La pasada semana asistí al Seminario que organizó el Grupo Parlamentario Izquierda Unida - Iniciativa per Catalunya Els Verds sobre especulación y corrupción inmobiliaria. Ya os hable de estas jornadas en un post anterior. También os prometí que cuando volviera de ellas compartiría con vosotros y vosotas mi impresión sobre las mismas.

Las Jornadas fueron abiertas por Gaspar Llamazares que, en mi opinión, en una breve intervención inaugural toco muchas de las claves de estos dos temas: limitar las plusvalías privadas como consecuencia del urbanismo público, necesidad de una nueva fiscalidad para la vivienda o necesidad de financiar adecuadamente los ayuntamientos. Me sorprendió que hablara de pacto de silencio (omertá) entre PSOE y PP y de empresarios golpistas que amenazan la democracia. No me sorprendió que Gaspar Llamazares descalificara a los que creen que estos problemas se solucionan retirando competencias de los Ayuntamientos, pues ya conocía esta postura del Coordinador General de IU.

En segundo lugar intervino Ramón Fernández Durán, profesor universitario, urbanista y miembro de Ecologistas en acción. El autor de El “tsunami urbanizador español y mundial” nos ilustró sobre los grandes capitales especulativos que se generaron a lo largo de los años ochenta y primeros noventa y que huyeron despavoridos del crack de la nueva economía y sus valores bursátiles para refugiarse en el ladrillo en una serie de estados, entre los que destaca España. Este desplazamiento de dinero de la bolsa al negocio inmobiliario coincidió con una época de bajos tipos de interés, una fuerte inversión pública en infraestructuras, un mercado del suelo y la vivienda especialmente desregulado (recordad la Ley 6/1998 del PP), con seguridad jurídica y una fuerte bonanza económica. El resultado ya lo conocemos: un proceso urbanizador brutal al servicio de capitales especulativos, una actividad edificadora brutal, una fuerte depredación del medio ambiente, la apuesta por un modelo económico de bajo valor añadido en I+D+I, junto con paradójicas dificultades de la ciudadanía española para acceder a la vivienda a un precio razonable.

En tercer lugar intervino Jose Ignacio Domínguez, letrado de Ecologistas en acción y activo agente jurídico contra incumplimientos de la normativa urbanística en Andalucía. El abogado nos dibujo un panorama francamente desolador al mostrarnos todo tipo de ejemplos de tribunales al servicio de alcaldes y promotores que configuran un urbanismo por la vía de los hechos, al margen de la ley. El listado de tropelías relatadas era muy preocupante (planos que se modifican a las bravas en los ayuntamientos y que dos segundos después están en manos de promotores y jueces, modificaciones centrales del planeamiento urbanístico coladas como corrección de errores en los boletines oficiales, connivencia de las autoridades autonómicas con las locales en el amparo a ciertos promotores, amenazas y hostigamiento a miembros del movimiento ecologista, querellas contra los ecologistas que defiende la legalidad urbanística, etc). Por cierto, estas tropelías se conocen en procesos donde hay demandas, denuncias o querellas por parte de los ecologistas y cabe preguntarse que pasará en los casos donde no hay control alguno. Y finalmente el ponente señaló que mientras no se altere radicalmente el reparto de plusvalías entre lo público y lo privado la especulación (hoy el reparto el 90% para los promotores privados y 10% para las AAPP) la corrupción serán muy difíciles de frenar.

En cuarto lugar, intervino Jesús Montero Mesa, Técnico del Ministerio de Hacienda y sindicalista del ramo, que nos describió un panorama de fuerte fraude fiscal y economía sumergida no atacado por Hacienda (que está más centrada en la persecución de los pequeños fraudes tributarios a los que se puede llegar por vía informática). Este panorama de cierta impunidad del fraude fiscal de gran nivel es especialmente acusado en el mundo inmobiliario. Se apeló a la necesidad de medios humanos y materiales, así como de voluntad política para luchar contra este tipo de fraude fiscal. El ponente también criticó las desgravaciones fiscales a la compra de vivienda por inflacionistas y por no favorecer el acceso a la vivienda de las personas más necesitadas. Finalmente el ponente abogo por una imposición fiscal del mundo inmobiliario en base a valores económicos reales y la creación de un registro integral de transmisiones de bienes inmuebles para poder hacer un seguimiento fiscal exhaustivo de los mismos.

Después de esta primera mesa redonda con tres ponentes se realizó una pausa que fue aprovechada por Gaspar Llamazares y por Manuel Fuentes (alcalde de Seseña) para dar una rueda de prensa.

La segunda mesa redonda tuvo como integrantes al propio Manuel Fuentes, al urbanista Mario Nolla y al miembro del equipo de vivienda del Gobierno Vasco Ubaldo Ortiz.

El Alcalde de Seseña, al que todos dedicamos una ovación previa a su intervención (hay que recordar que un promotor mafioso quiere construir 13.000 viviendas en un secarral, contra la normativa urbanística, medioambiental y de ordenación del territorio y que el alcalde de IU y su equipo han sido amenazados de todas las maneras por su defensa de la legalidad y de los intereses de la ciudadanía de Seseña). Quede aquí constancia de mi opinión al respecto: el Alcalde de Seseña es un símbolo de la resistencia de la ciudadanía y de los políticos honestos contra los promotores mafiosos y los políticos y jueces conniventes con dichas mafias. Como es un alcalde de IU todos los grupos mediáticos afectos al PP y al PSOE procuran hablar lo menos posible del alcalde de Seseña e incluso Carles Francino se atreve a mezclar los casos de Marbella, Ciempozuelos, etc con el de Seseña, cuando son cosas distintas: en los casos de corrupción que acabo de citar los políticos, promotores y jueces se han concertado durante años para robar al erario público y poner el urbanismo al servicio de intereses privados mafiosos. Por el contrario en Seseña es el equipo de gobierno municipal de IU el que está haciendo frente a semejantes amenazas contra la democracia. Unos casos y otros no tienen nada que ver. La mayor parte deAndalucía, Valencia o Madrid son ejemplos de lo que no debe suceder, mientras que Seseña  es un ejemplo de dignidad pública, pero como el ejemplo lo da IU a ciertos media les parece mejor ponerle sordina. Sea como fuere, el Alcalde de Seseña hablo de la necesidad de reforzar a los ayuntamientos (medios económicos, humanos y técnicos) frente a la marea actual antimunicipalista. También hablo de la necesidad de valores y principios por parte de las personas que se presentan a unas elecciones municipales. Según él faltan en muchas ocasiones. Ponderó la necesidad de control ciudadano sobre el urbanismo. Habló sin ambages de constructores mafiosos y Comunidades Autónomas al servicio del mercado y no de la sociedad y el interés general. Nos describió también con profusión los vericuetos del caso Seseña, pero eso, me temo, da para otro post.

El urbanista Mario Nolla en una intervención de una gran potencia descriptiva y evocativa habló de un urbanismo enfermo, de una situación de emergencia que necesitan de valentía constitucional para invertir la situación actual en la que la iniciativa privada dirige, a favor de sus intereses, el urbanismo que debería ser comandado por lo público. Nos habló de una Administración dimisionaria que se empeña en un absurdo reglamentismo de lo superfluo y cae en el laxismo en temas fundamentales.

Finalmente Ubaldo Ortiz, partiendo de un análisis similar al de otros ponentes, nos ilustró sobre las razones de la menor incidencia de casos de especulación y/o corrupción urbanística en Euskadi respecto al resto del Estado. A su juicio la existencia de gobiernos municipales que rara vez están en mayoría absoluta hace más difícil estos fenómenos. También resalto el papel de las Directrices de Ordenación del Territorio que, desde 1997, organizan el territorio vasco y que de forma efectiva y real están suponiendo un control del urbanismo municipal en virtud de los intereses generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco (medioambiente, ordenación del territorio, transportes, vivienda, etc). Hizo hincapié en el papel de las reservas de suelo para Vivienda de Protección Pública (en estos momentos 75% en suelo urbanizable y 40& en suelo urbano) que desincentivan la especulación y la corrupción pues el precio de la mayor parte de la vivienda que se construye está tasado por la Administración y es mucho menor que el precio de mercado. Y finalmente destacó que la participación ciudadana es siempre una buena medicina contra la especulación y  la corrupción y a este respecto destacó que la Ley del Suelo vasca crea para los municipios de más de 20.000 habitantes consejos de planeamiento urbanístico en los que tiene que estar presente el movimientos vecinal, asociativo y ecologista, lo que puede suponer un impulso añadido a los cauces actuales de participación ciudadana en el urbanismo.

En el debate que se abrió posteriormente participaron personas de casi todas las CCAA, en general cargos municipales de IU que expresaron su malestar por la situación actual, su sensación de soledad por llevar años luchando contra la especulación y la corrupción urbanística sin recibir la ayuda de nadie e incluso a veces con muchas presiones en su contra y consideraron que IU tiene una importante aportación que hacer a la democracia española en este campo.

Yo en las jornadas no hablé, pero aprovecho mi blog para reiterar lo que pienso al respecto. Si tratamos los dos problemas de forma conjunta (conceptualmente no son lo mismo), corrupción ilegal y especulación legal, yo propongo las siguientes medidas contra estas dos pandemías:

1.- mejorar la financiación municipal (competencia del Estado y Comunidades Autónomas); en tanto no se tome esta medida nada de lo que se haga será eficaz.

2.- incrementar la participación de la comunidad en las plusvalías que se producen como consecuencia de la acción pública en el urbanismo (competencia de las Cortes Generales). El proyecto estatal de ley del suelo actualmente en trámite en el Congreso habla de una banda de participación de la comunidad de entre el 5% y el 20%. En todos los estados modernos el aprovechamiento urbanístico es 100% público y después a los promotores se les permite hacer vivienda, superficies comerciales o lo que sea en función de un proyecto que le somete a una serie de cargas a favor de la comunidad (equipamientos, vivienda accesible, etc). Para converger con Europa nos tenemos que acercar al 100% del aprovechamiento público (como en Holanda, Alemania, Inglaterra, Suecia, etc).

3.- incrementar las reservas de Vivienda Protegida hasta casi el 100% de las edificaciones en todos los tipos de suelo (competencia de las Comunidades Autónomas); como sabéis en Euskadi tenemos las mayores reservas de Vivienda Protegida (75% de las viviendas en suelo urbanizable y 40% en suelo urbano) y aún deberíamos ir más lejos. También con el horizonte del 100%. Por indicación de Fernando Martinez Hinojal, que acepto, vamos a dejar el objetivo de las reservas de Vivienda Protegida en un 90% en urbanizable y un 70% en urbano.

4.- elevar la producción de Vivienda Protegida (competencia de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos)

5.- conectar la normativa de Ordenación del Territorio con el urbanismo, de forma que ciertas tropelías sociales y medioambientales estén prohibidas (de forma efectiva y real) por otras legislación sectorial (competencia de las Comunidades Autónomas).

6.- reforzar las competencias de control de las Comunidades Autónomas sobre los Ayuntamientos en relación a legalidad del planeamiento urbanístico municipal (competencia de las Comunidades Autónomas)

7.- dotar de medios adecuados a las fiscalías que están llevando a cabo la defensa de la legalidad en materia de urbanismo (competencia del Ministerio de Justicia)

8.- poner a la policía a trabajar a todo trapo (competencia del Ministerio de Interior y las policías de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales)

9.- pacto entre los partidos políticos para echar del partido y poner ante la justicia a todos sus corruptos (competencia de los partidos políticos).

10.- orientar la economía española hacia el sector productivo y disminuir la dependencia del ladrillo (competencia del Ministerio de Economía y de las Consejerías de Economía de las CCAA).

11.- limitar el crédito hipotecario, de forma que solo podamos recibir préstamos hipotecarios por una parte de los ingresos familiares, pues esto limitaría el precio de la Vivienda Libre (competencia del Ministerio de Economía y Banco de España). Aclaro que la competencia legislativa en esta materia es de las Cortes Generales y que la ejecutiva y de control sería del Ministerio y el Banco de España.

12.- modificar la política fiscal y pasar de favorecer la compra de Vivienda Libre en propiedad a favorecer la Vivienda Protegida y el alquiler (competencia del Ministerio de Economía y de Navarra y Euskadi por su régimen foral).

Sorprende que unas jornadas de este interés, en las que se habló con tanta claridad y crudeza de tantas cosas no hayan tenido repercusión en los medios de comunicación. Las jornadas se celebraron en el Congreso de los Diputados, todos los medios de comunicación acreditados tuvieron acceso en tiempo real a las grabaciones de audio y video y además se dio una rueda de prensa pero, al parecer, las opiniones de la tercera fuerza política española sobre la especulación y la corrupción inmobiliarias no son interesantes.