Hace dos semanas asistí en Santander a un curso de verano de la UIMP sobre urbanismo y corrupción. El curso, como todos, tuvo cosas interesantes y cosas que no lo eran. Pero en términos generales yo hago la siguiente lectura de todo lo visto, oído y debatido allí:

1.- La fiscalía (que tiene la misión constitucional de defender la legalidad vigente, también en materia de urbanismo, medio ambiente y vivienda en los casos de delito) no sabe de estas materias demasiado.

2.- Lo anterior es lógco pues durante décadas la fiscalía se ha dedicado fundamentalmente a la microdelincuencia patrimonial (es decir, a trasladar población de los barrios dificiles a las cárceles) y no ha asumido la macrodelincuencia económica y medioambiental como una de sus tareas (es decir, a trasladar población de los consejos de administración de las empresas y de las instituciones a esas mismas cárceles).

3.- Una parte de la fiscalía, presente en este curso, si tiene la firme voluntad de meterle mano a la conjunción de desarrollo salvaje descontrolado, corrupción, ataques al medioambiente y a la ordenciación del territorio, e incluso ataques penalmente perseguibles al derecho a la vivienda.

4.- La situación en España es extremadamente grave, pues el modelo compuesto por desarrollo ladrillil salvaje, depredación del medio ambiente, daño a las actividades productivas tradicionales, corrupción empresarial y política, inobservancia del derecho constitucional a la vivienda, daño en ciernes al sector turístico español, etc goza de consenso (salvo contadas excepciones) entre empresarios, políticos y ciudadanos. Espectáculos como los de Murcia, Malaga o Valencia se producen, no nos engañemos, porque a la gente le parece de maravilla este modelo de "desarrollo".

5.- En el curso había un consenso general sobre las causas de estos males (análisis que yo no comparto plenamente): hay que sacar a los ayuntamientos del urbanismo pues ellos no están capacitados para gestionar esta materia pensando en colectivo y además son claramente proclives a la corrupción y, por otra parte, los políticos con su voracidad recaudatoria (para el partido o para ellos mismos) cierran este círculo no virtuoso.

6.- La mayor parte de los asistentes al curso no eran muy proclives a considerar los elementos inflacionistas y especulativos estructurales presentes en la legislación española sobre el suelo (el planeamiento municipal convierte en estatuas de Chillida todas los suelos que no son mas que montones informes de hierro por el mero hecho de que ese planeamiento convierta suelo no urbanizable en urbanizable sin que el propietario del suelo tenga que invertir ni un euro ni trabajar ni un minuto en ese suelo para convertir las expectativas en valor; siendo este sistema único en el mundo, pues en todos los lugares del mundo quien no hace nada sobre su suelo tiene derecho a nada y quien hace algo sobre su suelo lo hace con autorización pública, tiene derecho a unos aprovechamientos limitados -en función de lo que establezca la Administración, del mercado, de su pericia como urbanizador, edificador y vendedor inmobiliario, etc- y está sometido a todo tipo de obligaciones en relación a la colectividad).

7.- Pero en el curso si había un cierto run run sobre la conveniencia de "nacionalizar" el suelo. Es decir, atribuir las plusvalías que genera el urbanismo público solo a la comunidad y permitir que el propietario de suelo-urbanizador-edificador-comercializador solo acceda a aquella parte de la plusvalía que decidan las instituciones. Es decir, disociar el derecho de propiedad sobre el suelo del derecho a urbanizar y edificar. Lo cual, por cierto es bastante contrario al sentir general del curso de que hay que sacar a ayuntamientos y políticos de este asunto.

8.- Aviso para navegantes institucionales, los fiscales entienden que no reservar el porcentaje de suelos establecido por la ley para Vivienda Protegida (dado que la normativa urbanística integra el tipo penal), si se hace de forma consciente de su ilegalidad, es delito y puede ser perseguido penalmente por los fiscales. A los navegantes les recomiendo que lean el artículo 320 del Código Penal y vean si sus navegaciones institucionales encajan o no en este tipo penal. Pero insisto, la fiscalía reunida en Santander entiende que se da el tipo penal sin duda alguna y que este puede suponer visitar otro recurso público institucional: la carcel.

9.- Pero como digo lo anterior, tambien quiero señalar que a la mayor parte de los asistentes les parece mucho más grave el urbanismo salvaje por sus peligros para el sector turístico y para el Medio Ambiente que para el derecho constitucional a la vivienda de cientos de miles de jóvenes (y no tan jóvenes) españoles que no pueden acceder a una vivienda a precios y en condiciones dignas.

10.- Se dio un bonito debate entre la democracia participativa y la representativa en materia de urbanismo. Hubo de todo: quienes piensan que en este campo cuanta menos participación mejor y otros que pensamos que sin participació no hay verdadera democracia y esta materia no es una excepción.

11.- Varios de los asistentes se dedicaron a demonizar el agente urbanizador. Algunos, entre los que me encuentro, entendemos que estas personas hablablan de la forma perversa en que se ha llegado a utilizar esta figura en Valencia, pero no de la figura en si misma.

- Jose Antonio Martin Pallín, director del curso, magistrado de la Sala Segunda del TS y de conocidas tendencias sociales (lo digo por que nuestro estado lleva varios apellidos - social y democrático de derecho- y a él tmabién le preocupa el adjetivo social)

- Juan Romero, geógrafo de la Universidad de Valencia y preclaro en esta materia.

- Antonio Vercher, fiscal coordinador en materia de Medio Ambiente y Urbanismo del TS y del que oiremos hablar pues estoy seguro que va a ejercer sus funciones con diligencia y eficacia.