Os reproduzco una nota de prensa que hemos hecho pública desde el Departamento de Viviienda del Gobierno Vasco recientemente.
Es solo un ejemplo. No quiero que lo leáis como el único caso, pues no es, en absoluto, la realidad.
Tras la actuación inspectora realizada por el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, y hechas las comprobaciones oportunas en la vivienda en los dos últimos años, se dan las pruebas suficientes que demuestran que la VPO –sita en la C/ Basotxiki-32, 3º dcha- no está siendo utilizada como residencia habitual por la persona titular desde hace más de un año, por lo que el Gobierno procederá a la aplicación de la institución de la expropiación forzosa.
De conformidad con lo establecido en el artículo 176 y la Disposición Adicional Cuarta de la Ley del Suelo 2/2006, existirá causa de interés social que legitima la expropiación forzosa de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública cuando sin causa justificada, conforme a lo dispuesto en la normativa protectora, permanezcan sin uso residencial por más de un año ininterrumpido.
El servicio de inspección para el buen uso de la vivienda protegida se puso en marcha en el año 2005, por primera vez en 25 años desde que Euskadi asumiera las competencias en materia de urbanismo y vivienda. El servicio ejerce una actuación sistemática y de oficio para garantizar: por un lado, que las viviendas están siendo utilizadas por las personas autorizadas para hacerlo -que no se alquilan, ni se venden irregularmente- y, por otro lado, que no permanecen vacías. El objetivo numérico es revisar, para el año 2009, todo el parque protegido existente en la Comunidad, consistente en algo más de 50.000 viviendas calificadas como protegidas. Ya estamos cerca d elas 30.000 viviendas inspeccionadas.
Como consecuencia de estas investigaciones, hasta la fecha (pues estos números irán en aumento según se tramiten los expedientes) se han expropiado 2 viviendas, se han recuperado 37 (ante la amenaza de sanciones y expropiaciones las ofrecen en venta al Gobierno) y se han impuesto 262 sanciones efectivas. Las inspecciones consisten en visitas a las viviendas realizadas por personas especialmente cualificadas para este tipo de actuaciones, entrevisas in situ, consultas al registro de vpo, al registro de la propiedad, al catastro, solicitudes de información sobre consumos…
La medida se enmarca en el Plan de lucha contra el fraude y la especulación, puesto en marcha por el Departamento de Vivienda desde el año 2001 y articulado a través del documento estratégico del Plan Director, de una normativa avanzada (Decretos y Ordenes) y de la nueva Ley de Suelo vasca.
Las medidas actualmente vigentes son:
- obligación a todos los promotores (Gobierno, Ayuntamientos, cooperativas y constructoras privadas) de la adjudicación de vivienda protegida por sorteo publico.
- calificación permanente -durante toda su vida útil- de la vivienda protegida como tal por lo que se impide su venta en el mercado libre pasados 20 años.
- aplicación automática del ejercicio de tanteo –compra prefente por parte de la Administración- y, en su caso, de retracto.
- servicio de inspección y seguimiento del buen uso de la VPO.
- convenios con los colegios de notarios y registradores de la propiedad para asegurar que las segundas y posteriores transmisiones de vivienda protegida se realizan con el visado del gobierno vasco.
El Departamento de Vivienda estima que el nivel de fraude en el uso de las viviendas protegidas se sitúa en el entorno del 9% (aunque prácticamente la mitad de este fraude o ha prescrito -durante 25 años nada se hizo en esta materia- o es de casi imposible prueba -para sancionar y expropiar no basta con certezas son necesarias muchas y muy sólidas pruebas que no siempre se obtienen-, siendo las tipologías de uso inadecuado más frecuentes la no ocupación, el alquiler no autorizado o la compraventa no autorizada.
Como os digo es solo un ejemplo o, si queréis, la punta de iceberg. Pero me parecía interesante compartirlo.