Hace ya algunas semanas que he conocido la constitución en Catalunya de un grupo ciudadano que pretende estructurar una respuesta social y política contra las hipotecas de imposible pago (lo que vienen siendo las subprime españolas). El tema lo vi primero en Cotizalia, no mucho después me lo comentó Ada Colau (una de las activistas sociales que está cooperando en esta iniciativa), después localicé el blog de esta ASAMBLEA DE AFECTADOS POR LAS HIPOTECAS IMPOSIBLES DE PAGAR y finalmente he leído que Raquel Rotlnik, la nueva relatora para el derecho a la vivienda de la ONU, ha estado este pasado fin de semana en Barcelona para hablar de la conexión entre unas políticas públicas de vivienda débiles y la crisis de sobre-endeudamiento hipotecario que hay en España en estos momentos.

La tesis fundamental de este colectivo es que a buena parte de la ciudadanía española la Administración por su inacción (poca vivienda protegida, casi nada de alquiler público, etc) le ha puesto en manos del complejo entidades financieras-promotores inmobiliarios que han provisto vivienda a unos precios imposibles con el consiguiente sobre-endeudamiento de los hipotecados y beneficios siderales de bancos, cajas, promotores y propietarios de suelo.

Este colectivo entiende que ante la actual situación (crisis social por sobre-endeudamiento hipotecario y paro creciente) la Administración tiene que reaccionar. Proponen, casi de forma literal, aplicar las dos medidas que se han puesto en marcha en Euskadi: compra de vivienda libre por parte de la Administración a precio de vivienda protegida, deshacer las hipotecas abusivas (con quita bancaria) y paso del propietario sobre-endeudado a la condición de inquilino de vivienda protegida. Como veis esto tiene mucho que ver con lo que nosotros llamamos la red pública de seguridad 1 y la red pública de seguridad 2 en relación al sobre-endeudamiento de hipotecados e inquilinos en situación de paro. Públicamente esta Asamblea reconoce que están proponiendo aplicar en toda España las medidas que nosotros hemos empezado a impulsar en Euskadi. Esta iniciativa social también propone que sea posible la dación de la vivienda en pago de la deuda hipotecaria sin mayores obligaciones para el sobrehipotecado. Y esto tiene su origen en los casos que están apareciendo de ejecución hipotecaria en los que los ejecutados, después de perder la vivienda y verse en la calle, aún deben mucho dinero al banco como consecuencia de la diferencia de valor de la vivienda desde el momento de la firma de la hipoteca hasta el momento de la ejecución hipotecaria.

Pues bien, esta iniciativa social ha levantado cierta polémica en los foros, donde mucha gente dice que quien se compró una vivienda y ahora no puede pagarla lo que tiene que hacer es vender la vivienda, volver a empezar y estar calladito. Ciertamente quien con unos ingresos medios o medios-altos y una cultura financiera digna se endeudó por encima de lo razonable (sabiéndolo) no debería recibir la ayuda pública, o al menos no debería recibirla en primer lugar. Pero también considero que es clave dejar claro que la Asamblea de Afectados por las Hipotecas Imposibles de Pagar se está centrando en jóvenes, mujeres e inmigrantes de recursos y cultura financiera bajos, público objetivo claro de unas políticas públicas de vivienda en muchas CCAA débiles o inexistentes, que han sido abandonados por la Administración, "avasallados" por el mercado y que ahora no pueden hacer frente a sus obligaciones. Creo que no conviene confundir a niños bien de clase media que se han metido en una vivienda por encima de sus posiblidades con personas modestas que lo están pasando mal sin haber asumido riesgos excesivos o poco razonables.

También están quienes dicen que los contratos (y la hipoteca es una garantía real sobre un contrato de compraventa, en este caso de una vivienda) son sagrados. Pacta sun servanda (los contratos están para ser cumplidos). Quien se haya comprado una casa y no puede pagarla debe ir a ejecución hipotecaria y volver a reorganizar su vida si puede y, en todo caso, debe recibir ayudas sociales, pero nunca fondos públicos para poder hacer frente a su situación hipotecaria.

Seguramente en todos estos razonamientos hay algo de verdad. No lo niego. Pero creo que, de los cinco millones de viviendas largas que se han vendido en los últimos años en España, muchas han sido "metidas por los ojos" a gente sin capacidad real de compra, que deberían haber sido beneficiarios de vivienda pública preferentementen en alquiler y que ahora pueden verse en la calle, sin un duro y con deudas millonarias. Cést la vie, dirán algunos. Nuestras subprime, digo yo.

En medio de este debate, traigo a colación un asunto reciente que ha pasado sin pena ni gloria por la prensa española y que tiene cierta trascendencia. El mayor fondo inmobiliario español, el Santander Banif Inmobiliario, ha declarado recientemente que durante dos años no va a poder devolver su dinero a los inversionistas que ha puesto en su mano 3.000 millones de euros. Andan mal de liquidez. Pues bien, en este caso nadie habla del pacta sun servanda ni del caracter sagrado de los contratos. Un banco poderoso (está entre los diez más poderosos del mundo) decide que no va devolver 3.000 millones de euros a sus propietarios cuando estos quieran, sino cuando le venga bien al banco y que eso será dentro de, al menos, dos años. Todo esto en un contexto en el que el Estado español (es decir, todos los contribuyentes) garantiza 150.000 millones de euros en ayudas y facilidades financieras a estos bancos.

Este ejemplo claro de corralito de un banco subvencionado por el Estado no escandaliza a nadie. Sin embargo, que varios cientos de miles de sobrehipotecados pidan una solución (con ayuda pública) a sus problemas de embargo hipotecario si escandaliza a mucha gente. Aqui algo no marcha bien. ¿No?

PD: en los EE.UU de Obamamérica la cosa está más clara que aquí. El Estado se va a gastar más de 220.000 de millones de euros para evitar los embargos hipotecarios de nueve millones de familias.

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