Recientemente el diario El País (Edición El País Vasco) me pidió mi opinión sobre el último programa de venta de suelo a los titulares del derecho de superficie por 75 años de vivienda protegida en Euskadi.

El artículo, por lo demás, más que correcto, me parece revelador del estado del debate entre periodistas, políticos y ciudadanía. A mi juicio, demasiado propietarista y escasamente preocupado por el interés general. Se titula MI CASA ES MÍA, PERO NO DEL TODO y lo firma la periodista Ania Elorza.

Antes de analizarlo, unas notas para los no especialistas. El derecho de superficie se ha utilizado durante siglos para diferenciar, como dos propiedades diferentes, la propiedad del suelo de la del vuelo (lo construido). Pasado el tiempo en el que el titular del vuelo disfruta de lo construido, ambas propiedades, suelo y vuelo, se consolidan en manos del titular del suelo. Aunque el derecho de superficie vencido puede volver a constituirse.

Entre las Administraciones Públicas estas técnica ha sido utilizada para abaratar el precio de la vivienda protegida, a través de la cesión gratuita por varias décadas del suelo al titular del vuelo. El suelo es siempre público y la vivienda protegida construida en el mismo está en manos privadas (usuarios que cumplen los requisitos de acceso y estancia en una vivienda protegida que tiene un régimen jurídico particular, a medio camino entre la propiedad pública y la privada) durante cierto tiempo, pasado el cual, el suelo y el vuelo vuelven a ser ambos propiedad pública. Esta técnica, además de abaratar el precio de acceso a una vivienda digna (si se divide el precio de compra entre 75 años y 12 meses se obtiene un precio/vivienda/mes muy asequible), reduce sustancialmente los gastos públicos de mantenimiento de dicho parque. Si, en vez de viviendas en derecho de superficie, fuesen viviendas de alquiler público, social o asequible, los costes de mantenimiento serían mayores para el erario público y también en general, aunque no los pagara el contribuyente (los superficiarios, en general, cuidan de las viviendas mejor que los inquilinos).

Pues bien, muchas son las Administraciones que, en vez de regular adecuadamente los efectos del paso del tiempo en la propiedad del suelo y del vuelo, esperar a que se consolide la propiedad de suelo y vuelo y volver a adjudicar las viviendas a personas que las necesiten dentro de unas décadas, están tratando de vender el suelo a los titulares del vuelo para hacer caja en tiempos de recortes presupuestarios tremendos en materia de políticas públicas de vivienda.

A la prensa le extraña que las sucesivas ofertas de venta no estén teniendo éxito. Pero es perfectamente normal si tenemos en cuenta los escasos recursos económicos disponibles en manos de los titulares de los derechos de superficie sobre vivienda protegida (demanda exhausta). Y, en el caso vasco, es aún más comprensible, dado que la vivienda protegida está calificada de por vida y solo se puede vender al precio y compradores regulados. Por ello, la suma de suelo y vivienda en manos del titular no añade prácticamente nada en términos patrimoniales al mismo (imposibilidad de lucro privado mediante la especulación).

A mi el derecho de superficie me parece desde hace muchos años una técnica de sumo interés para las políticas públicas de vivienda. Creo que se genera de una forma no muy onerosa para el contribuyente un parque de vivienda al servicio del interés general, que para el usuario tiene un precio muy ajustado y le permite resolver de por vida su necesidad de vivienda. Eso si, no veo el derecho d superficie de forma aislada. Sino que la considero junto con, entre otras posibilidades, la movilización de vivienda vacía hacia el alquiler asequible, la rehabilitación que conduce al mismo tipo de alquiler, los parques públicos de alquiler social, público o asequible, las cooperativas privadas o público-privadas de vivienda en alquiler y la construcción de nueva vivienda protegida en propiedad (eso si, calificada de por vida).

Aprovecho estas líneas para corregir una cosa que el artículo dice que yo dije y que yo nunca he dicho. La Constitución protege los derechos de propiedad, herencia y vivienda en sus artículos 33 y 47. Yo, en modo alguno dije, como resalta el artículo, que la propiedad o la herencia no tengan protección constitucional. Lo que dije es que la Administración competente en materia de políticas públicas de vivienda tienen la misión de favorecer el acceso a una vivienda digna en condiciones económicas favorables de la población. No es su misión favorecer la propiedad o la herencia, tarea de otros poderes públicos (más la garantía que el favorecimiento), pero no de los Departamentos de Vivienda de las CCAA o de los Ayuntamientos. 

Sea como fuere el debate, al menos en Euskadi, continuará, pues son decenas de miles de familias las que viven en viviendas de este tipo. Veremos si al final lo privado individual hace caja o si prevalece la idea de un parque público de vivienda asequible cofinanciado por los contribuyentes y sus usuarios.

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Reproduzco por su interés y talante polemista (cosa que me gusta mucho) un artículo de Joaquín Estefanía en el diario El País, uno de los proceres de la socialdemocracia española, en el que defiende los impuestos como conditio sine qua non de los derechos ciudadanos en general y la libertad in fine.

Me parece muy interesante ver a los socialdemócratas haciendo de socialdemócratas. Reconforta que de vez en cuando vuelven a las esencias. Tranquiliza vislumbrar que los cantos de sirena neoliberal no les seducen totalmente.

Dejando la ironía de lado, celebro que un referente intelectual de PSOE difienda antes de una campaña electoral que los impuestos son la base de nuestros servicios públicos y de nuestra igualdad y libertad material.

A mi, ya lo siento, me gusta pagar impuestos ... dado que me gusta disfrutar de servicios públicos de calidad al servicio del Estado Social, de la igualdad de oportunidades, de la igualdad y libertad material, de la transformación social ...

ECONOMÍA
La libertad depende de los impuestos


Joaquín Estefanía

DOMINGO - 22-04-2007
ALREDEDOR DE LA CAMPAÑA ELECTORAL francesa ha tenido lugar un interesantísimo debate sobre los impuestos. De manera más soterrada, también ahora se habla de fiscalidad en nuestro país: qué nivel de presión y de esfuerzo fiscal-con qué gravámenes y quién debe pagarlos- se necesitan para mantener o aumentar el Estado de bienestar (con la introducción de su cuarto pilar, a través de la Ley de la Dependencia) en una sociedad a la que en el último lustro se han incorporado cuatro millones de inmigrantes.

Hace unos días, el director de la oficina económica del presidente de Gobierno, David Taguas, se manifestó partidario de la eliminación de los impuestos de sucesiones y de patrimonio, uniendo su voz a la de otros economistas, casi todos ellos de la otra parte del arco ideológico. Pronto le matizaron los secretarios de Estado de Hacienda y de Comunicación: en la agenda del Ejecutivo está la reforma de tales tributos, pero no su desaparición. Un lector de EL PAÍS, en carta al director, manifestaba su sensibilidad y escribía: "Creo que el impuesto sobre tales herencias o posesiones se debe justamente a que más de un legislador o político de izquierdas (...) quisieron atemperar un derecho que les parecía excesivo y exigieron que una parte de su valor -al menos una parte- pasara a la sociedad por la vía de los tributos".

El pasado mes de febrero, un grupo de ciudadanos franceses firmó un manifiesto titulado "Por qué aceptamos los impuestos. Una iniciativa para abandonar la visión reinante de los impuestos como un castigo y para luchar contra la demagogia fiscal de esta campaña electoral". Propiciado por la revista Alternatives Economiques, al cabo de unos meses más de 40.000 personas (todas las cuales pagan el impuesto sobre la renta y algunas el gravamen sobre las fortunas), encabezadas por el ex presidente de la Comisión Europea Jacques Delors, han firmado ese manifiesto: "Aumentar los impuestos no es un fin en sí mismo, y la libertad de cada uno implica la libre disposición de una amplia parte del fruto de su trabajo. Pero ver a candidatos a la magistratura suprema proponer medidas demagógicas en materia fiscal y justificar la secesión social de los más ricos nos consterna. (...) Consentimos los impuestos y recusamos la baja de la fiscalidad, cuya contrapartida sería la insuficiencia de medios para la protección social de los más pobres, la educación, la investigación, la salud, la vivienda y el medio ambiente".

Uno de los avances que se han producido en la campaña francesa ha sido cuestionar el incremento de las prestaciones sociales que propone Ségolène Royal y la bajada de impuestos que defiende Sarkozy, sin que al mismo tiempo aporten una memoria económica en la que describan tanto el coste de los nuevos derechos sociales como lo que dejará de ingresar el Estado por la reducción de tributos. El único candidato sin esta limitación es el extremista Le Pen, que considera sin complejos que los impuestos son un expolio y pide la supresión del impuesto sobre la renta. Francia tiene en la actualidad una deuda pública superior al billón de euros, más que el PIB del Reino de España, y sus intereses se llevan toda la recaudación que se consigue con el impuesto sobre la renta.

En este contexto adquiere significación una entrevista con el constitucionalista de la Universidad de Chicago Cass Sunstein, coautor de un libro titulado El coste de los derechos. En ella recuerda algunas cosas de sentido común que no se deben olvidar si se profundiza en esta polémica: todos los derechos legalmente exigibles cuestan dinero; no es que tengamos que celebrar el monto de los impuestos, lo que debemos celebrar es el hecho de que existen; sin impuestos no podemos tener libertad y seguridad contra la violencia: lejos de ser una obstrucción a la libertad, son una condición necesaria de su existencia; nuestros derechos dependen de los impuestos de un modo absoluto. Lo que se resume en: "La libertad depende de los impuestos".


 

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Hoy he leído el editorial que el diario El Pais ha dedicado al problema de la vivienda y me he quedado tan perplejo que no puedo por menos que comentarlo. Os transcribo a continuación el editorial de forma integra (en negro) e iré introduciendo algunos comentarios míos (en azul).

 

DIARIO EL PAIS

25 de enero de 2007

EDITORIAL

Caos en la vivienda

La coincidencia de una intensa oleada de ocupación ilegal de pisos vacíos -incluso de alguno ocupado- en las grandes ciudades, sobre todo en Barcelona y Madrid, con el anuncio de que algunas comunidades autónomas -Cataluña y Euskadi- consideran la posibilidad de imponer una tasa o canon a las casas desocupadas (mezcla El País churras con merinas -okupación con imposición sobre la vivienda vacía- para procurar desacreditar a la segunda), ha devuelto al escaparate público el intrincado problema de la vivienda (¿para el editorialista de El Pais la vivienda ha dejado de estar de actualidad en algún momento en los últimos años?; si así fuera, sería como para preocuparse y denotaría una escasa sensibilidad social por su parte), enfocado esta vez en forma de paradoja: hay más de tres millones de pisos vacíos, a pesar de lo cual el mercado de alquiler languidece y la demanda crece en progresión casi geométrica (en este punto estoy con el editorialista: tenemos un país muy raro en el que producimos casi 1 millón de viviendas al año, casi no hay viviendas protegida, millones de viviendas están vacías y millones de personas tienen serias dificultades para acceder a una vivienda digna). El resultado es que se disparan los delitos contra la propiedad inmobiliaria, crece la tensión ciudadana por la falta de recursos policiales y legales para acabar con la ocupación ilegal y aumenta el descontento entre una parte de la población asalariada cuyas rentas procedentes de trabajos precarios no pueden pagar los precios de un mercado que no deja de encarecerse (por el orden de los factores entiendo que al editorialistas de El País le preocupan más las pocas ocupaciones ilegales de vivienda que los millones de ciudadanos con serias dificultades para acceder a una vivienda digna; el que de El País considere más preocupantes unas docenas de ocupaciones de vivienda que la dificultad de acceso a un derecho constitucional de millones de ciudadanos y ciudadanas da que pensar).

Una situación tan potencialmente peligrosa merece un par de reflexiones. La primera es que el recargo sobre las propiedades vacías no resuelve el problema del alquiler (en esto estoy de acuerdo, pues para crear un parque privado y público de alquiler potente homologable a los europeos no solo se deben tasar los piesos vacíos, que hay que hacerlo, sino que se deben hacer otras muchas cosas, entre otras, promover vivienda protegida para su alquiler y dignificar y profesionalizar el mercado privado de alquiler, para que ambos, alquiler público y privado, se parezcan a sus homologos europeos), porque no está legalmente tipificado qué es un piso vacío (la solución es evidente: las leyes deben decir que es un piso vacío; de momento en Euskadi ya sabemos lo que es una vivienda protegida vacía, las estamos sancionando y expropiando y lo mismo se puede hacer con las viviendas libres vacias; no es un problema de técnica jurídica, sino de voluntad política). Si tal naturaleza no está definida después de más de tres años de esfuerzos legales perdidos en el intento, mal se podrán buscar y gravar tales pisos (el Ministerio de Economía no ha definido a efectos de la imposición estatal lo que es una vivienda vacía porque no le ha dado la gana, por falta de voluntad política; hay hechos imponibles tan o más dificiles de definir que este y sin embargo ahí están en las normas tributarias, perfectamente definidos e ingresándose tributos en base a ellos).

Más eficaz es la recomendación de que se modifique la legislación que regula los contratos de alquiler. Cuando los propietarios no se sientan indefensos ante inquilinos que no pagan, destrozos que no se reconocen y contratos que se eternizan, estarán más inclinados a poner sus propiedades en el mercado. (Estoy totalmente de acuerdo con el editorialista de El País en que se mejore la legislación civil sobre elquileres, este es un trabajo del gobierno y las Cortes, les animo a que se pongan a ello; por cierto, que en Euskadi ya le hemos quitado todas las incertidumbres sobre el alquiler a los propietarios de viviendas vacías, dado que, si quieren, la vivienda se la alquila el propio Gobierno Vasco y les paga la renta -una media de 580 euros al mes-, les devuelve la vivienda en perfecto estado e incluso les financia a tipo de interés cero 18.000 euros para rehabilitación de la vivienda antes de ser alquilada; esas viviendas son alquiladas por el Gobierno Vasco a personas inscritas en Etxebide y que demandan vivienda protegida en alquiler -pagan un alquiler medio de 250 euros al mes-; con este esquema hemos puesto en alquiler social en menos de tres años 3.000 viviendas vacías, lo que no está nada mal, pero con todas estas garantías y esfuerzos por parte de la Administración aún hay en Euskadi 23.000 vacías que podrían o deberían ir hacia el alquiler).

La segunda reflexión tiene que ver con la lamentable descoordinación entre la Administración central y las autonómicas (el editorialistas de El País habla de descoordinación entre las CCAA y el Ministerio en una materia, la vivienda, en la que el Tribunal Constitucional ya ha establecido hasta la saciedad que la competencia es plenamente autonómica; ¿se debe coordinar la Administración General del Estado con las CCAA en relaciones exteriores? no, ¿verdad? ¿ha descubierto El País el estado de las autonomías ayer mismo? quizás). La cautela que reclama el vicepresidente Solbes, fundada en que el canon plantea "problemas jurídicos y su rentabilidad es reducida", se da de bruces con la avidez normativa de las comunidades autónomas (ahora el que las CCAA ejerzan sus competencias se llama "avidez normativa", lamentable; supongo que El País entiende que todos tendrían que estar a la espera de lo que diga el Sr. Solbes titular de un órgano -Ministerio de Economía- incompetente en materia de vivienda, pues los competentes son las CCAA). El caso de las ocupaciones ilegales merece un tratamiento claro y directo. Dado que la propiedad es un bien básico que debe protegerse y que la entrada ilegal en las viviendas amenaza con convertirse en un conflicto grave, debería ponerse en marcha un sistema rápido por el cual los tribunales pudiesen identificar la propiedad de los pisos asaltados y ocupados; y otro igual de rápido para expulsar a los invasores. Es un escándalo que, en una sociedad tan burocratizada e informatizada como la española, los jueces no puedan conocer en unas pocas horas quién es el propietario legítimo de un piso (quizás sea más escándalo que en una sociedad tan burocratizada, informatizada, rica y moderna como la española nos dediquemos a construir millones de viviendas para que sean adquiridas por inversores o especuladores, consumamos miles de millones de metros cuadrados de suelo de forma irreversible para el medio ambiente, inflemos los precios de las viviendas libres, permitamos unas acumulaciones de poder económico sin parangon en manos de empresas de escaso valor añadido, no construyamos casi vivienda protegida, desparezca el alquiler de mercado, no despegue el alquiler protegido o social, todos nos olvidemos de la rehabilitación, millones de viviendas estén vacías ... y además millones de personas, muchos de ellos jóvenes, tengan severas dificultades para acceder a una vivienda).

Pocos editoriales de El País me han parecido más superficiales, más de parte, más insensibles y más contrarios al teórico ideario progresista de este medio como este que acabo de glosar. Una pena.

Como contrapunto a tanta inmundicia os dejo el link a una entrevista a Javier Dean (Viceconsejero de Vivienda del Gobierno vasco) en la que explica la posición del Ejecutivo Vasco en relación a la vivienda vacía, su salida al alquiler y su gravamen: tener un piso vacío es un lujo y gravarlo encaja bien en la Constitución.