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GESTIÓN PUBLICA, AÑO 2013: MENOS DE LO MISMO.

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Comparto unos apuntes sobre lo que nos han dicho que ha sido el 2013 en materia de gestión pública y lo que, de verdad, me parece a mi que ha acontecido. Lo hago rebuscando en la memoria de las cosas en las que he trabajado en este pasado año, pero también de la mano de sagaces aportaciones que hacen personas que saben de esto mucho más que yo y a quienes siempre leo y escucho con atención.

No descubro nada si apunto que la tendencia dominante en 2013 ha sido, sin lugar a dudas, los recortes y ajustes en todos los programas y políticas públicas, sin que haya sido acompañado de reformas en profundidad. Algunas CCAA están peor que otras, pero ninguna esta bien. Algunos ayuntamientos están mejor que otros, pero ninguno tiene un rendimiento optimo. En general, hacemos menos cosas, pero no las hacemos mejor. Gastamos menos, pero no con mayor eficiencia, sino con merma en la cantidad y calidad de los servicios. Y sobre todo, hacemos muy pocas cosas distintas o de forma distinta. Por sintetizar: menos de lo mismo. Y no más de una cosa nueva y reformada como quieren hacernos ver.

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local debe leerse en esta misma línea. Se presenta como una norma reformadora en pos de la eficiencia y la eficacia. Una norma para poder hacer más y mejor en lo local y lo público. Sin embargo, corre el serio peligro de ser una ley para que se sigan haciendo cosas muy parecidas a las que hemos visto hasta la fecha, aunque en mucha menor cantidad/calidad y de una manera más mercantilizada. Hay una especie de desconfianza sobre lo público local y la única cooperación público-privada que se reconoce es la mercantil, dejando de lado expresiones de máximo interés que empiezan a aparecer en la sociedad civil, en forma de cooperativismo y gestión del bien común que aspira a colaborar con lo público (especialmente con lo local).

Junto a esto, y por aportar también elementos esperanzadores, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (por más cicatera que sea) sienta las bases objetivas que pueden hacer emerger un modelo de administración y gobierno más abierto. Algo que piden a gritos muchos trabajadores públicos que son "intra-emprendedores públicos", así como la ciudadanía en general. La sed de saber sobre lo público ha sido muy incentivada por la crisis-estafa. Y no va a ser fácil que en el futuro la ciudadanía sea tan pasiva y aquiescente en relación a lo que las Administraciones Públicas hacen con su dinero. Aunque sea por la indignación, a futuro va a ser casi imposible seguir manteniendo los muros entre lo público y la ciudadanía que hemos conocido en las pasada década.

Por otra parte, la necesidad de compatibilizar la normativa de estabilidad presupuestaria y la gestión eficiente y suficiente de servicios públicos locales ha dado lugar a multitud de situaciones problemáticas y complejas que han incidido no sólo en los términos económico-presupuestarios de la gestión municipal , sino también en la propia configuración de los modelos de gestión. Así, el abuso de los sistemas tradicionales de gestión indirecta - o simples privatizaciones-, la vuelta en algunos municipios a sistemas de gestión directa como fórmulas menos gravosas y eficientes, o la aparición de nuevos modelos de colaboración público-privada con limitación del lucro empresarial, han pasado a formar parte del debate reabierto acerca de la prestación de servicios municipales. Estamos ante una etapa de profunda revisión, tanto competencial como de la forma de gestión de servicios, sin paragón desde los primeros años 90 del pasado siglo. La legislación estatal no ayuda a este debate. Pero los cambios es casi imposible que sean totalmente bloqueados a futuro. El viejo libro de instrucciones ya no sirve. Y el nuevo propuesto a nivel estatal no va a funcionar. Necesitamos, por tanto, nuevas hojas de ruta en lo público y especialmente en lo público local.

En este contexto de hundimiento del pasado y aún falta de emergencia del futuro, empieza (lentamente) a aparecer una nueva especie de político local y gestor público local del máximo interés: el político realista y gestor profesional. Solo un par de apuntes. En estos momentos hay muchos alcaldes y alcaldesas diciéndole a su partido que solo van a trabajar con buenos proveedores, sean de la órbita que sean. Y muchas AAPP, en su afán por controlar gastos, se han lanzado a la gestión energética profesionalizada.  Se me dirá que así debieron ser siempre y en todo lugar los políticos y gestores públicos locales. Pero la realidad es que, en el pasado reciente, una ciudadanía anestesiada y con sus necesidades básicas satisfechas, jaleó a los políticos y funcionarios locales en la loca carrera por ver quien proponía el proyecto más faraónico. Esa misma ciudadanía, pródiga con lo público antes, hoy exige y obtiene de sus líderes locales profesionalidad, eficacia y eficiencia. Es una pena que lleguemos a esto por la crisis-estafa. Pero, bienvenido sea. En las próximas elecciones municipales veremos como no da lo mismo ser un buen o mal gestor de lo público local. Los malos, sean del partido que sean, caerán, salvo que la red clientelar que los sostenga sea extraordinariamente tupida. Y los buenos, sean del partido que sean, se mantendrán, salvo que el liderazgo general de su partido sea tan calamitoso que los arrastre.

Mientras ocurre a nivel local, a nivel macro asistimos a una verdadera mutación constitucional. Si se cree que exagero, llamo la atención del lector sobre el hecho de que nuestra Constitución define a España como un Estado Social y Democrático de Derecho. Siendo una clara evidencia que en estos momentos tiene poco de social (rescatamos bancos a costa de personas), poco de democrático (se modifica la Constitución vía Berlín-Frankfurt-Londres-NY, sin tener en cuenta al pueblo teóricamente soberano) y el propio Estado de Derecho está sufriendo no pocos ataques en estos tiempos de banqueros, miembros de la Casa Real y políticos que tratan, como sea, de evitar ir a la cárcel. Todo esto puede parecer que tiene poco que ver con la gestión pública. Como también parecerá que tiene poco que ver con la gestión pública la desafección de buena parte de Cataluña en relación al resto de España. Pero, habida cuenta de que la gestión pública trata de proteger el bien común, se comprenderá que es imposible tener, por ejemplo, unos servicios públicos locales de calidad, en un estado con serios problemas de legitimidad democrática y social y en medio de un proceso de autodeterminación. El pacto constitucional de la transición sea cae a pedazos y hace falta, cuanto antes, uno nuevo. La gestión de lo público no es ajena a este contexto.

En este duro año para la gestión pública y para tantas otras cosas, las personas con las que trabajo en Urbania ZH Gestión y la Red Zahoz hemos alumbrado una serie de metodologías y propuestas de trabajo común entre lo público y ciertas formas de lo privado que consideramos que no forman parte del fallido viejo libro de instrucciones y que merecen estar entre las presentes y futuras buenas prácticas de gestión de lo público. Aquí os dejamos una serie de textos que hablan de todo ello, por si pudieran ser de interés.

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