Dice mi amigo Roberto en su blog que el PP le dedica solo el 1% de su programa electoral al tema de la vivienda y que no dice ni una sola palabra sobre la vivienda protegida y solo 94 palabras sobre la vivienda en general.

Pues bien, IU si dice algunas palabras sobre la vivienda en su programa electoral, concretamente 1.134 palabras que a continuación transcribo para vuestro conocimiento.

Para caminar hacia una solución al grave problema de acceso a la vivienda que viven amplias capas de la sociedad española, IU propone aplicar las siguientes medidas:

(UN OBJETIVO) Regular por Ley el reconocimiento y desarrollo del derecho subjetivo y universal a una vivienda digna. Establecer un calendario de aplicación de ese derecho, priorizando las situaciones más graves. En función de ese calendario, garantizar por ley el derecho de las personas con necesidad de vivienda a una vivienda en alquiler a un precio que no supere el 30% de sus ingresos o el 20% en las rentas más modestas (competencia de las CCAA). En caso de no satisfacerse este derecho la ciudadanía tendrá, a partir del año 2014 acceso directo a la tutela judicial efectiva.

(UNA PRECONDICION) Mejorar la financiación municipal (competencia del Estado y Comunidades Autónomas), en tanto no se tome esta medida nada de lo que se haga será eficaz.

(Y QUINCE PROPUESTAS CONCRETAS QUE FUNCIONAN YA EN EUROPA Y ESPAÑA)

1. Limitar el crédito hipotecario, de forma que solo podamos recibir préstamos hipotecarios por una parte de los ingresos familiares (como máximo el 30%) y por un tiempo limitado (como máximo 15 años), pues esto limitaría el precio de la Vivienda Libre (competencia legislativa de las Cortes Generales y ejecutiva del Ministerio de Economía y Banco de España).
2. Modificar la política fiscaly pasar de favorecer la compra al primar el alquiler, mejorar el tratamiento fiscal de la vivienda protegida en relación a la vivienda libre y implantar medidas fiscales que penalicen las viviendas vacías, así como las segundas residencias (competencia del Ministerio de Economía y de Navarra y Euskadi por su régimen foral).
3. Incrementar la participación de la comunidad en las plusvalías que se producen como consecuencia de la acción pública en el urbanismo (competencia de las Cortes Generales).
   • La actual Ley del Suelo estatal diseña una banda de participación de la comunidad de entre el 5 % y el 20%, aunque el 15% parece que se configura como el tipo general.
   • En todos los estados modernos el aprovechamiento urbanístico es, de hecho, 100% público y después a los promotores se les permite hacer vivienda, superficies comerciales u otros desarrollos en función de un proyecto que les somete a una serie de cargas a favor de la comunidad (equipamientos, vivienda accesible, en alquiler, etc).
   • Para converger con Europa nos tenemos que acercar al 100% del aprovechamiento público (como en Holanda, Alemania, Inglaterra, Suecia, etc).
   • Habida cuenta de lo lejos que estamos en estos momentos de la realidad europea, y como fase de transición, se apuesta por un reparto de plusvalías entre la comunidad y el propietario (antes de que este haya hecho nada con el suelo y que, por lo tanto, no haya invertido para transformarlo) del 50% para cada parte.
4. Incrementar las reservas de Vivienda Protegida hasta el entorno del 75% en suelo urbanizable y el 40% en suelo urbano(competencia de las Comunidades Autónomas); se establece este objetivo no como estación de llegada, sino como camino intermedio hasta llegar a una situación cercana al 100% de la vivienda dedicada a vivienda protegida, con un razonable menor porcentaje en suelo urbano que en urbanizable (como consecuencia de los costes adicionales que suelen tener las intervenciones en estos suelos: realojos, traslados industriales, descontaminaciones, etc).
5. Elevar la producción de Vivienda Protegida (competencia de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) hasta llegar, por lo menos, a una cuota de mercado del 40%; una vez que las anteriores medidas hayan sido ejecutadas esta cuota de mercado de la vivienda protegida deberá ir mucho más allá del 40% antes reseñado 
6. De esa producción de vivienda protegida destinar, al menos, el 50% a vivienda protegida en alquiler (competencia de CCAA y Ayuntamientos). Estos alquileres sociales no deberían suponer más del 30% de los ingresos de los inquilinos, o del 20% en le caso de las rentas más modestas. En cualquier caso, lo alquileres protegidos se adaptarán a los ingresos de los inquilinos (a mayores ingresos mayor alquiler y viceversa).
7. Introducir legalmente la obligación de dedicar el 50% de la vivienda protegida y el 15% de la vivienda libre al alquiler protegido y libre respectivo de forma permanente (competencia de las CCAA).
8. Movilizar vivienda vacía hacia el alquiler protegido hacia programas públicos que controlen el precio final de los alquileres y que garanticen un sistema de precios similar al descrito en el punto anterior (competencia de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos).
9. La calificación de por vida de la vivienda protegida (competencia de las Comunidades Autónomas), de forma que nunca aflore al mercado privado, así como control en la entrada, permanencia y salida de los usuarios del parque de vivienda protegida de forma que se evite el fraude.
   • Estos objetivos se perseguirán con técnicas como el sorteo de vivienda protegida de entre las personas inscritas en registros públicos de demandantes de vivienda protegida, la inspección del uso del parque, el ejercicio de la potestad sancionadora y expropiatoria en casos de mal uso, el ejercicio universal del tanteo y retracto en segundas y posteriores transmisiones.
   • En definitiva de lo que se trata es de que la vivienda protegida siempre esté fuera del mercado y sus usuarios sean los que la Administración designe y a los precios de compra o alquiler que la Administración fije.
10. Impulsar de forma decida las políticas de rehabilitación y regeneración urbana (competencia de las CCAA y los Ayuntamientos), lo que junto con la movilización de vivienda vacía permitirá reducir al máximo el consumo de suelo y maximizar el uso del tejido urbano ya existente; la solución a los problemas de la vivienda no se puede encontrar solo en la construcción de nueva vivienda y hay que evitar en la medida en que sea posible construir cuando estén disponibles viviendas o áreas urbanas para rehabilitar o regenerar.
11. Conectar la normativa de Ordenación del Territorio con el urbanismo, de forma que ciertas tropelías sociales y medioambientales estén prohibidas (de forma efectiva y real) por otra legislación sectorial (competencia de las Comunidades Autónomas).
12. Reforzar las competencias de control de las Comunidades Autónomas sobre los Ayuntamientos en relación a legalidad del planeamiento urbanístico municipal (competencia de las Comunidades Autónomas).
13. Dotar de medios adecuados a las fiscalías que están llevando a cabo la defensa de la legalidad en materia de urbanismo (competencia del Ministerio de Justicia); paralelamente poner a la policía a trabajar al máximo ritmo en esta materia (competencia del Ministerio de Interior y las policías de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales).
14. Crear un Cuerpo de Inspectores de Urbanismo dependientes de la administración central del Estado.
15. Orientar la economía española hacia sectores productivos con alto valor añadido y fuerte I+D+i y disminuir la dependencia del ladrillo (competencia del Ministerio de Economía y de las Consejerías de Economía de las CCAA).

Nosotros, los de IU, EB Berdeak, ICV-Els Verds, etc somos medio gilipollas y pensamos que para ir a unas elecciones lo necesario es un programa con ideas. En vez de slogans y proclamas nos gusta debatir de ideas y propuestas concretas.

En nuestro programa se habla de un objetivo (el derecho subjetivo universal a la vivienda real y efectivo con tutela judicial), una precondición (la modificación de la financiación de los municipios) y 15 propuestas concretas y operativas que ya vienen funcionando desde hace años en las países más avanzados de la UE y que en estos momentos ya están siendo también aplicadas en algunas CCAA de España como Euskadi.

No hablamos de vaguedades como otros y no hablamos de quimeras, como quieren imputarnos otros. Otra política de vivienda es posible, es eficaz y ya está siendo implantada.

Ahora, lamento ser tan claro, necesitamos votos para impulsarlas.