Hace unos días los obispos españoles (no confundir con la Iglesia Católica Española o con los católicos españoles, pues no son lo mismo) se han declarado en rebeldía contra la asignatura de próxima implantación, Educación para la Ciudadanía. Dicha asignatura versa sobre los principios, valores, derechos, libertades y deberes constitucionales (os dejo un resumen de sus contenidos).

En principio, choca que a estas alturas de la historia los prelados se opongan a que en las aulas se enseñen los rudimentos de la Constitución, nuestra norma fundamental y pilar básico de nuestro ordenamiento jurídico y sistema político. Llama aún más la atención la oposición obispal si tenemos en cuenta que en todos los estados de la UE, así como en occidente en general, la educación (tanto pública como privada) hace una labor de divulgación de los contenidos del texto constitucional a los futuros ciudadanos.

No puede haber ciudadanos plenos si estos no conocen, aunque sea a nivel básico, lo que la ciudadanía implica y supone. Y por lo tanto, el Estado tiene, no la posibilidad, sino la obligación de educar en materia constitucional y de ciudadanía.

Dicen nuestros prelados católicos que dicha asignatura en España viola el artículo 16 de nuestra Constitución (libertad ideológica, religiosa y de culto), lo cual, si no fuera serio, sería cómico. En España existe libertad ideológica, religiosa y de culto porque la crea la propia Constitución (antes no la había pues era obligatorio ser católico y profesar los principios del movimiento). Y, lo que es tan importante como lo anterior, pero además de efectos prácticos mucho más amplios a día de hoy, existen la libertad ideológica, religiosa y de culto dentro de los propios límites de la Constitución. Es decir, que somos libres de profesar la ideología, religión o culto que consideremos oportunos, pero estos no pueden ser contrarios a la Constitución, pues en su marco nacen y viven. Por ejemplo, puedo profesar la religión que me de la gana, pero si esta defiende que el hombre es superior a la mujer esta parte de esta religión no está permitida por la Constitución y en modo alguno, al amparo del artículo 16, se pueden violar el resto de artículos de la Constitución (en este caso el 14, principio de igualdad). Y si vamos un poco más lejos, si una parte de una religión es contraria a la Constitución lo que debe eliminarse es esa doctrina religiosa (o al menos las manifestaciones prácticas y materiales de esa enseñanza anticonstitucional) y no el propio texto de la Constitución con el que entra en conflicto. El artículo 16 de la Constitución no puede ser un ahujero negro por el que desapaerzca toda la sustancia constitucional, al socaire de la libertad religiosa. Bueno, todo esto es de primero de derecho y los prelados lo saben.

Lo que verdaderamente les da miedo a los prelados católicos españoles es que las futuras generaciones de españoles estén formadas en principios, valores, derechos, libertades y deberes constitucionales y, entre otras cosas, elijan libremente su fe (o carecer de ella). E incluso más aún que lo anterior, pues el Reino de Dios no es de este mundo pero el de los prelados si, le tienen un miedo visceral a que una sociedad más formada y conocedora de la Constitución, pueda decidir que se acabron los privilegios económicos y fiscales de la Iglesia Católica y que esta, como cualquiler otra asociación, debe mantenerse a si misma, así como cumplir la Constitución, el Estatuto de los Trabajadores, las obligaciones tributarias, etc.

No voy ni siquiera a tocar lo evidente (la Iglesia Católica española, por su trayectoria histórica, sabe de adoctrinamiento y manipuolación moral lo que no está escrito y bien haría en estar callada en materias de este tipo) y me voy a circunscribir a las consideraciones de tipo jurídico constitucional.

Resumiendo, el Estado tiene, no solo el derecho, sino la obligación de promover una moral ciudadana (moral republicana dirían en Francia) y la Iglesia no tiene derecho alguno a oponerse a la misma. Y una advertencia final, si sigue por esta vía la Iglesia Católica corre el peligro de quedarse sin feligreses, convertirse en un apendice político de la extrema derecha española y perder todos sus privilegios cuando los ciudadanos nos cansemos de su anacronismo carca e interesado.

PD: por si alguién cree que mi falta de fe explica lo que he escrito, yo soy cristiano.

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