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REFORMA LOCAL: ¿JIBARIZAR O CONVERGER CON LA UE?

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El diario EL CORREO ha publicado en su sección de Opinión un artículo sobre la reforma de la administración local que está siendo tramitada en estos momentos por el Gorbierno. Reproduzco a continuación el texto del artículo (dado que este diario no cuelga en su web los artículos de opinion).


En recientes fechas el Consejo de Ministros debatió el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. El asunto ha provocado mucho ruido mediático dirigido hacia asuntos secundarios (vg. retribuciones de los políticos locales). Pero no se ha atendido como merecen asuntos de la máxima relevancia para nuestro modelo de estado, nuestros servicios públicos y el futuro de nuestros pueblos y barrios. El Anteproyecto diseña una reestructuración total del mundo local, partiendo de la existencia de duplicidades y solapamientos (no demostrados, pues los informes del Ministerio de Hacienda y AAPP no aportan dato alguno), utilizando herramientas que paso a describir someramente.

En general, a todos los ayuntamientos se les somete a un recorte competencial severísimo, de forma que la mayoría se van a dedicar a unas pocas tareas básicas, a modo de portero de finca. Por su parte, los Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes corren serio peligro de ser intervenidos, en algunos casos casi sine die. Y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, si gozan del favor de sus CCAA, podrá recibir una serie de competencias delegadas por estas (muy centradas en medio ambiente, servicios sociales, educación, cultura, deporte y actividad económica), en teoría acompañadas de la financiación suficiente. Eso sí, trufadas con todo tipo de controles (incluso políticos o de oportunidad) de las CCAA y el Estado.

El nudo gordiano de este Anteproyecto estriba en que las tareas que ahora realiza el sector público local, si no se hacen hoy ya con equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera (algo más que probable en muchos casos, habida cuenta de la endémica infrafinanciación de lo local por parte de lo autonómico y lo estatal), corren el peligro de desaparecer (así se contempla expresamente para las competencias impropias y la actividad económica local), ser provincializadas (especialmente en el caso del jugoso paquete que forman residuos, aguas, obras públicas, transporte e infraestructuras), con todo lo que esto significa dada la incapacidad general de muchas diputaciones y la endémica corrupción de otras, o ser traspasadas a la gestión indirecta (a empresas privadas con ánimo de lucro), con las repercusiones que esto tendrían sobre la cantidad, calidad y acceso a nuestros servicios públicos.

El Anteproyecto incrementa severamente las facultades de control presupuestario, económico, financiero y contable del Estado. Por otra parte, se desconfía de la cooperación voluntaria entre administraciones locales (vg. posibilidad de disolver mancomunidades provincializando sus servicios o refuerzo del control sobre los consorcios ya existentes). Y en general, se impone la coordinación de competencias de arriba hacia abajo, de forma que los ayuntamientos, incluso en el marco de sus propias competencias, van a poder ser coordinados (“disciplinar” llega a decir el texto) por las CCAA y el Estado.

Este Anteproyecto se basa en principios propios de siglos pasados: lo pequeño es malo y lo grande bueno; el control jerárquico conveniente y las redes de cooperación interadministrativa voluntaria sospechosas, cuando no contraproducentes; lo público es caro y lo privado barato. En lo que sí es contemporáneo el Anteproyecto es en considerar que lo público local (comparativamente muy poco endeudado) solo tiene como misión la garantía de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera pública. Todo lo demás (servicios públicos locales) parece que se subordina al salvamento por el contribuyente  de nuestro sistema financiero que, junto con nuestras familias y empresas, está masivamente endeudado.

Este modelo local, de aplicarse, no será más barato, sino todo lo contrario (como demuestran las privatizaciones realizadas en la UE, muchas hoy  rescatadas por el contribuyente). Está lastrado por taras de inconstitucionalidad (autonomía local). Y considera lo local parte del problema, cuando es parte de la solución.

A futuro, deberíamos transitar por la creación de sinérgicas redes cooperativas voluntarias entre entes públicos locales. Hay que motivar y liderar a los muchos empleados públicos con ganas de aportar. Necesitamos impulsar cooperaciones público-privadas con entidades que garanticen que el contribuyente se queda todo el beneficio económico de las operaciones públicas locales. Me estoy refiriendo al trabajo de lo público local con empresas privadas y cooperativas de profesionales que trabajen sin más ánimo de lucro que pagar a sus trabajadores. Necesitamos una banca pública a la europea. Tenemos necesidad de unos ayuntamientos, que respetando elementales reglas de eficacia, eficiencia y equilibrio económico, lejos de ser jibarizados, ayuden a dinamizar la economía local a través de servicios y actividades económicas públicas o público-privadas susceptible de crear empleo, recaudación fiscal e ingresos adicionales para nuestros ayuntamientos. Bueno sería en esto converger con la UE. En nuestras manos está.


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