordialmente invitada por el Congreso", como si fuese una dádiva que el soberano representado de vez en cuando se mezcle con el no soberano representante. No es propio de un sistema democrático que se afirme que "los grupos parlamentarios representan al 100% de los españoles" si con ello se quiere sugerir que la sociedad civil se debe limitar a dar vocecitas en las manifestaciones, recoger firmitas y soportar estoícamente los rigores de la crisis. No acabo de comprender como el Presidente de una Comisión del Congreso de los Diputados puede salir tan descaradamente en defensa de un representante de la banca, tildando de ominosas ofensas afirmaciones políticamente discutibles, pero que deben ser respetadas cuando provienen del pueblo sufriente. Y lo que ya no tiene nombre es que sus Señorías se sientan amenazadas cuando se les dice que se les va a marcar en función de su comportamiento como legisladores, aclarando de forma expresa, clara e inequívoca que el marcaje será no violento y democrático (similar al que se ven sometidos los cargos públicos en el mundo anglosajón). Muchos diputados españoles sufren en exceso por los problemas de la banca a la que socorren generosamente con el dinero del contribuyente que se queda sin servicios públicos esenciales, se tienen demasiado aprecio a si mismos, no acaban de comprender su función de representantes democráticos, creen que en ellos se acaba la política y son descaradamente insensibles con el sufrimiento de los representados damnificados de la burbuja inmobiliaria que ellos permitieron, cuando no promovieron.

    La pelea continúa, pero cada vez es más evidente que capas abrumadoramente amplias de la sociedad española simpatizan con las cosas que dijo Ada en nombre de la PAH y se ofende con las cosas que dijo el representante de la banca española. Aunque solo sea por cálculo electoral, espero que los partidos mayoritarios entiendan, esta vez, que no se puede servir a dos señores. Por muy bien que pague uno de ellos. Pues el otro somos todos los hoy presentes y los que vendrán en el futuro.

     

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    Hace ya algunas semanas que he conocido la constitución en Catalunya de un grupo ciudadano que pretende estructurar una respuesta social y política contra las hipotecas de imposible pago (lo que vienen siendo las subprime españolas). El tema lo vi primero en Cotizalia, no mucho después me lo comentó Ada Colau (una de las activistas sociales que está cooperando en esta iniciativa), después localicé el blog de esta ASAMBLEA DE AFECTADOS POR LAS HIPOTECAS IMPOSIBLES DE PAGAR y finalmente he leído que Raquel Rotlnik, la nueva relatora para el derecho a la vivienda de la ONU, ha estado este pasado fin de semana en Barcelona para hablar de la conexión entre unas políticas públicas de vivienda débiles y la crisis de sobre-endeudamiento hipotecario que hay en España en estos momentos.

    La tesis fundamental de este colectivo es que a buena parte de la ciudadanía española la Administración por su inacción (poca vivienda protegida, casi nada de alquiler público, etc) le ha puesto en manos del complejo entidades financieras-promotores inmobiliarios que han provisto vivienda a unos precios imposibles con el consiguiente sobre-endeudamiento de los hipotecados y beneficios siderales de bancos, cajas, promotores y propietarios de suelo.

    Este colectivo entiende que ante la actual situación (crisis social por sobre-endeudamiento hipotecario y paro creciente) la Administración tiene que reaccionar. Proponen, casi de forma literal, aplicar las dos medidas que se han puesto en marcha en Euskadi: compra de vivienda libre por parte de la Administración a precio de vivienda protegida, deshacer las hipotecas abusivas (con quita bancaria) y paso del propietario sobre-endeudado a la condición de inquilino de vivienda protegida. Como veis esto tiene mucho que ver con lo que nosotros llamamos la red pública de seguridad 1 y la red pública de seguridad 2 en relación al sobre-endeudamiento de hipotecados e inquilinos en situación de paro. Públicamente esta Asamblea reconoce que están proponiendo aplicar en toda España las medidas que nosotros hemos empezado a impulsar en Euskadi. Esta iniciativa social también propone que sea posible la dación de la vivienda en pago de la deuda hipotecaria sin mayores obligaciones para el sobrehipotecado. Y esto tiene su origen en los casos que están apareciendo de ejecución hipotecaria en los que los ejecutados, después de perder la vivienda y verse en la calle, aún deben mucho dinero al banco como consecuencia de la diferencia de valor de la vivienda desde el momento de la firma de la hipoteca hasta el momento de la ejecución hipotecaria.

    Pues bien, esta iniciativa social ha levantado cierta polémica en los foros, donde mucha gente dice que quien se compró una vivienda y ahora no puede pagarla lo que tiene que hacer es vender la vivienda, volver a empezar y estar calladito. Ciertamente quien con unos ingresos medios o medios-altos y una cultura financiera digna se endeudó por encima de lo razonable (sabiéndolo) no debería recibir la ayuda pública, o al menos no debería recibirla en primer lugar. Pero también considero que es clave dejar claro que la Asamblea de Afectados por las Hipotecas Imposibles de Pagar se está centrando en jóvenes, mujeres e inmigrantes de recursos y cultura financiera bajos, público objetivo claro de unas políticas públicas de vivienda en muchas CCAA débiles o inexistentes, que han sido abandonados por la Administración, "avasallados" por el mercado y que ahora no pueden hacer frente a sus obligaciones. Creo que no conviene confundir a niños bien de clase media que se han metido en una vivienda por encima de sus posiblidades con personas modestas que lo están pasando mal sin haber asumido riesgos excesivos o poco razonables.

    También están quienes dicen que los contratos (y la hipoteca es una garantía real sobre un contrato de compraventa, en este caso de una vivienda) son sagrados. Pacta sun servanda (los contratos están para ser cumplidos). Quien se haya comprado una casa y no puede pagarla debe ir a ejecución hipotecaria y volver a reorganizar su vida si puede y, en todo caso, debe recibir ayudas sociales, pero nunca fondos públicos para poder hacer frente a su situación hipotecaria.

    Seguramente en todos estos razonamientos hay algo de verdad. No lo niego. Pero creo que, de los cinco millones de viviendas largas que se han vendido en los últimos años en España, muchas han sido "metidas por los ojos" a gente sin capacidad real de compra, que deberían haber sido beneficiarios de vivienda pública preferentementen en alquiler y que ahora pueden verse en la calle, sin un duro y con deudas millonarias. Cést la vie, dirán algunos. Nuestras subprime, digo yo.

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    En medio de este debate, traigo a colación un asunto reciente que ha pasado sin pena ni gloria por la prensa española y que tiene cierta trascendencia. El mayor fondo inmobiliario español, el Santander Banif Inmobiliario, ha declarado recientemente que durante dos años no va a poder devolver su dinero a los inversionistas que ha puesto en su mano 3.000 millones de euros. Andan mal de liquidez. Pues bien, en este caso nadie habla del pacta sun servanda ni del caracter sagrado de los contratos. Un banco poderoso (está entre los diez más poderosos del mundo) decide que no va devolver 3.000 millones de euros a sus propietarios cuando estos quieran, sino cuando le venga bien al banco y que eso será dentro de, al menos, dos años. Todo esto en un contexto en el que el Estado español (es decir, todos los contribuyentes) garantiza 150.000 millones de euros en ayudas y facilidades financieras a estos bancos.

    Este ejemplo claro de corralito de un banco subvencionado por el Estado no escandaliza a nadie. Sin embargo, que varios cientos de miles de sobrehipotecados pidan una solución (con ayuda pública) a sus problemas de embargo hipotecario si escandaliza a mucha gente. Aqui algo no marcha bien. ¿No?

     

    PD: en los EE.UU de Obamamérica la cosa está más clara que aquí. El Estado se va a gastar más de 220.000 de millones de euros para evitar los embargos hipotecarios de nueve millones de familias.

     

     

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