En los pasados meses, junto con mis compañeros de trabajo, he asistido a "curiosas" licitaciones públicas en las que el 100% de la puntuación de las ofertas a presentar se dirimía en el precio ofertado. O, en otras palabras, no se pedía un proyecto técnico de gestión del servicio público licitado. Incluso, en algunos casos extremos (vg Servicio de Atención a Domicilio de la Comunidad Autónoma de Madrid licitado a finales del 2012 y, de nuevo, a principios del 2013 -una licitación de 50 millones de euros, lo que en servicios sociales es muchísimo dinero-), se prohibía la presentación de dicho proyecto.

Para los no avezados en las complejas lides de la licitación pública, traduzco al lenguaje de la calle: las Administraciones Públicas para elegir empresa privada que le gestione un servicio público de caracter social escojen solo en función del dinero que van a recibir de esa empresa y no quiere saber como se prestará dicho servicio.

Más haya de la legalidad de esta práctica y de lo que determinen los tribunales (muchos de estas licitaciones han sido recurridas), parece claro que la llamada crisis se está aprovechando por parte de algunos para colocar el siguiente razonamiento: los presupuestos públicos están siendo objeto de duros recortes y ello fuerza a los responsables políticos y gestores públicos a buscar empresas que gestionen los servicios públicos de la forma más barata posible.

Algún incauto puede aceptar este razonamiento. Pero bueno sería que reflexionemos sobre las siguientes cuestiones. (1) Estamos hablando de servicios sociales, la mayor parte de las veces locales, que atienden fundamentalmente a menores, jóvenes, mayores, dependientes y personas en riegos de exclusión social. (2) Como tal, estos servicios no dejan mucho margen de beneficio a la empresa privada que los presta, si es que dejan alguno. Por lo tanto, en la carrera por una rebaja infinita de precio, (3) tienen todas las papeletas para sufrir fuertes recortes en cantidad y calidad asuntos tales como: el servicio público prestados a la ciudadanía (recordemos, a los grupos más vulnerables de la misma), los derechos de los trabajadores que prestan tales servicios o el beneficio de las empresas privadas (en el caso de que lleven adelante un proyecto técnico de gestión del servicio público acorde con la legislación y los estándares europeos y españoles). Por cierto, no nos dejemos cegar por la maquinaria publicitaria, (4) los teóricos ahorros inminentes se convertirán, con toda seguridad, en mayor gasto público futuro, cuando haya que rescatar servicios y usuarios seriamente dañados.

Y si pierden usuarios, trabajadores, contribuyentes/hacienda y empresarios, cabe hacerse la pregunta ya clásica (Quid prodest?): quien gana con estas prácticas. No creo descubrir nada si digo que estas prácticas favorecen a fondos de inversión (generalmente extranjeros) y grandes empresas multinacionales (casi siempre españolas) que se están mudando del ladrillo y el cemento a los servicios públicos locales. Debemos ser muy claros: la mayor parte de estas empresas nada saben (ni quieren saber) de cual es el mejor proyecto técnico para la gestión de servicios sociales locales. Tienen un músculo financiero inmenso y unas no menos buenas relaciones políticas y con eso basta.

Como contribuyente, usuario de servicios públicos y empresario me pregunto si eso es lo que queremos para el futuro de nuestros servicios públicos: una eterna subasta a la baja en el precio de licitación de los servicios que lamine prestaciones, condiciones laborales y beneficios empresariales (al menos, los legal y legítimamente obtenidos). 

Y en las tres condiciones antes citadas, respondo que no es lo que yo quiero para el futuro de los servicios públicos en general y de los servicios sociales locales en particular.

¿Como salir de esta situación? No tengo certezas absolutas. Pero si algunas ideas, objeto de futuros posts.

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