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Derecho Público - Page 2

  • OTRAS OPCIONES PARA LAS ADMINISTRACIONES LICITADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS: ANIMO DE LUCRO TASADO Y COOPERATIVIZACION PROFESIONALIZADA

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    Muchos alcaldes, concejales, jefes de servicio y técnicos públicos se lamentan de no tener a su disposición demasiados tipos de licitadores cuando están inmersos en un proceso de adjudicación de servicios/proyectos públicos. Se quejan del dominio de muchas licitaciones por multinacionales que no parece que sepan nada del servicio al que licitan, pero que tienen un músculo financiero/político inmenso. Apoyan al Tercer Sector. Pero, a veces, ven ciertos límites en materia de profesionalidad/innovación y, si rascas, aparece el ánimo de lucro. Y finalmente, muchos no quieren contratar con las boutiques locales bien relacionadas con quien hay que estarlo. Se preguntan ¿no hay más opciones que estas? ¿No hay otro tipo de empresas a las que una Administración Pública le pueda entregar temporalmente un servicios/proyecto público para que lo gestione de forma profesional, velando por el interés general, respetando la dignidad laboral y limitando/excluyendo el ánimo de lucro mercantil? Nosotros entendemos que si las hay y de esto va este post.

    Aun a riesgo de ser reduccionista y dar por general lo que es nuestra experiencia personal, diremos que en materia de servicios comunitarios (sociales, educativos, culturales, ocio, deporte, desarrollo económico local, promoción turística, empleo, etc) las Administraciones Públicas locales que hoy los licitan se encuentran en una posición muy delicada.

    Es evidente que los recortes presupuestarios generalizados y sostenidos en el tiempo provocan que las disponibilidades para la licitación de ciertos servicios sean más bajas año tras año.

    En esto contexto, muchas Administraciones están reduciendo el monto global de la licitación esperando que se mantenga la calidad del servicio que reciben los usuarios, que no se degraden las condiciones laborales del personal que los presta y que quede algo para el beneficio del empresario que se arriesga a prestarlos.

    La realidad es que de donde no hay no se puede sacar y o sufren los usuarios, o lo hacen los trabajadores o merma el beneficio empresarial (si es que lo hay) o hay una combinación de todas las anteriores externalidades.

    Hasta aquí nada más que obviedades que puede observar cualquier persona medianamente atenta. Ahora bien, también se producen otra serie de efectos colaterales, quizás menos evidentes, que deben ser tenidos en cuenta.

    En primer lugar, están alcanzando cotas de mercado extraordinariamente altas en el mercado de los servicios públicos comunitarios locales las grandes empresas españolas del cemento y el ladrillo que se han mudado al extranjero a seguir haciendo lo mismo que hicieron entre nosotros en la pasada década y media y que en nuestro territorio se han pasado a la gestión de grandes paquetes de servicios públicos, muchas veces locales. Empezaron por las basuras, el agua, el mantenimiento urbano y cosas similares. Pero hace ya mucho tiempo que han entrado en los servicios públicos locales de más peso presupuestario (y entre ellos, los servicios sociales).

    Nada tenemos en principio contra este tipo de empresas. Algunas puede que hagan bien su trabajo para la Administración y el ciudadano-usuario-contribuyente. Pero en no pocos casos, estas empresas no son más que fondos de inversión o bancos camuflados que saben poco o nada del servicio público que van a prestar y que lo ven exclusivamente como un negocio financiero. Dado que las condiciones de la licitación de la Administración en crisis presupuestaria son muy duras, solo grandes masas financieras con liquidez a corto pueden ofertar condiciones poco razonables en las licitaciones públicas. Como se preste después el servicio, cual sean las condiciones de trabajo o en que condiciones se deje el servicio público en cuestión al siguiente gestor, son cuestiones que hoy no parecen preocupar a muchos. Ya decimos, que esto no tiene porque se lo que ocurra siempre. Pero mucho nos tememos que ocurre muy a menudo.

    Otro fenómeno que se está produciendo con cierta intensidad en algunas CCAA es que el Tercer Sector (que mezcla trabajo voluntario con trabajo remunerado) reclama una posición especial en los procesos de licitación frente a los grandes gigantes descritos en los dos párrafos anteriores. Por nuestra parte, no tenemos nada en contra de que determinados servicios públicos puedan ser gestionados con sensibilidad social, conocimiento del entorno y profesionalidad al mismo tiempo y a esto se le de cierto empuje en los pliegos de las licitaciones. Pero creemos que conviene dejar claro que una organización con, por ejemplo, 500 trabajadores, que factura millones de euros a las Administraciones y que tiene pocos voluntarios y solo algunos simpatizantes debe tener cierta discriminación positiva en los procesos de licitación, pero no una preeminencia absoluta. De pactos de no agresión y repartos lotizados del mercado entre no mercantiles y entre estas y las mercantiles hablamos otro día, pero apuntamos que haberlos haylos. 

    Finalmente, otra tipología de licitadores en este tipo de servicios son lo que podríamos llamar boutiques locales para referirnos a pequeñas mercantiles que conocen muy bien un municipio/comarca, que tienen una relación muy estrecha con el poder local y que son capaces de ofrecer un servicio muy competitivo allá donde licitan.

    Por resumir, cuando todo es legal y transparente y solo hay lo que podríamos llamar un entorno muy marcado por las "barreras relacionales", estamos ante lo siguiente:

    1. Gran mercantil, con músculo financiero y relaciones políticas de altos vuelos, que conoce poco/nada del servicio público que va a prestar, al que concibe como un producto financiero y una manera de paliar temporalmente los efectos de la crisis del ladrillo/cemento.
    2. ONG que ha progresado hasta tener una estructura profesional de cierto calado, que se presenta como entidad sin ánimo de lucro, pero que tiene la obligación de facturar cantidades no pequeñas para mantener sus gastos de estructura y sus plantillas profesionalizadas y que, en ocasiones, accede a plusvalías generadas en el mundo público.
    3. Pequeña empresa local con buenas relaciones políticas locales que hace de forma eficaz y eficiente ciertos trabajos a pequeña y mediana escala.

    No somos críticos por sistema con ninguna de las tres tipologías de licitadores. Todas ellas pueden aportar cosas buenas y, a la vez, implicar ciertos peligros para la Administración y la ciudadanía. Pero nos parece interesante poner encima de la mesa que hay otros caminos además de los descritos.

    Creemoos que los gestores públicos que licitan servicios públicos en el ámbito local deberían tener en cuenta que se puede combinar alta profesionalidad con verdadera ausencia de ánimo de lucro. ¿Como hacerlo? A través de empresas privadas que presten servicios a las Administraciones Públicas con la sola aspiración de retribuir a los que participen en la gestión de un servicio público (trabajadores, financiadores y gerentes). Todo lo que no sea retribuir a los factores productivos y suponga beneficio empresarial se deberá transferir a la matriz pública. Estaríamos en un terreno en el que hay profesionalidad en la prestación y un ánimo de lucro tasado o limitado, pues cuando sen den plusvalías son públicas. O dicho de otro modo, cuando se superen los salarios, pago de la financiación externa y honorarios de los gestores, el excedente es público o de la entidad administrativa licitante (en realidad, de la ciudadanía). Estaríamos pues en un terreno intermedio entre el ánimo de lucro mercantil y las entidades sin ánimo de lucro teórico, pero que pueden quedarse con una plusvalía generada en el mundo público.

    Y añadiremos un comentario particular sobre un tema evidente que nadie parece querer atacar: ciertos contratos de gestión de servicios públicos en los que la clave es el conocimiento experto y el control de los costes no pueden ser gestionados por mercantiles al uso. Lo razonable es que los actuales contratos de gestión de servicio público entregados a una empresa privada al uso evolucionen hacia una gestión cooperativizada del servicio público.

    Pongamos por caso un servicio social local que lo gestiona una empresa privada que tiene que cumplir con las leoninas cláusulas del contrato administrativo hoy al uso. No es raro que en estas circunstancias sufran las condiciones laborales y la calidad del servicio. ¿Y cual es el centro del servicio? Para nosotros es claro: la gente que lo presta y la que lo recibe. Los trabajadores suelen pasar a lo largo de su vida profesional por decenas de empresas privadas que consiguen un contrato, saben poco o nada del servicio, se subrogan en el personal y se llevan un beneficio económico (si hay suerte). ¿No es más lógico que, si el recurso clave para prestar el servicio público es la gente que lo está prestando, sean los trabajadores los adjudicatarios del mismo? Y dado que uno puede ser, por ejemplo, un buen trabajador social o educativo, pero no tiene porque se un buen gestor ¿no sería bueno hacer paquetes de trabajadores cooperativizados y gestores profesionales a través de figuras talles como las sociedades anónimas laborales.?

    Para los que digan que todo esto no es más que esgrima dialéctica, filosofía o ciencia ficción, decirles que buena parte de los servicios públicos se prestan así en el centro de Europa y en Escandinavia. Cooperativas de trabajadores expertos en un servicio público que con el apoyo de unos gestores profesionales licitan a los contratos de gestión de servicio públicos, prestan un servicio a la comunidad, se procuran un empleo y crecen profesionalmente. ¿Porque hemos convergido con la UE en otras cuestiones y en esta no parece que queramos hacerlo? No vemos la razón.

    Para los que nos digan que todo lo comentado en este post es interesante a nivel teórico, pero que lo que estamos describiendo no existe aquí y ahora, decirles que desde hace más de una década el Grupo al que pertenece nuestra empresa Urbania ZH Gestión (Grupo Zahoz) se dedica precisamente a gestionar empresas, activos, servicios y proyectos públicos en los que las plusvalías son siempre públicas, la profesionalidad/eficacia/eficiencia son la regla y el buen servicio a la ciudadanía el objetivo primero.

    Ya he hablado de esto en otros posts. Así que a ello me remito: 

    Sea como fuere, sería bueno que los políticos, funcionarios y prescriptores del mundo público tuvieran claro que hay mas modelos de gestión de los servicios públicos que los evidentes y que algunos merecen ser explorados por el bien de todos: ciudadanía, Administración, trabajadores y empresas.


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  • LA GESTIÓN DE LA ENERGÍA: SIGUE SIENDO UNA OPORTUNIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO LOCAL (4)

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    Hace unos meses publicábamos una serie de posts sobre las oportunidades que se abrían en esos momentos en el campo de la gestión pública local de la energía (básicamente conseguir ahorros y generar nuevos ingresos públicos). 

    Aunque pueda parecer lo contrario, el Real Decreto Ley 9/2013 de reforma del mercado eléctrico no cercena todas las oportunidades en el campo público local en materia de energía.

    Es bien sabido que esta norma hace pasar a las Energías Renovables del lado de la subvención pública (las famosas y denostadas primas a la energía solar, eólica, etc) al del impuesto encubierto (peaje de respaldo).

    Y también es bien conocido que la nueva normativa imponen penalizaciones a los ciudadanos y entidades que produzcan energía para su autoconsumo (obviamente, a través de la generación de energía renovable).

    Más allá de que esta norma es contraria al rumbo que los asuntos energéticos están tomando en la UE y, sobre todo, al sentido común (un país sin combustibles fósiles y con tecnología punta en materia de EERR protege a los primeros y penaliza a los segundos), algunos la han interpretado, entre otras cosas, como en certificado de defunción de cualquier actuación pública en materia de energía a nivel local.

    Pues bien, tanto yo personalmente, como mi empresa Urbania ZH Gestión, entendemos que el Decreto 19/2013 es negativo, antiecológico y antieuropeo, además de disuadir el espíritu emprendedor empresarial, pero ello no significa que los ayuntamientos, empresas públicas locales, mancomunidades, etc que quieran hacer una gestión energética proactiva deban permanecer cruzadas de brazos hasta que el Gobierno y las Cortes recuperen el juicio.

    Es posible y necesario actuar hoy en materia energética desde lo local y desde lo público, aunque el Real Decreto 29/2013 nos obliga a todos a buscar nuevos caminos para generar ahorros y esperemos que en un futuro cercano también nuevos ingresos.

    Estamos trabajando en ello. En breve comentaremos como creemos que hay que orientarse en los próximos 18-24 meses.

     

    PD: la foto que encabeza este post hace referencia al movimiento ludista (que a principios del XIX se oponía a la sustitución del trabajo humano y animal por máquinas) algo que recuerda, hasta cierto punto, a los que a principios del XXI defienden las energías fósiles y rechazan las renovables.

     


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  • EUROPEAN NETWORK OF HOUSING RESEARCH. 6/2013 TARRAGONA. OVERCOMING THE CRISIS: INTEGRATING THE URBAN ENVIRONMENT.

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    A finales del pasado mes de junio tuve la suerte de poder estar por segundo año consecutivo en la conferencia anual de la red europea de investigadores sobre la vivienda llamada European Network of Housing Research (ENHR). El año pasado la conferencia fue Lillehammer (Noruega) y de mi experiencia algo comenté en este blog. Este año, el del 25 cumpleaños de la red, ha sido en Tarragona, donde desde el punto de vista organizativo, todo fue como la seda, gracias al esplendido equipo del Profesor Nasarre de la Universitat Rovira i Virgili.

    Esta conferencia internacional, como en otras similares, es un circo de tres pistas en el que tienen lugar cientos de cosas muy interesantes en muy pocos días. Es imposible asistir ni siquiera a una pequeña parte de las que a uno más le pueda interesar. Para que nos hagamos una idea estamos hablando de un programa plenario y de comisiones realmente mastodóntico, como no puede ser de otra forma en una red académica que trabaja todo el año organizado en más de dos docenas de grupos temáticos y que cuenta con una base estable de unos 500 investigadores. Además, en esta ocasión, había una comisión en español (algo excepccional en una red que en sus 25 años de historia ha trabajado en inglés) que era un verdadero congreso paralelo por su extensión, minuciosidad y calidad (programa de la comisión española). Y, como es evidente, las cosas que no están en el programa, especialmente los encuentros con amigos y colegas, son no pocas veces lo más provechoso.

    Comparto algunas impresiones generales que yo me llevé de esos días en Catalunya:

    • Desorientación: aun que el tono del congreso y de la red es eminentemente académico, es claro que se trabaja para ser últil a la sociedad europea y, por tanto, se aspira a influir en los políticos, los medios, la ciudadanía, etc. Pues bien, mi resumen particular de lo que he visto y leído en y después del congreso es que muchos de los académicos europeos especializados en vivienda entienden que el proyecto neoliberal no funciona (propiedad+mercado+nueva vivienda), los socialdemócratas se han rendido (debería haber sido la defensora del trinomio alquiler+servicio público+rehabilitación), no se escucha a los buenos y experimentados profesionales del sector (no solo académicos, sino gestores públicos, profesionales privados, expertos en gestión cooperativa y activistas) y la indignación aún no se ha organizado (como pasa en otros muchos campos del tracto social).
    • Pena: España es marginal en estos encuentros. Sin perjuicio de que algunos de los participantes españoles en este evento son gente del máximo nivel y reconocimiento (a veces más fuera que en casa), no debemos hacernos trampas al solitario: la presencia española es baja en esta red. Tampoco debemos dejarnos engañar por el espejismo de la fuerte presencia catalana en el evento de este año. Que España, con la de cosas que hemos hecho mal en materia de vivienda en las últimas décadas, no tenga suficiente gente formada con los ojos y las orejas puestas en la red europea de investigadores de vivienda, merece el juicio que merece. Sin más.
    • Excepticismo: la gran apuesta de la Generalitat de Catalunya (la única administración española visible en términos de políticas públicas en el congreso) es la propiedad compartida y temporal. En mis ya casi ocho años de blog dedicado fundamentalmente a la vivienda he explicado muchas veces que yo no creo en las soluciones unívocas mágicas (solo propiedad privada han defendido de facto el PP y el PSOE en las pasadas décadas; solo alquiler social han defendido muchas fuerzas de izquierdas; solo cooperativas en régimen de cesión de uso defienden ciertos activistas, etc). Yo creo en una buena mezcla de público/cooperativo/privado que incluya propiedad/alquiler/derecho de superficie/cooperativas/propiedades parciales y temporales/etc. Así que, con todo el respeto, soy excéptico en relación a la propiedad temporal y compartida que defiende ahora CIU. Máxime si tenemos en cuenta los resultados que ha producido en el mundo anglosajón (acaba siendo propiedad privada de vivienda y no propiedad pública dedicada al alquiler). Dicho todo esto con el máximo respeto por los dirigentes convergentes y afecto por los académicos catalanes que defiende esta vía.
    • Animo: en cierto modo, todos somos furgón de cola y vanguardia a la vez. Y me explico. Países como Holanda, Francia o Suecia, históricamente modélicos en sus políticas públicas de vivienda sufren ahora los efectos de privatizaciones parciales, recortes de fondos públicos, ataques de la UE y recelos de los poderes establecidos (las grandes mercantiles y la banca) en relación a la capacidad de la sociedad civil de auto-organizarse y ayudar al estado a cumplir misiones de interes general. Por otra parte, paises que hemos sido una calamidad en materia de vivienda, contenemos en nuestro interior buenas prácticas que deben ser mujy tenidas en cuenta, pues están a la altura de la vanguardia europea. Y esa sensación de que la vanguardia anda tocada y en el furgón de cola surgen cosas bellas (vg ningún país de la UE ha parido algo como la PAH) me da ciertos ánimos.
    • Extrañamiento: llevo más de una década asistiendo a este tipo de encuentros sucesivamente como activista, político, gestor público, letrado, experto y ahora empresario del ramo y, en cierto modo, soy un outsider. Esto me produce una sensación de extrañamiento que no sé si es buena o mala, pero que me permite tener un juicio más holístico que el que suelen tener los que solo sostiene un punto de vista. Aunque, no lo negaré, tengo cierta envidia sana por lo que pueden dedicar décadas de su vida profesional al estudio de estos temas sin más compromisos que los propios de la universidad.

    Aunque es lo de menos, yo participé directamente en dos de las muchas cosas que se hicieron en el Congreso. 

    En primer lugar, presenté un pequeño trabajo en la Comisión en español (WS-26 Spain) titulado SOBREVIVIR AL PINCHAZO DE LA BURBUJA SIN VOLVER A CAER EN ELLA: LO PUBLICO, LO COOREPATIVO Y LO PROFESIONAL CON ÁNIMO DE LUCRO LIMITADO. Mi exposición oral fue en español, pero el material que aporté se quedó en inglés (en parte se basa en reflexiones trabajadas para encuentros anteriores), pues no me dio tiempo a traducirlo. Ahora debo reconocer que me da una pereza tremenda hacer una versión española. Así que, me temo, se va a quedar como está, salvo que las reflexiones que contiene sirvan para hacer algún futuro artículo en español.

    En esta presentación defiendo que si no cambiamos ningún factor estructral "curaremos" la burbuja inmobiliaria con nuevas burbujas o, al menos, con procesos meramente especulativos, con todo lo que ello significa en términos de dolor colectivo social, económico y medioambiental. Tambien defiendo que la realidad actual apunta a que no se está reformando nada en la dirección necesaria, sino más bien al contrario (el complejo financiero-inmobiliario se está preparando el terreno para la próxima ronda depredadora con leyes/planes públicos más que deficientes para el interés general en materia de suelo, alquiler, costas, hipotecas, desahucios, políticas públicas de vivienda, etc). Y frente a ello, yo propongo una razonable y funcional alianza de lo público-estatal, lo cooperativo, lo ciudadano y cierto tipo de elementos profesionales/mercantiles en los que el lucro esté limitado. Defiendo todo esto, no solo desde un punto de vista teórico (que también), sino que lo hago desde un enfoque pragmático, algo que está acentuando mi actual faceta de empresario y que tiene mucho que ver con los tres productos claves de mi empresa: ANIP, EPT, GIPP.

     


    La otra participación directa que tuve en el ENHR2013 fue moderar el tercer plenario dedicado a las políticas públicas de vivienda en una UE que quiere superar la crisis. Tuve el honor de presentar a José Pablo Rodriguez-Marin Sastre, Gerente de la Agencia Catalana de Vivienda (Agència de l’Habitatge de Catalunya) y a Jeroen van der Veer, Vicesecretario de la Federación de Asociaciones de Vivienda de Amsterdam (Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties).
    En cierta medida, estamos antes dos modelo extremos (Holanda-Amsterdam y España-Catalunya). Uno (Holanda) apuesta por una acción pública universal (atender a todo el que lo pida con independencia de su renta y otros factores socio-económicos), centrada fundamentalmente en el alquiler, que busca alianzas entre el estado y entidades ciudadanas sin ánimo de lucro y muy profesionalizadas y que siempre ha tenido apoyo financiero y económico del estado. El otro modelo (España) apuesta por una acción pública marginal, centrada en la propiedad de vivienda de mercado, en el que el estado no busca (y a veces rechaza) alianzas con elementos comunitarios, cooperativos y profesionales privados y que se basa en el crédito casi al 100% de mercado.
    Para que nos hagamos una idea del punto en el que estaban los dos panelistas, las asociaciones de vivienda solo en Amsterdam (privadas, profesionales, sin ánimo de lucro y coordinadas con el estado) disponen de más viviendas de alquiler a precio moderado y social (casi 200.000) que todas las Administraciones Públicas españolas juntas (que no pasan de las 150.000 y además las están parcialmente vendiendo). España tiene más de 47 millones de habitantes y Amsterdam menos de 1 millón. No diré más, pues los números cantan. Y para que nos hagamos una idea del estado del debate o diálogo entre estos dos modelos, la Generalitat de Catalunya cifra hoy sus esperanzas en programas públicos de vivienda, bien o mal diseñados (a mi juicio algo extraviados y anticuados), pero que carecen de financiación pública y mucho menos privada. Por su parte, las asociaciones de vivienda holandesas luchan porque no se les retire la única ayuda pública de la que hoy disponen (su endeudamiento está respaldado por el estado en términos de aval o garantía de último recurso), en estos momentos bajo el ataque de la UE (por presuntamente atentar contra la libre competencia) y aspiran a seguir financiando su actividad de proveer vivienda barata solo con su saber hacer y los ingresos generados por alquileres y ventas de su propio parque (the revolving fund principle).
    Hubiese sido muy interesante un mayor nivel de diálogo entre José Pablo y Jeroen, pero las limitaciones de tiempo y el debido respeto a la posición institucional de uno de ellos no lo hizo posible. A mi me hubiera gustado mucho que pudieramos hablar más sobre si el interés general solo lo debe defender en materia de vivienda el estado o tambien hay un papel relevante para las asociaciones ciudadanas sin ánimo de lucro y alta profesionalización. De la misma manera, me hubiese gustado que habláramos más de equilibrio macroeconómico y poder político y las conexiones de estas dos cuestiones con la existencia/ausencia de vivienda asequible. Me hubiese gustado que hablásemos más de las externalidades de una vivienda convertida en un activo financiero (comodification) y de la necesidad de hacerla retornar a su sentido originario de lugar donde vivir uno y una de las células mínimas del tejido urbano (decomodification). Y finalmente me hubiera gustado hablar más de las razones de la persecución de la acción estatal y ciudadana sin ánimo de lucro en materia de vivienda por parte de la UE. Mi teoría es que se persigue a estas y se privilegia al mercado financiero por la intínseca superioridad del las primeras -funcionan en la provisión de vivienda asequible- y la disfuncionalidad de las segundas que, eso si, hacen muy ricos a muy pocos encareciendo artificialmente el precio de la vivienda. Pero no hubo tiempo para debatir sobre como, en vivienda, Roma paga a los traidores y además lo hace muy bien.
    Sea como fuere, muy interesante algunas de las preguntas que se hicieron por parte del público asistente al plenario. Muy relevante la referida a los millones de viviendas, locales y garajes construídos, nuevos y vacíos que hay en España (uno de los viajes de campo de congreso fue a la costa tarraconense y sus barrios fantasmas). José Pablo fue interpelado directamente por uno de los miembros con más seniority de la RNHR sobre que se va a hacer con este asunto y contestó que los problemas legales y administrativos no permiten hacer demasiado. Yo no me pude contener y dado que solo me representaba a mi mismo en la mesa aporte mi visión: no hay en España en estos momentos ningún plan para forzar a los bancos quebrados y rescatados con dinero público a que pongan una parte del stock del que disponen no ya en alquiler social, sino meramente en alquiler. Y esto es posible porque el sector no reconoce pérdidas, gracias al atiborre de ayudas públicas pagadas por los contribuyentes y la ciudadanía en forma de todo tipo de recortes y privaciones (presentes y futuras). Pero dado que el lobby financiero-inmobiliario disponde del poder político básicamente a su antojo, el plan es esperar a que pase la crisis con el dinero público y vender con beneficios dentro de unos lustros. Este esquema de perdidas públicas y beneficios privados no solo es socialmente injusto, sino que económicamente es estúpido y medioambientalmente suicida. Y no solo está respaldado por el poder político español, sino que la UE lo apoya sin fisuras (recordemos como la UE explicitó que el dinero del MEDE no se puede utilizar en rescatar desahuciados, generar alquileres asequibles o crear empleo y que es solo para rescatar bancos). Con lo que se da la paradoja de que hay gobiernos europeos que en casa se comportan decentemente en materia de vivienda, pero en España apoyan suicidios por el solo deseo de proteger el interés acreedor de sus bancos en España. Y finalmente puse de relieve mi opinión de que este no es un problema generado solo por España (aunque somos los principales responsables), sino que el monstruo no habría crecido sin el concurso de la banca, la política y la ciudadanía europea (la primera por acción y la última por omisión) y no se podrá resolver sin una actitud responsable de la UE y la ciudadanía de los estados miembros.
    Como  botón de muestra reproduzco el tenor de lo dialogado con varios congresistas. Nos preguntaban a los españoles ¿como habéis podido llegar a esto?. Por razones meramente financieras y con la connivencia de un poder político no muy vigilado por una ciudadanía apática, les respondíamos. Ahora ¿habrá que alquilar todas las viviendas que se puedan vender? nos decían, en términos de obviedad no debatible. A lo que les respondíamos, no creemos que el equilibrio de poder político-financiero en España esté caminando en esa dirección. Y nos repreguntaban, ¿entonces todo esto lo va a pagar el contribuenye español?. A lo que les contestábamos que en buena medida si, pero que también iba a poner una buena parte el contribuyente europeo. Algunos, ya un poco indignados, nos preguntaban ¿porque tengo yo que rescatar este desastre español si personalmente yo no lo he impulsado? A lo que les respondíamos que nosotros personalmente tampoco lo habíamos impulsado. Y que, es más, algunos llevábamos una década denunciando este despropósito español financiado con dinero europeo a la búsqueda de ganancias inmensas en un tiempo muy corto y con garantía soberana. Cosas como estas ponen el espíritu europeista de cualquiera a prueba. Pero no puede ser que la UE sea interesante para vender sus productos en épocas alcistas y mala cuando toca recoger la mierda generada por muchos, entre otros financieros e inversores privados que viven a cientos/miles de kilómetros de España (o de Irlanda, caso que comparte muchas similitudes con el nuestro).
    Estas notas son forzosamente parciales y claramente personales. Pero es lo que me ha quedado más presente, pasadas ya unas semanas desde la clausura del evento. El año que viene el congreso es en Edimburgo (Escocia). Salvo estallido socio-político en España, me atrevo a decir que nosotros en materia de vivienda no estaremos en el verano del 2014 mejor de lo que estamos en el del 2013. Como siempre, espero estar equivocado en mis pronósticos negativos.


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  • NUEVAS Y PELIGROSAS PATOLOGÍAS: LICITACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS SOCIALES SIN PROYECTO TÉCNICO

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    En los pasados meses, junto con mis compañeros de trabajo, he asistido a "curiosas" licitaciones públicas en las que el 100% de la puntuación de las ofertas a presentar se dirimía en el precio ofertado. O, en otras palabras, no se pedía un proyecto técnico de gestión del servicio público licitado. Incluso, en algunos casos extremos (vg Servicio de Atención a Domicilio de la Comunidad Autónoma de Madrid licitado a finales del 2012 y, de nuevo, a principios del 2013 -una licitación de 50 millones de euros, lo que en servicios sociales es muchísimo dinero-), se prohibía la presentación de dicho proyecto.

    Para los no avezados en las complejas lides de la licitación pública, traduzco al lenguaje de la calle: las Administraciones Públicas para elegir empresa privada que le gestione un servicio público de caracter social escojen solo en función del dinero que van a recibir de esa empresa y no quiere saber como se prestará dicho servicio.

    Más haya de la legalidad de esta práctica y de lo que determinen los tribunales (muchos de estas licitaciones han sido recurridas), parece claro que la llamada crisis se está aprovechando por parte de algunos para colocar el siguiente razonamiento: los presupuestos públicos están siendo objeto de duros recortes y ello fuerza a los responsables políticos y gestores públicos a buscar empresas que gestionen los servicios públicos de la forma más barata posible.

    Algún incauto puede aceptar este razonamiento. Pero bueno sería que reflexionemos sobre las siguientes cuestiones. (1) Estamos hablando de servicios sociales, la mayor parte de las veces locales, que atienden fundamentalmente a menores, jóvenes, mayores, dependientes y personas en riegos de exclusión social. (2) Como tal, estos servicios no dejan mucho margen de beneficio a la empresa privada que los presta, si es que dejan alguno. Por lo tanto, en la carrera por una rebaja infinita de precio, (3) tienen todas las papeletas para sufrir fuertes recortes en cantidad y calidad asuntos tales como: el servicio público prestados a la ciudadanía (recordemos, a los grupos más vulnerables de la misma), los derechos de los trabajadores que prestan tales servicios o el beneficio de las empresas privadas (en el caso de que lleven adelante un proyecto técnico de gestión del servicio público acorde con la legislación y los estándares europeos y españoles). Por cierto, no nos dejemos cegar por la maquinaria publicitaria, (4) los teóricos ahorros inminentes se convertirán, con toda seguridad, en mayor gasto público futuro, cuando haya que rescatar servicios y usuarios seriamente dañados.

    Y si pierden usuarios, trabajadores, contribuyentes/hacienda y empresarios, cabe hacerse la pregunta ya clásica (Quid prodest?): quien gana con estas prácticas. No creo descubrir nada si digo que estas prácticas favorecen a fondos de inversión (generalmente extranjeros) y grandes empresas multinacionales (casi siempre españolas) que se están mudando del ladrillo y el cemento a los servicios públicos locales. Debemos ser muy claros: la mayor parte de estas empresas nada saben (ni quieren saber) de cual es el mejor proyecto técnico para la gestión de servicios sociales locales. Tienen un músculo financiero inmenso y unas no menos buenas relaciones políticas y con eso basta.

    Como contribuyente, usuario de servicios públicos y empresario me pregunto si eso es lo que queremos para el futuro de nuestros servicios públicos: una eterna subasta a la baja en el precio de licitación de los servicios que lamine prestaciones, condiciones laborales y beneficios empresariales (al menos, los legal y legítimamente obtenidos). 

    Y en las tres condiciones antes citadas, respondo que no es lo que yo quiero para el futuro de los servicios públicos en general y de los servicios sociales locales en particular.

    ¿Como salir de esta situación? No tengo certezas absolutas. Pero si algunas ideas, objeto de futuros posts.

     

     

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  • ANIP: ACTIVACIÓN DE NUEVOS INGRESOS PÚBLICOS

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    Primero un dato que creo que es más o menos compartido por todos: en el mundo público local hay un endémico desfase entre ingreso y gasto, atribuible a que lo local asume misiones para las que no tiene competencia, pero que si son de su incumbencia, en un contexto de financiación y fiscalidad local raquíticas.

    Ahora aporto un segundo dato que no suele ser muy citado. En estos momentos las Corporaciones Locales españolas tienen duperavit presupuestario. Y en su momento de mayor deuda pública no superaba el 3% del PIB.

    El tercer dato que pongo encima de la mesa es científicamente incontestable, aunque a algunos les sorprenda: nuestra administración en general y la local en particular están entre las pequeñas y baratas de la UE.

    Un cuarto dato que tambien creo que es de dominio público: es indudable que hay margen para las mejoras de eficacia y eficiencia en el mundo público local, de forma que con el mismo gasto público se consigan más y mejores bienes y servicios públicos.

    Y llamo la atención sobre un quinto y último dato que sé que resulta polémico: la tributación local entre nosotros es baja en comparación con otros estados de la UE. Aunque no podemos olvidarnos de que nuestro fraude fiscal y la economía sumergida son mayores que en los de la mayor parte de los países europeos. Y tampoco podemos dejar de lado que entre nosotros el reparto de la carga fiscal es muy dura con empleados, autónomos y consumidores. Algo que tambien ocurre en otros paises de la UE. Y que, sea como fuere, siempre produce la sensación de alta presión fiscal entre quien paga impuestos y de chollo entre quienes los evade ilegalmente o los elude legalmente. 

    Sin negar que hay cierto margen para la reforma tributaria local (sin machacar más a trabajadores, autónomos y consumidores y sin dañar el empleo y el PIB), lo que podría llevarnos a incrementar los ingresos fiscales de las administraciones locales (parte de la reforma de la financiación pública local), y obviando analíticamente en este post la actualmente en curso reforma de legislación local (aunque añado que no va a ser un obstáculo para lo que se defiende en este post), creo que hay un campo que no está siendo suficientemente explotado: el aumento de los ingresos no tirbutarios de las administraciones locales.

    Supongo que mucha gente se puede preguntar de que manera puede una ayuntamiento o una mancomundiad aumentar sus ingresos sin cobrar más impuestos, recibir más financiación de otras Administraciones o percibir más subvenciones. Pues bien, la respuesta está, en primer lugar, en la Constitución. Entre otros podríamos citar los siguientes artículos.

    • Art. 128.2: "Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica ..."
    • Art. 130.1: "Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos ..."

    Y es que, los políticos y empleados públicos, a mi juicio, tienen que unir al concepto de servicio público (uno de los pilares de nuestro pacto social a preservar), el de economía pública local.

    Hay campos de la actividad económica que solo pueden ser dinamizados con el concurso de las Administraciones Locales. En algunos casos porque los activos necesarios para ciertas actividades económicas son públicos. En otras, porque el sector privado ha abandonado o no emprende ciertas actividades económicas que son de evidente interés general por su capacidad de crear PIB, empleo y recuadación. Y en no pocas, solo con la participación de lo público se puede llevar a cabo ciertas actividades económicas en lo local (cuando se participa en los costes, se debe participar en la gestión y en los beneficios).

    Llegados a este punto, explicito que no estoy pensando en el impulso de actividades económicas por parte del sector público local solo con los actuales métodos de gestión. En otras ocasiones he hablado de la Empresa Pública Total (EPT) y de la Gestión Integral de Proyecto Públicos (GIPP). Estas dos técnicas de gestión son perfectamente aplicables para la generación de nuevos ingresos públicos mediante la actividad económica pública local. Aunque me remito a esos dos posts, señalo que, en ambos casos, estamos hablando de usar las mejores técnicas de gestión profesional al servicio de lo público, sin comprometer recursos presupuestarios o plantilla públicos, garantizando que el control estratégico y los beneficio de las operaciones son integramente públicos y retribuyendo a los profesionales que intervienen en estos proyectos única y exclusivamente por su trabajo.

    Pues bien, si aplicamos a la economía pública local técnicas como las citadas (EPT y GIPP) es posible activar nuevos ingresos públicos que se pueden aplicar, entre otros fines, a la garantía/mejora de los servicios públicos ya existentes o a la creación de nuevos. 

    Entiendo que hay que tener mucho cuidado con dos fronteras delicadas: no es posible gestionar servicios públicos locales netamente asistencias solo con técnicas EPT o GIPP. Los servicios claramente asistencial debe estar sustentado por impuestos, sin perjuicio de que los beneficios de la actividad económica pública local pueda, a posteriori, ayudar a cuadrar las cuentas o a mejorar la cartera de servicios públicos asistenciales. Y por otra parte, las corporaciones locales no deben competir con actividad económica privada ya existente en nuestros pueblos, ciudades y campos. Pero respetados estos límites, la actividad económica pública local no solo es posible, sino que es imprescidible en estos momento.

    Las reflexiones de este post no son solo personales (que tambien). Las he compartido con mis compañeros del Grupo Zahoz y de Urbania ZH Gestión. De hecho, el ANIP (Activación de Nuevos Ingresos Públicos) es un servicios que hemos prestado ya en muchos ayuntamientos y otras Administraciones Locales con buenos resultados, en campos tales como la vivienda en todas sus acepciones, los servicios para mayores, infancia y jóvenes, la actividad comercial, la promoción del cooperativismo, los servicios educativos, la agricultura, la dependencia, la energía, el deporte o el transporte. Lo hemos hecho con ayuntamientos y mancomunidades pequeñas, medianas y grandes que operan en lugares diversos del territorio. Y lo hemos hecho con la financiación de más de una docena de las principales entidades financieras que en estos momentos aún operan.

    Y lo hemos bajo las siguientes premisas:

    ACTIVICACION = gestionamos servicios, proyectos y empresas públicas para conseguir resultados económicos, sociales y políticos, generado riqueza, desde una defensa clara de lol público, innovando en la gestión y mejorando la calidad de los servicios públicos.

    NUEVOS = sin plantilla pública, sin presupuestos público, cobrando solo por la gestión y solo si hay actividad y éxito, garantizando que el 100% del beneficio es público, en el marco de operaciones que deben ser autofinanciables

    INGRESOS = el camino de la optimización de gastos es necesario, pero hay que dar el salto a la generación de nuevos ingresos públicos, con un control estratégico total y absoluto por parte de la matriz administrativa.

    PUBLICOS = aspiramos a convertir a las Administraciones públicas Locales en agentes económicos activos al servicio de un modelo de municipio equilibrado, reforzanso los servicios públicos e inovando, para caminar hacia la igualdad de oportunidades y la sostenibilidad en su triple acepción (económica, social y ecológica).

    No es un camino exento de dificultades, pues implica un cambio cultural en la forma de operar de políticos, empleados públicos, profesionales externos que trabajan para la Administración, financiadores y otros proveedores. Pero es un camino que inexorablemente se va a recorrer.

    En los próximos meses vamos a oir hablar mucho de sinergias (fusionar servicios, municipios, mancomunidades, etc) y también, aunque ahora no lo parezca, de financiar lo municipal con actividad económica pública local (reactivar). Porque, no nos engañemos, recortar no es reformar. Y lo que nuestra administración local (y las demás tambien) necesitan no es un poda, sino una reforma a la búsqueda de la eficacia y la eficiencia y el pos del interes general, con todo lo que ello debe implicar de sanas cooperaciones entre lo público y cierto tipo de iniciativas privadas.

     

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    Con este sugerente título se celebró el pasado 30 de mayo una jornada técnica (programa y ponencias) organizada por el Área de Territorio y Sostenibilidad de la Diputación de Barcelona y la sección catalana de la AVS (promotores públicos de suelo y vivienda).

    En toda la jornada había un cierto ambiente de pesimismo/rabia ante la evidencia de que, en tiempos de crisis en los que la gente necesita vivienda asequible, los poderes públicos están ofreciendo ayudas multimillonarias a bancos privados quebrados y cargados hasta las cejas de suelo/viviendas que retienen sin desarrollar/alquilar y, a la vez, reducen prespuesto, personal y número de empresas públicas de suelo y vivienda.

    Sin negar que todo eso está ahí, creo que las personas que tenemos alguna relación con la vivienda pública/social/asequible tenemos la obligación de no bajar los brazos y seguir tratando de impulsar nuevos proyectos para atender en materia de vivienda a las clases medias y bajas. Que la cosa esté complicada, no quiere decir que esté imposible. Se puede atender a estas clases sociales. Aunque habrá que hacerlo con financiación, medios y enfoques sustancialmente diferentes a los utilizados hasta la fecha.

     

    MI PARTICIPACION EN LA JORNADA

     
    Yo, gracias a la invitación de Antoni Sorolla (Ayuntamiento Barcelona y AVS Cataluña) expuse una PONENCIA (versión texto, versión presentación) en la que, básicamente, defendí que a la vpo tal y como la hemos conocido en la mayor parte de España hasta ahora la deberíamos hacerle un buen funeral. Pero que eso no quiere decir, en modo alguno, que deba desaparecer la intervención pública en materia de vivienda asequible (hoy tan o más necesaria que nunca). Necesitamos aprender de los errores y aciertos del pasado y enfrentar los retos del presente y el futuro que siempre llega antes de lo que pensamos.
     
    Por otra parte, defendí que deberíamos usar más la vivienda protegida "a la vasca" (vivienda protegida calificada de por vida como vivienda protegida, con un sistema de entrada-estancia-salida controlado por la Administración, fuera del mercado gracias al tanteo, retracto, sanción y expropiación, a medio camino entre el dominio público y la propiedad privada en forma de propiedad sometida a numerosos límites de derecho público al servicio del interés general y con capacidad de, además de  suministrar vivienda digna a un precio asequible a mucha gente, deflactar el precio medio de la vivienda si se produce de forma masiva y sostenida en el tiempo y el espacio).
     
    Hice también algunas reflexiones sobre lo que necesitamos para tener unas políticas públicas, mercado e iniciativas sin ánimo de lucro en materia de alquiler asequible y movilización de vivienda vacía. Hablé también sobre que es necesario desde el punto de vista de gestión y financiación para impulsar buenas iniciativas de rehabilitación y regeneración urbana.
     
    Y finalmente defendí que seguimos en tiempo de RE (reutilizar lo existente no usado o infrautilizado) y CO (de tejer nuevas alianzas entre la Administración, los profesionales sin ánimo de lucro -más allá de ganarse la vida con su trabajo- y la sociedad vicil organizada en forma de cooperativas locales que, entre otras cosas, pueden ayudar a solucionar el problema del acceso a una vivienda digna).
     
    Y en este contexto de RE y CO, apunté que algunas de las cosas que estamos haciendo en mi empresa (Urbania ZH Gestión) y el Grupo al que pertenece esta (Grupo Zahoz) están perfectamente alineadas con esta idea de buscar la mejor mezcla de Administración, mundo profesional (sin ánimo de lucro o con lucro limitado/controlado) y ciudadanía auto-organizada: EMT (Empresa Pública Total), GIPP (Gestión Integral de Proyectos Públicos), ANIP (Activación de Nuevos Ingresos Públicos), COOPERATIVIZACIONES DE INTERES GENERAL (cooperativizar demandantes de bienes y servicios básicos para autoproverse de ellos, con o sin ayuda de las Administraciones) y PAQUETIZACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECONOMIA PUBLICA (búsqueda de la mejora en la gestión y las finanzas públicas a través de la gestión integrada de ciertos servicios públicos y cierta actividad económica pública local).


    APORTACIONES DEL RESTO DE PONENTES
     

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    CLAIRE ROUMET (CECODHAS) apuntó, entre otras cosas, lo siguiente:
     
    • En el conjunto de la UE crece el precio de la vivienda en muy poco tiempo, mucho.
    • Crece la inaccesibilidad a la vivienda incluso en países con buenas positiva públicas de vivienda.
    • Las familias de bajos ingresos están por encima del 40% gasto mensual en materia de vivienda
    • El riesgo-vivienda ya no es la vivienda de mala calidad (lo típico en pasadas décadas), sino el riesgo de desalojo.
    • Muchas familias europeas tienen dificultades para el pago de agua y luz.
    • En la UE hay un alto nivel de endeudamiento de la población en materia de vivienda.
    • Las políticas públicas de apoyo a la compra de vivienda (algo implementado en mayor o menor medida por muchos gobiernos conservadores europeos) aumentan el gasto familiar y el endeudamiento privado conectado a la vivienda.
    • Hay una fuerte dualizacion del mercado de la vivienda: parque menguante de vivienda social en alquiler para las familias con menos ingresos y parque creciente en propiedad privada al que no llegan todas las familias de clase media..
    • En la UE conviven varios modelos de intervención pública en materia de vivienda:  residual (solo para los más pobres), dual (lo descrito), generalista (con vocación de atención a toda la población) y universal (con garantía de tutela pública en materia de vivienda para toda la población con independencia de la renta, como en sanidad y educación).
    • Muchas fuerzas sociales y políticas están olvidando en el gran pacto europeo (empleo, salud y  pensiones) la vivienda. Lo que es un grave error.
    • Apuntó varias tendencias que ahora están en alza en varios países de la UE.
    • En el RU se apuesta por hacer vivienda de mercado para financiar alquiler social y además se están limitando las ayudas directas al pago del alquiler.
    • En HOL se acaba de crear un impuesto especial a los proveedores de vivienda social de alquiler que hace ya muchos años que no reciben ayudas públicas (solo el aval estatal de los créditos que piden).
    • En IRL se está tratando de transmitir parte de la vivienda de los bancos (ahora en su banco malo NAMA) a un leasing asequible (el usuario de la vivienda entra el alquiler y dentro de unos años será propietario; lo llaman leasing y en nuestra tradición le llamaríamos acceso diferido a la propiedad).
    • Claire apostó por tres cosas a mi juicio claves: flexibilidad e instrumentos diversos para unas políticas públicas de vivienda que tienen que atender a objetivos diferentes en función del tiempo y el espacio) y un papel financiador más activo de la UE y el BEI.
    • Yo, en líneas generales, suscribo al 100% lo expresado por Claire.

    AGUSTI JOVER (Economista de Promo Assessors Consultors SAP)
     
    • Aun con crisis, la accesibilidad a la vivienda en ESP no mejora, incluso empeora.
    • En el futuro no habrá mucha financiación para temas de vivienda (marco Basilea III).
    • La construcción dejará de ser uno de los pilares de la economía ESP, ergo la recuperación va para largo.
    • Nos enfrentamos por un tiempo largo a un escenario de paro + desahucios.
    • Crece la demanda de vivienda en alquiler y será una tendencia sostenida en el futuro.
    • Las reservas de suelo para vivienda protegida no responden a las necesidades de la demanda, especialmente de forma territorial.
    • Propone trabajar desde lo público solo en áreas supramunicipales con demanda acreditada de vivienda asequible y conectar las reservas de suelo para vivienda protegida a esa demanda.
    • Pero advierte de que no puede haber vivienda asequible sin ayudas públicas, que parece que se han erradicado de forma severa.
    • El problema no son la reservas de suelo, sino las políticas financieras.
    • No mejorará la situación de la vivienda pública hasta que se den tres fenómenos; recapitalización de la banca, mejora de demanda y empleo y una política financiera para la vivienda asequible
    • Aboga por juntar a promotores (públicos y privados) de vivienda y al SAREB.
    • Defiende la colaboración público privada entre fondos de inversión privados y el parque de alquiler asequible público. Siempre con rentabilidades para el inversor privado de al menos un 5%, control de morosidad y gestión pública y altamente profesional.
    • Hizo un llamamiento a un ajuste a la baja de los costes del sector público en su intervención en materia de vivienda.
    • Encontrando extraordinariamente interesante la intervención y suscribiendo muchos de los análisis, creo que buena parte de las propuestas hechas tienen potencialidad, pero también ciertos peligros.

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    EDUARDO MANGADA (Arquitecto M68 arquitectura e histórico urbanista y gestor público y político valenciano-madrileño) expuso lo siguiente:
     
    • Defendió una vivienda de precio tasado políticamente (algo en línea con lo que yo defendí llamándolo vpo a la vasca). Lo llama patrimonio colectivo de vivienda.
    • Hay que conseguir limitar el gasto de la ciudadanía en vivienda a un 30% de la renta disponible.
    • El suelo de precio tasado (reservas de suelo para vivienda protegida) es un derivado del precio de la vivienda en alquiler/compra (y no al revés como defienden las patronales del sector).
    • Se ha calificado suelo por encima de nuestras necesidades, provocando un sembrado inconexo de reservas de suelo sin sentido funcional.
    • Es necesario reordenar, reciclar y reclasificar (incluso hasta la reversión de suelo urbanizable a suelo rústico).
    • Recomendó menos lápiz (clasificar suelo) y más goma (descalsificarlo) o dinamita (derribos).
    • Más que del derecho a la vivienda, le parece que hay que hablar del derecho al refugio (habitatge, shelter, etc).
    • Defiende acabar con el monocultivo de vivienda burguesa jibarizada (la vivienda libre o protegida que machaconamente se ha producido en los últimos años).
    • Sostiene que tienen que haber una vivienda de precio tasado políticamente, no solo por razones sociales, sino también por razones puramente macroeconómicas.
    • A los maestros se les escucha con atención. A este, además, se le entiende claro, claro, claro.

    JOAN LLORT (Arquitecto y Director de Actuaciones Concertades de habitat Urbano del Ayuntamiento de Barcelona).
     
    • Defendió las reservas de suelo para vivienda protegida en función de la demanda y su localización espacial.
    • Abogo por trabajar con la vivienda que ya existe, sobre todo reconducida hacia el alquiler de diversos tipos.
    • Consideró que los tiempos del urbanismo y la vivienda son muy diferentes y que hay que acompasarlos.
    • Sin perjuicio de lo anterior, abogó por incentivar la producción del sector de la vivienda.
    • Sin perjuicio de coincidir con él en varias de sus afirmaciones, me pareció la intervención más "políticamente correcta" de todas. El cargo obliga a ciertos equilibrios. Y hay que entenderlo.

    MARIA ANGELES GIL-VERNET (abogada urbanista de Gil-Vernet, Orpinell, Martí, Solé Advocats Associats) defendió cosas como:
     
    • La necesidad del enfoque supramunicipal en materia de vivienda.
    • La importancia de los PGOU y las reservas de suelo para vivienda protegida con memoria social (algo ahora inexistente o meramente semántico)
    • Recordó que la discreccionalidad admiinstrativa no es arbitrariedad. Tampoco en materia urbanística y de vivienda.
    • Defendió la idea de las reservas de suelo para vivienda protegida en suelo urbano consolidado. Y lo conecta con la subdivisión de las viviendas grandes en los ensanches.
    • Apostó por el derecho a la vivienda vivienda y al realojo como algo diferente al derecho a la propiedad.
    • Consideró clave las ganas de cambiar, pues mucho de lo hecho en el pasado es erróneo y no nos sirve para el futuro.
    • Sin duda, fue una de las intervenciones con las que más compartí en términos de espíritu y letra.


    JOAN RAFOLS (Economista y President del Institut de Tecnologia de l'Edificació de Catalunya) diserto sobre cosas como las siguientes:
     
    • Adiós a la vpo, pero no a la política de vivienda.
    • Exceso de vivienda y a la vez déficit de vivienda asequible.
    • En el futuro habrá menos inmigración y más envejecimiento.
    • Aunque no parece que le agradase, apuntó a un panorama de menor intervención pública en materia de vivienda y solo al servicio de las externalidades urbanas que produce el mercado.
    • Y, como otros, abogó por trabajar casi solo con vivienda ya existente.
    • Noté, por veteranía, cierta melancolía (lo que pudo ser y no ha sido), no exenta de coraje (lo que debería de ser en el futuro y otros tendrán que impulsar). Pensé en las carreras de relevos. 

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    JULIO TEJEDOR (profesor titular de derecho administrativo de la Universidad de Zaragoza, impulsor de la Cátedra Zaragoza Vivienda y ex gestor público de urbanismo y vivienda).
     
    • Julio y yo tenemos tal nivel de coincidencia en análisis y propuestas (somos una especie de primos-hermanos en esto de la vivienda) que prefiero no destacar nada y referirme integramente a su ponencia.
     
    ALGUNAS CUESTIONES SUSCITADAS EN EL DEBATE
     
    • El Estado y CCAA deberían estar mas preocupados de la financiación de políticas públicas de vivienda que por las reservas legales. Algo en lo que yo también insistí en mi intervención y que  me alegro que saliera repetidas veces en el debate.
    • En el imaginario colectivo español hoy urbanismo = corrupción y flexibilización del urbanismo = mas corrupción aún. El tema es claro que está ahí y que debe ser afrontado desde la política, la sociedad, el mercado y la Administración.
    • Se defendió que la mejor política de vivienda es la política de ocupación (reducir por todos los medios el número de viviendas vacías). Suscribo 100%.


    MIS CONCLUSIONES DE LA JORNADA

    No sé si a raíz de este debate o como consecuencia de lo que he estado pensando, escribiendo y trabajando en los pasados 18 meses (una época de cambios para mi), creo que he refinado algunas de las posiciones que he mantenido hasta la fecha. 
     
    A pesar de la situación calamitosa actual, debemos seguir pensando, elaborando, trabajando, haciendo y produciendo resultados en materia de vivienda pública, social y asequible. Y la situación no puede ser más dantesca. Cito solo algunos datos ilustrativos:
     
    • El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2013- 2016 estima un gasto público en vivienda del 0.006% PIB anual español. Los estados de la UE a los que nos gustaría parecernos están en la horquilla del 1.5% al 2.5%
    • Las ayudas públicas a la banca privada española (principal tenedora/retenedora de vivienda) se acercan ya a los 500.000 millones de euros (50% del PIB anual).
    • El Estado y la banca preparan el Fondo Social de Vivienda con 6000 alquileres asequibles para atender los efectos de los 400.000 desahucios hechos hasta la fecha.
    • En España estamos prácticamente en un 0% de alquiler social (seguramente menos de 100.000 alquileres sociales sobre un total de 25.5 millones de viviendas).
    • De la misma manera en España hay prácticamente un 0% de vivienda cooperativa a la Europea (cooperativas de alquiler y no de propiedad).
    • Tenemos varios millones de viviendas vacías, siendo la estimación más conservadora 3.4 millones.
    • Se han eliminado las ayudas públicas al pago del alquiler (RBE), algo que nos acercaba un poco a la UE.
    • El FROB y el SAREB, cargados hasta las trancas de suelos, viviendas y ayudas públicas, no piensa poner en alquiler asequible nada de ese stock, de facto, nacionalizado.
    • Etc.
    Pues bien, a pesar de todo esto, creo que hay un cierto consenso entre los profesionales del sector de la vivienda pública, social y asequible sobre que, en estos momentos, la INTERVENCION ESTATAL/PUBLICA, MUY NECESARIA, DEBE CENTRARSE EN DISPONER DE MUCHA VIVIENDA ASEQUIBLE DURANTE MUCHO TIEMPO EN LO LUGARES ADECUADOS, pues tener muchas viviendas caras vacías no ayuda en nada a nadie (salvo unos pocos agentes financieros oligopolísticos).
     
    Para alcanzar este objetivo LAS EMPRESAS PUBLICAS DE SUELO Y VIVIENDA SON CLAVES y deben buscar los mejores partners privados (que a mi modo de ver son aquellos que garantiza que el 100% de las plusvalías generadas por el urbanismo público son públicas, cobrando solo por la labor de trabajar, financiar y gerenciar)
     
    Pero no va a bastar con la intervención pública al uso y creo que en el futuro debe darse un proceso de EMPODERAMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE DESEMBOQUE EN LA CREACION DE MULTIPLES INICIATIVAS COOPERATIVAS EN MATERIA DE ACCESO A VIVIENDA ASEQUIBLE (ALQUILER, DERECHO DE SUPERFICIE, COPROPIEDAD, ETC) que deben ser apoyadas por las Administraciones, habida cuenta de su alineamiento con el interés general público.

    Y dejo para el final mi posición refinada o reelaborada. Sin hacer tabla rasa de las buenas practicas del pasado y sin olvidarnos de las externalidades de las prácticas hegemónicas de reciente tiempo, ¿PODEMOS TRENZAR UN NUEVO CONSENSO EN MATERIA DE VIVIENDA EN TORNO A ESTOS ELEMENTOS?

    • MEDIOS: Garantizar la disponibilidad y suficiencia de ciertos medios financieros y técnicos estatales (sobre todo BANCA PUBLICA y AHORRO POPULAR DIRIGIDOS A LA VIVIENDA ASEQUIBLE, como, por ejemplo, hay en Francia, Alemania y Escandinavia).
    • MINIMOS RESULTADOS PUBLICOS: Establecer ciertas obligaciones de resultados (por los medios que consideren oportunos las Administraciones tienen que alcanzar cierto resultados en tiempos y territorio concretos) para las Administraciones, tanto en suelo urbano y urbanizable (fundamentalmente la creación de un PARQUE DE VIVIENDA ASEQUIBLE EN ALQUILER ADECUADAMENTE DISTRIBUIDO POR EL TERRITORIO, como ocurre en, por ejemplo, Francia o Escocia).
    • LIMITES PARA EMPRESAS Y BANCOS: Empresas/bancos deben respetar ciertos mínimos cuantitativos y cualitativos de intervención pública fijados por legislación estatal y autonómica (sustancialmente RESERVAS DE MÍNIMOS DE SUELO PARA VIVIENDA ASEQUIBLE y LIMITES AL SOBREENDEUDAMIENTO DE PERSONAS, EMPRESAS Y BANCOS EN BIENES INMOBILIARIOS, como ocurre, por ejemplo, en Francia o Reino Unido).
    • EMPODERAMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL: las ya comentadas alianzas entre lo público-estatal y lo cooperativo-privado-de interés general (como ocurre en toda la UE y muy especialmente en Holanda y Escandinavia).
    Supongo que una propuesta como esta seguirá sin interesar a los oligopolios de la promoción y la banca. Pero creo que debería interesar a la ciudadanía, la política, los media y buena parte del mundo empresarial/profesional de cara a los duros años venideros.
     
    Como veis los que hayáis llegado hasta el final de este post, la jornada dio para mucho.
     


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    La semana pasada nos desayunamos con la sorpresa de que en el trámite de enmiendas al Proyecto de Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (3R) el Grupo Popular presentó una enmienda al texto del Gobierno (autoenmienda) para tratar un tema que poco o nada tienen que ver con las 3Rs: a petición de los promotres de vivienda, se posibilita que las CCAA suspendan por cuatro años de las reservas de suelo para vivienda protegida, siempre que se den dos condiciones:

    • existencia de un porcentaje de vivienda protegida ya construida y sin vender en el municipio superior al 15% de las viviendas protegidas previstas o resultantes del planeamiento vigente y una evidente desproporción entre la reserva legalmente exigible y la demanda real con posibilidad de acceder a dichas viviendas
    • el planeamiento no haya sido aprobado definitivamente o que, en el caso de haber sido aprobados, no cuenten aún con la aprobación definitiva del proyecto o proyectos deequidistribución.

    Para justificar esta medida, que, habida cuenta de la mayoría parlamentaria del PP, con toda seguridad se convertirá en ley, el Gobierno y los voceros del sector aducen que no tiene sentido producir nuevas viviendas protegidas en un momento en que no se vende vivienda protegida, en el que en algunas CCAA la vivienda protegida es más cara que la libre y en el que además el Ministerio ha retirado las ayudas a la producción de nueva vivienda protegida.

    Para los no especialistas, el razonamiento puede pasar por sólido: dejemos de hacer nuevas viviendas protegidas por un tiempo, ahora que no se pueden vender las viviendas protegidas que ya están hechas. Pero a poco que se rasque se verá que esta iniciativa parlamentaria impulsada por ciertos lobbies es, cuando menos, discutible.

    Para analizar este problema adecuadamente debemos poner encima de la mesa algunas cuestiones que pocos políticos y periodistas van a traer a colación (unos por desconocimiento y otros por interés):

    • Las viviendas protegidas no solo se producen para venderse, sino que pueden ser alquiladas, cedidas en derecho de superficie, ser objeto de copropiedad público-privada o gestionarse como cooperativas de alquiler. En algunos sitios puede tener sentido producir nuevas viviendas protegidas si su destino fundamental es, vamos a decirlo así, la no propiedad.
    • Los precios máximos de la vivienda protegida son, como su propio nombre indica, máximos. Lo cual quiere decir que, cuando sea conveniente en términos de mercado (promotores privados) o de servicio público (Administraciones), las viviendas protegidas se pueden vender por debajo del precio máximo. Traducido al lenguaje de la enmienda del PP, la demanda real con posibilidades de acceder a las viviendas protegidas es muy amplia, casi ilimitada, pues basta con bajar los precios de venta y de alquiler.
    • La retirada de ayudas públicas ministeriales a la producción de nueva vivienda protegida en compra deberían ser irrelevantes, pues la "ayuda" en la vivienda protegida en venta es el "precio" en tanto que regulado e inferior al de mercado.

    ¿Que puede haber detrás de una medida como la que propone el PP por indicación de los grandes promotores inmobiliarios y quizás el sector financiero? No tengo certezas, pero si puedo avanzar ciertas hipótesis.

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    En primer lugar, las viviendas protegidas en venta pueden ser en algunos casos una competencia para los grandes paquetes de viviendas en manos de bancos, cajas, SAREB y FROB. Y dado que los operadores mercantiles y financieros tienen ya un problema de competencia con la vivienda protegida  en venta existente, quieren evitar futura nueva competencia. 

    En segundo lugar, las viviendas protegidas en proyecto son, en materia de acceso a la financiación, una competencia fuerte (imbatible) para las viviendas libres en proyecto. O dicho de otro modo, los bancos y las cajas financian pocas viviendas nuevas, pero los dos únicos tipos de operaciones que financian hoy y van a seguir financiando en el futuro son la construcción de vivienda protegida (menor riesgo y más fácil comercialización) y la de vivienda libre en suelos propiedad de los propios bancos y cajas.

    En tercer lugar, buena parte del planeamiento urbanístico de Madrid ha sido declarado ilegal por sentencia judicial y, con y sin sentencia, hay importantes operaciones paradas a la espera de mejores tiempos. Y puede que algunos quieran que esas operaciones sean 100% vivienda libre y 0% vivienda protegida. A los no madrileños, aplastante mayoría en España, les puede parecer peregrino que se legisle en las Cortes al calor de las necesidades de ciertos grupos económicos locales madrileños. Pero no es cosa infrecuente.

    Y en cuarto lugar, siendo la razón que a mi más me convence, creo que lo que está haciendo el lobby inmobiliario-financiero (una suerte de complejo industrial-militar a la española) es redibujar la reglas de juego para cuando pase la crisis. Las reservas de suelo para vivienda protegida (allí donde son grandes, se cumplen y se mantienen en el tiempo) son un factor de intervención pública en el mercado de la vivienda a favor de las clases medias y bajas y en contra de los intereses especulativos de una diminuta y poderosa minoría (que no debe confundirse con todo el sector inmobiliario o financiero). No estoy seguro de que esta sea la razón principal del impulso de esta medida. Máxime si tenemos en cuenta que nuestras oligarquías se han carecterizado siempre por un fuerte cortoplacismo. Pero si tengo que escoger una razón, me quedo con esta, dado su carácter más estructural.

    Dicho todo esto, a mi me parece claro que esta norma, si llega a estar insertada en una ley estatal, será inconstitucional, pues la jurisprudencia del TC ha establecido hasta la saciedad que el urbanismo y la vivienda son competencias de las CCAA. Y que el papel que le corresponde al estado en estas materias está relacionado solo con el derecho de propiedad. El uso abusivo de los artículos 149.1.1 (regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales) y 149.1.13 (Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica) de la Constitución no serán suficientes en este caso. Este asunto será recurrido al TC y será declarado inconstitucional ... dentro de unos años, cuando ya haya dado pingues beneficios a unos pocos y grandes perjuicios a una inmensa mayoría.

    A lo largo de seis años he reivindicado en este blog la técnica de las reservas de suelo para vivienda protegida. No me extenderé, pero recuerdo que las reservas son un instrumento que permite atende a precios inferiores a los del mercado a mucha gente, que si se usa bien permite la creación de un patrimonio residencial público al servicio del derecho a la vivienda y que si se usa de forma masiva y sostenida en el tiempo tiene la capacidad de deflactar el precio de la vivienda libre. Entiendo que por todo eso, unos pocos, pero muy poderosos, quieren acabar con ellas, con la excusa de la crisis, dada su pontencialidad socio-estructurante.

    A los no que no sigan este tema desde hace años, conviene recordarles que durante años los promotores inmobiliarios estuvieron diciendo que las viviendas protegidas encarecían las libres (en los años de bonanza) y ahora (en crisis) sostienen que no son necesarias, pues la gente ya puede satisfacer su necesidad de vivienda con la vivienda libre en venta. Lo cual es perfectamente revelador de hasta que punto el establishment español vive al margen de la realidad social. Para ellos hoy es más fácil satisfacer la necesidad de vivienda con vivienda libre que con protegida y más fácil en compra que en alquiler. Con burbuja o con crisis, los promotores lo tienen claro: hay que eliminar las reservas de suelo para vivienda protegida. No creo que pueda haber mejor defensa de esta figura. 

    Y para acabar este post, dos provocaciones.

    Primera. Si se pide que se dejen de construir nuevas viviendas protegidas habida cuenta del stock de vivienda ya construída y no vendida, vayamos un poco más lejos y defendamos una moratoria constructiva, tanto de vivienda libre como de vivienda protegida. Pues en el caso de que no hagan falta más nuevas viviendas en venta, supongo que aún más prescindibles que las baratas (vivienda protegida) lo serán las caras (viviendas libres). Sospecho que los defensores de la moratoria de nueva vivienda protegida no serán partidarios de una moratoria de nueva vivienda libre.

    Segunda. Si tanta preocupación hay por el stock de vivienda construída y vacía, el camino no es la venta a precios elevados, sino la venta como vivienda libre de precio más barato (aún hay recorrido en este campo, pero las multimillonarias ayudas públicas a la banca desincentivan las ventas a la baja), la venta como vivienda protegida (que bien puede tener un precio inferior al máximo reglamentario) y, por encima de todo, el alquiler a precios asequibles, protegidos e incluso sociales. 

    Pero no deben de ir por ahí los tiros de PP y promotores inmobiliarios, pues he leído que para solucionar el "problema de la vivienda protegida sin vender" los promotores la van a poder vender o alquilar como vivienda libre. Aunque parezca una estupidez, la gente más poderosa de este país entiende que la mejor manera de resolver que algo no se vende a 1 es alquilarla o venderla a 2. Ver para creer ...

    Ya lo he dicho muchas veces en este blog, es tiempo de RE y CO. Parte de nuestro futuro inmobiliario tiene que ver con la conjunción de la reutilización, el alquiler y las fórmulas cooperativas (que deben dialogar con lo público). Y digo esto no desde postulados de izquierdas (que también), sino después de observar como funcionan los buenos mercados y servicios públicos de vivienda en la UE. Como empresario yo tomo buena nota de que en los países de la UE en los que lo inmobiliario y urbano funciona de una manera más sostenible (en su triple acepción de sostenibilidad económica, social y medioambiental), hay mucho RE y CO. Otros empresarios, muchos políticos y algún financiero creo que también está empezando a tomar nota y obrar en consecuencia.

    (en las fotos de este post, por orden, Alfonso Alonso -portavoz en el Congreso del PP y voraz usuario de las reservas de suelo para vivienda protegida cuando era alcalde de Vitoria-Gasteiz- y José Manuel Galindo -Presidente de APCE y ASPRIMA y feroz opositor a cualquier intervención pública directa en materia de vivienda que vaya más allá de la subvención a los promotores privados-)

     

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  • EMPRESAS PUBLICAS EXPORTADORAS: ¿PORQUE NO?

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    Aunque a algunos, por motivos ideológicos, le pueda parecer que las empresas públicas deben limitarse a realizar pocas y subsidiarias labores en la economía doméstica y ninguna en la internacional, si observamos a nuestros vecinos europeos la realidad es bien distinta. Tampoco nuestra Constitución apunta a un papel del sector público forzosamente vicario.

    La mayor parte de los estados de la UE a los que nos gustaría parecernos en muchas cosas tienen banca pública y empresas públicas fuertes que intervienen poderosamente en su economía doméstica. Lo hacen en sectores claves para garantizar el desarrollo y el bienestar de carácter endógenos. Y también intervienen para evitar o minimizar las externalidades de los mercados.

    Por otra parte, muchos de esos estados hacen que sus grandes empresas públicas facturen una parte de sus ingresos en mercados extranjeros. 

    Y finalmente, que entiendo puede ser lo más importante en estos momentos para España y también ara mi Euskadi natal, muchos estados latinoamericanos están deseando firmar acuerdos de colaboración entre entidades públicas de allí y entidades públicas de aqui. La cultura e historia común (por tortuosa que sea) pesan. Pero también el hecho de que en España gracias al sector público se hayan construido unas infraestructuras y un hardware urbano impresionante. En el fondo los acuerdos que nos ofrece el sector público latinoamericano son contratos de prestación de servicios. Pero como se realizan entre dos entidades públicas, muchas legislaciones de contratos públicos latinoamericanas permiten la firma de convenios, sin concurrencia pública, con entidades públicas de otros países. Y como digo, si pueden elegir, les gusta trabajar con entidades públicas españolas.

    Como gestor (hoy privado y antes público) no puedo comprender porque España y Euskadi están dejando pasar esta magnífica oportunidad para generar ingresos públicos adicionales, establecer relaciones operativas bilaterales, aliviar las arcas públicas y con ello ayudar a proteger nuestra finanzas, empleo y servicios públicos.

    No listaré los nombre de las empresas públicas con un know how de alto nivel que hay en España o Euskadi. Pero son muchas más de las que pudiera parecer. Algunas de ellas están pasando dificultades para seguir funcionando en medio de la orgía de recortes. No digo que su salvación sea facturar en el extranjero. Pero puede venir bien que así sea.

    Para los recalcitrantes ideológicos que entiendan que si las empresas públicas españolas y vascas exportaran bienes y servicios estarían haciendo "competencia desleal" a las empresas privadas españolas y vascas, solo apuntar que hay campos donde solo las empresas públicas tienen expertise apreciable por otras empresas públicas foráneas. Y por ello ciertas administraciones públicas latinoamericanas prefieren trabajar con una empresa pública extranjera, antes que con una compañía privada extranjera.

    No estoy defendiendo la exportación pública como solución a los problemas domésticos del sector público. Tampoco sería bueno que las exportaciones públicas hicieran la competencia a las privadas (otro campo por explorar en materia de colaboración públic privada). Pero es evidente que hay una capacidad ociosa exportadora en un momento en que todos los gurús llaman a la internacionalización de nuestra economía.

    ¿Dejamos pasar la oportunidad? ¿O tratamos de aprovecharla?

     

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  • REFORMA LOCAL: ¿JIBARIZAR O CONVERGER CON LA UE?

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    El diario EL CORREO ha publicado en su sección de Opinión un artículo sobre la reforma de la administración local que está siendo tramitada en estos momentos por el Gorbierno. Reproduzco a continuación el texto del artículo (dado que este diario no cuelga en su web los artículos de opinion).


    En recientes fechas el Consejo de Ministros debatió el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. El asunto ha provocado mucho ruido mediático dirigido hacia asuntos secundarios (vg. retribuciones de los políticos locales). Pero no se ha atendido como merecen asuntos de la máxima relevancia para nuestro modelo de estado, nuestros servicios públicos y el futuro de nuestros pueblos y barrios. El Anteproyecto diseña una reestructuración total del mundo local, partiendo de la existencia de duplicidades y solapamientos (no demostrados, pues los informes del Ministerio de Hacienda y AAPP no aportan dato alguno), utilizando herramientas que paso a describir someramente.

    En general, a todos los ayuntamientos se les somete a un recorte competencial severísimo, de forma que la mayoría se van a dedicar a unas pocas tareas básicas, a modo de portero de finca. Por su parte, los Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes corren serio peligro de ser intervenidos, en algunos casos casi sine die. Y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, si gozan del favor de sus CCAA, podrá recibir una serie de competencias delegadas por estas (muy centradas en medio ambiente, servicios sociales, educación, cultura, deporte y actividad económica), en teoría acompañadas de la financiación suficiente. Eso sí, trufadas con todo tipo de controles (incluso políticos o de oportunidad) de las CCAA y el Estado.

    El nudo gordiano de este Anteproyecto estriba en que las tareas que ahora realiza el sector público local, si no se hacen hoy ya con equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera (algo más que probable en muchos casos, habida cuenta de la endémica infrafinanciación de lo local por parte de lo autonómico y lo estatal), corren el peligro de desaparecer (así se contempla expresamente para las competencias impropias y la actividad económica local), ser provincializadas (especialmente en el caso del jugoso paquete que forman residuos, aguas, obras públicas, transporte e infraestructuras), con todo lo que esto significa dada la incapacidad general de muchas diputaciones y la endémica corrupción de otras, o ser traspasadas a la gestión indirecta (a empresas privadas con ánimo de lucro), con las repercusiones que esto tendrían sobre la cantidad, calidad y acceso a nuestros servicios públicos.

    El Anteproyecto incrementa severamente las facultades de control presupuestario, económico, financiero y contable del Estado. Por otra parte, se desconfía de la cooperación voluntaria entre administraciones locales (vg. posibilidad de disolver mancomunidades provincializando sus servicios o refuerzo del control sobre los consorcios ya existentes). Y en general, se impone la coordinación de competencias de arriba hacia abajo, de forma que los ayuntamientos, incluso en el marco de sus propias competencias, van a poder ser coordinados (“disciplinar” llega a decir el texto) por las CCAA y el Estado.

    Este Anteproyecto se basa en principios propios de siglos pasados: lo pequeño es malo y lo grande bueno; el control jerárquico conveniente y las redes de cooperación interadministrativa voluntaria sospechosas, cuando no contraproducentes; lo público es caro y lo privado barato. En lo que sí es contemporáneo el Anteproyecto es en considerar que lo público local (comparativamente muy poco endeudado) solo tiene como misión la garantía de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera pública. Todo lo demás (servicios públicos locales) parece que se subordina al salvamento por el contribuyente  de nuestro sistema financiero que, junto con nuestras familias y empresas, está masivamente endeudado.

    Este modelo local, de aplicarse, no será más barato, sino todo lo contrario (como demuestran las privatizaciones realizadas en la UE, muchas hoy  rescatadas por el contribuyente). Está lastrado por taras de inconstitucionalidad (autonomía local). Y considera lo local parte del problema, cuando es parte de la solución.

    A futuro, deberíamos transitar por la creación de sinérgicas redes cooperativas voluntarias entre entes públicos locales. Hay que motivar y liderar a los muchos empleados públicos con ganas de aportar. Necesitamos impulsar cooperaciones público-privadas con entidades que garanticen que el contribuyente se queda todo el beneficio económico de las operaciones públicas locales. Me estoy refiriendo al trabajo de lo público local con empresas privadas y cooperativas de profesionales que trabajen sin más ánimo de lucro que pagar a sus trabajadores. Necesitamos una banca pública a la europea. Tenemos necesidad de unos ayuntamientos, que respetando elementales reglas de eficacia, eficiencia y equilibrio económico, lejos de ser jibarizados, ayuden a dinamizar la economía local a través de servicios y actividades económicas públicas o público-privadas susceptible de crear empleo, recaudación fiscal e ingresos adicionales para nuestros ayuntamientos. Bueno sería en esto converger con la UE. En nuestras manos está.


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  • CDU: VIVIENDA, POLÍTICAS TOXICAS Y POLÍTICAS NECESARIAS.

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    El pasado 25 de febrero participé en un interesante encuentro, organizado por el Club de Debates Urbanos, sobre las políticas de vivienda titulado VIVIENDA: POLITICAS TOXICAS, POLITICAS NECESARIAS. 

    Del mismo dan noticia las webs del Club de Debates Urbanos, Paisaje Transversal y Pólítica de Vivienda Social. En la referencia de PT se adjunta el vídeo de las casi tres horas que duró el debate. Y hay que destacar como merece que en este acto se presentó el Decálogo por una vivienda digna de ATTAC Madrid (texto del que ya di noticia y opinión en este blog hace unas semanas).

    Al debate fuimos convocados: 

    • Julio Rodríguez. Expresidente del Banco Hipotecario, expresidente de la Caja de Granada,  miembro de economistas frente a la crisis  y vocal del CDU.
    • Alejandro Inurrieta. Economista y expresidente de la Sociedad Pública de Alquiler.
    • Ada Colau. Portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
    • Pablo Jiménez. Licenciado en Derecho. Miembro de ATTAC Madrid.
    • Y yo mismo, que fui presentado como socio de Urbania ZH Gestión y exviceconsejero de vivienda del Gobierno Vasco.
    • Fuimos moderados por el arquitecto Fernando Fernandez Alonso.

    Mi impresión general del debate es que, en materia de vivienda, como en otras tantas, la socialdemocracia española ha traicionado su propio ideario permitiendo una casi total mercantilización del derecho a la vivienda que, hasta la fecha, afortunadamente no hemos conocido en otras políticas públicasbásicas (sanidad, educación, etc). Por su parte, la izquierda a la izquierda del PSOE ha esgrimido un programa político en materia de vivienda sustancialmente socialdemócrata que ha sido tildado de utópico y poco serio por socialdemócratas, democratacristianos y neoliberales. A su vez, la sociedad civil indignada y activa, poco a poco va exigiendo la tutela del derecho a la vivienda, teniendo en cuenta las mejores prácticas públicas europeas y autonómicas españolas y explorando vías comunitarias o populares de tutela del derecho a la vivienda, al margen de lo estatal. En los pasados años líderes sociales, expertos y políticos más o menos zurdos, en materia de vivienda, estamos siendo pasados a cuchillo por el proyecto neoliberal y la apatía socialdemócrata. Pero, me da la impresión de que la perplejidad hace mucho tiempo que dejo paso a la indignación, esta a la reacción y de ambas se está pasando ahora a la acción socio-política espero que fructífera.

    En las casi tres horas de debate creo que se vieron estas tesis, antítesis y síntesis con mucha vivacidad. Especialmente interesante fueron los intentos de Julio Rodriguez Lopez por explicar como funcionan mercado y estado en materia de vivienda. No para hacer crecer la sensación de impotencia de muchos de nosotros o por connivencia suya con muchas de las prácticas al uso, sino como instrumento al servicio de la transformación social (conocer para poder cambiar). Reveladores fueron los testimonios de Alejandro Inurrieta sobre el poder de los lobbies y su capacidad en España para condicionar las políticas sociales y económicas al servicio de los intereses cortoplacistas y contraproducentes del complejo financiero-inmobiliario. Y muy claros, contundentes y honestos fueron los postulados esgrimidos por Ada Colau en nombre de parte de la sociedad civil que está hasta la coronilla de políticos, gestores públicos y medios de comunicación al servicio del citado complejo financiero-inmobiliario.

     

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    En lo que a mi papel en la mesa de debate se refiere, diré que fundamentalmente empleé mis intervenciones para hablar de alquiler, partiendo de una pregunta inicial: ¿QUE PASA EN ESPAÑA PARA ESTEMOS A LA COLA DE LA UE EN ALQUILER SOCIAL, PUBLICO O ASEQUIBLE? 

    Partí de una serie de datos absolutamente inexplicables en términos europeos: solo un 10% de alquiler en el parque total de viviendas; menos de un 1% de vivienda social en alquiler. Y entre 3 y 6 millones de viviendas vacías (de un total de unos 25.5 millones de viviendas -uno de los porcentajes de vivienda por cada 1000 habitantes más altos de toda Europa-), en el mismo momento que se produce una emergencia habitacional-humanitaria con cientos de miles de familias desahuciadas.

    Traté de poner de relieve la relación inversa que existe entre porcentaje de personas viviendo en propiedad en una sociedad y PIB. Frente a lo que ciertos lobbies nos hacen creer en España, los países de la UE con máyor PIB y nivel de desarrollo son países con los más altos niveles de alquiler de nuestro entorno. Y viceversa.

    Insistí en que el bajo parque de alquiler español no es, en absoluto, un problema cultural. Salvo en lo que se refiere a la falta de cultura financiera (que tampoco es casual del todo). Sino que más bien estamos ante un asunto impuesto política, mercantil, mediática y académicamente. A tal efecto, recordé el papel del Movimiento y el Ministerio de la Vivienda (propietarismo como antídoto político frente a la revuelta y voluntad de hacer de los proletarios sediciosos, propietarios adocenados). De la misma manera, comenté la importancia del pacto entre Estado, bancos y promotores inmobiliarios que precedió a la Ley Suelo 1956: propietarismo como garantía hipotecaria/estatal para la banca, factor que evita realizar gasto público y que permite la urbanización (así como un lucro del propietario del suelo -terratenientes rurales y rentistas urbanos- y del promotor absolutamente desmedido). Es al final del franquismo, cuando se empieza a dar forma a eso que algunos después han llamado "España, una, grande y urbanizable".

    Expliqué que, a mi juicio, desgraciadamente la Constitución 1978 no supuso en materia de vivienda una ruptura real respecto del franquismo, sino solo un distanciamiento meramente semántico.

    Refiriéndome a los tiempos más recientes, expliqué que ni la legislación/política hipotecaria o fiscal española han hecho otra cosa que favorecer un peligroso monocultivo: vivienda libre en suelo urbanizable, en la que se subroga el crédito promotor en hipoteca particular sobre vivienda en propiedad. Lo cual, en un contexto internacional de conversión de la vivienda en un producto financiero respaldado por capitales especulativos nacionales e internacionales (en nuestro caso, sobre todo alemanes y franceses) no hizo sino agravar las tendencias inflacionistas de nuestro sistema urbanistico-residencial, dando lugar a nuestra conocida y descomunal burbuja inmobiliaria.

    Comenté que, como consecuencia de todo lo anterior, en España no hemos tenido unas políticas públicas de alquiler dignas de ese nombre y los recientes intentos de introducir buenas prácticas (a la europea) parece que se van a ver laminados, con la excusa de la crisis. De hecho, en estos momentos, lejos de utilizar la poca vivienda pública en alquiler que tenemos para ayudar a paliar los efectos más graves de la crisis habitacional (menos de 125.000 unidades que, en muchos casos, están siendo vendidas a la empresa privada), muchas sociedades públicas de suelo y vivienda están siendo saqueadas por el mercado y liquidadas por el poder público.

    Descrito el desastre, cabe preguntarse ¿COMO PODEMOS SOLUCIONARLO? Y yo aporté las siguientes propuestas, mucho más enfocadas a las reformas estructurales que a los acuciantes problemas humanitarios que afrontamos a corto plazo (para los que me basta y me sobra con las propuestas de mínimos de la PAH que suscribo de forma integra).

    1. Presión social, política, mediática, intelectual y electoral.
    2. Reforma de ley hipotecaria. Necesitamos menos créditos, en plazos más cortos y con tipos de interés no demasiado bajos. En contra de los voceros oficiales, estas medidas favorecerían el acceso a la vivienda (deflactarían el precio en compra). También necesitamos, como se hace ya evidente para cualquiera, un clausulado menos favorables a la banca (equilibrio entre las partes) y más consistente con la normativa europea en la materia.
    3. Reforma fiscal. Necesitamos eliminar las deducciones fiscales a la compra y traspasar esos incentivos fiscales al alquiler, la rehabilitación, la vivienda protegida, las cooperativas de uso de vivienda y la reconversión energético-ecológica de nuestro parque de vivienda ya existente.
    4. Banca pública, ahorro popular y fondos de inversión privados. Es imperiosamente necesaria la existencia de banca pública finalista (para financiar la lista de cosas que acabo de mencionar en el punto anterior). Tambien necesitamos ahorro popular dirigido a financiar políticas públicas de vivienda, como ocurren en otros países de la UE (vg libvet A o participación de los asalariados en el esfuerzo público en vivienda). Y no vendría mal una regulación de los REITS a la europea, aunque siempre controlando desde el estado el equilibrio entre beneficios fiscales/económicos y aportación al interés general en materia de vivienda/alquiler). El orden en el que hablo de estas cosas (banca pública, ahorro popular y REITS) es para mí importante.
    5. Reforma financiera. Dado que el mercado es incapaz de autoregularse y, cada vez que hay dinamismo económico, tiende a financiar más vivienda de la necesaria y con una lógica muy especulativa, necesitamos introducir limites legales al endeudamiento inmobiliaria del sistema financiro, así como al nivel máximo de endeudamiento familiar vinculado a la vivienda. Como ya están haciendo varios países de la UE.
    6. Políticas públicas de movilización de vivienda vacía (entre 3 y 6 millones de un total de menos de 25.5 millones de viviendas):                                                                                   
      • creo en el palo y la zanahoria
      • es decir, creo en las sanciones, impuestos, multas, alquiler y venta forzosa, expropiación, derribos, etc (algo muy al uso entre nuestros socios de la UE)
      • y también en las subvenciones, la rehabilitación, las ayudas al alquiler, los seguros, etc,
      • de entre los dos modelos teórico-prácticos habidos hasta la fecha (SPAvs.Bizigune), creo que ambos juegan un papel, pero el primero es más una programa de dinamización del mercado privado y el segundo uno de alquiler social. Una cierta combinación de ambos sería del máximo interés.
      • parece que vamos a perder una oportunidad con el Fondo Social de Vivienda, el SAREB y el parque de vivienda en manos de los bancos.
    7. Parque público permanente de nuevo alquiler social y público. En España las estadísticas dicen que tenemos un 1% del parque total de viviendas en alquiler público o social. La realidad es que son menos de 125.000 (sobre un total de 25.5 millones y se están privatizando). Por ello, y sin perjuicio de los esfuerzos que haya que hacer en materia de movilización de vivienda vacía hacia el alquiler, es imperativo construir un parque público de alquiler al estilo europeo. Llevamos décadas de retraso. Pero en algún momento hay que empezar. Algunos países europeos están privatizando parcialmente sus parques públicos de alquiler. Pero, desde nuestro menos del 1% hasta el 30% que de media puede haber en la UE el recorrido es aún muy amplio.
    8. Alquiler social, público y asequible como resultado de rehabilitación y regeneración urbana. La conexión entre rehabilitación y alquiler asequible es evidente en muchos países de la UE. Entre nosotros es una rara avis. Debe dejar de serlo.
    9. Ayudas públicas para el pago del alquiler. Lo que aquí hemos conocido brevemente como Renta Básica de Emancipación y que en el resto de la UE es un clásico. El razonamiento es sencillo: ojalá las Administraciones dispongan de suficiente parque público de alquiler para atender a la demanda más necesitada. Pero cuando esto no es el caso (en cierto tiempo o en cierto lugar) debe haber una política de subvención de los alquileres que permita al casero mantener una mínima rentabilidad en el bien que explota y al inquilino un mínimo nivel de dignidad vital. 
    10. Derecho de superficie. Si la administración es propietaria de un suelo, lo cede por casi un siglo a personas que van a vivir en viviendas de su propiedad (o de una cooperativa) y el gasto vivienda/mes/familia se acerca a los 300 euros, de facto, estamos ante un alquiler asequible vitalicio. Por ello, no debemos olvidarnos del derecho de superficie al citar los instrumentos que nos pueden ayudar a converger con la UE en materia de vivienda.
    11. Cooperativas de uso. Son las grandes desconocidas en España, a pesar de tener una historia de muchas décadas en la UE y América. Varias personas forman una cooperativa, adquieren un suelo o un edficio, construyen o rehabilitan y tienen derecho a vivir en las viviendas resultantes en régimen de alquiler. Financieramente es una inversión: quien se quiera ir, vende su participación en la cooperativa y recibe lo que puso más la parte de plusvalías/minusvalías que le corresponda. Operativamente es una forma asequible de acceder a una vivienda, que será una red, en el caso de que muchos edificios estén asociados a la misma cooperativa. En la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial fue una fórmula muy apoyada por el Estado en forma de cesiones de suelos, subvenciones, ayudas financieras y técnicas. Es una fórmula interesantes, pues, a mi juicio, estamos ante algo público (bien común) que no es estatal (administrativo), algo que puede ser muy profesional, sin ser mercantil.
    12. Cooperación público privada en en materia de vivienda asequible. Necesitamos fórmulas que permitan introducir la profesionalización en el mundo de la vivienda pública, sin por ello dar entrada al beneficio privado. Hace meses que defiendo en las redes mi postura técnica en realación a este problema dogmático. Asi que simplemente me remito a los dos textos en los que hablo de este asunto con mayor detalle: 1 y 2. En el caso del urbanismo y la vivienda se trata de encontrar socios profesionales privados que admitan trabajar a cambio de una retribución solo en caso de éxito, pero que tengan claro que el 100% de las plusvalías generadas por el urbanismo y la vivienda pública deben permanecer en manos del sector público.
    13. Aunque suene herético, creo que hay que acabar con los PGOU tal y como hoy los conocemos, pues no sirven para nada (confesable) y no son más que actas notariales del pasado (en vez de planes de futuro). Me sentiría mucho más cómodo con una planificación territorial/económica macro y no vinculante desde el punto de vista jurídico que se complemente con una política de licencias municipales en las que se expliciten los repartos de plusvalías entre lo público y lo privado, con luz, taquígrafos y muchas hojas de cálculo.
    14. Lo cual no lleva al tema de la modificación del reparto de plusvalías y costes entre lo privado y lo público. Hay quien defiende que el 100% de la plusvalía sea pública y el ius edificandi sea una concesión administrativa. No sé si yo defiendo tanto. Pero si repartos de plusvalías/costes equilibrados decididos para cada operación urbanística, sin dejar de tener en cuenta el conjunto. 
    15. Lo cito en último lugar y no es casual. Necesitamos una nueva legislación de alquiler privado. Pero no para desequilibrar completamente la relación entre inquilino y propietario en favor del segundo, como quiere hacer el acatual gobierno. Sino para que el alquiler sea en España un negocio y también una forma de vida. Algo que los sucesivos legisladores españoles no han comprendido. Y de tanto machacar al inquilino, lo hemos convertido en una figura teórica. En casi todos los países de la UE los derechos de los propietarios están protegidos, pero no lo están menos los derechos de los inquilinos y las obligaciones de los propietarios. De resultas de todo lo anterior, en la UE el alquiler es una forma de vida y en España un breve transito hacia la propiedad o un rasgo de disfuncionalidad social (algo que la crisis está cambiando). 
    Como se ve, en materia de alquiler (en realidad de vivienda) no creo, para nada, en las soluciones mágicas unívocas. Creo que el secreto está en la mezcla. Y cuantos más elementos seamos capaces de mezclar mejor será el resultado en términos sistémicos (robustez o resiliencia que dicen ahora algunos).
     
    Sea como fuere, necesitamos cambios profundos para poder llegar a disponer de una banca, políticas públicas y mercado de alquiler (en realidad, de vivienda) que merezcan el calificativos de aceptablemente europeos.

    Y dada la severa crisis de superproducción de vivienda de la pasada década y el ataque brutal que está sufriendo el estado del bienestar en estos momentos (por los mismos que cebaron la burbuja) creo firmemente que es tiempo de RE y CO. (1, 2 y 3).

    Hay que agradecer al Círculo de Debates Urbanos de Madrid que haya organizado un debate de tanto interés. Y para mi, que no soy un profesional de esta materia en sentido estricto, estas son ocasiones privilegiadas de poner al día mis ideas y propuestas. Ojalá haya muchos más debates como el del CDU en el futuro. Conocer/debatir para poder transformar.

     


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