Hace unos días la Junta de Andalucia ha anunciado que pretende impulsar una ley que garantice el acceso a una vivienda (protegida) a precios razonables (un tercio de los ingresos personales o familiares) a las personas que estén dentro de ciertos niveles de renta personal o familiar. No conocemos el texto del proyecto de ley, al menos yo aún no lo conozco, y solo opinaré de lo que ha publicado el diario El País sobre este tema.

En principio es interesante que otras CCAA quieran caminar por la senda que ha abierto hace meses el Gobierno Vasco (derecho universal a una vivienda digna a precios razonables y en el caso de que no sea satisfecho este derecho por las Administraciones Públicas posibilidad de exigirlo ante los tribunales con una tutela judicial plena). Os dejo links a algunos posts de este blog en los que se habla del derecho universal a la vivienda tal y como se plantea en Euskadi: 1, 2 y 3 para que os hagáis una idea de como planteamos nosotros este debate hace algo más de medio año.

Yo creo que la vivienda, como la educación y la sanidad, deben ser ofertados por lo público a todos los ciudadanos, entre otras cosas, como garantía de la dignidad humana, el estatuto de ciudadanía, la competitividad (en términos integrales) de nuestra economía y la fortaleza del Estado Social.

En este contexto, que Andalucia diga que va a seguir la senda abierta por Euskadi es, sin más, ilusionante. Ciertamente tengo algunos peros que ponerle a la medida tal y como ha sido anunciada por la Junta de Andalucia:

1. De inicio, ellos mismos aceptan que es una idea para la próxima legislatura andaluza, pues en esta no da tiempo a aprobar la ley. Es pues un anuncio electoral. No lo critico, pues es bueno que los partidos políticos digan para que piden el apoyo electoral de la ciudadanía. Pero es evidente que los responsables andaluces del PSOE están pulsando el ambiente de cara a los próximos años y no tienen la intención de aplicar este tipo de pólíticas de forma inmediata. Y más adelante ya veremos.
2. Por otra parte, el derecho a la vivienda de los andaluces se quiere configurar como un derecho a acceder a una vivienda protegida en alquiler o en compra. Cada uno tiene su modelo y el andaluz es respetable, pero yo solo apuesto por la garantía universal del derecho a la vivienda en alquiler público. El artículo 47 de la Constitución garantiza el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna a precios razonables, pero nada dice del acceso a la propiedad. Para la garantía del derecho universal a la vivienda el camino es el alquier, o en el más extremo de los casos el derecho de superficie, pero nunca la propiedad plena. En esto el PSOE andaluz le está haciendo claramente un guiño al electorado de clase media, incluso a la alta (3.000 euros de ingresos al mes). Y recordemos que en Andalucia las viviendas protegidas se descalifican y devienen propiedad privada sin limtaciones en pocos años, con lo que se pueden producir todo tipo de dinámicas especulativas (de forma legal).
3. Además el modelo andaluz lanza un claro mensaje a la ciudadanía: si tienes pocos ingresos te ofrecemos alquiler, pero si tienes más ingresos (clase media o media alta), no te preocupes, te ofrecemos propiedad de una vivienda protegida que se va a descalificar pronto.
4. Con la perversión añadida de que para las rentas altas la propuesta andaluza promete que nadie va a dedicar más de 1.000 euros al mes al pago de la hipoteca. Pago que a mi me parece el de la compra en propiedad de una vivienda libre y no una vivienda protegida. Vamos que el Gobierno andaluz se compromete a tener en alquiler a los muy pobres y a darles propiedades a clases medias y medias altas.
5. Lo cual es coherente con una CA andaluza en la que casi no hay vivienda protegida en alquiler y en la que, además, no se sabe cuanta genet demanda una vivienda protegida en general, pues no existe un sistema como Etxebide en Euskadi. Nadie conoce la demanda (que será grande), casi no hay alquiler protegido ... ¿que puede ser más seguro que ofrecer desde la Administración vivienda protegida a precio casi de vivienda libre? Desde este punto de vista parece más una propuesta de protección del beneficio del propietario del suelo y promotor que una piedra angular del estado social.
6. Y finalmente otro pero que pongo al anuncio de la Junta de Andalucia es que la medida de los mandatarios socialistas andaluces tiene el apoyo de la Ministra de Vivienda y el rechazo del Ministro de Hacienda y el President de la Generalitat de Catalunya. Mucha cohesión no hay en el PSOE con este tema.

Sea como fuere, y con todas las diferencias con el modelo vasco (que es solo en alquiler, que puede aprobarse por ley en unos meses y no en unos años, que se centra en las rentas medias y bajas, que tiene lugar en un modelo en el que la vivienda protegida lo es de por vida, etc) creo que este tipo de iniciativas que siguen el citado modelo vasco deben ser bienvenidas, pues en materia de vivienda solo las CCAA podemos hacer avanzar el Estado Social (al ser las que tenemos las competencias legislativas).

Seguiremos atentos a los globos sondas del PSOE en esta materia.

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Ayer se anunció en el diario El Correo (1, 2 y 3) que el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco va a incluir en el proyecto de Ley de Vivienda la exigibilidad ante los tribunales del derecho social a la vivienda, como otro derecho universal ciudadano más, como pueden ser la educación o la sanidad.

La medida pretende hacer pasar la vivienda del campo de lo mercantil al campo del servicio público (cosa que ya se hace ahora con la vivienda protegida, cualquiera que sea su régimen de adjuicación) y, dando un paso más, del campo del servicio público al del derecho sobjetivo social exigible ante los tirbunales en caso de que las Administraciones no provean tal servicio.

La forma de plasmarse ese derecho a la vivienda será la del libre acceso de los ciudadano necesitados a una vivienda en alquiler. Los Ayuntamientos primero (esto es muy relevante) y el Gobierno Vasco después tienen la obligación conjunta de poner una vivienda en alquiler social a disposición de cualquier personas que cumpla los requisitos de inscripción en Etxebide (empadronado en Euskadi con un año de antiguedad, no ser propietario de vivienda y tener unos ingresos entre 3.000 y 43.000 euros al año).

La fecha en que esta obligación será firme es el año 2012. Mientras tanto Ayuntamientos y Gobierno Vasco, los dos conjuntamente, deberán esforzarse en tener un parque suficiente de vivienda protegida en alquiler, pues a todas las personas que soliciten una vivienda en alquiler y que cumplan con los requisitos de Etxebide les deberán permitir acceder a un Alojamiento Dotacional en Alquiler, a una Vivienda Protegida en Alquiler o a una Vivienda del Programa Bizigune. En defecto de este tipo de equipamientos públicos de alquiler, la Administración deberá subvencionar el alquiler privado de forma que el inquilino no pague más del 30% de sus ingresos (para lo cual, se deberán limitar los precios de los alquileres privados que se subvencionen con fondos públicos). En todos los casos (Alojamiento Dotacional en Alquiler, Vivienda Protegida en alquiler, Bizigune y subvención de alquiler privado), los inquilinos no pagarán más del 30% de sus ingresos.

Esta es una propuesta que está hecha después de que el Gobierno Vasco haga pasar el parque autonómico de alquiler de las 1500 viviendas del 2002 a las cerca de 8000 que tenemos en este momentos y de esa manera hayamos podido adjudicar en Etxebide el 40% de nuestras viviendas en alquiler en el periodo 2002-2006. Esta es una propuestas que está hecha sabiendo que para que llegue a buen puerto hace falta consenso parlamentario para que se apruebe como ley en el Parlamento Vasco. Esta es una propuestas hecha sabiendo que los Ayuntamientos también deben de sumarse al esfuerzo por universalizar el derecho a la vivienda, a través de la promoción de alquiler público (cosa wue hasta la fehca, salvo excepciones contadas, no hacern).

Pero esta es una propuesta factible y realizable tanto desde el punto de vista presupuestario, como político y operativo. Solo hace falta que la sociedad vasca en su conjunto se tome la vivienda como un derecho y las Administraciones Públicas empujen todo lo que pueden en dirección al alquiler social. Nosotros entendemos que Euskadi ya ha llegado a ese grado de madurez, a un punto que permita decir que toda personas que necesite una vivienda en alquiler la pueda obtener a precios sociales de su Ayuntamiento o del Gobierno Vasco.

Iniciamos ahora una apasionante carrera que debería de concluir en diciembre del 2011 con una Euskadi en la que toda personas que solicite un alquiler social a la Adminsitración pueda obtenerlo. El reto es importante, pero también ilusionante. Espero que la gente que se decida a empujar sea más que la que se dedique a poner palos en las ruedas. Yo entiendo que entre todas y todos podemos conseguirlo.