Ayer se anunció en el diario El Correo (1, 2 y 3) que el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco va a incluir en el proyecto de Ley de Vivienda la exigibilidad ante los tribunales del derecho social a la vivienda, como otro derecho universal ciudadano más, como pueden ser la educación o la sanidad.

La medida pretende hacer pasar la vivienda del campo de lo mercantil al campo del servicio público (cosa que ya se hace ahora con la vivienda protegida, cualquiera que sea su régimen de adjuicación) y, dando un paso más, del campo del servicio público al del derecho sobjetivo social exigible ante los tirbunales en caso de que las Administraciones no provean tal servicio.

La forma de plasmarse ese derecho a la vivienda será la del libre acceso de los ciudadano necesitados a una vivienda en alquiler. Los Ayuntamientos primero (esto es muy relevante) y el Gobierno Vasco después tienen la obligación conjunta de poner una vivienda en alquiler social a disposición de cualquier personas que cumpla los requisitos de inscripción en Etxebide (empadronado en Euskadi con un año de antiguedad, no ser propietario de vivienda y tener unos ingresos entre 3.000 y 43.000 euros al año).

La fecha en que esta obligación será firme es el año 2012. Mientras tanto Ayuntamientos y Gobierno Vasco, los dos conjuntamente, deberán esforzarse en tener un parque suficiente de vivienda protegida en alquiler, pues a todas las personas que soliciten una vivienda en alquiler y que cumplan con los requisitos de Etxebide les deberán permitir acceder a un Alojamiento Dotacional en Alquiler, a una Vivienda Protegida en Alquiler o a una Vivienda del Programa Bizigune. En defecto de este tipo de equipamientos públicos de alquiler, la Administración deberá subvencionar el alquiler privado de forma que el inquilino no pague más del 30% de sus ingresos (para lo cual, se deberán limitar los precios de los alquileres privados que se subvencionen con fondos públicos). En todos los casos (Alojamiento Dotacional en Alquiler, Vivienda Protegida en alquiler, Bizigune y subvención de alquiler privado), los inquilinos no pagarán más del 30% de sus ingresos.

Esta es una propuesta que está hecha después de que el Gobierno Vasco haga pasar el parque autonómico de alquiler de las 1500 viviendas del 2002 a las cerca de 8000 que tenemos en este momentos y de esa manera hayamos podido adjudicar en Etxebide el 40% de nuestras viviendas en alquiler en el periodo 2002-2006. Esta es una propuestas que está hecha sabiendo que para que llegue a buen puerto hace falta consenso parlamentario para que se apruebe como ley en el Parlamento Vasco. Esta es una propuestas hecha sabiendo que los Ayuntamientos también deben de sumarse al esfuerzo por universalizar el derecho a la vivienda, a través de la promoción de alquiler público (cosa wue hasta la fehca, salvo excepciones contadas, no hacern).

Pero esta es una propuesta factible y realizable tanto desde el punto de vista presupuestario, como político y operativo. Solo hace falta que la sociedad vasca en su conjunto se tome la vivienda como un derecho y las Administraciones Públicas empujen todo lo que pueden en dirección al alquiler social. Nosotros entendemos que Euskadi ya ha llegado a ese grado de madurez, a un punto que permita decir que toda personas que necesite una vivienda en alquiler la pueda obtener a precios sociales de su Ayuntamiento o del Gobierno Vasco.

Iniciamos ahora una apasionante carrera que debería de concluir en diciembre del 2011 con una Euskadi en la que toda personas que solicite un alquiler social a la Adminsitración pueda obtenerlo. El reto es importante, pero también ilusionante. Espero que la gente que se decida a empujar sea más que la que se dedique a poner palos en las ruedas. Yo entiendo que entre todas y todos podemos conseguirlo.