El Parlamento vasco aprobó el pasado viernes la Ley de Servicios Sociales (página 70 y siguientes) de Euskadi.

El texto, aprobado en un debate que ha durado varias horas por las diferencias de los grupos en materia de inspección, reconoce los servicios sociales como un derecho universal subjetivo y trata de homogeneizar las prestaciones en los tres territorios vascos y regula la figura del copago. Todos los grupos parlamentarios respaldaron la ley, excepto EHAK que presentó una enmienda a la totalidad, Aralar que se abstuvo y el PP que se mostró contrario en materia de financiación e inspección.

Los grupos de la oposición (PSE, PP y EHAK) acordaron el pasado jueves la creación de un servicio de inspección en el seno del Gobierno vasco que se encargara de investigar los servicios sociales y ayudas que prestan las instituciones autonómicas, incluidas las diputaciones y ayuntamientos. La propuesta fue aprobada en comisión parlamentaria, con el rechazo de PNV, EA y EB, a través de una enmienda del PP al proyecto de Ley de Servicios Sociales. Sin embargo, en el pleno celebrado el pasado viernes el tripartito, PSE y Aralar presentaron una enmienda transaccional en la que se incluía una disposición adicional en la que se estipula que el Gobierno vasco, en el plazo de dos años, deberá realizar un decreto que regule un servicio de inspección general de los servicios sociales para "verificar y garantizar el ejercicio efectivo del derecho subjetivo que reconoce la ley". El PP se mostró en contra de esta enmienda por lo que, según el Reglamento de la Cámara, no pudo votarse.

Finalmente, el tripartito, PSE y EHAK apoyaron las seis enmiendas del grupo Aralar, en la que se establece que "corresponde al Gobierno Vasco la alta inspección en materia de servicios sociales con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho subjetivo que reconoce la ley ". El PP se abstuvo.

LA NUEVA LEY

La Ley configura un Sistema vasco de Servicios Sociales concebido como una red de atención pública para la integración social, la participación y la autonomía de las personas. Este sistema será el que permita a la ciudadanía ejercer los derechos que se les reconocen y disfrutar de los servicios sociales que necesiten en cada momento.

Este marco estará integrado por planes, prestaciones, servicios, programas y equipamientos, tanto de titularidad pública como privada. Su finalidad será la de prevenir y detectar situaciones de dependencia, desprotección o emergencia y atender las necesidades sociales derivadas de ellas.

La referencia de funcionamiento de este Sistema será el modelo de "atención comunitaria", de modo que se adaptarán recursos y prestaciones a las características de las comunidades locales. De esa forma, se pretende "favorecer la atención en el entorno familiar y social de cada persona y diseñar intervenciones adecuadas a cada caso", según explicó el consejero javier Madrazo.

El sistema "prioriza los servicios personales frente a prestaciones económicas". Tanto los unos como las otras tendrán carácter universal y consistirán en medidas técnicas (información, valoración, diagnóstico, orientación, mediación, atención doméstica y personal, y acompañamiento social), económicas y tecnológicas.

Para garantizar la provisión de servicios, las administraciones públicas podrán articular formas de gestión con la iniciativa privada, como la concertación (prestación de servicios privados con dinero público sostenidos en el tiempo), convenios de colaboración o contratos de gestión.

El proyecto garantiza el derecho de toda persona a los servicios sociales y a acceder a las prestaciones y servicios que aquella integra en el Sistema Público de Servicios Sociales. Dicho acceso a prestaciones y servicios se configura "como un derecho subjetivo exigible por vía administrativa y/o judicial".

EL CONSEJERO JAVIER MADRAZO

El consejero de Servicios Sociales resaltó que esta ley "trae nuevos hitos importantes para la vida cotidiana de los afectados". "Para unos todas las prisas son pocas cuando hay que ayudar a banqueros pero otros somos conscientes de que con la ayuda a estos colectivos estamos abriendo la puerta a la esperanza", defendió.

Por ello, explicó que "hoy más que nunca, cuando la crisis económica está golpeando a las clases trabajadoras y clases mas vulnerables, es necesario poner en marcha mecanismos y servicios que protegen a la gente". Al respecto, señaló que entre los años 2000 y 2006 el gasto público se duplicó en Euskadi y apostó por continuar con un crecimiento del 15 por ciento. "El sector vasco de servicios sociales tiene músculo y capacidad para abordar el reto que ponemos por delante", insistió.

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