Llevo meses queriendo escribir unas líneas sobre una serie de acontecimientos que, con la excusa de la lucha contra ETA, a mi juicio, implican una utilización torticera del derecho penal y del Estado de Derecho.

Ciertos sectores de la derecha (española, norteamericana, británica, etc) suelen aprovechar los ataques terroristas para, sobre la base del miedo, recortar libertades y derechos. Ya lo hicieron en los años 70 y 80 al calor de los movimientos terroristas europeos de la época a través de todo tipo de leyes excepcionales y ad casum de las que todavía en España podemos dar testimonio. Esta fue y sigue siendo hoy, sin duda, una de las mayores victorias de los terroristas de antaño y del presente: hacer retroceder la calidad democrática y social de los derechos penal y público de los conocidos como Estados Sociales y Democráticos de Derecho occidentales.

Este fenómeno (pretendida seguridad a cambio de libertades y derechos, todo ello con el miedo de telón de fondo) está alcanzando tales cotas en España que lo que está en riesgo es el propio caractar social y democrático de nuestro ordenamiento jurídico. A mi juicio, la mera forma ordinamental, el mero enunciado jurídico no es derecho. A principios del siglo XXI (en realidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial) para que el derecho sea verdaderamente Derecho necesita ser Democrático y Social, como nos ha recordado siempre el maestro Elias Diaz. La instrumentalización del derecho penal, la politización (en un sentido partitocrático) de la justicia, las presiones mediáticas y de los partidos políticos (con manifestaciones incluídas) sobre los tribunales deliberantes, la perdida del caracter de última ratio del derecho penal, la aprobación de leyes que carecen del más mínimo requisito de generalidad pues sus destinatarios tienen nombres y apellidos, la absoluta renuencia a aplicar el régimen penitenciario a unos determinados reclusos en función de sus ideas políticas, la extensión de las consecuencias de las condenas a las familias de los penados, el cierre de medios de comunicación de forma indefinida sin la presentación de evidencia alguna en los procesos penales y un largo etc de despropósitos penales no pueden ser solo objeto de denuncia de ciertos sectores políticos vascos o españoles.

El Estado Social y Democrático de Derecho es una planta siempre debil, en España lo es aún más pues no hemos sido históricamente muy dados a su cultivo. Los juristas, así como todos los demócratas no deberíamos callar ante determinados atropellos, aún a riesgos de que por denunciarlos la caverna hispana confunda esta defensa del Estado Social y Democrático de Derecho con debilidad, conceciones o incluso connivencia con determinados sectores políticos que o alientan o no acaban de condenar y dejar de lado la actividad terrorista.

En la España de hoy, con la excusa de luchar contra ETA (y contra los amigos de ETA, y contra los amigos de los amigos de ETA, y contra los amigos de los amigos de los amigos de ETA ...) nuestro derecho público y penal se está degradando y ha dejado de ser la última ratio para convertirse en la primera y única ratio más partitocrática que penal o iuspública.

Hasta hoy no he escrito sobre estos asuntos un poco por pereza y otro poco por no sentirme con vigor intelectual como para hacerlo adecuadamente. Pero este pasado fin de semana Bonifacio de la Cuadra, uno de nuestros más democráticos y sociales penalistas, ha publicado un artículo sobre el particular en el diario El País al que me remito de forma integra, pues suscribo cada una de sus líneas, así como el aliento que mantiene en pié cada uno de sus argumentos.

Os dejo el brillante artículo junto con mis balbucenates reflexiones. La mezcla no es equilibrada, así que aprovechad las palabras del Sr. de la Cuadra.

(la foto es del maestro Elias Diaz)