LEOLO

Hace unos días el Tribunal Supremo ha decidido, por 22 votos contra 7, que la enseñanza de Eduación para la Ciudadanía (fundamentalmente enseñar el telos constitucional a los alumnos y alumnas españolas) no lesiona derecho constitucional alguno ni del alumnado ni de sus padres y que frente a ella no cabe la objeción de conciencia.

Sobre este asunto ya tuve ocasión de escribir hace algún tiempo. Me ratifico en todo lo que entonces dije. Hoy simplemente me alegro de forma infinita que una proporción aplastantes de integrantes del Tribunal Supremo hayan fallado y unificado doctrina de forma clara sobre lo obvio: el estado puede (debe, añado yo) enseñar valores, principios, derechos, obligaciones, libertades y deberes constitucionales como se hace en todos los estados democráticos que merecen llevar ese apellido.

El asunto a buen seguro llegará al Tribunal Constitucional donde espero que reciba idéntico tratamiento jurídico-constitucional. Y una vez que los demandantes pierdan ante el Tribunal Constitcional, amenazan con ir al Tribunal de  Europeo de Derechos Humanos donde se van a reir de ellos a mandibula batiente. Pero ¿que le vamos a hacer? De lo suyo gastan.

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• Hace dos pocos días ha sido el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (por cierto, derecho español vigente, gracias al artículo 96 de nuestra Constitución).

• Tardá (ERC) ha pedido "muerte para el Borbón". Fraga (PP) ha pedido que "se cuelgue a los nacionalistas" (creo que se refiere a los periféricos solo y no a los nacionalistas españoles).

• ¡ Y todavía dicen algunos que en España no hace falta la asignatura de Educación para la Ciudadanía !

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Una de las polémicas públicas que más me han interesado últimamente ha sido la que se ha suscitado entorno a la nueva asignatura eduación para la ciudadanía. Como es bien conocido esta nueva asignatura es apoyada por todos los partidos políticos, menos el PP. Y es denostada especialmente por la Conferencia Episcopal Española, pero también por el propio PP.

A este respecto quisiera llamar vuestra atención sobre varios preceptos de nuestra Constitución:

ARTICULO 16 DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

ARTICULO 27 DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Creo que la lectura de estos preceptos constitucionales es suficientemente clara como para que no sea necesario hacer demasiadas aclaraciones. El Estado español no tiene religión oficial, ergo estamos en un estado aconfesional o laico. El Estado respetará todas las confesiones religiosas. La eduación, que es un derecho universal, tiene por objeto, inter alia, el aprendizaje de los principios democráticos, los derechos y libertades fundamentales, todos ellos presentes en la Constitución de 1978.

De todo ello se deduce que el Estado tienen que garantizar que en los colegios los alumnos estudian los rudimentos de la Constitución para con ello el día de mañana poder ser buenos ciudadanos (conscientes de sus derechos y obligaciones, participativos, críticos, etc).

En la UE y en EEUU este es un tema que nadie discute: los principios, valores y apuestas fundamentales de sus constituciones son explicadas en las aulas de los colegios.

Quisiera dejar constancia que este es una batalla en la que la democracia española se juega mucho. No podemos transigir. La asignatura Eduación para la Ciudadanía debe impartirse en los colegios públicos y privados españoles o nuestra democracia estará dañada de muerte o al menos afectada de gangrena.

Al calor de todo lo anterio, comparto con vosotros algunas preguntas:

• ¿Por que le parece mal a la Iglesia Católica y al PP que a los alumnos se les enseñe que el gasto público se sustenta con impuestos que debemos pagar en función de nuestro nivel de ingresos y que ese gasto público se reparte precisamente en el orden inverso (dando más a quien más lo necesita)?
• ¿Por que le parece mal a la Iglesia Católica y al PP que a los alumnos se les enseñe que el pluralismo político es un valor superior del ordenamiento jurídico español, como pasa con la libertad, la justicia o la igualdad?
• En la misma línea, ¿por que se oponen a que en las aulas se enseñe que todos los españoles son iguales ante la ley y que no cabe discriminación legal alguna por razón de nacimiento, raza (es decir todas las que hay son iguales), sexo (es decir, todas las orientaciones sexuales son respetasbles), religión (es decir que hay varias posible), opinión o cualquier otra circunstancia personal o social?
• Otro más, ¿por que se oponen a que los niños sepan que la propiedad tiene constitucionalmente una función social que las leyes deben determinar y que toda la riqueza nacional, independientemente de su titular, está subordinada al interés general?

La lista de preguntas de este estilo puede ser casi ilimitada. Y en todos los casos vemos que, en el fondo, lo que hay es un miedo terrible a que la Constitución se conozca y se ejerza de forma plena. Lo cual en el caso de la Iglesia Católica es comprensible, pero en el caso del PP es de risa, dado que van siempre de defensores a ultranza de la Constitución, pero ahora se niegan a que los niños la conozcan. Con la Constitución y el PP todo es esquizofrenia, pues se oposieron a su aprobación en 1978 y ahora se han declarado únicos protectores de la misma.

Dejo para el final el toque humorístico. Hay padres que quieren objetar. ¿Objetar a que? ¿A una asignatura obligatoria? ¿Objetarian a las matemáticas? Y por otra parte la Generalitat de Valencia ha dicho que la asignatura en esa CA se va a impartir en inglés. La verdad es que cuando algunos blogeros me decís que algunos políticos son unos irresponsables, en algunos casos tenéis mucha razón.

PD: para los no habituales del blog decir que soy vasco, español, europeo, jurista y cristiano.

PD2: la primera foto es del Portavoz de la Conferencia Episcopal Juan Antonio Martinez Camino y la última ilustración es de Jean Bodin, uno de los primeros teóricos de la separación entre Estado e Iglesia, junto con Locke, Maquiavelo.

Hace unos días los obispos españoles (no confundir con la Iglesia Católica Española o con los católicos españoles, pues no son lo mismo) se han declarado en rebeldía contra la asignatura de próxima implantación, Educación para la Ciudadanía. Dicha asignatura versa sobre los principios, valores, derechos, libertades y deberes constitucionales (os dejo un resumen de sus contenidos).

En principio, choca que a estas alturas de la historia los prelados se opongan a que en las aulas se enseñen los rudimentos de la Constitución, nuestra norma fundamental y pilar básico de nuestro ordenamiento jurídico y sistema político. Llama aún más la atención la oposición obispal si tenemos en cuenta que en todos los estados de la UE, así como en occidente en general, la educación (tanto pública como privada) hace una labor de divulgación de los contenidos del texto constitucional a los futuros ciudadanos.

No puede haber ciudadanos plenos si estos no conocen, aunque sea a nivel básico, lo que la ciudadanía implica y supone. Y por lo tanto, el Estado tiene, no la posibilidad, sino la obligación de educar en materia constitucional y de ciudadanía.

Dicen nuestros prelados católicos que dicha asignatura en España viola el artículo 16 de nuestra Constitución (libertad ideológica, religiosa y de culto), lo cual, si no fuera serio, sería cómico. En España existe libertad ideológica, religiosa y de culto porque la crea la propia Constitución (antes no la había pues era obligatorio ser católico y profesar los principios del movimiento). Y, lo que es tan importante como lo anterior, pero además de efectos prácticos mucho más amplios a día de hoy, existen la libertad ideológica, religiosa y de culto dentro de los propios límites de la Constitución. Es decir, que somos libres de profesar la ideología, religión o culto que consideremos oportunos, pero estos no pueden ser contrarios a la Constitución, pues en su marco nacen y viven. Por ejemplo, puedo profesar la religión que me de la gana, pero si esta defiende que el hombre es superior a la mujer esta parte de esta religión no está permitida por la Constitución y en modo alguno, al amparo del artículo 16, se pueden violar el resto de artículos de la Constitución (en este caso el 14, principio de igualdad). Y si vamos un poco más lejos, si una parte de una religión es contraria a la Constitución lo que debe eliminarse es esa doctrina religiosa (o al menos las manifestaciones prácticas y materiales de esa enseñanza anticonstitucional) y no el propio texto de la Constitución con el que entra en conflicto. El artículo 16 de la Constitución no puede ser un ahujero negro por el que desapaerzca toda la sustancia constitucional, al socaire de la libertad religiosa. Bueno, todo esto es de primero de derecho y los prelados lo saben.

Lo que verdaderamente les da miedo a los prelados católicos españoles es que las futuras generaciones de españoles estén formadas en principios, valores, derechos, libertades y deberes constitucionales y, entre otras cosas, elijan libremente su fe (o carecer de ella). E incluso más aún que lo anterior, pues el Reino de Dios no es de este mundo pero el de los prelados si, le tienen un miedo visceral a que una sociedad más formada y conocedora de la Constitución, pueda decidir que se acabron los privilegios económicos y fiscales de la Iglesia Católica y que esta, como cualquiler otra asociación, debe mantenerse a si misma, así como cumplir la Constitución, el Estatuto de los Trabajadores, las obligaciones tributarias, etc.

No voy ni siquiera a tocar lo evidente (la Iglesia Católica española, por su trayectoria histórica, sabe de adoctrinamiento y manipuolación moral lo que no está escrito y bien haría en estar callada en materias de este tipo) y me voy a circunscribir a las consideraciones de tipo jurídico constitucional.

Resumiendo, el Estado tiene, no solo el derecho, sino la obligación de promover una moral ciudadana (moral republicana dirían en Francia) y la Iglesia no tiene derecho alguno a oponerse a la misma. Y una advertencia final, si sigue por esta vía la Iglesia Católica corre el peligro de quedarse sin feligreses, convertirse en un apendice político de la extrema derecha española y perder todos sus privilegios cuando los ciudadanos nos cansemos de su anacronismo carca e interesado.

PD: por si alguién cree que mi falta de fe explica lo que he escrito, yo soy cristiano.

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