Una de las cosas que me han parecido más notables en materia de urbanismo en las últimas semanas es el enésimo varapalo de la UE al modelo urbanístico español (al menos, el que se da con fuerza en parte de Andalucía, toda Murcia, toda Valencia, parte de Catalunya, parte de los dos archipiélagos, todo el área de influencia de Madrid y en menor medida en algunos otros lugares, como puede ser parte de la costa cantabrica). Esta vez el correctivo ha venido a través del tercer informe de la UE sobre el urbanismo español, conducido por la eurodiputada danesa Margrete Auken (en la foto de arriba), ya aprobado en Comisión por amplia mayoría y que se debatirá en el Pleno del Parlamento Europeo este mes de marzo.
El informe dice lo que todos sabemos: urbanismo desbocado, corrupción, ineficacia y lentitud judicial, connivencia de muchos gobiernos de todo signo, daños irreparables al medio ambiente, daño a la imagen exterior y a la economía española, inaccesibilidad de la vivienda para la mayor parte de la ciudadanía. Ante todo esto la UE sugiere dos cosas: la moratoria de una serie de planes urbanísticos claramente delirantes y, si España no modifica su modelo urbanístico, interrumpir todas o algunas de las ayudas financieras europeas que recibe España.
La cosa es muy grave, aunque en España ha pasado sin pena ni gloria. De de lo poco que se ha informado es que PP y PSOE defienden juntos el modelo urbanístico español en Bruselas (tratando de descafeinar el informe). También he leído que el Sr. Diego Lopez Garrido (en la foto de arriba), Secretario de Estado para la UE, considera que el informe no es demasiado preocupante, pues las sanciones no se llevarán a la práctica (la Comisión del Parlamento Europeo que ha visto el asunto no tiene potestad sancionadora y para que pudieran darse sanciones efectivas la Comisión debería aplicarlar, en principio con el apoyo del Parlamento y el Consejo). Supongo que el PSOE y el PP han decidido "defender a España" juntos. Pero en el caso del PSOE parece un error de primera magnitud confundir la "defensa de España" con la defensa de los efectos del modelo urbanístico del PP, máxime cuando sus sucesivas ministras de vivienda dicen estar luchando para cambiar ese modelo depredador e ir hacia un urbanismo más racional. Tambíén parece un error importante el que el Sr. Diego Lopez Garrido minimice el informe, no por que contenga mentiras (turbourbanismo depredador), o por que contenga verdades que el gobierno socialista está decidido a cambiar (turbourbanismo depredador que se pretende domesticar y convertir en un urbanismo razonble), sino por que las sanciones no se llevarán a la práctica (aceptando de forma implicita que las mismas están basadas en hechos ciertos y no modificados recientemente). No sirve de nada, pero muestro mi preocupación.
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