Como ya anunciamos hace unos días, el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco está trabajando con cajas y bancos para crear una red de seguridad pública para los casos de parados que impaguen la hipoteca o el alquiler de su vivienda.

Básicamente la red de seguridad pública consiste en que:

1. el Gobierno compra vivienda libre hasta el precio de una vivienda tasada con una rebaja mínima de precio del 20%, la califica como protegida la vivienda de por vida, ofrece la vivienda en alquiler a la persona que iba a perderla en subasta judicial y después le permite recomprarla (siendo ya vivienda protegida para siempre) si su situación económica mejora.
2. en el caso del alquiler, la medida funciona con la misma lógica, aunque con sus matices: el Gobierno garantiza al propietario de una vivienda cuyo inquilino se haya quedado en paro (y por lo tanto se aproxime peligrosamente a no pagar y a ser deshauciado) el cobro de un alquiler un 30% inferior al que había hasta la fecha y el inquilino durante dos años paga como máximo 450 euros de alquiler, pasados los dos años el inquilino paga no el alquiler inicial, sino el rebajado un 30%.

Para los que dicen que es imposible que bancos y cajas vendan viviendas embargadas con rebajas, les recomiendo leer estos artículos en los que se explica como Caja Madrid, Caixa Catalunya, Caixa Terrassa y Caja de Murcia ya lo están haciendo por decenas de miles y con rebajas del 30% de su precio (superiores a las que nosotros exijimos).

Nosotros no estamos hablando de medidas disparatadas ni de renuncias desmedidas de la banca, sino de un esfuerzo del todo asumible por ellas, máxime si tenemos en cuenta que buena parte del problema de sobre-endeudamiento hipotecario lo han generado en el pasado bancos y cajas con una política irresponsable de concesión créditos hipoetcarios, quen en los pasados ejercicios los beneficios han sido descomunales en parte gracias al negocio de la vivienda, que el año 2008, de nuevo, ha sido un año de grandes beneficios para este sector en España (los cinco grandes han anunciado hoy casi 18.000 millones de euros de beneficios en el 2008) y que el final del 2008 y el principio del 2009 ha sido un tiempo de fuertes inyecciones de dinero público al sector financiero español.

Para los que entienden que las condiciones que estamos poniendo para los rescates desde el Gobierno Vasco son demasiado exigentes, insisitir en lo ya dicho. Ni un euro del contribuyente en financiar rescates si no se cumplen tres requisitos: rebajas en los inflados precios de las viviendas, más parque de vivienda protegida y más alquiler. Nosotros entendemos que debe haber rescates públicos, pero no a cualquier precio y de cualquier manera.

Estamos convencidos de que estas medidas se acabaran usando por parte de bancos, cajas, arrendadores, hipotecados e inquilinos, pero como no queremos que la gente sea rehen de posibles indecisiones de otros. Por ello y en tanto bancos, cajas y arrendadores se deciden a usar este esquema, el Gobierno Vasco garantiza un alquiler social por uno o dos años (en función de la situación económica) a toda persona que se quede en paro y que pierda su vivienda en propiedad o en alquiler, siempre que cumpla las siguientes condiciones:

1. que se encuentren en situación de desempleo sobrevenido por efecto de la crisis durante los tres meses inmediatamente anteriores a la solicitud
2. ocupe la vivienda sobre la que se solicita actuar como destinada a vivienda habitual
3. carezca de otra vivienda en propiedad
4. cuente con unos ingresos inferiores a 22.000 euros durante los últimos doce meses
5. haya sido declarado en mora hipotecaria (el banco haya denunciado su impago de la hipoteca) o estén en proceso de desahucio (en el caso de los inquilinos.

La PRIMERA RED PUBLICA DE SEGURIDAD (compra de vivienda libre y vivienda protegida al borde de la ejecución hipotecaria por parte del Gobierno, como la renegociación del alquiler libre al borde del desahucio del inquilino) será efectiva a partir del próximo 9 de febrero. La SEGUNDA RED PUBLICA DE SEGURIDAD (alquiler social para parados que pierdan su vivienda o alquiler y cuya entidad financiera o arrendador no acepten las reducciones de precio) también estará plenamente activa a partir del próximo lunes 9 de febrero.

El objetivo de la medida es claro: que nadie se quede en la calle por una ejecución o desahucio producto de la crisis.  Si los bancos no responden ante una situación en buena medida generada por ellos mismos, será el gobierno quien lo haga. Al final siempre rescata el estado a los ciudadanos de los daños causados por el mercado. 

La prensa digital se ocupa hoy de este asunto, aunque a mi gusto con bastante imprecisión. Veremos que se dice mañana en las ediciones impresas.

ACTUALIZACION 3/2/ 2009: la prensa, en sus ediciones impresas, también ha tratado el tema y creo que lo ha hecho con más precisión (El Correo, Diario Vasco)

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