La semana pasada se firmó un convenio de colaboración entre el Ministerio de Vivienda y el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco para gestionar la llamada Renta Básica de Emancipación en Euskadi.
Ya hemos hablado de estas ayudas al alquiler libre del Ministerio de Vivienda en anteriores ocasiones y ya sabéis cual es mi opinión personal al respecto (opinión que no ha variado). A pesar de lo anterior, el Gobierno Vasco tiene la obligación insoslayable de cooperar con el Ministerio y así lo hemos hecho.
Por encima de todas las cosas, hemos pretendido no perjudicar a los jóvenes vascos frente a la juventud del resto de España. Y por ello hemos entendido que el peor esquema de cooperación con el Ministerio era más favorable para la ciudadanía vasca que el más justificado de los conflictos.
Hemos mantenido algunas clausulas de salvaguardia, como la que nos permite poner un límite a los alquileres que se beneficien de estas ayudas, si comprobamos que las mismas tienen un efecto inflacionista.
Pero, por resumir, nos limitaremos a tramitar unas ayudas de otra Administración Pública. Sin más.
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