El pasado miércoles tuvo lugar en Urnieta el último sorteo de vivienda protegida de Etxebide del 2006. En el curso del sorteo se produjo una interesante polémica entre los propios asistentes al sorteo que me parece muy interesante.

Os cuento, de las 90 viviendas protegidas que se sortearon la semana pasada 65 se sorteaban solo entre personas empadronadas en Urnieta y las otras 25 se sorteaban entre personas empadronadas en todo el área funcional de Donostialdea, sin Donosti y con Urnieta.

En el sorteo había bastante gente de Andoain que protestaba por que ellos solo podían optar a 25 viviendas (junto con toda la gente del área funcional), mientras que la gente de Urnieta optaba en este sorteo a 65 viviendas, más la parte que les tocara de las 25. Además esta gente de Andoain decía que la gente de Urnieta en el pasado habían participado en sorteos de vivienda protegida en Andoain. Por otra parte, la gente de Urnieta decía que ya hacían suficiente esfuerzo dejando que 25 viviendas se sortearan entre gente del área funcional, pues lo que entiendían ellos que es normal es que las 90 viviendas de Urnieta se sortearan solo entre la gente de Urnieta.

A mi el debate me parece apasionante: ¿las viviendas protegidas de cada pueblo son solo para la gente del pueblo? ¿Hay que dejar participar a personas de otros pueblo? ¿Deberían ser las viviendas protegidas, con independencia del pueblo en el que estén, para las personas que todas las solicitan vivienda en ese pueblo con independencia de en que pueblo estén empadronadas?

En estos momentos Etxebide sortea las viviendas, cuando puede, entre todas las personas que solicitan vivienda protegida en ese municipio, con independencia de en que municipio estén empadronadas. Pero en muchas, muchísimas, ocasiones los ayuntamientos obligan al Gobierno a que parte o todas las viviendas se sorteen entre empadronados en ese municipio. Hay que tener en cuenta que solo los ayuntamientos son productores de suelo y que el Gobierno no puede producir vivienda producir vivienda protegida sin conveniar cesiones de suelo con los Ayuntamientos. Por otra parte, quiero tambien dejar constancia que hay ayuntamientos que en sus sorteos imponen cláusulas de empadronamiento que yo considero abusivas (5, 10 y hasta 15 años de empadronamiento). Sin perjuicio de que estas cláusulas puedan ser inconstitucionales y contrarias al derecho de la UE, quiero decir que ya han sido objeto de denuncia por el Ararteko y suponen que hay ciudadanos y ciudadanas que cumplen con sus obligaciones durante 4, 9 o 14 años y sin embargo, carecen de derechos en esos sorteos. En todos estos temas, se produce un choque entre los que tienen suelo y quieren imponer una lógica de municipio (los ayuntamientos) y los que no tienen suelo y quieren imponer una lógica de país o al menos de comarca (el Gobierno Vasco). No juzgo ninguna de las dos posiciones, solo las expongo. Además creo que tienen las dos su lógica dentro del marco donde se producen.

¿Como creeís que podemos, entre todos, solucionar este problema, tomando como datos de partida la realidad (el gobierno no tiene suelo y los ayuntamientos si; hay personas que no pueden optar a vivienda protegida en su pueblo pues en ese pueblo no hay suelo o no hay voluntad política de hacer vivienda protegida por parte del equipo municipal)?

Yo os avanzo mi opinión. Yo creo que las viviendas protegidas deberían ser adjudicadas a cualquier persona que garantice que se va a ir a vivir a ellas. Todos somos ciudadanos de la CAPV, todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Como esta solución choca frontalmente con los intereses municipales, entiendo que habría que llegar a un pacto que garantizase que una parte de las viviendas protegidas que se sorteen en cada municipio sean, o puedan ser, para gente que no es del municipio.

Pero más que mi opinión personal, me interesan mucho vuestras opiniones.

(la foto es de Urnieta) 

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