Ya sé que derecho y política deberían ser cosas distintas. O dicho de otra manera, que el derecho debe obedecer solo a razonamientos jurídicas (aunque el derecho por su propia interpretación debe tener en cuenta la realidad social en la que se aplica y parte de esa realidad es política). Pero las últimas semanas están siendo pródigas en sorpresas muy desagradables en materia de justicia.

Os cuento:

1.-  Hace cuatro semanas supimos que la Secretaria de Estado norteamericana Condoleezza Rice departiendo con sus colegas de la UE dijo sin tapujos que en el contexto de la "guerra" contra el "terrorismo" los EEUU usan métodos al margen del derecho internacional, americano y europeo. También aceptó que en ocasiones estas pácticas antijurídicas (en general torturas) tienen lugar en suelo europeo y que no debemos escandalizarnos en exceso, pues todo esto es conocido por nuestros servicios secretos y gobiernos y además se hace para preservar nuestra "seguridad". A estas alturas de la película no llama la atención que una de las más duras seguidoras de Robert Kagan (y su teoría de la prescindibilidad del derecho ante el puro poder dibujada en Power and Weakness) no proteja el derecho internacional o los DDHH. Pero si que es como para llorar la chulería y desparpajo con el que afirman que el derecho es una excusa que ponemos los débiles para que los poderosos no puedan hacer lo que deben: lo que les venga en gana (que generalmente es preservar sus intereses económicos y geoestratégicos). El mundo es un Guantanamo y no parece importarnos.

2.- En el siglo XXI se monta un pollo de dimensiones cósmicas en España ante la reclamación de unos funcionarios de sus derechos laborales, entre otros el propio derecho a sindicarse. La cosa parece increible pues en España la Constitución española garantiza los derechos de asociación, reunión, manifestación, sindicación ... Aunque algunos lo arreglan todo diciendo que esos funcionarios carecen de derechos laborales al ser militares. Ante lo cual contrapongo dos argumentos: la Guardia Civil es una policia, no parte de los ejércitos (al menos así se deduce de su propio nombre, funciones, etc); y aunque fuese parte de las FFAA, la Constitución, en modo alguno, limita los derechos de estos, todos ellos, funcionarios públicos. Que tengamos que estar discutiendo esto en el 2007 me hace estar triste. Que el PSOE no haga frente a sus promersas electorales en esta materia me lo esperaba. Que trate de acallar este movimiento sindical mediante medidas disciplinarias es una canallada que no me esperaba. No hemos curado aún el militarismo, al menos eso parece.

3.- El Tribunal Constitucional avala que una organización privada (Iglesia) contrate y despida profesores a su libre albedrío, todo ello con fondos públicos y para que estas personas den clase de catecismo en aulas públicas. Todo esto en un Estado definido por la Constitución claramente como aconfesional. Por lo tanto, no solo tenemos que soportar el catecismo católico en las aulas públicas (insisto, en un estado aconfesional), sino que los profesores que pagamos entre todos pueden ser despedidos, al margen del Estatuto de los Trabajadores o de la normativa de la Función Pública, por ser concejales de IU, por haberse divorciado o por no ser del agrado del Obispo. Una auténtica barbaridad jurídica y constitucional. No hay excusa, si entre la Constitución y los Acuerdos España Vaticano hay contradicción (que la hay y evidente) el TC lo que tiene que hacer es declarar tales acuerdos contrarios a la Constitución y pedir que se modifiquen (no desconozco que tales acuerdos tienen el rango de Tratado Internacional, pero esto no santifica, vía artículo 96 de la Constitución, los Acuerdos Estado-Vaticano, sino que por el contrario debería haber forzado al Gobierno a pedir al propio TC, vía artículo 95, opinión sobre la evidente inconstitucionalidad de dichos acuerdos y proceder acto seguido a modificarlos). Tiene bemoles que después de siglos de secularización en modo menor en España y décadas de democracia siempre emergente aún tengamos que aguantar estas barbaridades. No debe haber muchos constitucionalistas preclaros y democráticos en nuestro TC cuando entienden que una asociación privada (la Iglesia Católica española) puede despedir sin causa o con causas "morales" a personal docente pagado con fondos públicos y que ejerce en aulas públicas. Un verdadero drama jurídico, pues si el TC es el guardían de la Constitución podemos darnos por ... desprotegidos. Una ironía a la que no me resisto. ¿Va a tener las narices la jerarquía eclesial de seguir despidiendo a profesores de religión por ser divorciados o concejales de IU cuando entre el propio clero hay tal cantidad de pedófilos -a los que nadie expulsa de ningún sitio-? Por ejemplo, ¿puede el Obsipo de Boston dar lecciones de moral?. Aviso a navegantes: creo en el estado aconfesional, pero yo soy cristiano. Lo uno no quita lo otro.

4.- Y como traca final, el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU ha decidido que en Bosnio hubo un genocidio y, en vez de declarar quienes son los culpables, ha declarado inocente al Estado Serbio. Sé que los tribunales necesitan pruebas y que delinquen las personas y no las colectividades. Pero el mensaje que se ha lanzado al mundo es que los genocidios pueden salir gratis. Sobre el tema he tenido dudas hasta escuchar al Sr. Solana apoyar la sentencia. Si Solana considera que la sentencia va a ayudar a la reconciliación no me cabe la menor duda de que la sentencia será negativa para la justicia universal.

Como veis llevo unos días recibiendo solo malas noticias constitucionales, jurídicas, internacionales ... Eso sí, el Barça ha vuelto a golear. El que no se consuela es porque no quiere.