En los últimos años, como consecuencia de los recortes impuestos por el FMI y la UE, se habla mucho de privatizaciones entres nosotros. En las ultimas semanas, como consecuencia de huelgas en servicios públicos profundamente dañados por las condiciones de algunas nuevas licitaciones públicas, se habla aún más de tema.

El discurso político dominante establece que privado es más barato y eficiente y público lo contrario. La evidencia científica apunta a que hay formas de gestión públicas y privadas eficientes e ineficientes, estando más la clave en el liderazgo y la motivación del personal que en la forma jurídica. A muchos les sorprende, pero en ciertos servicios públicos lo privado es caro/baja calidad y lo público barato/de calidad. Los medios hacen referencia a estos ejemplos de gestión pública virtuosa en términos de "noticia", cuando no debería serlo. De hecho, la situación actual de muchos de nuestros vecinos de la UE apunta más a procesos de republificación de ámbitos esenciales de la economía y la sociedad (sanidad en el RU, agua en Alemania, etc) que a la privatización. Algunos (por cierto, los más listos de la clase) vuelven de las privatizaciones, cuando nosotros aún estamos yendo. 

Sea como fuere y sin ánimo de ser exhaustivos, creemos que sería conveniente aclarar terminológicamente un poco el debate. Ciertos sectores sociales y políticos llaman privatización a procesos que no lo son y ciertas prácticas de las Administraciones nadie las considera privatizadoras aunque puede que lo sean.

Pero no nos quedaremos solo en la crítica de lo existente. Pues también propondremos algunos instrumentos (GIPP, APT, ANIP, etc) que pueden ser de interés para el fortalecimiento y modernización de lo público en un contexto como el actual.

Empezaremos por una disección analítica de lo que para nosotros es un proyecto público. Si la propiedad es pública (lo que implica asunción de riesgo), si el control estratégico es público (lo cual significa determinar el que, para quien, como, cuando, etc), si la ciudadanía accede a los beneficios de ese proyecto en función de su estatus ciudadano (y no de su renta) y si los beneficios/pérdidas que se puedan producir son públicos (partiendo siempre del principio máximo rendimiento con el mínimo coste), a nuestros juicio estamos ante un proyecto púbico y no privado. Para nosotros la clave de bóveda del sistema es el servicio al público (por eso les llamamos servicios públicos, porque son para atender al público) y la segunda derivada es el control público estratégico (lo que implica poner a disposición de la ciudadanía una cartera de servicios a los que se accede no en función de la renta, así como disfrutar de los beneficios económicos de los proyectos públicos que son rentables y asumir las pérdidas monetarias de los servicios públicos que son deficitarios).

Como se verá, en nuestra definición de público no aparece para nada el estatus jurídico de los empleados al servicio de las Administraciones Públicas. Pues bien, la mayor parte de la gente entiende que un servicio público está o no privatizado en función de si lo atienden empleados públicos o si lo atienden otro tipo de personal. Para nosotros esto es un error. Es más, algunos sectores sociales y políticos entienden que siempre que haya empleados/profesionales privados o empresas privadas trabajando para la Administración el servicio ya se ha privatizado. Nosotros entendemos que no se puede deformar de esa manera la recta visión de lo público.

Para nosotros, como ya hemos dicho, la clave de los servicios públicos es el servicio al público y no quien lo presta, siempre y cuando se garantice que quien trabaja para la administración no tienen ánimo de lucro o el mismo está tasado y solo atiende la razonable retribución del trabajo, financiación y gerencia, siendo el excedente siempre público (insistiremos en esto al final de este post).

De todo lo anterior se deduce que no compartamos llamar privatización a procesos que son, en sentido estricto, "desfuncionarización" y/o profesionalización. Ponemos un ejemplo. Para nosotros no es privado, sino público el siguiente escenario: una empresa pública, de capital 100% público, con una agenda estratégica pública y un férreo control por parte de la Administración sobre que se hace, para quien se hace y como se hace, pero sin personal público, gestionada por una empresa que (previa licitación) provee (temporal y reversiblemente) de personal, gerencia y financiación, que cobra en función de objetivos (máximo rendimiento con el mínimo coste) con el fin de retribuir dignamente a los factores productivos y que, en el caso de haberlos, los beneficios (excedentes, plusvalías, etc) se los entrega a la matriz pública. Para muchos, al no haber empleados públicos esto es un proceso de privatización. Para nosotros, no.

También se de deduce de todo lo anterior que ciertas cosas que nadie llama privatización son, sin duda, procesos privatizadores. Ponemos otro ejemplo. En los años de abundancia presupuestaria era muy frecuente ver a un grupo de empleados públicos de alta cualificación encargar a empresas privadas hacer el trabajo que ellos mismos podían hacer (al menos parcialmente). Hoy la crisis ha reducido esta práctica. Pues bien, cuando esa práctica se mantiene durante años, a veces, no siempre, se da la circunstancia de que ningún funcionario de alto nivel es capaz de saber cual es el coste de producción del trabajo que han encargado en el mercado. Y como consecuencia de ello, no saben si las empresas le están cobrando (al contribuyente, no a ellos) un precio razonable, alto o delirantemente inflado. Pero en estos casos no solo se puede dar un lucro privado injustificado, sino que además hay una transferencia de capacidad de pensamiento, desarrollo y control estratégico de lo público a lo privado. La función largo tiempo contratada en el mercado y nunca supervisada está mucho más en manos de la cadena de proveedores privados que de la propia Administración. Nosotros no hemos visto que en medios sindicales, políticos o periodísticos a esto se le llame privatización, cuando lo es.

Y acabamos con los instrumentos que pueden servir para fortalecer y modernizar lo público en un contexto como el actual. No solo queremos hacer disección terminológica o crítica a la praxis de otros. Es más, consideramos que quien no aporte soluciones además de críticas no está cumpliendo con su papel en la Administración, la política, la academia, los medios o el mercado. 

Por eso, nosotros aportamos técnicas tales como el Gestor Integral de Proyectos Públicos (GIPP), la Empresa Pública Total (EPT) o la Activación de Nuevos Ingresos Públicos (ANIP) en otros posts y a ellos nos remitimos. También hemos hablado de otras posibilidades de licitación que tienen las Administraciones que no privatizan, sino que republifican: animo de lucro tasado y cooperativización profesionalizada (ALT-CP).

Estos cuatro conjuntos de herramientas, que implican que profesionales y empresas privadas, cooperativas y entidades del tercer sector trabajan con la Administración y para el contribuyente, no son técnicas que debiliten lo público (privatizar), sino que lo revitalizan republificar).

Animamos a quien lea estas líneas a pensar en como funcionarían estas técnicas en contextos (hoy, por desgracia, muy presentes en los medios de comunicación) en los que los servicios públicos se han licitado por debajo de su coste y de forma inmediata aparecen bajadas de calidad en el servicio al público, marginación de los usuarios con menos poder adquisitivo, despidos, recortes de salarios, precarización, huelgas, etc. GIPP, EPT, ANIP y ALT-CP son buenas salidas para proyectos y servicios públicos en los que hay que erradicar el lucro privado, sin renunciar a la máxima profesionalización y a la dignidad de los trabajadores, en un contexto de restricción presupuestaria, amenaza de privatización pura y dura y necesidad de nuevos pactos entre Administración-Trabajo-Ciudadanía-Mercado.

Y finalmente, apuntamos que todas estas técnicas no son hallazgos de laboratorio, sino proyectos que están ya en marcha entre nosotros en todo tipo de Administraciones. El futuro ya está aquí y no tiene porque ser forzosamente la involución. Frente a la privatización en sentido estricto, debemos darle una oportunidad a las buenas y necesarias republificaciones.

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