El pasado viernes el Ararteko estuvo en el Parlamento Vasco para presentar en la Comisión de DDHH el Informe sobre políticas públicas de vivienda dirigidas a la población joven de la CAPV.

Este informe ya fue objeto de cierta polémica periodística en la pasada primavera y ahora, con motivo de la comparecencia parlamentaria, vuelve a estar en el candelero. En este caso, lo que algunos medios han estacado es que el Ararteko no ve razonable adjudicar vivienda protegida en propiedad a los jóvenes y que apuesta por el alquiler de vivienda protegida en general.

Vaya por delante que el informe leído en su integridad es muy interesante y que el equipo que lo ha realizado es, desde mi punto de vista, de la máxima solvencia. Otra cosa es lo que a este o a aquel medio de comunicación le ha apetecido destacar, obviando otras cosas.

Vamos con los argumentos del Ararteko. En primer lugar, en Euskadi tradicionalmente se han vendido las pocas viviendas protegidas que se hacían y además estas se descalificaban a los pocos años para pasar a engrosar el mercado libre. A algunos se les olvida que hace no demasiado esas viviendas eran en mucho casos adjudicadas digitalmente. Frente a esto el Ararteko pide que se haga más vivienda protegida de alquiler y que consolidemos un parque público de vivienda protegida en alquiler. Pide que se hagan mayores esfuerzos en materia de alquiler social.

Nosotros desde el Gobierno Vasco no podemos estar más de acuerdo con este posicionamiento del Ararteko.De hecho, cuando en Euskadi nadie hacía una sola vivienda protegida en alquiler, allá por el año 2001, los que pusimos en marcha la máquina fuimos nosotros. Debo recordar que en el año 2001 el Gobierno Vasco disponía de 740 viviendas en alquiler (desde 1980 hasta el 2001 ese fue el aporte al alquiler del Gobierno) y ahora disponemos ya de más de 9.000 viviendas destinadas al alquiler protegido (con un alquiler medio mensual medio de unos 250 euros). Además nunca nadie había conseguido movilizar ni una sola vivienda vacía hacia en alquiler protegido y nosotros hemos puesto en marcha el programa Bizigune que ya ha movilizado más de 3.500 por las que sus inquilinos no pagan más del 30% de sus ingresos en concepto de alquiler. En estos momentos Etxebide la mitad de la vivienda protegida que adjudica es vivienda protegida en alquiler. Y gracias a este fenomenal esfuerzo financiero del Gobierno Vasco (la VPO casi se autofinancia, la VT da beneficios y la vivienda protegida en alquiler necesita de décadas de explotación para recuperar la inversión inicial) y operativo de Alokabide en estos momentos en Euskadi dos de cada tres viviendas ofrecidas en alquiler son viviendas protegidas en alquiler. Además de lo anterior, la nueva Ley del Suelo vasca crea los Alojamientos Dotacionales en Alquiler, una nueva oportunidad para el alquiler social que debemos saber aprovechar. Todas estas cosas en la Euskadi de hace seis años eran ciencia ficción. Todas estas cosas en el resto de las CCAA hoy son ciencia ficción.

Pero en esta labor de promocionar el alquiler de la vivienda protegida el Gobierno Vasco se encuentra solo. Ni los ayuntamientos vascos (salvo dos excepciones) ni los promotores privados (salvo una excepción), hasta la fecha, han apostado por el alquiler de vivienda protegida. Lo de los promotores privados puede ser más comprensible. Pero lo de los Ayuntamientos no es de recibo. Lo digo con respeto, pero con convicción. No es de recibo que se considere la vivienda solo una fuente de ingresos. La vivienda protegida y el urbanismo social (hacer buena ciudad desde el punto de vista social) cuestan dinero público y los Ayuntamientos, hasta la fecha, no lo han puesto. De hecho, las más de 9.000 vivienda en alquiler que en estos momentos gestiona el Gobierno Vasco están financiadas solo por el propio Gobierno Vasco. Como solo hay tres excepciones, las citaré por sus nombres: los Ayuntamientos de Bilbao y Donosti junto con la Caja Vital si han invertido unos fondos en el alquiler de vivienda protegida (siempre avalados por sustanciosas subvenciones del Gobierno Vasco). El actual Plan Director de Vivienda 2006-2009 preve que se alcancemos en esa fecha las más de 19.000 vivienda protegidas en alquiler. Pero si solo el Gobierno Vasco está por la labor no va a ser fácil alcanzar este objetivo.

Como no quiero ser pesimista os daré una noticia de los últimos meses que es esperanzadora. El Gobierno Vasco obtiene suelo solo a través de convenios con los Ayuntamientos. Es decir, si un Ayuntamiento no cede o vende suelo al Gobierno este no puede promover vivienda protegida. Lo normal hasta ahora era que los ayuntamientos solo quisiera vender suelo al Gobierno para hacer VPO en venta (por esos suelos los Ayuntamientos ingresaban dinero). Desde hace unos dos o tres meses hemos detectado que algunos ayuntamientos empiezan a querer ceder más gratis suelo al Gobierno para que este promueva vivienda protegida en alquiler. Es decir, hay ayuntamientos dispuestos a dejar de ganar dinero para que el Gobierno se gaste ingentes cantidades en promover vivienda protegida en alquiler. Los ayuntamientos todavía no han dado el siguiente paso (gastar dinero municipal en alquiler protegido), pero por algo se empieza. Seguro que veremos nuevas y positivas evoluciones en esta materia.

En otro orden de cosas, hay un asunto en las posiciones del Ararteko que no entiendo: mete en el mismo saco la vivienda protegida en venta y la adjudicada en derecho de superficie a 75 años. No son la misma cosa desde el punto de vista jurídico (en el caso del derecho de superficie la propiedad del suelo es siempre pública y las viviendas vuelven a propiedad pública en 75 años), pero sobre todo tienen virtudes financieras que no se pueden despreciar. Holanda, Austria o Suecia (que en las pasadas décadas han hecho millones de viviendas públicas en alquiler) tienen ahora problemas para sostener económicamente sus magníficos parques de alquiler público. Cuando se enteran de que en Euskadi se adjudican viviendas con un precio dos o tres veces inferiores a los de mercado, que la titularidad del suelo es pública y que los desembolsos presupuestarios son mucho menores que los del alquiler vienen a visitarnos para conocer como se puede hacer tal cosa. Con esto no digo que seamos la leche. De hecho, tenemos décadas de retraso respecto a los líderes europeos en materia de vivienda social. Pero lo que si está claro es que un parque de alquiler protegido fuerte combinado con vivienda protegida en derecho de superficie puede dar satisfacción a casi todas las capas de la sociedad vasca en materia de vivienda sin caer dentro de unos años en las asfixias presupuestarias de los países europeos citados. El modelo tradicional español de poca VPO y además en propiedad es malo, sin duda. Pero los parques públicos de alquiler en estados europeos con mucho nervio social están atravesando muchas dificultades. Quizás la virtud esté en un acercamiento de ambos modelos. Aunque a mi me gustaría que el punto de encuentro estuviese mucho más cercano a Holanda que a la situación actual de España.

Sea como fuere, reitero mi agradecimiento al Ararteko por apoyar las políticas públicas de vivienda del Gobierno Vasco. Apoyos como este no se tienen todos los días.

Acabo con algunas maldades. El informe del Ararteko tiene algunas perlas que no entiendo como la prensa no ha destacado. Cito literalmente algunas recomendaciones del Ararteko sobre vivienda: 

1. Que las entidades locales se doten de un programa específico sobre vivienda protegida en alquiler.
2. Intensificar las medidas fiscales en favor del alquiler por parte de las diputaciones forales de los tres territorios históricos
3. Intensificar y reforzar los programas de intermediación en el mercado de alquiler, en especial los dirigidos a movilizar la vivienda vacía.
4. Delimitar o definir el requisito de arraigo de la forma menos excluyente posible, con el objeto de garantizar la plena aplicación de los principios básicos de igualdad y de libre circulación de las personas.Debería primarse el criterio de que cualquier ciudadano o ciudadana de la CAPV tenga derecho de solicitar vivienda protegida promovida dentro de ese territorio, independientemente del municipio en el que esté empadronado en el momento de la solicitud. Por lo tanto, es necesario definir el denominado requisito de arraigo de la forma menos excluyente posible, asegurando un límite común para toda la CAPV, con el . n de garantizar la mejor aplicación de los principios básicos de igualdad y de libre circulación de las personas.

Curioso que ningún medio haya dicho nada sobre esto ¿verdad?