La semana pasada estuve en Sevilla en un Seminario sobre Administración y Gestión del Patrimonio Público de Suelo y Vivienda (programa seminario), organizado por la UIMP y la AVS (promotores públicos de suelo y vivienda), como parte del Master en Dirección y Gestión Pública de Vivienda y Suelo que ambas instituciones impulsan (programa Master).

Comparto impresiones.

No puedo negar que vi bastante pesimismo y miedo entre el personal. Parece ser que la mayor parte de los profesionales del sector público de urbanismo local y autonómico han percibido en los nuevos responsables políticos elegidos en las pasadas elecciones locales y autonómicas (parciales, pero casi totales) una concepción del suelo, la vivienda, el alquiler y la rehabilitación públicos como algo prescindible, e incluso como una de las mejores formas de hacer caja. Estamos en tiempos de crisis y hay que elegir. Siendo evidente que ya se está atacando las pensiones, la sanidad, la educación y el empleo público (algo casi sagrado hasta hace unos años), todo el mundo en el sector da por descontados recortes severos en los entes instrumentales de la Administración que actúan en los campos del urbanismo y vivienda. Se habló mucho, más en pasillos y pequeños corrillos que en la sala, de despidos, ventas y supresiones societarias.  Esto se da por seguro y solo se espera a saber cual es el tamaño de la cirujía, que se sabe, ya de inicio, mayor.

A mi todo esto me produce una tremeda tristeza, pues de una u otra forma, llevo casi dos décadas relacionado (en mayor o menor medida y en diferentes roles) con el sector público del urbanismo y la vivienda español. Considero que el mismo, raquítico en comparación con sus hermanos europeos, nada ha tenido que ver en la generación de la crisis (más bien todo lo contrario). También me parece que, dado su escaso tamaño, su sacrificio al mercado, con la excusa de la consolidación fiscal, en nada va a paliar la situación de las finanzas públicas locales y autonómicas (por cierto, mucho menos deterioradas que las finanzas privadas de bancos, empresas y familias españolas). Y por decirlo con total y absoluta franqueza, creo que hay un batiburrilo de responsables políticos haciendo caja, empresas privadas esperando los dividendos de la privatización, ciudadanía  indiferente ante este concreto recorte-privatización y empleados públicos amedrentados que nada bueno puede traer para la sociedad española en su conjunto.

Yo creo que el sector público del urbanismo y la vivienda tiene que desarrollar endógenamente (sin perjuicio de las ayudas externas que pueda recibir) una estrategia defensiva y de adaptación a esta nueva situación. El urbanismo es una función pública. La vivienda una necesidad social. Hay cosas que el mercado no sabe hacer y que, cuando las acomete, las gestiona de forma muy deficiente. Así que, por motivos de eficacia, eficiencia, diversificación del tejido económico, cuidado del medio ambiente y justicia social, este sector público ha sido, es y será necesario en España. Dicho lo anterior, creo que tan malo como el pesimismo y el miedo es el inmovilismo. Así que habrá que pensar en nuevas formas de trabajo en la nueva situación política y económica para seguir atendiendo a los mismos fines. Alguna idea tengo a este respecto, pero me voy a dar un tiempo para elaborarlas algo más y ponerlas al servicio de quien tenga a bien usarlas.

En el plano estríctamente académico-formativo, en el seminario yo di unas pinceladas sobre un trabajo mío, aún en construcción, relativo a las formas en las que las Administraciones Públicas españolas promocionan el alquiler (muy centrado en Cataluña, Madrid y Euskadi). Os dejo los textos, por si interesan a alguien (1, 2 y 3). Aunque insisto en que es un trabajo en construcción y en el que admito todo tipo de aportaciones, críticas, sugerencias, matices, etc.

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